PGN - NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS - Resolución que distribuye contribución de va

Concepto N° 083 Bogotá D.C., 25 de abril de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente Dr. JUAN ANGEL PLACIO HINCAPIÉ Referencia: 50001233100019990034001

Radicado: 13655

Asunto: Contribución Valorización

Actor: ANA LUCÍA SABOGAL MOJICA Y OTROS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución Política; en los artículos 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente

Alegato de Conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. El INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META, profirió la Resolución N° 020 del 20 de noviembre de 1996, por medio de la cual decretó “la obra denominada PAVIMENTACIÓN CATAMA CAÑOS NEGROS K10+600 L k25+000 CON UNA LONGITUD DE 14.4 Km.” y ordenó “el cálculo de la construcción por el Sistema de Valorización...”.

2. Ese Instituto también dictó la Resolución N° 006 del 24 de febrero de 1997, en la que, entre otras determinaciones, distribuyó “la suma de MIL DOSCIENTOS Expediente 13655 2

DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.216.800.000),

entre los propietarios de la zona de influencia que han sido beneficiados por la obra”, señaló la “Zona de Influencia”, aclaró que la “lista de predios identificados con la Cédula Catastral, ubicados dentro de la zona de influencia y sus correspondientes contribuciones, se anexan a la presente Resolución y forman parte integral de la misma”, expresó que contra la misma providencia procedía el recurso de reposición”, y que dicho acto “se notificará por medio de edicto, que se fijará en la oficina de INVALMETA, en las Alcaldías es Inspecciones de Policía de los Municipios donde estén ubicados los inmuebles beneficiados, el cual durará fijado por el término de 15 días hábiles”.

3. El mencionado Instituto igualmente expidió la Resolución N° 002 del 28 de octubre de 1998, en la que modificó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9, de la Resolución N° 006 del 24 de febrero de 1997,derogó el artículo 3 del mismo acto, dispuso que procedía el recurso de reposición y que aquélla “se notificará por edicto, que se fijará en la oficina de INVALMETA, el cual durará fijado por el término de 15 días hábiles, durante los primeros cinco días de la fijación del edicto, se publicará un aviso informativo en un diario de circulación Departamental y/o dos emisoras radiales” y adicionalmente “se suministrarán copias de la presente Resolución a los Representantes de Propietarios del Proyecto”.

Esta Resolución fue notificada por medio de edicto, que fue fijado en las Oficinas

del Instituto, el 12 de noviembre de 1998 y desfijado el 3 de diciembre del mismo año.

3. El 27 de julio de 1999, la señora ANA LUCÍA SABOGAL MOJICA y otras personas interpusieron el recurso de reposición contra las Resoluciones Números 020 del 20 de noviembre de 1996, 006 del 24 de febrero de 1997 y 002 del 28 de octubre de 1998.

4. El Instituto expidió la Resolución N° 027 del 27 de septiembre de 1999, por medio de la cual rechazó por extemporáneo, el recurso de reposición.

5. Dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición de ese acto, el 8 de noviembre de 1999, los señores ANA LUCÍA SABOGAL MOJICA, GLORIA Expediente 13655 3

GIOVANNA SABOGAL DE HERNÁNDEZ, CARLOS JAVIER SABOGAL MOJICA y GABRIEL ALFONSO SABOGAL MOJICA, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción que establece el artículo 85 del C. C. A., acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, y pidieron a esta Corporación que declarara la nulidad de aquellas Resoluciones y dispusiera que los demandantes, propietarios “del inmueble denominado LA PALMIRA, ubicado en el Municipio de Villavicencio”, no están obligados a pagar la contribución de valorización.

6. El Tribunal admitió la demanda y después de someterla a los trámites procesales pertinentes, dictó la sentencia de fecha 30 de julio de 2002, en la que

denegó las súplicas de la demanda, por caducidad de la acción. El Tribunal explicó que en este caso, “el lapso para presentar debidamente la acción contenciosa subjetiva que se ha formulado comienza a contarse no desde la fecha del 27 de septiembre que se profiere la Resolución N° 027 de 1999 que rechazó el recurso de reposición por extemporáneo, sino desde la fecha en que quedó en firme la Resolución N° 002 de octubre 28 de 1998, es decir, desde el 4 de diciembre de 1998, día siguiente de desfijación del edicto a través del cual se notificó el acto administrativo enunciado, observándose con meridiana claridad que ha operado el fenómeno de la caducidad...”. 7.El apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de apelación y objetó la decisión del Tribunal, por las siguientes razones: El Instituto de Valorización Departamental del Meta “creó, liquidó y distribuyó la contribución de Valorización denominada ‘PAVIMENTACIÓN CATAMA-CAÑOS NEGROS ...’...”, en las Resoluciones Números 020 del 20 de noviembre de 1996 y 06 del 24 de febrero de 1997. El artículo 66 del Decreto 185 (sin fecha) expedido por el Gobernador del Meta (acto que empezó a regir, de acuerdo con su artículo 147, el 1º. de enero de 1990, aclara esta Procuraduría), dispone que la “Resolución distribuidora de una contribución se notificará a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación, por medio de Edicto que se fijará durante quince días hábiles en un lugar público de las Oficinas de INVALMETA, de las Alcaldías de los

Expediente 13655 4 Municipios e inspecciones de Policía ubicados dentro de la zona de influencia de la obra, vencidos los cuales se entenderá surtida la notificación...”. El artículo 67 del mismo estatuto expresa que aunque “con el cumplimiento de lo prescrito en el artículo inmediatamente anterior, queda efectuada la notificación de la resolución distribuidora, INVALMETA, con el único fin de garantizar mayor información de los interesados, entregará una copia de la respectiva liquidación que le hubiere correspondido a cada propietario que así lo solicite en sus oficinas, o se le enviará por correo o con los representantes de los propietarios...”. De conformidad con el artículo 66 de dicho Decreto, “el acto por medio del cual se liquidó la valorización debía de notificarse según los rituales que la norma contiene, hecho que no ocurrió, porque como está probado en el proceso, no se hicieron en debida forma las publicaciones por radio y prensa, y no se fijó el edicto en la Alcaldía ni en la inspección de Policía que ordena la norma, como tampoco se remitieron a los dueños de los predios copia de la respectiva liquidación como lo ordena el Art. 67 del mismo Decreto”. En estas condiciones, “queda demostrado que la Resolución No. 002 de 1998 no le fue notificada a los propietarios de los predios afectados por la Contribución, siendo ésta inoponible a aquéllos, hasta cuando éstos se notificaron por conducta concluyente, hecho que ocurrió al interponerse el recurso de reposición, el 27de julio de 1999, razón por la cual el acto de interposición no fue extemporáneo”.

Se concluye que “el término para contabilizar la caducidad de la acción solo podrá hacerse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la Resolución que decidió el recurso de reposición (Resolución No. 027 del 27 de septiembre de 1999) y no a partir de la ejecutoria de la Resolución No. 002 de 1998”, y por lo tanto la presentación de la demanda, que se hizo el 8 de noviembre de 1999, es oportuna.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Expediente 13655 5

En primer lugar, el Ministerio Público observa que el Tribunal, si consideró que la acción estaba caducada, ha debido declararse inhibido para proferir una decisión de mérito, y no denegar las súplicas de la demanda. El artículo 75 del Decreto Departamental 185, cuya copia obra a folios 32 a 83 del cuaderno principal, dice que contra los actos administrativos relacionados con la contribución de valorización proceden los recursos de reposición y apelación, que podrán interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de aquéllos, y que el recurso de reposición no es obligatorio para agotar la vía gubernativa. De acuerdo con esta disposición, es lógico concluir que si el interesado decide no interponer el recurso de reposición, puede acudir directamente a esta jurisdicción, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto (término que establece el artículo 82 del C. C. A.), y si deja vencer ese término sin ejercer esa acción se produce el fenómeno de la caducidad.

Si después de haberse abstenido de interponer, dentro de la oportunidad legal, el recurso de reposición, y de haber dejado vencer el término para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento, el interesado decide interponer, en forma extemporánea, ese recurso y la Administración se pronuncia sobre el mismo, ese pronunciamiento no revive el término para acudir ante esta jurisdicción contra el primer acto. En este caso, se observa que la sociedad presentó la demanda, en la que solicita la nulidad de las Resoluciones Números 020 del 20 de noviembre de 1996, 06 del 24 de febrero de 1997, 002 del 28 de octubre de 1998 y 027 del 27 de septiembre de 1999, el 8 de noviembre de 1999, es decir, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del último acto. En estas condiciones, es indudable que no existe caducidad de la acción en relación con ese último acto y que sí existe esa caducidad respecto de las Resoluciones Números 020 del 20 de noviembre de 1996, 06 del 24 de febrero de 1997 y 002 del 28 de octubre de 1998 puesto que esta última fue notificada el 3 Expediente 13655 6 de diciembre de 1998 y la demanda, como ya se dijo fue presentada después de haber transcurrido un año desde la fecha de la notificación. Por lo tanto, es procedente un pronunciamiento de fondo sobre la petición de nulidad de la Resolución N° 027 del 27 de septiembre de 1999. Ese acto rechazó el recurso de reposición contra las tres primeras Resoluciones,

por haber sido interpuesto extemporáneamente. El Ministerio Público advierte que como la Resolución N° 002 del 28 de octubre de 1998, fue notificada por edicto que se desfijó el 3 de diciembre del mismo, la sociedad podía interponer el recurso de reposición dentro de los cinco días siguientes a esa fecha, de acuerdo con el artículo 75 del Decreto Departamental 185; sin embargo la sociedad interpuso ese recurso el 27 de julio de 1999, cuando se encontraba vencido aquel término. En estas circunstancias, conforme a la ley, la Administración no podía admitir ni tramitar ese recurso. La decisión de rechazar ese recurso se ajusta a la ley y por lo mismo, no puede anularse la Resolución N° 27 del 27 de septiembre de 1999. El apelante sostiene que la Resolución N° 002 del 28 de octubre de 1998, no fue notificada en la forma que indica el artículo 66 de aquel Decreto porque no se hicieron “las publicaciones por radio y prensa y no se fijó el edicto en la Alcaldía ni en la Inspección de Policía que ordena la norma, como tampoco se remitieron a los dueños de los predios copia de la respectiva liquidación como lo ordena el Art. 67 del mismo Decreto”, y que en tales circunstancias ese acto no es oponible a los interesados, razón por la cual el término para interponer contra el mismo el recurso de reposición no puede contarse a partir del día siguiente de la desfijación del edicto , sino a partir de la fecha en que la sociedad realmente conoció la existencia del acto, que no es otra que el 27 de julio de 1999, día en el que

precisamente propuso ese recurso.

Este Despacho observa: Expediente 13655 7

El artículo 66 del Decreto Departamental 187 dispone: “La Resolución distribuidora de una contribución se notificará a más tardar dentro de los Quince (15) días siguientes a su aprobación, por medio de edicto que se fijará durante Quince (15) días hábiles en un lugar público de las Oficinas de INVALMETA, de las Alcaldías de los Municipios e inspecciones de policía ubicados dentro de la zona de influencia de la obra, vencidos los cuales se entenderá surtida la notificación. El Edicto contendrá: “... “PARÁGRAFO: Dentro de los primeros cinco (5) días del Edicto, se anunciará por medio de un AVISO, que ha sido expedida la Resolución distribuidora de la correspondiente obra y se ha fijado el Edicto en un lugar determinado. El AVISO se debe publicar por lo menos, en dos (2) de los periódicos que circulen en el departamento o por medio de dos (2) radio difusoras de amplia sintonía en la zona. “En el mismo AVISO ...”. Por su parte, el artículo 67 del mismo Decreto establece: “Aunque con el cumplimiento de lo prescrito en el Artículo anterior queda efectuada la notificación de la Resolución distribuidora, INVALMETA, con el único fin de garantizar mayor información de los interesados entregará una copia de la respectiva liquidación que le hubiere correspondido a cada propietario que así lo solicite en sus oficinas....”. El artículo 66 de aquel Estatuto es claro al expresar que la “Resolución distribuidora” debe notificarse por edicto, que se fijará por quince días, en un lugar

público de las oficinas de INVALMETA, de las Alcaldías de los municipios e Expediente 13655 8 inspecciones de policía ubicados dentro de la zona de influencia de la obra, y que vencido ese término (el de la fijación) “se entenderá surtida la notificación”. Es indudable que la norma que se comenta prevé la posibilidad de que la realización de una obra pública favorezca o incremente el valor de inmuebles ubicados en un determinado municipio o en diferentes municipios; cuando la zona de influencia de la obra cubre un solo municipio, el edicto debe fijarse en un lugar público de las oficinas de INVALMETA, y cuando aquélla se extienda por varios municipios, el edicto debe fijarse en las Alcaldías de cada uno de estos éstos. En el asunto que se examina, la zona de influencia únicamente comprende el Municipio de Villavicencio, y por esa circunstancia, el edicto debía fijarse en la Oficinas de INVALMETA, y no en éstas y en la Alcaldía de Villavicencio. La Resolución N° 002 del 28 de octubre de 1998, fue notificada de acuerdo con el artículo 66 del Decreto 185, puesto que INVALMETA fijó un edicto, por quince días, en un lugar público de sus propias oficinas, notificación que se consolidó, según la misma norma, al completarse los quince días de la fijación, hecho que ocurrió el 3 de diciembre de 1998. La publicación del “aviso” a que se refiere el Parágrafo del artículo 66 no es un

sistema de notificación; es simplemente un documento en el que se informa la existencia del edicto, el contenido de éste, y las fechas de fijación y desfijación. El único sistema de notificación que señala el artículo 66 es la notificación por medio de edicto, que debe ser fijado por quince días, sistema que, se repite, fue empleado por el Instituto de Valorización del Meta. Entonces, si la notificación de la Resolución No. 002 del 28 de octubre de 1998 se realizó de acuerdo con aquella norma, y si esa notificación se surtió el 3 de diciembre de 1998, el término de cinco días hábiles para interponer el recurso de reposición comenzó a correr a partir del día 4 y se completó el 11 de diciembre de 1998. Expediente 13655 9 La sociedad interpuso ese recurso después de esa fecha, y por esa circunstancia debía ser rechazado, tal como lo decidió la Administración en la Resolución N° 27 del 27 de septiembre de 1999. En lo que atañe al artículo 67, debe anotarse que esta norma no dice que la notificación por edicto se entiende surtida cuando se hace entrega de copia de la “respectiva liquidación” al interesado; por lo tanto, en el supuesto de que el Instituto de Valorización no hubiera entregado copia de la Resolución No. 002 a los demandantes, tal circunstancia no afectaría la notificación por edicto que realizó esa entidad; además, se anota que los demandantes anexaron a la demanda copia de esa Resolución, que les fue proporcionada, obviamente, por

dicho Instituto. Por todo lo anterior, esta Procuraduría Delegada concluye que el Consejo de Estado debe revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, disponer que, en relación con las Resoluciones Números 020 del 20 de noviembre de 1996, 06 del 24 de febrero de 1997 y 002 del 28 de octubre de 1998, no es procedente un pronunciamiento de fondo, por caducidad de la acción, y que, respecto de la Resolución No. 27 del 27 de septiembre de 1999, se deniegan las súplicas de la demanda. De los Señores Consejeros, con toda atención, LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Expediente 13655 10

P:J.J.P.V./R:L.B.S.M.