PGN - NORMAS SUSTANTIVAS - Son las que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas

ACCIÓN POPULAR-Por violación al derecho colectivo a la accesibilidad de la población discapacitada a edificaciones respetando el espacio público DERECHOS COLECTIVOS-La entidad demandada adoptó medidas para garantizarles a los discapacitados De los medios de prueba allegados al proceso encuentra el Ministerio Público que, como señalara el a-quo, se demostró que la entidad demandada ya había adoptado las medidas para garantizar los derechos colectivos de las personas con discapacidad que acuden a la Procuraduría Provincial de San Gil. COPIAS SIMPLES-Tienen validez hasta tanto no sean tachadas por la contraparte Esta Procuraduría Delegada, dando alcance al principio de lealtad procesal y con fundamento en jurisprudencia de la Sección, sostiene la validez de las copias simples cuando aquéllas no fueren tachadas por la parte contraria. En este caso concreto, en la audiencia de pacto de cumplimiento la parte actora no controvirtió la validez de la copia informal que fuera allegada en esa etapa procesal por el apoderado de la entidad, conducta procesal que permite que aquélla sea valorada para decidir el litigio. DERECHOS COLECTIVOS-La entidad tomó acciones para modificar la barrera arquitectónica Para el Ministerio Público se trata de un hecho superado, toda vez que con las acciones que tomó la entidad para modificar la barrera arquitectónica que presentaba la edificación, se busca garantizar los derechos colectivos de todos los usuarios. NORMAS SUSTANTIVAS-Son las que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales Resulta claro que hoy, para las acciones populares que se inicien después de la entrada

en vigencia de la ley 1425 de 2010, no existe una norma que avale el reconocimiento del incentivo económico a favor del accionante popular. Sin embargo la situación respecto de las acciones en trámite no es tan clara. Para el Ministerio Público, como las normas sustantivas son aquéllas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales, que otorgan derechos o imponen obligaciones, habrá de concluirse que gozan de esa naturaleza las contenidas en los arts. 39 y 40 de la ley 472 de 1998 en tanto consagraban un derecho a favor del accionante popular. No son normas procesales, pues no constituyen un instrumento del procedimiento para aplicar el derecho sustancial o material -por tanto su marco de PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 aplicación no se establece por los arts. 40 de la ley 153 de 887, 699 del cpc y 164 de la ley 446 de 1998-. INCENTIVO DE LA ACCIÓN POPULAR-Solamente es un derecho adquirido cuando ha sido ordenado en sentencia definitiva Para el Ministerio Público el incentivo a favor del accionante popular solamente es un derecho adquirido cuando ha sido ordenado en sentencia definitiva. Por el contrario, constituye una mera expectativa para aquellos que incoaron las demandas antes de la vigencia de la ley 1425 de 2010, lo que lleva a concluir que para estos accionantes habida

consideración a la derogatoria de los arts. 39 y 40 de la ley 472 no existe norma que permita su reconocimiento, porque una ley posterior derogó de manera expresa tales disposiciones. Quienes presentaron acción popular durante la vigencia de la ley 472 de 1998 sin que antes de la promulgación de la ley 1425 de 2010 se hubiere proferido sentencia definitiva, únicamente tenían la expectativa de obtener su reconocimiento y en tanto así, esa expectativa podía ser modificada por la ley posterior, como efectivamente ocurrió. No tienen un derecho adquirido porque no lo pueden hacer valer motu proprio ni exigir ante terceros, no ingresó a su patrimonio; la posibilidad de haber obtenido el incentivo no es un derecho concreto ni se ha consolidado por el solo hecho de presentar la demanda o encontrarse ésta en trámite. 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 349 / 2012

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente Doctor GUILLERMO VARGAS AYALA

E. S. D.

EXPEDIENTE: No. 0680012331000 2010 00633 01

Acción Popular

ACTOR: ANÍBAL CARVAJAL VASQUEZ DEMANDADO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 25 de agosto de 2010 (fl. 3), en ejercicio de la acción popular, el ciudadano Aníbal Carvajal Vásquez presentó demanda contra la Procuraduría General de la Nación, para que se declarara que ha vulnerado los derechos colectivos a la seguridad, a la realización de construcciones respetando las normas jurídicas, el espacio publico y el derecho a la accesibilidad; que se le condene a reubicar la Procuraduría Provincial de San Gil en un inmueble en el que se pueda atender a la población que presenta discapacidad o movilidad reducida conforme lo ordena la ley 361 de 1997 y sus decretos reglamentarios; y que se condene a pagar al accionante el incentivo de que trata la ley 472, así como las agencias y costas. 1.2. Contestación de la demanda. (fls. 26 a 31) La Procuraduría hizo referencia a comunicación del doctor Ricardo Vega Morales, Coordinador del Grupo de 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 Inmuebles de la entidad sobre las edificaciones en que funcionan las diferentes sedes y sostuvo que le entidad en ningún momento ha violado ni ha amenazado

los derechos colectivos que alega el demandante.

Propuso como excepciones: indebida escogencia de la acción y falta de legitimación en la causa por pasiva. 1.3. Audiencia de pacto de cumplimiento (fls. 39 a 40 vto.). El 11 de febrero de 2011 se llevó a cabo la audiencia que se declaró fallida al no existir acuerdo.

Se consignó: “Se le concede la palabra al señor actor popular, quien manifiesta, la presente acción popular fue iniciada para buscar la reubicación de la sede de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION que funcionara en el Municipio de San Gil, como quiera que funciona en un segundo piso (2) y en esa medida no tiene acceso para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Acto seguido se le concede la palabra al apoderado de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien señala hay que precisar que la PGN, es arrendatario del inmueble en mención y que cualquiera de las adecuaciones a que haya lugar obedece o se encontrarían a cargo del arrendador de este. Así mismo la PGN en contadas ocasiones el Jefe de Inmuebles ha manifestado esta preocupación pero por ser arrendatarios requieren un procedimiento especial para poder hacer esas adecuaciones, así mismo el Coordinador del grupo de inmuebles de la PGN, certifica que ante el Departamento de Planeación Nacional se encuentra radicado el proyecto de mantenimiento, remodelación, rehabilitación y adecuación de las sedes de la PGN con la denominación PROGRAMA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS A NIVEL NACIONAL, el cual cuenta con una asignación de ciento cincuenta millones de pesos y cuyo objeto es la construcción

de rampas para el acceso de discapacitados para las diferentes dependencias de esta entidad, certificación que aporto a la diligencia en copia simple. (…) Acto seguido se le concede la palabra al Dr. YESID GARCÍA SÁENZ representante el MINISTERIO PÚBLICO (…) En este caso la PGN no desconoce la problemática que tiene a nivel nacional respecto al acceso de los discapacitados o de las personas con limitaciones físicas a sus sedes. El mismo representante de la PGN aquí presente en la contestación de la demanda expresó que en la Comisión de Empalme entre las dos administraciones en la saliente y la entrante la del Doctor Alejandro Ordóñez, se le informó a este último desde el 15 de enero de 2009, el tema que estamos tratando en esta audiencia, pero no solamente en la de San Gil sino la problemática a nivel nacional, es así que impartiendo las directrices de señor Procurador se ha enviado circulares a todas las sedes para los discapacitados y los que tengan limitaciones físicas, porque reconocemos que es un derecho colectivo que se debe reconocer a toda costa, pero el inconveniente que se suscita para solucionarlo es todo lo relacionado a las traumatologías presupuestales a los 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 proyectos y planes de construcción por la oficina pertinente ante la PGN, los

trámites que tienen que hacerse con los propietarios de los inmuebles para que estos admitan las reformas pertinentes a los mismos y los autoricen o si no proceder a la consecución de los inmuebles que no es fácil conseguir que arrienden inmueble para el sector oficial. Siendo una problemática de nivel nacional no local como se le quiere dar a este caso San Gil se deben esperar los trámites y proyecciones de nivel nacional con todos los ítems mencionados anteriormente, tenemos como fecha de gran importancia para recordar al señor Magistrado que a partir de enero 15 de 2009 este tema lo está manejando la PGN en todo el país es así que en marzo 2 de 2009 se enviaron circulares a todas las PGN para que comunicaran a nivel central si existía esta problemática, y debido a ello se haya arreglado más de 25 sedes y todavía falta por solucionar en otras partes como en este caso la de San Gil, pero se debe solucionar de acuerdo a los proyectos y planes de las oficinas correspondientes a nivel central (….) es imposible ir a reubicar o construir para solucionar el conflicto en un momento par todos, eso se tiene que hacer adecuadamente como se ha hecho y se está haciendo a partir de marzo de 2009. (…)” (Subrayas con negrillas fuera del texto) 1.4. Sentencia. (fls. 77 a 83) El Tribunal Administrativo de Santander1 negó las pretensiones de la demanda y conminó a la Procuraduría General de la Nación para que continúe con los trámites administrativos tendientes a adecuar las instalaciones donde funciona actualmente la Procuraduría Provincial de San Gil, con el fin de garantizar el acceso a dicho recinto de las personas discapacitadas.

Refirió que no obstante lo exiguo del material probatorio allegado se pudo determinar la ausencia de rampas que permitan el fácil acceso de personas con limitaciones físicas al inmueble donde funciona actualmente la Procuraduría de San Gil. Sostuvo que se encontraba acreditada la necesidad de adecuar la estructura del inmueble para asegurar que la movilidad de los transeúntes se produzca en condiciones seguras y para garantizar el acceso de las personas discapacitadas. Sin embargo, agregó que se probó que la demandada desde antes de entablarse la acción se encuentra adelantado las gestiones y trámites pertinentes tendientes a acondicionar las distintas sedes donde funciona la Procuraduría. Que teniendo en cuenta que la acción tiene carácter preventivo y no sancionatorio y como se encontraban adelantado los trámites para adecuar las instalaciones, 1 Sentencia de 15 de febrero de 2012. Por auto de 14 de junio de 2012 el Tribunal negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio Público en primera instancia al señalar que un error en la transcripción del concepto emitido por Procurador no constituye motivo de duda que se encuentre contenido en la parte resolutiva de la sentencia o que influya en él, como dispone el art. 310 del cpc (fls. 94 y 95). 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01

consideraba que no se están vulnerando los derechos colectivos, atendiendo además que no se demostró por parte del actor que las personas discapacitadas no hayan podido acceder a los servicios que presta la Procuraduría por la falta de rampas de acceso; que de igual forma era claro que al tratarse de un bien privado las adecuaciones se deben realizar con el consentimiento del propietario del inmueble. 1.5. Apelación (fls. 87 a 92 vto.) La parte actora impugnó el fallo para que se revoque íntegramente y en su lugar se proceda amparar los derechos colectivos ordenando a la Procuraduría General de la Nación se ubique en un inmueble en que pueda atender a la población con discapacidad reducida. Solicitó que como consecuencia de lo anterior se reconozca el incentivo contemplado en la ley 472 de 1998 y se condene en costas a la parte accionada.

Afirma que:

1. El a-quo fundamentó la decisión en pruebas que nunca fueron decretadas, ni practicadas, ni rebatidas por las partes desconociendo el debido proceso, art. 29 Constitucional, así como los arts. 174 del cpc y 28 de la ley 472 de 1998. Solamente se decretó como prueba un concepto de Planeación de San Gil, que no fue objetado y conforme al cual el inmueble objeto de inspección carecía de zona de acceso para personas con movilidad reducida. Sin embargo en el fallo el a-quo decidió tener como prueba una certificación allegada en copia simple a la Audiencia de pacto de Cumplimiento sobre el adelantamiento de programas en la entidad para

la protección de personas con movilidad restringida. En esa diligencia no se puede allegar material probatorio.

2. La sentencia se fundamenta en hechos que nunca fueron probados, el a-quo asumió que existían unas pruebas para dar por cierto esos hechos; hizo alusión a la Comisión de empalme de 2009 en la entidad, pero nunca se acreditaron los hechos referidos por la Procuraduría en la contestación.

3. No se ha demostrado que las actuaciones iniciadas por la Procuraduría hayan sido suficientes para cesar la vulneración de los derechos colectivos; aun no se ha conjurado la vulneración denunciada. 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01

4. La acción tiene carácter preventivo por ello el actor no está obligado a demostrar que las personas en estado de discapacidad no hayan podido ingresar al inmueble en que funciona la Procuraduría en San Gil.

5. El escrito de alegatos y los demás documentos no se encuentran firmados por sus autores.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en dilucidar si la entidad demandada vulnera los derechos colectivos que indica la demanda y si hay lugar a reconocer el incentivo económico y condenar en costas. 2.2. La adecuación de obras como defensa del derecho de acceso a

personas con incapacidad. Precedente La Sección Primera, en sentencia de 3 de junio de 2010. Radicación número: 15001-23-31-000-2005-01867-01(AP), sostuvo: “Tanto la Constitución Política como la Ley garantizan condiciones mínimas de seguridad y desplazamiento para las personas con alguna limitación física o mental en espacios urbanos o al interior de edificaciones de propiedad de particulares o del Estado. En efecto, como lo ordenan las disposiciones transcritas, en especial el parágrafo del artículo 43 de la Ley 361 de 1997 dichas edificaciones «deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación». El deber legal es claro y se materializa mediante la instalación o adecuación, entre otras, de rampas y ascensores (Artículo 53 ibídem).” La SECCIÓN PRIMERA, en sentencia de 10 de mayo de 2012. Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00448-01(AP), precisó “En reiterada jurisprudencia esta Sección se ha pronunciado acerca de la protección a la población que se encuentra en situación de discapacidad, debido a sus condiciones de desigualdad, razón por la cual requieren de la pronta intervención del Estado con el fin de conjurar medidas que logren que su desarrollo diario se efectué en condiciones de normalidad; por esto es necesario que, entre otros aspectos, se realicen adecuaciones a las edificaciones existentes y que las construcciones nuevas, que presten servicios públicos,

observen los parámetros establecidos legalmente para facilitar su acceso. 7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 Esta Sección en sentencia de 21 de febrero de 2008, proferida dentro del expediente núm. 2005-00535, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, precisó lo siguiente: El artículo 13 superior, contentivo del derecho fundamental a la igualdad, le impone al Estado no solo la obligación de promover las condiciones para que la predicada igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados, sino la de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, tópicos dentro de los cuales sin duda alguna se hayan los minusválidos o discapacitados y en general las personas con limitaciones y movilidad reducida. Esta exigencia cobra perentoriedad en el artículo 47 constitucional donde se le impone al Estado la obligación de adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se debe prestar la atención especializada que requieran. En desarrollo de las citadas normas constitucionales el Congreso de la República expidió

la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 “Por la cual se establecen los mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”, vigente a partir de su publicación lo cual ocurrió en el Diario Oficial núm. 42978 del 11 de febrero de 1997. En el título IV de la mencionada ley se desarrollan las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Tal como se dispone en el artículo 43, ibídem, con ello se busca igualmente suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada. La norma advierte que lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación. Por disposición expresa de la ley 361 de 1997 son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades esenciales, y en particular los individuos con limitaciones que les hagan requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal (Art. 45). Además, en ella se destaca que la accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios (Art.

46). (…) La norma es clara en determinar que las edificaciones ya existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley deben ser adecuadas de manera progresiva para permitir condiciones de accesibilidad a los discapacitados, lo cual se hará atendiendo a la reglamentación técnica que corresponde expedir al Gobierno Nacional para tal efecto. Señala además el artículo 50, ibídem, que, sin perjuicio de lo dispuesto en la norma antes trascrita, y en concordancia con las que regulan lo relativo a la elaboración, proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, le corresponde al Gobierno Nacional expedir las disposiciones que establezcan las condiciones mínimas a observar en los edificios de cualquier clase con el fin de permitir la accesibilidad de personas con limitaciones, lo cual cumplió el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al expedir el Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005. Lo dispuesto en este último decreto, según lo precisa su artículo 1°, es aplicable para: 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 “a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/o ocupación de las vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público; b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y

modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público.” (Negrillas y subraya fuera del texto). En el artículo 9°, ibídem, se relacionan los parámetros de accesibilidad para el diseño, construcción o adecuación de los edificios de uso público en general. Para el caso concreto bajo estudio vale recordar que en su literal B) referente al “Entorno de las edificaciones” sus numerales 1, 2 y 3 disponen que: “1. Las hojas de las ventanas del primer piso, que colinden con andenes o sendas peatonales no podrán abrir hacia afuera.

2. Los desniveles que se presenten en los edificios de uso público, desde el andén hasta el acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares.

3. Cuando se trate de un conjunto de edificios o instalaciones de uso público, deberá garantizarse por lo menos que una de las rutas peatonales que los unan entre sí y con la vía pública, se construya según las condiciones establecidas en el Capítulo Segundo de este decreto.” En el literal C) numeral 1 y referente al “Acceso al interior de las edificaciones de uso público, dispone: “1. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas. (Negrillas fuera del texto). (…).” El artículo 52 de la Ley 361 de 1997, establece que lo dispuesto en el título IV de la ley

en cita y en sus disposiciones reglamentarias (Decreto 1538 de 2005), será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones correspondientes. (Subrayas y Negrillas fuera del texto)” 2.3. Caso concreto 2.3.1. Los derechos colectivos. De los medios de prueba allegados al proceso encuentra el Ministerio Público que, como señalara el a-quo, se demostró que la entidad demandada ya había adoptado las medidas para garantizar los derechos colectivos de las personas con discapacidad que acuden a la Procuraduría Provincial de San Gil. Esta afirmación tiene respaldo en los siguientes elementos de juicio: 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 - Oficio de 1 de abril de 2011, suscrito por el Secretario de Planeación Municipal de San Gil (fl. 46) en respuesta a requerimiento del Tribunal informó: “Con relación a lo anterior se realizó una visita al predio ubicado carrera 10 No. 10 – 40 del Municipio de San Gil, en el que funciona la Procuraduría Provincial de San Gil y se pudo verificar que dicho inmueble no tiene rampa de acceso para discapacitados y por ende una persona en silla de ruedas no podría en determinado

momento subir al segundo piso” - Certificación expedida el 10 de febrero de 2011, por el Coordinador del Grupo de Inmuebles de la Procuraduría General de la Nación (fl. 41), en la que hace constar: “Que la entidad adelanta el trámite correspondiente ante el Departamento Nacional de Planeación, con la radicación denominada ‘previo concepto’ – proyecto ‘Mantenimiento, remodelación, rehabilitación y adecuación de sedes en la Procuraduría General a nivel nacional’ (código 1154-00040-000) vigencia 2011 actividad ‘ Programa de acceso para discapacitados a nivel nacional ’ con una asignación de $150.000.000, cuyo objeto es la construcción de rampas para el acceso a discapacitados a las diferentes sedes de al entidad a nivel nacional de acuerdo a lo establecido en la Ley 361 de 1997.” (Subrayas con negrillas fuera del texto) Esta Procuraduría Delegada, dando alcance al principio de lealtad procesal y con fundamento en jurisprudencia de la Sección, sostiene la validez de las copias simples cuando aquéllas no fueren tachadas por la parte contraria. En este caso concreto, en la audiencia de pacto de cumplimiento la parte actora no controvirtió la validez de la copia informal que fuera allegada en esa etapa procesal por el apoderado de la entidad, conducta procesal que permite que aquélla sea valorada para decidir el litigio2 2 En sentencia de 9 de mayo de 2011, la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C. Radicación número: 05001-23-31-000-200101546-02(36912), precisó: “2.1. La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF –concretamente en sus archivos–, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta Subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes. Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así: 10 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. AP. No. No. 0680012331000 2010 00633 01 Así las cosas, de acuerdo con los elementos de prueba referidos se infiere que pese a que conforme a la comunicación de Planeación Municipal, en el edificio en el que despacha la Procuraduría Provincial en San Gil existe la barrera de acceso, la entidad adelanta un programa para adecuar el mismo en las diferentes sedes a nivel nacional. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la entidad funciona en San Gil en un inmueble arrendado –como se afirmó en la audiencia de pacto de cumplimientoy, por tanto, no es posible motu proprio la construcción o modificación de las obras.

Sin embargo, como quedó visto, se adelantan gestiones para la adecuación de inmuebles que permitan el fácil acceso a las dependencias. Para el Ministerio Público se trata de un hecho superado, toda vez que con las acciones que tomó la entidad para modificar la barrera arquitectónica que presentaba la edificación, se busca garantizar los derechos colectivos de todos los usuarios. Bajo ese supuesto habría lugar a confirmar la sentencia en cuanto negó las pretensiones habida consideración a que la entidad demandada ya adelanta las “Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción. “En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. “ En el caso sub examine , por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera

instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo. “Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. “El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que entra a regir el 2 de julio de 2012– en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prue