PGN - NOTIFICACION PERSONAL - Dicha exigencia solo la establece el artículo 104 del cdu pa

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 058-3644-04

Disciplinado: José Mauricio Jiménez Pérez

Cargo y Entidad: Alcalde del Municipio de Aguazul, Casanare

Quejoso: Leonel Roberto Torres Fecha Queja: agosto 31 de 2004

Fecha Hechos: diciembre de 2001 a diciembre de 2003

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., noviembre 30 de 2007 Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de segunda instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra JOSÉ MAURICIO JIMÉNEZ PÉREZ, en su condición de Alcalde del municipio de Aguazul, Casanare, quien fue sancionado en fallo del 22 de agosto de 2007, con multa de noventa (90) días de salario devengado en el año 2001, equivalente a

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($5.580.000)

1. ANTECEDENTES El Alcalde del municipio de Aguazul, Casanare, Leonel Roberto Torres Arias, el 27 de agosto de 2004, denunció que mediante contrato 525 de 2001 se contrató la construcción de un salón comunal en la vereda de Atalayas, municipio de Aguazul, en un terreno que no es propiedad del municipio (folios 2-3).

La Procuraduría Regional de Casanare, mediante auto del 11 de octubre de 2004, ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de José Mauricio Jiménez

Pérez, para verificar la ocurrencia de los hechos, verificar si son constitutivos de falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad (folios 19-20). Por auto del 23 de febrero de 2006, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores José Mauricio Jiménez Pérez, en su condición de alcalde municipal de Aguazul, Casanare; Diego Hernán Vega Caballero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Aguazul y William Rojas Vergara, interventor del contrato 525 de 2001, para establecer su responsabilidad por la construcción de un salón comunal en la vereda de Atalayas, municipio de Aguazul, Casanare, en un terreno que no era propiedad del municipio (folios 192-198).

2. LOS CARGOS Mediante proveído del 28 de abril de 2006, la Procuraduría Regional de Casanare formuló pliego de cargos a José Mauricio Jiménez Pérez, en su condición de alcalde del municipio de Aguazul, Casanare, en los siguientes términos: (Folios 224-239) El señor JOSE MAURICIO JIMÉNEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.811.093 expedida en MANI CASANARE, en su condición de Alcalde Municipal de Aguazul, para la época de los hechos, celebró el contrato de OBRA PÚBLICA No. 525 de

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA fecha 21 de Diciembre de 2001, con la Asociación de Empresas Constructores de CUSIANA “ADECC LTDA”, por un valor de 43.754.976, (cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos), cuyo objeto era la construcción de un salón comunal en la Vereda las Atalayas del Municipio de Aguazul, contrato que se realizó y se ejecutó en un predio que no es de propiedad del Municipio de aguazul (sic), con lo cual se invirtieron recursos del erario público en un inmueble que pertenece a un particular, ya que no se adquirió, ni legalizó el predio antes de realizar la construcción habiéndose presentado una violación a los principios de economía, responsabilidad y planeación del Estatuto de Contratación Estatal por parte del Burgo maestre (sic). El pliego de cargos estableció como normas vulneradas las siguientes: artículos 6, 123 inciso 2, 124 y 209 de la Constitución Política; el artículo 3, 25 numerales 7 y 12; 26 numerales 1, 3 y 5 de la ley 80 de 1993. Además, se indicó que por ser hechos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo código disciplinario único, era aplicable la ley 200 de 1995, específicamente los artículos 38 y 40 numerales, 1º, 18, 22 y 23 Se calificó la falta como grave, dado que por su condición de alcalde, el disciplinado ejercía una posición de jerarquía y mando en el ente territorial y su falta de cuidado en el manejo de los recursos públicos se convirtió en mal ejemplo para sus

subalternos En la graduación de la culpabilidad, expuso el a quo, que era claro para ese despacho que el disciplinado no pretendió voluntariamente quebrantar la normatividad existente y por lo tanto lo que se presentó fue una omisión al deber de cuidado. Lo anterior porque la ejecución de la obra como tal no ofrece reparo alguno, ya que conforme al material probatorio recaudado se observaron las disposiciones y requisitos exigidos y se cumplió a cabalidad el objeto contratado. Por lo que se le atribuyó la conducta imputada a título de culpa. A pesar de que en la investigación se incluyó también a los señores Diego Hernán Vega Caballero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Aguazul y William Rojas Vergara, interventor del contrato 525 de 2001, no se decidió sobre la situación de los mismos.

3. DESCARGOS El 30 de junio de 2006, el disciplinado presentó descargos, a través de apoderado, exponiendo los siguientes argumentos de defensa: (Folios 251-259) Dijo el apoderado que las normas que se consideraron vulneradas en el pliego de cargos, no fueron violadas por su representado porque acató lo dispuesto por la Constitución y las leyes y veló porque se invirtieran de manera adecuada los recursos del erario público y respetó los principios de economía, responsabilidad y planeación de que trata el estatuto de contratación estatal.

Planteó que no es cierto que la propiedad del terreno en el que se construyó el salón comunal de la vereda de Atalaya, municipio de Aguazul, fuera de propiedad privada, porque existía una donación.

Adujo, que su representado, por su falta de conocimiento en la materia, delegó en manos de especialistas la etapa precontractual de la construcción del salón comunal.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA Además, dijo que no está probado en el expediente que el presunto dueño se haya beneficiado de la obra allí construida y tampoco en el pliego de cargos se reconoció que la comunidad se hubiera visto afectada por la obra producto del contrato 525 de 2001. Analizó el respeto de los principios transparencia, economía y responsabilidad por parte de su representado en la ejecución de la obra objeto del contrato 525 de 2001, ante lo que concluyó que su prohijado dio cumplimiento al principio de responsabilidad porque el proceso precontractual se inició en la Secretaria de Obras Públicas, se realizaron los términos de referencia, los diseños y se contaba con la disponibilidad presupuestal y la obra se ejecutó en un terreno donado. Por razones ajenas a la voluntad de su representado la donación no se había protocolizado, pero la donación es legal porque el escrito de donación fue previo a la iniciación de la obra, por lo cual no es cierto que el lote en el que se construyó el salón comunal de la vereda de Atalayas no fuera del municipio, porque existía una promesa que obligaba a las partes. Requirió que se solicitara al municipio de Aguazul la totalidad de los documentos que conformaban el proceso precontractual y contractual No. 525 del 21 de diciembre de 2001; así como la documentación jurídica que regló el proceso contractual

mencionado y el escrito del 17 de junio de 2001, por medio del cual los señores Zoila Camargo de Pérez y Joselyn Pérez donaron el terreno de su propiedad a la comunidad Laureles, Atalaya, Río Chiquito y la Unión. También, solicitó los testimonios de los propietarios del terreno en cuestión para que informaran las condiciones en que se llevó a cabo la donación; del interventor del contrato y se escuchara en versión al señor Jiménez Pérez para que aclarara la forma como se adelantó la etapa precontractual y contractual del contrato objeto de controversia.

4. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 15 de agosto de 2006, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó la práctica de todas las pruebas requeridas por la defensa (folios 275-276).

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 9 de julio de 2007, la Procuraduría Regional de Casanare corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, antes del fallo (Folio

311). El disciplinado presentó alegatos de conclusión, a través de apoderado, el 25 de julio de 2007, en el que solicitó se dictara fallo absolutorio (folios 316-322). Básicamente, los argumentos de defensa presentados en este memorial, se refirieron a la delegación de funciones realizada por el disciplinado y a la donación del terreno objeto de controversia. En primera instancia, la delegación que hizo el disciplinado de la fase precontractual, en expertos en el tema, se materializó en la Secretaria de Obras del municipio de Aguazul, dependencia que adelantó los estudios necesarios

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA conforme al ordenamiento jurídico y al beneficio de la comunidad. En segunda instancia, afirmó la defensa, que la donación del predio objeto del contrato 525 de 2001 existió pero no se adelantó la legalización de la misma; pero, la falta de dicho trámite no puede ser imputada al disciplinado, porque él delegó toda la etapa precontractual; además, el Banco de proyectos aprobó la realización de la obra, teniendo en cuenta que conforme a los conceptos jurídicos y tecnológicos se podía llevar a cabo su ejecución. Por otra parte, afirmó la defensa que está probado que el uso y goce del salón comunal construido en el predio en cuestión ha sido para la comunidad y no se ha beneficiado a un tercero. Reiteró el apoderado de la defensa, que no se le puede imputar a su representado la omisión del deber legal de cuidado, porque por su falta de conocimientos en la materia contractual, delegó la etapa precontractual en funcionarios competentes para ello.

6. DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante auto del 22 de agosto de 2007, la Procuraduría Regional de Casanare dictó fallo de primera instancia, sancionando al señor JOSÉ MAURICIO JIMÉNEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.74.811.093 de Maní, Casanare, en su condición de Alcalde del municipio de Aguazul, Casanare, con multa de noventa (90) días de salario devengado en el año 2001, equivalente a la suma de Ocho

millones quinientos ochenta mil pesos ($8.580.000) (folios 342-377). Estableció el a quo que la falta disciplinaria de la cual se acusaba al señor José Mauricio Jiménez Gómez, en su condición de Alcalde del municipio de Aguazul es una conducta de tracto sucesivo, porque se pudo subsanar en todo el tiempo, desde el momento en que se suscribió el contrato, es decir el 21 de diciembre de 2001 cuestionado, hasta el último día que se desempeñó como Alcalde de Aguazul, o sea, el 31 de diciembre de 2003, fecha desde la cual, se empezaría a contar el término para la prescripción de la acción disciplinaria. Afirmó, que la falta disciplinaria que se investiga fue cometida bajo el imperio de la ley 200 de 1995. Posteriormente, el a quo, se refiere al concepto de donación y realiza un recorrido normativo de la misma (insinuación de la donación, modalidades); conceptos de los cuales resaltó que para perfeccionar la donación es imprescindible que exista un documento escrito, por el cual el donante manifieste su intención de donar y el donatario manifieste su aceptación y que para la donación de inmuebles, como es el caso que se investiga, no es válida la donación entre vivos, si ésta no se otorga a través de escritura pública, debidamente inscrita en el registro de instrumentos públicos. Resaltó además, que mientras la donación entre vivos no haya sido aceptada y notificada la aceptación al donante, este acto no asume el carácter de irrevocable. Por lo tanto, el consentimiento en la donación por acto entre vivos se tiene por

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA cumplido cuando se ha presentado la oferta del donante, la aceptación del donatario y la notificación de la aceptación al oferente, de no presentarse estos pasos no se puede hablar de que la donación exista, porque el oferente podrá desistir de su oferta de gratuidad en cualquier momento. Dijo el a quo, que estaba probado que el contrato de obra 525 del 21 de diciembre de 2001, fue suscrito por el disciplinado con el objeto de que se construyera un salón comunal en la vereda las Atalayas del municipio de Aguazul, por valor de $43.754.976, la obra fue realizada y entregada en forma satisfactoria. Con respecto a la destinación dada al bien construido, después de realizar un análisis de las pruebas existentes en el expediente, referentes a este tema, reconoció la Procuraduría Regional que no existe irregularidad y es procedente todo lo afirmado por el disciplinado en sus descargos y alegatos de conclusión, pero adujo, que en el cargo lo que se le reprocha al señor Mauricio Jiménez Pérez es que el predio en donde se realizó la construcción del salón comunal no era, ni es del municipio de Aguazul, porque no se legalizó la donación. Aclaró, que una cosa es el contrato de obra como tal, el cual se desarrolló adecuadamente y se cumplió con los objetivos contractuales, pero, otra cosa muy diferente, es el contrato de donación, del cual apenas existe la intención de donar por parte de los propietarios, pero jamás se efectuaron los actos jurídicos tendientes a

hacer la escritura pública mediante la cual se realizara la tradición del inmueble y tampoco se realizó el acto administrativo que incluyera el mencionado predio en el listado de propiedades del municipio. Reconoció la buena voluntad del disciplinado en realizar una obra para la comunidad, pero indicó que no debió haber invertido recursos del municipio de Aguazul, en el mencionado inmueble hasta tanto se hubiese legalizado mediante escritura pública el traspaso del bien a nombre del municipio. Es decir, que el disciplinado omitió verificar las condiciones del predio y tan es así, que no se percató que sobre el inmueble en cuestión pesaba un gravamen hipotecario, que dificultaba la donación, por muy buena intención que tuvieran los propietarios del terreno de realizar la entrega gratuita del bien. Dijo que de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que no se realizaron los actos tendientes a realizar la donación y que a junio de 2005 se estaban adelantando los trámites para legalizarla. Además, la aceptación del terreno donado por parte de la Alcaldía de Aguazul no se ha dado y por ende, tampoco la notificación de esta decisión, por lo que no tiene validez la donación del terreno en que se construyó el salón comunal. Con respecto a un posible detrimento patrimonial dijo que hasta el momento no se ha presentado, pero se podría presentar. Indicó, además, que conforme a la jurisprudencia, es claro que la carga de la prueba, entratándose de la donación, le corresponde a la persona interesada en invocarla, porque esta no se presume. Por otra parte, respecto a la existencia de la promesa

de contrato de donación, afirmó el a quo, que dicho documento no fue aportado al proceso y en caso de que existiera, la promesa de contrato no es título traslaticio de

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA dominio, para lo cual citó, doctrina al respecto de la promesa de compraventa y asimiló sus efectos a la promesa de donación. Con respecto a la delegación, después de realizar un recorrido conceptual y jurisprudencial de dicha figura jurídica, expuso que la delegación no puede constituirse en un medio para evadir un régimen de prohibiciones, ni para imponer indebidamente a los subalternos la toma de decisiones contrarias a derecho, con la convicción de que esta figura los protege de toda responsabilidad, porque lo que se busca con ella es la eficacia de la función administrativa, enmarcada en criterios de moralidad e imparcialidad. Expuso, además que no existía un acto administrativo mediante el cual, expresamente se hubiera delegado en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguazul la etapa precontractual de la obra y de otro lado, la delegación no exime de responsabilidad al delegante, por lo cual los argumentos de la defensa en este sentido, no fueron aceptados por la Procuraduría Regional. Concluyó el a quo, que el disciplinado omitió cumplir con lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 40 de la ley 200 de 1995, porque era su obligación realizar todas las actividades tendientes a sanear y verificar que se legalizara el predio para proceder a hacer la tradición del inmueble a favor del municipio, antes de suscribir el contrato de

obra y de invertir los dineros para el pago de la misma. Aclaró que la antijuridicidad en materia disciplinaria se materializa en la infracción de deberes y no se requiere del daño material, para que el ilícito disciplinario se configure. Se estableció que el señor José Mauricio Jiménez Pérez era responsable disciplinariamente de incumplir el deber establecido en el numeral 18 del artículo 40 de la ley 200 de 1995, conducta que fue calificada como grave, e imputada al disciplinado a título de culpa.

7. APELACION Luego de la notificación al disciplinado, mediante edicto fijado el 10 de septiembre de 2007 y desfijado el día 12 del mismo mes y año, el 17 de septiembre de 2007, el señor José Mauricio Jiménez Pérez presentó, a través de apoderado, recurso de apelación contra el fallo disciplinario del 22 de agosto de 2007 proferido por la Procuraduría Regional de Casanare, con los siguientes argumentos: (folios 398-405). 7.1 Solicitud de nulidad Entre los argumentos aducidos por la defensa solicitó la nulidad de lo actuado a partir del fallo de primera instancia, con fundamento en los numerales 2º y 3º del artículo 143 de la ley 734 de 2002, por indebida notificación del fallo de primera instancia, dado que no fue notificada en forma personal esta decisión, con lo cual se impidió ejercer cabalmente el derecho de defensa, por no tener conocimiento concreto de la decisión que se pretende atacar. Indicó el apoderado, que ante la imposibilidad de trasladarse a la ciudad de Yopal para notificarse de la decisión

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA tomada en primera instancia, requirió en forma reiterada, se comisionara a un ente en Bogotá para que se diera cumplimiento al artículo 101 del CDU, que establece que el fallo se notificara personalmente. Adujo, que la notificación por comisionado establecida en el artículo 104 ibídem, para el pliego de cargos, es procedente también para el fallo, porque la norma no es excluyente. Afirmó, que la notificación personal es un imperativo del debido proceso constitucional y administrativo que garantiza el derecho de defensa y que: “cuando el por notificar reside en domicilio diverso del de producción de la providencia –como es nuestro caso-, debe ser notificado personalmente a través de comisionado.”. Resaltó, que el propio Consejo de Estado destaca la importancia de surtir todas las actividades necesarias para surtir la notificación personal que ordena la ley, con el objeto de que la decisión sea efectivamente conocida por la persona a notificar. 7.2 Argumentos de fondo Delegación Expuso la defensa que ante la falta de conocimientos técnicos y jurídicos del disciplinado, éste delegó todos los estudios previos y diseños correspondientes a la etapa precontractual a profesionales en la materia como ingenieros, abogados, etc. Esta delegación se materializó en la Secretaria de Obras Públicas de su despacho, quienes adelantaron toda la etapa precontractual. Indicó que la delegación exime de responsabilidad al delegante conforme lo establece el artículo 211 de la Constitución.

Por otra parte, indicó que entre las pruebas obrantes en el expediente reposa un documento privado en el que se expresa la voluntad de los propietarios del predio en el que se construyó la obra, de realizar una donación de este inmueble al municipio de Aguazul, intención que no fue controvertida. Lo que se presentó en el caso investigado fue una ausencia del “trámite de legalización de la donación”, que no puede ser imputada a su defendido, en tanto que este delegó toda la etapa precontractual. Además, dicha obra había sido aprobada previamente en el Banco de Proyectos local. En consecuencia, su prohijado firmó el contrato de obra teniendo en cuenta los conceptos jurídicos y tecnológicos que sobre la materia le fueron presentados y que recomendaban que se podía ejecutar la obra. Donación En este punto hizo referencia a una serie de documentos, obrantes en el plenario, de los cuales se deduce que la donación era evidente para todos los participantes en el proceso de construcción del salón comunal. Entre estos documentos, relacionó los siguientes: - documento del 17 de junio de 2001, en el que Zoila Camargo de Pérez y Joselyn Pérez, manifiestan su voluntad de donar al municipio de Aguazul, el terreno de su propiedad y se comprometen a hacer y a firmar, los documentos necesarios para que allí se construya el salón comunal.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA - Acta de modificación de cantidades de obra del 25 de marzo de 2002, en la que se estipuló: “En el momento de realizar el replanteo general de las obras del salón

comunal, se evidenció que el área donada por la comunidad (…)”. - Informe de interventoría, sin fecha en el que se indica que el lote fue donado por la Junta de Acción Comunal. - Oficio del 14 de junio de 2005 del Secretario de Obras y Planeación, Santiago Pachón Talero, dirigido a la Procuraduría, en el que informa que el terreno donde se construyó el salón comunal había sido donado y la legalización estaba en trámite. También relacionó como prueba del convencimiento de que el terreno donde se construyó el salón comunal había sido donado, las declaraciones de Zoila Camargo y Joselin Pérez. De las pruebas relacionadas concluyó que si bien la donación no se formalizó como tal, si existió y la legalización le correspondía a la administración que sucedió a su representado. Por otra parte, planteó, que el uso y goce del terreno objeto de controversia, lo tiene la comunidad desde el 24 de junio de 2002 y así se desprende de la valla en la que se identificó la construcción de la obra. Afirmó que la obra fue realizada para la comunidad y no para favorecer a un tercero, ello también se desprende de la declaración del señor Joselin Pérez, quien afirmó haberle donado el terreno de la controversia al municipio de Aguazul. Indicó la defensa, que los donantes se desprenden del uso y goce del bien desde la expedición del título. Indicó que la comunidad disfruta del terreno y del bien allí construido y teniendo en cuenta este hecho, la censura de la Procuraduría se funda en una hipótesis que no

consulta la realidad de los sucesos, por lo que concluyó que su representado actuó en derecho y fue la administración que lo sucedió la que omitió legalizar la donación del terreno. Por auto del 18 de septiembre de 2007, la Procuraduría Regional de Casanare concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, interpuesto por la defensa del investigado, contra la decisión del 22 de agosto del 2007 (folio 415). 7.3 Solicitud de prescripción Mediante oficio del 6 de noviembre de 2007, recibido por este despacho el 15 de noviembre del año en curso, el apoderado del disciplinado solicitó que este despacho declarara la prescripción de la acción disciplinaria, conforme a los siguientes argumentos: (folios 432-435) - En el auto del 28 de abril de 2006 por medio del cual se formula el pliego de cargos en contra de su defendido, en los siguientes términos: “El señor JOSÉ MAURICIO JIMÉNEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.811.093 expedida en MANI CASANARE, en su condición de Alcalde Municipal de Aguazul, para la

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA época de los hechos , celebró el contrato de OBRA PÚBLICA No. 525 de fecha 21 de Diciembre de 2001, con la Asociación (…)”. - Del contenido del cargo, adujo el apoderado, que es un hecho cierto que el día de consumación del acto objeto de investigación en el presente proceso disciplinario,

aconteció el 21 de diciembre del 2001, fecha en la que se suscribió el contrato cuestionado y desde la cual han transcurrido más de cinco años. Por lo cual solicitó la prescripción de la acción disciplinaria con fundamento en el numeral 2 del artículo 29 y el artículo 30 de la ley 734 de 2002.

8. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA: 8.1 Competencia De acuerdo al literal a) del numeral 1º del artículo 76 del decreto 262 de 2000, le corresponde conocer en primera instancia a las Procuradurías distritales y provinciales, los procesos disciplinarios que se adelanten contra los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento.

Conforme al numeral 2° del artículo 75 del decreto 262 de 2000, le corresponde conocer en primera instancia a los Procuradores Regionales, los procesos disciplinarios cuya competencia corresponda a las Procuradurías distritales o provinciales, en las circunscripciones territoriales en donde éstas no existan. Al señor José Mauricio Jiménez Pérez, se le investiga en el presente proceso en su condición de Alcalde del municipio de Aguazul, Casanare. Conforme al numeral 9 del artículo 3º de la Resolución 0018 de 2000, en el departamento del Casanare, existe únicamente Procuraduría Regional, la cual es competente para adelantar las investigaciones disciplinarias de, entre otros, el municipio de Aguazul. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el departamento de Casanare no existen Procuradurías distritales ni provinciales, la primera instancia del proceso adelantado

contra el alcalde de Aguazul, le corresponde a la Procuraduría Regional de Casanare en aplicación del numeral 2 del artículo 75 del decreto 262 de 2000. De acuerdo al numeral 4 del artículo 25 del decreto 262 de 2000, le corresponde a las Procuradurías Delegadas conocer en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean competencia de los Procuradores Regionales. Por otra parte, le corresponde asumir esta competencia, a las Procuradurías Delegadas para la contratación, cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, conforme al inciso cuarto del artículo 19 de la resolución 0017 de 2000. Por todo lo anterior, esta delegada es competente para conocer la segunda instancia del proceso disciplinario adelantado contra el señor José Mauricio Jiménez Pérez, en su condición de alcalde del municipio de Aguazul, Casanare.

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA 8.2 Solicitud de nulidad El apoderado de la defensa, solicitó la nulidad de lo actuado por la ausencia de notificación debida del fallo, porque la Procuraduría Regional de Casanare, no le notificó en forma personal el fallo de primera instancia, por lo cual, a su juicio, se le violó el derecho de defensa al disciplinado y el debido proceso, ya que no conoció en debida forma la mencionada decisión para ejercer una adecuada contradicción de los argumentos expuestos en el fallo. El artículo 101 de la ley 734 de 2002, establece que deben notificarse personalmente

los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo. El artículo 104 ibídem, establece que la notificación se adelantará por funcionario comisionado, cuando el pliego de cargos deba realizarse en sede diferente a la del competente. El artículo 107 del CDU, establece que cuando los autos de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria o fallos no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Este artículo establece el procedimiento para llegar a esta notificación, en los siguientes términos: Una vez producida la decisión, se debe citar inmediatamente al disciplinado y/o a su apoderado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarles el contenido de aquella. Si vencido el término de 8 días a partir del envío de la citación, no comparece alguno de los citados, en la Secretaría se fijará edicto por el término de 3 días, al final de los cuales se considera realizada la notificación. Con el propósito de notificar el fallo del 22 de agosto de 2007, el Secretario de la Procuraduría Regional de Casanare, remitió comunicación al apoderado del disciplinado, Julio Cesar Díaz Perdomo, a la calle 94 No. 13-34 oficina 303 de Bogotá, para que se hiciera presente en las instalaciones de dicha Regional y darle a conocer la decisión de primera instancia. De igual forma y con el mismo objeto, se citó al disciplinado, Mauricio Jiménez Pérez, al municipio de Aguazul, Casanare

(folios 378-379). Mediante oficio del 4 de septiembre de 2007, el apoderado del disciplinado, solicitó ser notificado del fallo de primera instancia, personalmente en la ciudad de Bogotá, por ser este el sitio de su domicilio profesional. El Secretario de la Procuraduría Regional de Casanare, Humberto Otalora Hernández, el 7 de septiembre de 2007, en respuesta a la solicitud realizada por el apoderado del disciplinado, le informó que ésta no era procedente, porque conforme al artículo 104 de la ley 734 de 2002, la notificación por comisionado únicamente procede para el pliego de cargos, pero, en lo que respecta a los fallos, el artículo 101 ibídem, señala que se notifica personalmente, por esta razón, ese despacho lo citó mediante escrito 3732 de agosto 24 de 2007, para que se hiciera presente para conocer el contenido de la mencionada decisión. Mediante ese oficio se requirió nuevamente de su presencia en ese despacho, y se le advirtió que de no hacerse

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FALLO SEGUNDA INSTANCIA presente, dentro del plazo señ