PGN - NORMAS - Regulan la actividad del juez y de los demás sujetos procesales que intervi

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Mauro Solarte Portilla

E. S. D.

REF.: Recurso de casación interpuesto por el defensor de los procesados Oscar Manuel Rincón Guerrero y Javier Enrique Forero Acevedo contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que los condenó por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

RAD. No.: 19.819.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, en sentencia del veinticuatro de agosto de dos mil uno absolvió a Oscar Manuel Rincón Guerrero y a Javier Enrique Forero Acevedo del cargo que por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico les había formulado la fiscalía. Apelada la providencia por el Fiscal Segundo Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en sentencia del treinta de enero de dos mil dos revocó el fallo de primera instancia y condenó a Oscar Manuel Rincón Guerrero y a Javier Enrique Forero Acevedo a las penas principales de seis años de prisión y multa de dos mil salarios mínimos legales mensuales, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la pena privativa de la libertad. Contra el fallo de segunda instancia el defensor de los procesados interpuso recurso de casación que sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia halló ajustada a los requisitos legales. De ella se corrió traslado a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal para emitir concepto, de conformidad

con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. HECHOS Un informante anónimo reveló al Grupo de Estructuras de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación unos hechos en donde manifestaba que un Investigador del

C. T. I. de Vélez se dedicaba, en asocio de otras personas, al tráfico de estupefacientes y otros negocios ilícitos.

2 Mediante comunicación confidencial se reportó a la Jefatura Seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Bucaramanga el resultado de las diligencias realizadas tendientes a la verificación de los hechos, y en ellas se le atribuyó a Oscar Manuel Rincón Guerrero, investigador judicial de la Unidad del C. T. I. de Vélez, dedicarse al tráfico de drogas estupefacientes y a otros negocios ilícitos en asocio con Javier Enrique Forero Acevedo, María del Pilar García Montoya y Jazmín Lucero Rivera Castellanos. Realizadas las indagaciones preliminares, la Jefatura de la Unidad de Reacción Inmediata de Bucaramanga ordenó, el diecisiete de enero de dos mil, la interceptación de las comunicaciones que llegaran a unas líneas telefónicas, y a través del monitoreo de éstas se complementó la información reportada, lo que motivó la apertura formal de la investigación. ACTUACION PROCESAL El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, mediante una llamada anónima, se enteró de las posibles actividades delictivas de Oscar Manuel Rincón Guerrero, funcionario de esa entidad en el municipio de Velez, razón por la que ordenó adelantar labores de inteligencia que se consignaron en el

informe confidencial del cinco de enero de dos mil. Con base en él, el diecisiete de enero de dos mil la Unidad de Reacción Inmediata de la fiscalía con sede en Bucaramanga inició una investigación preliminar. Realizadas las labores de investigación pertinentes, el Fiscal Jefe de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Bucaramanga, en resolución del dos de febrero de dos mil, dispuso abrir investigación por el delito de concierto para delinquir en contra de Oscar Rincón Guerrero, María del Pilar García Montoya y Javier Enrique Forero Acevedo, cuya captura ordenó. Capturados Oscar Rincón Guerrero, María del Pilar García Montoya y Javier Enrique Forero Acevedo, fueron escuchados en indagatoria por la Fiscalía Cuarta de la Unidad de Reacción Inmediata, diligencias que luego fueron ampliadas por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga, oficina que mediante resolución del dieciseis de febrero de dos mil resolvió la situación jurídica de los indagados con medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Oscar Manuel Rincón Guerrero y Javier Enrique Forero Acevedo como autores del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y sin medida restrictiva de su libertad a favor de María del Pilar García Montoya. Los defensores de los sindicados detenidos solicitaron la nulidad de pleno derecho de algunas pruebas recaudadas y la revocatoria de la medida de aseguramiento, solicitud que fue negada por la fiscalía mediante resolución del siete de marzo de dos mil y que, al ser recurrida, fue confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada

ante el Tribunal mediante providencia del catorce de abril de ese mismo año. Practicadas numerosas pruebas, el veintiocho de julio de dos mil se ordenó el cierre de la investigación con relación a los procesados Rincón Guerrero y Forero Acevedo; dentro del término de traslado previo a la calificación de su mérito alegaron los defensores y el agente del Ministerio Público, quien solicitó se profiriera resolución de acusación en contra de los sindicados.

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3 La investigación fue calificada mediante providencia del doce de septiembre de dos mil con resolución de acusación en contra de Oscar Manuel Rincón Guerrero y Javier Enrique Forero Acevedo como autores del delito de concierto para delinquir en narcotráfico. En la misma decisión se dispuso la ruptura de la unidad procesal para continuar la investigación respecto a María del Pilar García Montoya y otros posibles implicados. En firme la resolución de acusación, el expediente fue remitido al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, quien asumió el conocimiento del proceso el veintisiete de octubre de dos mil. La audiencia pública se llevó a cabos los días tres de abril y diecinueve de julio de dos mil uno, luego de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado profirió sentencia absolutoria el veinticuatro de agosto de dos mil uno, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el treinta de enero de dos mil dos, providencia que es objeto del recurso de casación.

SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

Primer cargo. Propuesto como principal con apoyo en la causal primera de casación, en él se aduce la violación indirecta de la ley debido a un error de derecho por falso juicio de legalidad, al considerar el censor que el tribunal apreció y le confirió valor probatorio a un medio de convicción allegado irregularmente al proceso, con lo cual se dejaron de aplicar los artículos 7 y 232 del Código de Procedimiento Penal. Afirma el censor que las fallas anotadas derivaron en la aplicación indebida del artículo 186 del Decreto 100 de 1980 modificado por la Ley 365 de 1978, en cuanto el tribunal dio por estructurado un delito sin prueba legal para ello. El ataque se dirige hacia las interceptaciones telefónicas ordenadas por la fiscalía y a la manera como fueron aportadas a la investigación. El error de derecho está relacionado con el diligenciamiento de la prueba, es decir, el conjunto de actos que es necesario cumplir para su incorporación al proceso. Señala el recurrente que las interceptaciones de los abonados telefónicos ordenadas por la fiscalía han debido ser aprobadas antes de su ejecución por la Dirección Nacional de Fiscalía, según expreso mandato del artículo 351 del Decreto 2700 de 1991, norma vigente para la época de los hechos. En este caso, indica el censor, la aprobación de la medida adoptada por la fiscalía fue posterior a la realización de las interceptaciones tendidas en cuenta para emitir fallo condenatorio, de manera que la prueba aducida en tal forma desconoce los preceptos legales reguladores de este elemento de convicción. En estas condiciones, a juicio del recurrente se cometió un error de derecho porque la prueba, siendo ilegal e irregularmente allegada al proceso se tomó como

base para emitir sentencia condenatoria en contra de Oscar Manuel Rincón Guerrero y Javier Enrique Forero Acevedo y con ella se estableció en gran parte la materialidad del hecho. El error fue trascendente en términos del censor, porque se produjo una sentencia condenatoria, y de no haberse tenido en cuenta la prueba irregular e ilegalmente aducida, la decisión del tribunal no había podido ser otra que la confirmación de la sentencia absolutoria de primera instancia.

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4 Pide, en consecuencia, casar la sentencia para que se profiera una decisión de reemplazo de carácter absolutorio. Segundo cargo. Subsidiario. A este cargo se le da el carácter de subsidiario y en él se invoca una violación indirecta de la ley a consecuencia de un error de hecho por falso juicio de identidad, que produjo la aplicación indebida del artículo 186 del Decreto 100 de 1980 modificado por la Ley 365 de 1997 artículo 8. Aduce el censor que el sentenciador de segundo grado distorsionó el contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas, dándoles un alcance y contenido diferente al que realmente tienen. Para demostrar su aserto transcribe apartes de la providencia impugnada en las que a su juicio se consignan las distorsiones de la prueba que condujeron al sentenciador a dar por demostrado la existencia de un convenio entre los procesados destinado a la comercialización de productos estupefacientes. En criterio del libelista la conclusión a la que arriba el fallador es errada debido a que le fija a las expresiones utilizadas en las conversaciones telefónicas

interceptadas un sentido diferente a lo que realmente expresan y admite que si corresponden a un lenguaje cifrado, éste puede obedecer a razones de seguridad, debido a que los interlocutores ejercían, además de su labores ordinarias, las de comercio en esmeraldas y joyas. Para el censor, de los términos equívocos utilizados en las conversaciones telefónicas dedujo directamente el tribunal el acuerdo para realizar actividades delictivas y en concreto el concierto para el tráfico de estupefacientes, alterando su contenido y poniéndolas a decir lo que realmente no dicen. En criterio del libelista el yerro es eminentemente objetivo debido a que en la valoración de la prueba el desacierto consistió en atribuirle un significado distinto a las referidas expresiones, lo que condujo a la adopción de una decisión contraria a la ley. Pide a la Corte se case la sentencia y en su lugar se dicte una de carácter absolutorio. Tercer cargo. Segundo principal. Propone el censor un segundo cargo principal por violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad sobre la indagatoria rendida por María del Pilar García. Después de copiar el censor un parte de la mencionada diligencia, afirma que el tribunal distorsionó su contenido, pues dedujo que la declarante había dicho que el procesado pertenecía a una banda de traficantes con estupefacientes, hecho que no se desprende del contenido objetivo del acta de indagatoria, tal como también sucede con el testimonio de Luis Antonio Trujillo Toscano, diligencia que también transcribe en un extenso aparte.

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5 Según el recurrente de esta manera surge claramente el error de hecho por falso juicio de identidad ya que del contenido mismo de las versiones que cita y transcribe no se puede concluir que los acusados pertenecían a una banda dedicada al tráfico de estupefacientes. Para el censor la errada apreciación probatoria en la que incurrió el tribunal al adicionar las versiones, permitió llegar a una conclusión equivocada que generó la indebida aplicación del artículo 186 del Decreto 100 de 1980, razón por la que pide casar la sentencia y absolver a los procesados. Cuarto cargo. Tercer cargo principal. En esta ocasión es propuesta la censura al amparo de la causal primera de casación, violación indirecta, para acusar la sentencia por haberse aplicado indebidamente el artículo 186 del Decreto 100 de 1980, como consecuencia de errores de hecho por falso raciocinio, pues en el indicio que construyó el tribunal, dedujo de múltiples comunicaciones entre los sindicados, la programación de una empresa delictiva. Considera el libelista que inferir de un número plural de llamadas telefónicas realizadas por los procesados, la programación de una empresa delictiva, atenta contra los principios de la lógica que sirven de referente obligado al método de apreciación probatoria vigente en nuestro ordenamiento procesal. Señala el defensor que la deducción del tribunal es equivocada y constituye el referido error de hecho por falso juicio de raciocinio, por lo que se impone casar el fallo impugnado y dictar el de reemplazo, lo que solicita a la Corte Suprema de Justicia.

Quinto cargo. Cuarto cargo principal. Como cuarto cargo principal se presenta esta censura al amparo de la causal primera de casación, por violación indirecta debido a un error de hecho por falso juicio de raciocinio, en tanto que la condena se sustentó en el hecho de que Oscar Rincón ofreció a su amigo unos repuestos en venta y viajó a los Estados Unidos a vender esmeraldas y diamantes, actividades que no podía desarrollar con el modesto sueldo que devengaba como miembro del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Reitera el libelista que en esta ocasión nuevamente el tribunal incurrió en la transgresión de las reglas de la sana crítica, puesto que dedujo de las transacciones comerciales y de los viajes realizados por Rincón Guerrero a los Estados Unidos su vinculación con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Señala el recurrente que la inferencia a la que arriba el sentenciador de segundo grado contraría los postulados de la lógica, puesto que no se puede concluir de manera cierta que el comercio de de repuestos automotores y el viaje a los Estados Unidos sean unos hechos indicadores de las actividades ilícitas que se le atribuyen al procesado. Sostiene el recurrente que los indicios construidos en contra del acusado sirvieron de fundamento para la condena y por tales razones solicita a la Corte casar la sentencia demandada y proferir la absolutoria de reemplazo.

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ALEGATOS DEL NO RECURRENTE

El Procurador 54 Judicial II en lo Penal se opone a las pretensiones del casacionista y en su escrito, encaminado a rebatir las tesis propuestas señala: Al primer cargo, que debe ser rechazado pues la aprobación de la orden judicial impartida para la interceptación de las comunicaciones telefónicas durante la etapa de investigación la solicitó el fiscal una vez emitida y si bien no contó inmediatamente con la aprobación de la oficina correspondiente, ésta constituye un acto formal, de carácter administrativo, que no puede interferir en el desarrollo de la actuación, ni afecta derechos o garantías fundamentales. En su respaldo, remite el Procurador Judicial a decisiones anteriores de la Corte Suprema de Justicia, citadas en la sentencia por el tribunal. En ese sentido ninguna irregularidad advierte, dado que la actuación cuestionada se ajustó a los preceptos legales y, en consecuencia, no se configura el error de derecho denunciado. Aludiendo al primer cargo subsidiario, expresa el no recurrente que no tiene vocación de prosperidad puesto que no se encuentre en la sentencia impugnada tergiversación de las pruebas que fundamentan la acusación, porque cuanto hizo el tribunal fue apreciar, en el contexto de acción específico del proceso, las declaraciones que las personas hicieron en las llamadas telefónicas. Por lo demás, en opinión del agente del Ministerio Público no recurrente, el censor omitió considerar el haz probatorio a la luz de las consecuencias que se producirían en caso de aceptarse la acusación formulada. En cuanto al segundo cargo principal considera el Procurador Judicial que debe ser desestimado ya que el error de hecho por falso juicio de identidad no recayó

sobre la declaración de indagatoria de la procesada María del Pilar García, ni sobre la ampliación de dicha diligencia, como tampoco en la versión suministrada por uno de los testigos, debido a que las manifestaciones que a juicio del recurrente fueron adicionadas, estaban consignadas en la información reportada por el Cuerpo Técnico de Investigación que sirvió de fundamento para la investigación de los hechos. Así las cosas, el cargo propuesto no puede ser demostrado, ya que no es posible realizar la confrontación de las versiones que se estiman deformadas con lo expresado por el tribunal, quien las apreció en su conjunto con el resto de pruebas aportadas y con ello pudo establecer la responsabilidad de los acusados. Dice el Procurador Judicial 54 en lo Penal que el tercer cargo principal adolece de las exigencias técnicas propias de esta forma de censura, puesto que el recurrente se limita a expresar que los postulados de la sana crítica no fueron observados ya que el sentenciador dedujo del número plural de llamadas la programación de una empresa delictiva, desconociendo con ello las reglas de la lógica, sin presentar demostración alguna de los principios lógicos que estima contrariados, razones que imponen la desatención de la censura. Similares planteamientos señala el agente del Ministerio Público para indicar que el cuarto cargo principal, que se postula invocando un falso juicio de raciocinio, es presentado sin el cumplimiento de las exigencias técnicas de este medio de impugnación ya que no se precisan en él ni las máximas de la experiencia ni los principios de la lógica que fueron desconocidos, ni la forma como el sentenciador

desatendió estos postulados del método de persuasión racional vigente en nuestro ordenamiento procesal.

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7 Pide no casar la sentencia objeto del recurso extraordinario. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL Primer cargo En este aparte de la demanda se cuestiona la legalidad de las interceptaciones de comunicaciones privadas ordenadas por la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de procurar pruebas de la conducta punible objeto de investigación, aduciendo el demandante que, en el caso específico, si bien se produjo la orden de la autoridad judicial, se omitió la obtención de la autorización que, de acuerdo con el artículo 351 del Decreto 2700 de 1991, debería impartir la Dirección Nacional de Fiscalías. Tal como está presentada la acusación, entonces, corresponde analizar inicialmente el sistema de regulación legal de las diligencias judiciales y de la práctica de pruebas, en el ordenamiento procesal bajo cuya vigencia se realizaron y recaudaron las que son objeto del cuestionamiento. En el Código de Procedimiento Penal existen, en principio, dos clases distintas de normas: procesales y probatorias. Las primeras, apuntan a establecer las garantías y regular su ejercicio, así como a definir las competencias, los pasos, procedimientos y ritos que deben observarse en el desarrollo del proceso penal. Las segundas, están orientadas a definir las condiciones que deben reunir las pruebas judiciales, los funcionarios y personas encargados de realizarlas o con capacidad para intervenir en ellas, los mecanismos de protección de garantías que

se deben observar, la forma como se deben apreciar los medios a través de los cuales se forma el convencimiento del juez y, en fin, a regular los distintos aspectos estrictamente relacionados con la prueba judicial. Todas, de manera general, regulan la actividad del juez y de los demás sujetos procesales que intervienen en el curso de la actuación, a fin de garantizar, a través de los procedimientos regulados, la protección de los derechos fundamentales del acusado o los principios que orientan el ejercicio de la función judicial. En las normas estrictamente probatorias, empero, es inevitable introducir reglamentos y otra serie de disposiciones que no tocan con la naturaleza de la prueba, sino que apuntan a esclarecer la forma como los servidores públicos o los particulares pueden o deben ejecutar determinadas actuaciones, reglas que no apuntan, per se, a la protección de los derechos fundamentales o las garantías procesales reconocidos constitucionalmente, sino a la búsqueda de una mayor eficiencia en la actividad judicial o a un mayor control en el funcionamiento de los órganos encargados de la administración de justicia. Ejemplo de las que denominamos normas procesales en sentido estricto es el artículo 139 del Decreto 2700 de 1991, que establece la oportunidad y forma de constitución de apoderado judicial, en la que se reconoce que la defensa técnica debe operar desde la vinculación del imputado a la actuación y hasta la terminación del proceso, con lo que se garantiza el derecho constitucional a la defensa técnica, pero también que la designación de abogado –cuando el procesado no pueda comparecer a la oficina judicial que adelanta el procesopuede hacerse mediante escrito autenticado ante autoridad competente.

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8 Estas previsiones tienen como objetivo fundamental garantizar al procesado las oportunidades y medios de defensa técnica, tanto para la etapa de investigación como para la del juicio, sin que puedan crearse mecanismos o exigencias distintas a las contempladas en la norma, so pena de romper el principio de defensa que desarrolla la ley de procedimiento para este caso particular. Las normas probatorias también son normas de garantía, pero no todas ellas establecen condiciones de protección de derechos fundamentales, ni todos los aspectos de su regulación persiguen estos fines. Así, por ejemplo, el artículo 260 del Decreto 2700 de 1991 establece los requisitos de la prueba de inspección judicial y exige el pronunciamiento de una decisión judicial antes de la realización de la diligencia, con la indicación de los puntos que deben ser objeto de la inspección, a fin de preservar los principios de publicidad de la prueba y de contradicción. Además, el artículo citado contiene otras regulaciones aplicables por vía de excepción a la regla general, así como algunas previsiones que no tienen relación con las garantías procesales, sino que son simples indicaciones de cómo debe adelantarse adecuadamente la diligencia y, en este sentido, establece que “cuando fuere necesario, el funcionario designará perito en la misma providencia, o en el momento de realizarla”. En ocasiones las normas del Código de Procedimiento Penal contienen regulaciones meramente administrativas, como sucede con la distribución de las tareas que deben cumplir las diferentes categorías de fiscales, que no son reglas de competencia funcional en sentido jurisdiccional.

Siendo este el contenido de las normas procesales y probatorias, forzoso resulta concluir que no todas las previsiones referidas a pruebas o diligencias contenidas en el Código de Procedimiento Penal cumplen función de garantía o de delimitación de la esencia de la prueba, sino que algunas de ellas constituyen apenas indicaciones sobre la mejor forma de actuar, o recomendaciones acerca de las diligencias necesarias para su contraste, o previsiones que regulan un control administrativo y que bien podrían formar parte de codificaciones diversas, sin que con ello se alterara la legalidad del procedimiento o se afectaran las garantías del imputado. Podemos concluir, entonces, que no todo el contenido de las normas probatorias apunta a definir las condiciones de legalidad de la prueba, sino que junto a aquellas condiciones de legalidad –mecanismos de protección de garantías, formalidades características de un determinado medio de prueba, exigencias constitucionalesse pueden encontrar disposiciones que no son esenciales de la prueba y, por consiguiente, no condicionan su legalidad. Es decir, las reglas que definen la legalidad de la prueba son aquellas que reúnen las siguientes condiciones: a) rigen la actividad de los intervinientes en el proceso penal, b) sirven de garantía de los derechos fundamentales del acusado c) dan carácter a la prueba, esto es, hacen que la diligencia de que se trate adquiera el carácter de prueba judicial, y d) definen la clase de la prueba, es decir, permiten su diferenciación de otro tipo de prueba legalmente definido. En materia de casación penal, por lo tanto, solamente pueden plantearse al amparo de la causal primera, aduciendo una violación indirecta de una norma de

derecho sustancial, aquellas infracciones a las normas probatorias que tienen la condición de requisitos legales de las pruebas y, bajo este entendido, aquellas disposiciones de garantía y las que dan el carácter de prueba a la diligencia de que se trate y le confieren una categoría especial dentro de las distintas clases.

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9 Sentadas estas bases, es procedente entrar al análisis del cargo planteado. Para ello, identificamos el artículo 351 del Decreto 2700 de 1991 como una norma mixta que regula una diligencia procesal y protege garantías procesales, pero también contiene medidas administrativas y de simple actividad judicial. Su texto, después de la declaración de inexequibilidad parcial del 28 de noviembre de 1996, es el siguiente: “Interceptación de comunicaciones. El funcionario judicial podrá ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación, la decisión debe ser aprobada por la Dirección Nacional de Fiscalías. En todo caso, la decisión deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso en grabación.

Tales grabaciones se trasladarán al expediente, por medio de escrito certificado por el respectivo funcionario”. Como norma de garantía, esta disposición ante todo cumple la función de regular el derecho previsto en el artículo 15 de la Constitución Política, según el cual la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables y “sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”. Por esta razón, en la primera parte del artículo, como garantía del derecho, se exige que la interceptación sea ordenada por un funcionario judicial. Para proteger integralmente, además, el derecho a la intimidad consagrado en el mismo artículo constitucional, la norma dispone, también, que la finalidad de la interceptación debe ser la búsqueda de pruebas judiciales, de manera que objetivos distintos a éste deslegitiman la validez de la orden, razón por la cual sus contenidos no pueden ser aportados a un expediente judicial ni pueden tomarse como elementos para la formación del convencimiento del juez. Con miras a proteger el derecho a la defensa, las garantías judiciales que le están anejas y la publicidad de las pruebas, la norma también establece que las conversaciones interceptadas deben ser aportadas al expediente, en tanto tengan interés para el proceso, que la orden se imparta mediante providencia escrita y motivada y que por ningún motivo pueden interceptarse las comunicaciones del defensor. Junto a estas previsiones, que sirven de protección a las garantías del incriminado y que establecen las condiciones de legalidad de la prueba regulada, se encuentran otras tres, referidas a la protección de la prueba, al control administrativo que la Fiscalía debe llevar sobre este tipo de diligencias y al

adelantamiento de la actuación posterior. La primera, establece que las grabaciones se trasladarán al expediente mediante escrito certificado por el respectivo funcionario; la tercera, dispone que el funcionario realice las diligencias necesarias para la identificación de las personas que sostuvieron las conversaciones interceptadas, obviamente con el propósito de constituir con ellas una prueba que pueda ser sometida plenamente al derecho a la contradicción.

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10 La segunda de las exigencias, que es materia del planteamiento del libelista, apunta a regular un control interno en la Fiscalía General de la Nación, sobre este tipo de actividades invasivas de la privacidad de los ciudadanos, de manera que si la diligencia se realiza “durante la etapa de la investigación, la decisión debe ser aprobada por la Dirección Nacional de Fiscalías”. Alguien podría decir –como tácitamente lo sostiene el demandanteque esta exigencia no es un simple control administrativo de la entidad encargada de la investigación de los delitos, sino un mecanismo adicional de protección del derecho a la intimidad y, por lo tanto, constituye un requisito de legalidad de las pruebas que se obtengan por este medio. No obstante, este pensamiento resulta equivocado, si se tiene en cuenta que la norma constitucional establece, para la orden de interceptar comunicaciones privadas, reserva judicial, mas no controles adicionales por parte de la Fiscalía. En otras palabras, las exigencias constitucionales en este sentido se satisfacen con la orden judicial formalmente expedida, y siendo que los fiscales son parte de la rama judicial, sus provi