PGN - NORMAS - Que fueron objeto de revisión son respetuosas del ordenamiento superior

Procurador General REVISIÓN CONSTITUCIONAL-De ley 1865 de 2017 respecto del uso del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz REVISIÓN CONSTITUCIONAL-Existe conexidad entre ley aprobada y la implementación del acuerdo final el Ministerio Público encuentra que existe conexidad entre la ley aprobada y la implementación del Acuerdo Final…. …… En suma, como la implementación del Acuerdo Final requiere un crecimiento extraordinario de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, y correlativamente ello implica autorizar las posibilidades de crecimiento presupuestal de la mencionada Unidad; se justifica el uso del procedimiento legislativo especial para la paz con el fin de introducir una excepción a las reglas ordinarias previstas por la Ley Orgánica de Presupuesto, como en efecto se hace. REVISIÓN CONSTITUCIONAL-Proyecto de ley fue tramitado en su integridad en vigencia de procedimiento legislativo especial para la paz …el proyecto de Ley fue tramitado en su integridad durante la vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz, ya que este fue radicado ante la Secretaría del Senado de la República el 24 de mayo del año 2017 por el entonces Ministro del Interior, doctor…. , según constancia secretarial consignada en la Gaceta Nº 425 del 02 de junio de 2017 del Congreso, y que su aprobación en cuarto debate tuvo lugar el día 9 de agosto de 2017, por parte de la Plenaria del Senado de la República, como consta en la Gaceta del Congreso No. 696 de 2017. Por lo anterior, su trámite se surtió en el periodo de vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz.

REVISIÓN CONSTITUCIONAL-Vigencia del procedimiento legislativo especial para La paz ….el Ministerio Público encuentra que el procedimiento legislativo especial para la paz se encuentra vigente a partir del 01 de diciembre de 2016, por haberse surtido el proceso de refrendación popular del Acuerdo Final, exigido en el numeral 5 del Acto Legislativo 01 de 2016, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional en Sentencia C-699 de 2016, y según lo afirmado en Sentencia C-160 de 2017. EXPEDIENTE-No posee copia de actos administrativos por los cuales mesas directivas del Senado y Cámara autorizaran realización de sesión conjunta/ACTO LEGISLATIVO-Autorizó sesión conjunta de comisiones constitucionales por derecho propio/VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD-No se presentan en ley bajo examen En cumplimiento de los anuncios realizados en cada comisión, el proyecto fue discutido y aprobado en la sesión conjunta de las Comisiones Primeras, del 15 de junio de 2017, como consta en el Acta No. 05 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 571 del 17 de julio de 2017. En el expediente no obra copia de los actos administrativos a través de los cuales las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Procurador General Concepto No. Representantes autorizaron la realización de la sesión conjunta, por lo cual la Corte Constitucional deberá verificar el cumplimiento de dicho requisito de trámite. No obstante, debe resaltarse que el literal d) del artículo 1° del Acto legislativo 01 de 2016 autorizó la sesión conjunta de las comisiones constitucionales, por derecho propio, razón por la cual,

para el Ministerio Público de allí no se derivaría un vicio de constitucionalidad de la ley bajo examen. REVISIÓN CONSTITUCIONAL-Proyecto de ley fue aprobado por mayorías requeridas para aprobación de proyecto de ley orgánica REVISIÓN CONSTITUCIONAL-Tramitación de proyecto de ley como ley orgánica fue requisito cumplido a cabalidad De otra parte, debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley fue tramitado como Ley Orgánica, y por ello debía cumplir con lo establecido en el artículo 151 de la Carta, aplicable por remisión del literal e) del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2016, que exige la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara para aprobar proyectos de ley de naturaleza orgánica. Frente a ello, el Ministerio Público encuentra que ese requisito fue cumplido a cabalidad en cada una de las votaciones, como ya se constató al verificar los votos que obtuvo el proyecto en todas sus etapas. Ahora bien, debe preguntarse la Corte Constitucional si la materia tramitada efectivamente tiene reserva de Ley Orgánica. Al respecto el Ministerio Público encuentra que el Congreso tenía la obligación de hacerlo, según lo señalado en la Sentencia C-331 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En efecto, el Gobierno Nacional había expedido un contendido prácticamente idéntico al aprobado en la Ley Orgánica 1865 de 2017, por medio del Decreto Ley Número 298 del 23 de febrero de 2017, “Por el cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000”; y este decreto fue declarado inconstitucional mediante el aludido fallo,

justamente porque se trataba de una modificación, por excepción, a una Ley Orgánica, y por dicho motivo, era un contenido reservado a esta clase de leyes. En otras palabras, se dio cumplimiento a lo indicado por la Corte en la mencionada decisión. Por todo lo anterior, el Ministerio Público considera que se han cumplido todos los requisitos para la aprobación de la ley, salvo en lo relacionado con el anuncio previo de la sesión en que se llevó a cabo la aprobación de la proposición positiva del informe de ponencia, en el debate surtido en la Plenaria del Senado, el cual no se pudo verificar por ausencia de material probatorio, y por ello, deberá ser confrontado por la Corte Constitucional con fundamento en su facultad probatoria. PROPUESTAS-Que fueron aprobadas respetan principios de consecutividad e identidad flexible …..para el debate de la Plenaria de la Cámara de Representantes, se estima que la propuesta aprobada respeta los principios de consecutividad e identidad flexible, en la medida que la alteración introducida se refiere estrictamente al tema del debate, esto es, las excepciones para la Unidad Nacional de Protección a las restricciones de crecimiento presupuestal contenidas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000; y así mismo, que se cumplió el plazo constitucional exigido en el artículo 160, según el cual “[e]ntre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días”. 2 Procurador General Concepto No. REVISIÓN CONSTITUCIONAL-Disposición es constitucionalmente relevante por salvaguardar derecho a la vida de personas que dejan el conflicto armado

Para la Procuraduría, la ley bajo estudio resulta constitucional desde la perspectiva material En el artículo primero, la ley exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de las restricciones presupuestales previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal del 2017 y del 2018. Dicho asunto, de regulación presupuestal, es una de las típicas materias en las que al legislador le asiste una amplia potestad de configuración. Así mismo, el efecto de la disposición no es ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, ni uno análogo, sino únicamente permitir la referida ampliación, con su consiguiente efecto presupuestal. Al respecto, debe recordarse que las Leyes Orgánicas corresponden con disposiciones constitutivas que se “ocupan de un momento ‘previo’ a la regulación, constituyen o crean la potestad de realizar ciertas acciones institucionales y por lo tanto generan la posibilidad de constituir resultados institucionales”. Por ello, la norma autoriza a las diversas autoridades competentes para que desplieguen la referida ampliación conforme los caminos legales previstos para tal fin, tanto en lo relativo a lo presupuestal, como a las reglas administrativas necesarias para la modificación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. De otra parte, el Ministerio Público hace suyas las consideraciones de la Sentencia C-331 de 2017, Gloria Stella Ortiz Delgado, según la cual el contenido material de la disposición en estudio resulta constitucionalmente relevante, por configurar una forma idónea para salvaguardar el derecho a la vida de las personas que dejan el conflicto armado con la finalidad de reincorporarse a la vida legal. Lo anterior, en la medida que se trata de

personas sometidas a niveles de riesgo superiores, y tal situación deriva en un deber de protección correlativo por parte del Estado. NORMAS-Que fueron objeto de revisión son respetuosas del Ordenamiento Superior/CORTE CONSTITUCIONAL-Solicitud para declarar constitucionalidad de ley 1865 de 2017 por uso del Procedimiento Legislativo Especial para la paz ……Por todo lo anterior, la Procuraduría encuentra que las disposiciones revisadas son respetuosas del ordenamiento superior, y por ello solicitará su constitucionalidad. Por lo expuesto anteriormente, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional que declarare la CONSTITUCIONALIDAD de la Ley 1865 de 2017, respecto del uso del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Así mismo que declare la CONSTITUCIONALIDAD del trámite de la Ley 1865 de 2017, una vez verifique el cumplimiento del anuncio previo de la sesión en que se llevó a cabo la aprobación de la proposición positiva del informe de ponencia, en el debate surtido en la Plenaria del Senado, aspecto puntual que no pudo ser constatado por el Ministerio Público por ausencia de material probatorio. Finalmente, que declare la CONSTITUCIONALIDAD sustancial de las disposiciones de la Ley 1865 de 2017. 3 Procurador General Concepto No.

Bogotá, D.C., 19 DE ENERO DE 2018

Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Revisión constitucional de la Ley 1865 de 2017, “Por medio de la cual se exceptúa a la Unidad de Protección de lo dispuesto en el

artículo 92 de la Ley 617 de 2000”.

Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

Expediente No. RPZ-007 Concepto No. 6379 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, y el artículo 1°, literal k), del Acto Legislativo 01 de 2016, rindo concepto en relación con la revisión constitucional posterior y única de la Ley 1865 de 2017, “Por medio de la cual se exceptúa a la Unidad de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000”, expedida por el Congreso de la República con fundamento en el procedimiento legislativo especial para la paz, previsto en el artículo 1° del Acto Legislativo número 01 de 2016. La ley objeto de análisis se transcribe a continuación.

LEY 1865 DE 2017

(Agosto 30) “Por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo Dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000” . El Congreso de Colombia, EL CONGRESO DE COLOMBIA En virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, DECRETA: ART. 1º—Exceptúese a la Unidad Nacional de Protección durante la presente vigencia fiscal y la del año 2018, de la aplicación de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000 en el crecimiento de los gastos de personal relativos a la modificación de su estructura y planta de personal, para la implementación inmediata de medidas materiales de protección de que trate el punto 3.4.7.4 del Acuerdo

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. ART. 2º—Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sea contrarias. 4 Procurador General Concepto No.

1. Preliminares.

Para efectos del control constitucional posterior y único, previsto en el artículo 1°, literal k), del Acto Legislativo 01 de 2016, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República el 30 de agosto de 2017 remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1865, “Por medio de la cual se exceptúa a la Unidad de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000”; la cual fue repartida a la Magistrada Ponente el mismo día, quien avocó el conocimiento a través de auto del 06 de septiembre de 2017, y ordenó la práctica de pruebas encaminadas a establecer los antecedentes de la referida Ley. Como no existe un término expreso en el que el Presidente de la República deba cumplir con la obligación de enviar a la Corte Constitucional las leyes o actos legislativos que sean expedidos por el Procedimiento Especial para la Paz, al respecto la Procuraduría ha venido proponiendo a la Corte Constitucional que aplique, por extensión, el término previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, que regula el procedimiento para la revisión definitiva de los

tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, esto es, que “el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”. Ahora bien, como el Acto Legislativo 1 de 2016 (artículo 1), prevé la reducción de términos a la tercera parte de los señalados para el procedimiento ordinario, el plazo para el envío de la ley, sería de dos días. En este caso, la Ley fue remitida el mismo día hábil de su promulgación, motivo por el cual se ha cumplido el referido plazo.

2. Análisis constitucional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1°, literal k), del Acto Legislativo de 2016, el control que debe efectuarse sobre las leyes que se dicten en desarrollo de la habilitación consagrada en dicha norma superior, es de carácter “automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia. En razón de lo anterior, se procederá a rendir concepto de constitucionalidad sobre la mencionada ley, frente a tres aspectos: la competencia, la forma y el contenido. 2.1 Análisis de la competencia. El Acto Legislativo 01 de 2016 creó un “procedimiento legislativo especial para la paz”, que tiene por objeto “facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera”. Dicho procedimiento fue diseñado, al tenor del artículo primero de la citada reforma constitucional, para ser utilizado “de manera excepcional y transitoria […] por un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo”, el cual “podrá ser prorrogado

por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la República”. 5 Procurador General Concepto No. Como se aprecia del aparte transcrito, para que el Congreso pueda utilizar el referido procedimiento especial, deben cumplirse tres requisitos: (i) que el Acto Legislativo 01 de 2016 se encuentre vigente; ii) que el procedimiento especial se utilice dentro del lapso constitucionalmente previsto, y iii) que se use con el propósito de implementar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de un Paz Estable y Duradera, en adelante “Acuerdo Final”. En esta oportunidad la ley cumple los tres requisitos. Respecto del primer punto, el Ministerio Público encuentra que el procedimiento legislativo especial para la paz se encuentra vigente a partir del 01 de diciembre de 2016, por haberse surtido el proceso de refrendación popular del Acuerdo Final, exigido en el numeral 5 del Acto Legislativo 01 de 2016, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional en Sentencia C-699 de 2016, y según lo afirmado en Sentencia C-160 de 2017. En segundo lugar, se encuentra que el proyecto de Ley fue tramitado en su integridad durante la vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz, ya que este fue radicado ante la Secretaría del Senado de la República el 24 de mayo del año 2017 por el entonces Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos, según constancia secretarial consignada en la Gaceta Nº 425 del 02 de junio de 2017 del Congreso, y que su aprobación en cuarto debate tuvo lugar el día 9 de agosto de 2017, por parte de la Plenaria del Senado de la

República, como consta en la Gaceta del Congreso No. 696 de 2017. Por lo anterior, su trámite se surtió en el periodo de vigencia del procedimiento legislativo especial para la paz. Si bien es cierto en el expediente no se tiene constancia sobre la prórroga del periodo para usar el procedimiento legislativo especial para la paz, según lo refiere el Acto Legislativo 01 de 2016, es un hecho de público conocimiento que la referida petición fue efectuada mediante comunicación formal del 26 de mayo de 2017, suscrita por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y el Ministro del Interior (e) Guillermo Abel Rivera Flórez, con destino a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Mauricio Lizcano Arango y Miguel Ángel Pinto Hernandez. En tercer lugar, el Ministerio Público encuentra que existe conexidad entre la ley aprobada y la implementación del Acuerdo Final, como pasará a explicarse. Como puede apreciarse en el contenido del texto legal, este tiene por finalidad directa y expresa permitir la implementación el punto 3.4.7.4., del Acuerdo Final, dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Al respecto, se encuentra que las medidas de seguridad previstas en el referido punto del Acuerdo Final requieren una ampliación sobreviniente de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección. Por ejemplo, se constata que el referido punto prescribe la creación de “una Subdirección al interior de la UNP [Unidad Nacional de Protección], especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito 6 Procurador General Concepto No.

de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo”1. Así mismo se advierte que la presente disposición tiene por finalidad la implementación del punto 3.4.7.4.3, que entre otras cosas obliga al Gobierno Nacional a hacer “las asignaciones presupuestales necesarias para la implementación integral del sistema [de protección] las cuales deberán garantizarse para un periodo mínimo de cinco años en su etapa inicial”, y a su vez, que establece una presunción especial de riesgo para los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. En el mismo sentido, el punto 6.1 del Acuerdo Final refiere que “el Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes. La implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La norma evaluada igualmente implementa varios aspectos del punto 3.2 del Acuerdo Final, relativo a la “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político - de acuerdo con sus intereses”, ello, en la medida que las medidas de reincorporación a la vida civil y política de los miembros de las FARC-EP contemplan un componente relativo a la seguridad de

sus miembros, conforme al punto 3.4. En suma, como la implementación del Acuerdo Final requiere un crecimiento extraordinario de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, y correlativamente ello implica autorizar las posibilidades de crecimiento presupuestal de la mencionada Unidad; se justifica el uso del procedimiento legislativo especial para la paz con el fin de introducir una excepción a las reglas ordinarias previstas por la Ley Orgánica de Presupuesto, como en efecto se hace. A continuación se procederá a revisar el procedimiento de formación de la mencionada Ley. 2.2 Análisis del proceso de formación de la Ley 1865 de 2017. La verificación del trámite que surtió la Ley 1865 en el Congreso de la República se hace de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente. El proyecto de Ley Orgánica 07 de 2017 Senado – 017 de 2017 Cámara, “por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000”, fue radicado ante la Secretaría General del Senado de la República por el Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos, el día 24 de mayo de 2017, que fue publicado junto con su 1 Punto 3.4.7.4.1 del Acuerdo Final, relativo a la Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP. 7 Procurador General Concepto No. respectiva exposición de motivos, en la Gaceta Nº 425 del 02 de junio de 2017. Con estas actuaciones se cumplen los requisitos de presentación e inicio del

trámite del proyecto (artículo 154 C.P.), de su publicación antes de darle curso en la comisión respectiva (artículo 157-1 ibídem), y de iniciativa exclusiva gubernamental, previsto en el literal a) del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2016. De conformidad con lo señalado en el literal d) del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2016, el Congreso de la República efectuó el primer debate de la iniciativa en sesiones conjuntas. Para tal fin, designó como ponentes al Senador Hernán Andrade Serrano y al Representante a la Cámara Oscar Fernando Bravo Realpe, quienes rindieron informe conjunto para primer debate, el cual fue publicado en las Gacetas 476 de 2017 y 475 de 2017, ambas del 13 de junio de ese año. Para fines del trámite, el proyecto fue repartido a las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. Si bien ello podría parecer un vicio de trámite, este es meramente aparente. Según el artículo 2° de la Ley 3 de 1992, a la Comisión 4a Constitucional le corresponde el trámite de las “leyes orgánicas de presupuesto”, y como el presente asunto contempla una reforma a la normatividad de esa índole, en principio dicha Comisión parecería tener la competencia para tramitarla. No obstante, la misma Ley encomendó a la Comisión 1a Constitucional el trámite de las leyes relativas a las “estrategias y políticas para la paz”. Para el Ministerio Público la norma en estudio se asimila más a una estrategia para la paz, que al diseño de una regla orgánica de presupuesto, comoquiera que

se trata de una excepción temporal y extraordinaria al régimen orgánico para la preparación de aquél, y no de un diseño estructural y constante del mismo. No obstante, incluso ante una eventual duda, debe concluirse que para el presente asunto existía una competencia concurrente de las dos Comisiones, por lo que el Proyecto se podía tramitar válidamente el cualquiera de las dos. El anuncio del proyecto de ley se efectuó en la Comisión Primera del Senado el 13 de junio de 2017, como consta en el Acta 44 de la sesión de la Comisión Primera, publicada en la Gaceta 570 de 2017. En efecto, el Secretario señaló: “Atendiendo instrucciones de la Presidencia, por Secretaría, se da lectura al proyecto de Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Honorable Senado de la República y la Honorable Cámara de Representantes:

1. Proyecto de Ley Orgánica número 01 de 2017 Senado, 14 de 2017

Cámara, por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. […] [y al final de la Sesión] Siendo la 1:00 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día jueves 15 de junio de 2017, a partir de las 9:00 a. m., a sesiones conjuntas en el recinto del honorable Senado con el fin de debatir el proyecto 8 Procurador General Concepto No. anunciado del procedimiento legislativo especial para la paz y la próxima

sesión ordinaria se convocará oportunamente por parte de la Mesa Directiva”. Por su parte, el anuncio en la Comisión Primera de la Cámara se efectuó el día 14 de junio de 2017, como consta en el Acta 46 de la sesión de la Comisión Primera de dicha Corporación, publicada en la Gaceta 568 de 2017. En dicho documento se consignó lo siguiente: “Secretaria: Sí señor Presidente. Anuncio por instrucciones suyas, el proyecto que se discutirá y votará en Sesiones Conjuntas de las Comisiones Primeras de Cámara y Senado. Proyecto de ley Orgánica número 07 de 2017 Senado, 014 de 2017 Cámara, por medio de la cual se exceptúa a la Unidad Nacional de Protección de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. Ha sido anunciado, señor Presidente, por instrucción suya el proyecto de ley Orgánico.

Presidente: Muy bien, entonces de nuevo mil gracias honorables Representantes, no hay ningún otro tema qué tratar. Mañana ocho y treinta de la mañana y Sesiones Conjuntas para este proyecto, que ha anunciado la Secretaría, que hace parte de los proyectos de la Implementación vía Fast Track. Muchas gracias, se levanta la sesión”.

En cumplimiento de los anuncios realizados en cada comisión, el proyecto fue discutido y aprobado en la sesión conjunta de las Comisiones Primeras, del 15 de junio de 2017, como consta en el Acta No. 05 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 571 del 17 de julio de 2017. En el expediente no obra copia de los actos administrativos a través de los cuales las mesas directivas del

Senado y de la Cámara de Representantes autorizaron la realización de la sesión conjunta, por lo cual la Corte Constitucional deberá verificar el cumplimiento de dicho requisito de trámite. No obstante, debe resaltarse que el literal d) del artículo 1° del Acto legislativo 01 de 2016 autorizó la sesión conjunta de las comisiones constitucionales, por derecho propio, razón por la cual, para el Ministerio Público de allí no se derivaría un vicio de constitucionalidad de la ley bajo examen. Como ya se había relatado, los ponentes, Senador Hernán Andrade Serrano y el Representante Oscar Fernando Bravo Realpe, rindieron informe conjunto para primer debate, el cual fue publicado en las Gacetas 475 y 476, ambas del 13 de junio de 2017, fecha anterior al debate. Con ello se cumplió el requisito previsto en el artículo 157 de la Ley 5a de 1992. De otro lado, el Ministerio Público encuentra que esta sesión se realizó con sujeción a las reglas previstas en los artículos 169 a 173 de la Ley 5a de 1992, puesto que fue dirigida por el Presidente de la Comisión Primera del Senado de la 9 Procurador General Concepto No. República, se presentó ponencia conjunta favorable para su discusión; cada célula computó independientemente su quorum y su votación. Iniciado el debate del proyecto, se discutió y aprobó la proposición afirmativa con la que termina el informe de ponencia, con la siguiente votación: en el Senado con 11 votos por el SÍ, 00 votos por el NO, para un total de 11 votos; y en la Cámara de Representantes con un total de 23 votos por el SÍ, 00 votos por el NO, para un

total de 23 votos. En el curso del debate, el Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga presentó una propuesta, consistente en eliminar el artículo 1° del Proyecto de Ley. Por tal razón se procedió a su votación, resultando negada con la siguiente votación: en el Senado con 10 votos por el NO, y 0 por el SÍ, para un total de 10 votos; y en la Cámara de Representantes con 22 votos por el NO, y 2 por el SÍ, para un total de 24 votos. Acto seguido, se procedió a votar el proyecto original, resultando aprobado con las siguientes votaciones: en el Senado de la República, con 11 votos por el SÍ, y 0 por NO, para un total de 11 votos; y en la Cámara de Representantes, con 22 votos por el SÍ, y 0 por el NO, para un total de 22 votos. Aprobado el articulado, se votó el título y la pregunta, resultando aprobados con la siguiente votación: 11 votos por el SÍ, y 0 votos por el NO; y en la Cámara de Representantes con 23 votos por el SÍ, y 0 votos por el NO. Por todo lo anterior, el proyecto de Ley fue aprobado con las mayorías requeridas para la aprobación de un proyecto de Ley Orgánica. El texto definitivo aprobado por las Comisiones Primeras Conjuntas fue publicado en las Gacetas No. 571, 623 y 624 de 2017. La ponencia favorable para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue rendida por el Representante Oscar Fernando Bravo Realpe y publicada en la Gaceta No. 624 del 1° de agosto de 2017. En dicha ponencia se

rindió informe positivo, y no se introdujeron modificaciones al proyecto de Ley. El proyecto fue anunciado en sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 02 de agosto de 2017, como consta en el Acta de Plenaria No. 233 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 844 del 26 de septiembre de 2017. En el mencionado documento puede leerse lo siguiente: “Sírvase anunciar proyectos para la próxima semana día martes vamos a citar a las 2 de la tarde. Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo: Sí señor Presidente. 10 Procurador General Concepto No. Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día martes 8 de agosto o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos para las 2:00 de la tarde. […] Proyectos para segundo debate Procedimiento Legislativo Especial para la Paz. Proyecto de ley Orgánica número 014 de 2017 Cámara, 007 de 2017 Senado”. Según lo narrado, en la sesión del martes siguiente, es decir, el 8 de agosto, se llevó a cabo la discusión y votación del referido proyecto de Ley, como consta en el Acta de Plenaria 234 del 08 de agosto de 2017 Cámara, publicada en la Gaceta del Congreso No. 845 del 26 de septiembre de 2017. En primer lugar, se debatió y votó la ponencia y proposición afirmativa, resultando aprobada con el siguiente resultado: “Por el sí 87 votos electrónicos y 2 manuales para un total de 89. Por el no 10 votos electrónicos ninguno manual”.

En el debate se formuló una proposición modificatoria, avalada por el Ponente, cuyo objetivo consistía en ampliar la excepción de las restricciones previstas en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, no sólo para la “presente vigencia fiscal”,