PGN - NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE - Respecto a la liquidación oficial tributaria

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto de liquidación oficial de revisión de impuesto de renta IMPUESTO DE RENTA-Liquidación privada con adición de ingresos/IMPUESTO DE RENTA-Pruebas del valor de las ventas en la declaración privada IMPUESTO DE RENTA-Justificación de la reducción del precio consignado en la factura NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE-Respecto de la liquidación oficial tributaria del impuesto de renta Insiste la recurrente en que la notificación por aviso fue irregular y que el Tribunal no analizó dicha irregularidad pues la tomó como subsanada por el hecho de haberse presentado oportunamente el recurso de reconsideración. Esta afirmación no está acorde con lo expresado por el a quo, pues lo que ha manifestado el fallador de primera instancia es que estamos frente a una notificación por conducta concluyente en cuanto el contribuyente tuvo conocimiento de la liquidación oficial y pudo oponerse haciendo uso del recurso de reconsideración en término. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE-En materia tributaria opera por remisión del Código Contencioso Administrativo NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE-No vulnera el debido proceso Probado se encuentra que el demandante conoció la liquidación oficial de revisión y que interpuso el recurso de reconsideración dentro del término de los dos meses concedidos para tal efecto. Por lo tanto, estamos frente a una notificación por conducta concluyente. Adicionalmente, como el contribuyente se opuso e hizo uso del derecho de defensa y de contradicción, no se vulneró tampoco su derecho al debido proceso. IMPUESTO POR GANANCIA OCASIONAL-La administración puede corregir la declaración de renta siempre que el error no afecte el valor por declarar

IMPUESTO POR GANANCIA OCASIONAL-La declaración corregida de ofivio reemplaza para los efectos legales la presentada por el contribuyente Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5878750 Ext. 11931/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 20022 2 IMPUESTO POR GANANCIA OCASIONAL-El error no debe afectar el valor por declarar ni ser relevante para determinar el tributo La corrección de errores no debe afectar el valor por declarar ni resultar relevante para definir de fondo la determinación del tributo; es decir, que la inconsistencia no afecte la determinación del impuesto y, en el caso bajo estudio, la inclusión de los costos pretendida, afectaría el impuesto de ganancia ocasional que no fue liquidado por la contribuyente, omisión ésta que llevó a que la administración hiciera la liquidación del referido impuesto tomando como base la ganancia ocasional declarada. SANCIÓN TRIBUTARIA-Por inexactitud en declaración privada Establecido como se encuentra, que tanto la adición de ingresos como la liquidación del impuesto por ganancia ocasional son procedentes, también lo es la imposición de la sanción por inexactitud aplicable a las dos glosas, atendiendo a que con relación a la adición de ingresos se aplica la sanción en los términos del Artículo 647-1 del Estatuto Tributario, toda vez que la modificación de los ingresos conllevó una disminución de la pérdida fiscal declarada. Por lo tanto, la sanción por la glosa correspondiente a la adición de ingresos, es procedente en tanto se produjo una disminución de la pérdida por idéntico

valor, lo cual no queda desvirtuado con el reparo de la recurrente quien insiste en su improcedencia fundamentada en la ilegalidad de la adición de ingresos, que tampoco prospera. Concepto 202 2013-358114 3 Expediente 20022 Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2013 Señores Honorables Magistrados del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente : Doctora MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Referencia: 25000232700020120043201

Radicado: 20022

Asunto: IMPUESTO RENTA

Actor: CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General de la Nación, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión, dentro del trámite de la segunda instancia. ANTECEDENTES 1.- El 24 de abril de 2008, la sociedad Carbones Colombianos del Cerrejón S.A, presentó declaración del Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2007 y el 27 de junio del mismo año, presentó por medio

magnético la declaración informativa individual de precios de transferencia del año 2007, radicada bajo el N° 128600106625. 2.- El 15 de abril de 2010, la División de Gestión de Fiscalización, profirió requerimiento especial proponiendo liquidar una menor pérdida del ejercicio, un impuesto de ganancia ocasional y sanción por inexactitud. 3.- El 28 de diciembre de 2010 la División de Gestión de Liquidación, profirió la Liquidación Oficial de Revisión 312412010000066, contra la cual se interpuso recurso de reconsideración el 8 de marzo de 2011, que fue resuelto en forma desfavorable el 27 de enero de 2012, por medio de la Resolución 900028 emitida por la Dirección de Gestión Jurídica. 4.- La sociedad CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por conducto de apoderado judicial, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó se declarara la nulidad de las Resoluciones 312412010000066 de 28 de diciembre de 2010 y 900028 de 27 de enero de 2012, actos mediante los cuales la Administración de Impuestos le modificó la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios, correspondiente al año gravable 2007. Expediente 20022 4 Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara que la sociedad no debe pagar valor alguno por concepto de sanción y la firmeza de la liquidación privada. Invocó como normas violadas los artículos 29, 83, 95, 150 y 363 de la Constitución

Política; 35 del Código Contencioso Administrativo; 26, 28, 260-1, 260-2, 260-3, 563, 565, 568, 647 y 647-1 del Estatuto Tributario; 102, 178 y 260 del Código de Procedimiento Civil. 5.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2012, negó las súplicas de la demanda, previas las siguientes consideraciones: 5.1.- Notificación de la liquidación oficial de revisión. La Sala recuerda lo dispuesto por los artículos 564, 565 y 568 del Estatuto Tributario y la jurisprudencia del Consejo de Estado1 y observa que la liquidación oficial de revisión enviada por correo al apoderado de la sociedad, a la dirección procesal informada en la respuesta al requerimiento especial, fue devuelta por la causal “destinatario se trasladó” y por esa razón la Administración verificó la dirección procesal y ordenó su publicación mediante aviso. Argumenta la Sala que en los casos en los que el contribuyente ha podido oponerse haciendo uso de los recursos en término, lo que se configura es la notificación por conducta concluyente. Por tal razón, en este asunto, pese a la posible falta o irregularidad de la notificación por aviso, se ha notificado la demandante por conducta concluyente. Lo anterior tiene sentido en la medida que el contribuyente al informar una dirección de notificación procesal, vincula a la Administración para que le notifique toda actuación relacionada con tal procedimiento a dicha dirección. Posteriormente, la sociedad, se traslada del lugar sin modificar ante la Administración la dirección en la cual recibe notificaciones de ese proceso, pero

tiene conocimiento de la notificación por aviso e interpone los recursos pertinentes en oportunidad; luego, es claro que el objetivo de la notificación, consistente en poner en conocimiento un determinado acto, se satisfizo permitiendo el ejercicio oportuno del derecho de defensa del contribuyente. 5.2.- Precios de transferencia. De acuerdo a las definiciones de precios de transferencia realizadas por esta subsección en el expediente 2011-00108-01, los precios de transferencia constituyen los precios máximos y mínimos en que se pueden realizar ciertas transacciones entre vinculados, topes determinados de conformidad con los valores del mercado, que se encuentran regulados por los artículos 260-1, 260-2, 260-3 del E.T. El estudio de precios de transferencia presentado por CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.; visible a folios 146 a 173 del cuaderno de 1 Sentencias de 12 de junio de 2008 y 2 de diciembre de 2010, Exp. 15566 y 18148, respectivamente. 5 Expediente 20022 antecedentes, para analizar si las condiciones y precios pagados en las transacciones celebradas entre la Compañía y sus clientes en el exterior, son consistentes con valores de mercado, selecciona como método de análisis el de precio comparable no comparado (sic) (PC). Este método se encuentra consagrado en el numeral 1 del artículo 260-2 del Estatuto Tributario Nacional y consiste en considerar el precio de bienes o servicios que se hubiera pactado entre partes independientes en operaciones comparables. En la sentencia precitada, esta subsección definió el método de precio comparable no controlado, el cual implica la comparación de precios y es el método que mayor

precisión ofrece; sin embargo, requiere el análisis de los productos a comparar, de los ajustes razonables y de los rangos estadísticos proyectados. La DIAN realizó un informe el 18 de enero de 2010, por concepto de la declaración individual de precios de transferencia de la demandante, en el cual no discutió el método para determinar el precio, ni los valores que fueron tenidos en cuenta para determinar dicha comparación (fls. 366 a 381 c.a.). El negocio jurídico que funge como fuente del ingreso, cuyo monto se discute, es un contrato de compraventa de carbón de compraventa de carbón celebrado entre la demandante CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A. (vendedora) y GLENCORE INTERNATIONAL AG (compradora), suscrito el 8 de agosto de 2006 (fls. 676 a 689 c.a.). El estudio de precios de transferencia visible a folios 146 y siguientes, en relación con los precios de la exportación de carbón, por virtud del contrato con Glencore, concluye que “el valor pactado con el cliente del exterior (US$55,00) mediante el contrato firmado, fue superior al que terceros hubieran pactado en condiciones similares en la misma fecha (US$52.23)”. La contribuyente declaró ingresos de la exportación por un valor inferior a los US$55 por tonelada vendida, lo que a juicio de la Administración generó inexactitud sancionable y la expedición de la liquidación oficial de la revisión. 5.3.- Indebida motivación, violación al régimen aduanero y de precios de transferencia y nulidad por indebida valoración probatoria. En cuanto a la indebida motivación, no existe correspondencia entre el cargo

esgrimido por la parte actora y la defensa de la administración, teniendo en cuenta que no hubo manifestación en relación con la indebida motivación de los actos. En relación con los demás cargos, la DIAN encontró que la operación se realizó entre vinculados económicos y que los menores ingresos declarados se encuentran acreditados contablemente, sin embargo la realidad económica demuestra que el valor de la operación fue otro, que coincide con el valor contenido en las facturas y en la declaración de exportación consolidada, y que los soportes allegados no cumplían con las normas de contabilidad. Expediente 20022 6 La liquidación oficial de revisión 312412010000066, afirma que “según la información presentada en la documentación comprobatoria, vista a folios 160 y 161 del expediente, se estableció que en el momento de la exportación la sociedad ya tiene conocimiento exacto de la calidad del carbón, y por esta razón, tal como se observa en los documentos de exportación, se registra la modalidad indicada (…) lo que significa que corresponde a “venta a precio firme”, e indica que el precio de mercado debe ser el efectivamente facturado, siendo por lo tanto de US$55 por tonelada”. De la lectura de los cargos, en oposición a los actos demandados, y a los argumentos esbozados por la apoderada de la demandada, es preciso distinguir que el régimen de precios de transferencia no es más que un mecanismo de fiscalización, que per se, no excluye o limita las amplias facultades de fiscalización que detenta la administración en aras de cumplir sus obligaciones. De la jurisprudencia del Consejo de Estado2 se resaltan las amplias facultades de

fiscalización de la administración tributaria y su capacidad para revelar la realidad negocial de una determinada transacción. La utilización de las DEX no implica la creación de un nuevo método de comparabilidad, ni la modificación del régimen de precios de transferencia, sino la mera constatación del precio declarado como fijo en la declaración de exportación consolidada, y por ende el valor correspondiente a ingresos por exportación que debe ser declarado por concepto de impuesto de renta. Si bien es cierto, el régimen de precios de transferencia pretende que las transacciones realizadas entre vinculados económicos se encuentren dentro del rango de los valores de mercado, debe entenderse esta situación dentro del marco de una declaración que se adecua a la realidad económica de la operación debidamente soportada contablemente. La DIAN se fundamenta en que se trata de una operación entre vinculados, luego toma el estudio de precios de transferencia y tomando el valor de la media y el valor registrado en el mismo estudio como precio de venta FOB, determina que hay una inexactitud, aplicando directamente la diferencia entre el menor valor declarado y la mediana informada. Confirma esta posición teniendo en cuenta la declaración de exportación consolidada DEX, y afirma con sustento en el derecho aduanero que al tratarse de una declaración sobre precios en firme que no fue corregida sus valores son definitivos y la declaración de renta debe estar en consonancia con ella. Por último, sustentada en las normas generales de determinación de ingresos, desconoce los menores ingresos al considerar que contablemente no cumplen requisitos para ser considerados. Toda vez que para la determinación del precio FOB del carbón objeto de exportación, se analizó la calidad del mismo al momento

del embarque, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato de compraventa. Una vez determinada la calidad del carbón, fue elaborada la factura de venta con un valor de US$55 por tonelada, valor que coincide con el de la declaración de 2 Sentencia de 3 de diciembre de 2009, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 17079. 7 Expediente 20022 exportación consolidada, y que no puede ser modificado por las notas crédito visibles a folios 462 a 463 que carecen de soportes documentales que acrediten la disminución de la calidad del carbón. El revisor fiscal se limita a reiterar lo que señalan las notas crédito, y su posterior ajuste a precios de las facturas, documentos que no son soporte de la operación real que existió en el contrato de compraventa, donde el precio se fijó al momento de embarcarse el carbón. Es evidente la inexactitud en la declaración de renta, toda vez que los valores de la exportación fueron disminuidos a través de soportes contables posteriores desconociendo la realidad de la transacción realizada e infringiendo el régimen de preciso de transferencias, por fijar dichos valores a un precio inferior al del mercado. En consecuencia, los cargos esgrimidos en relación con la violación al régimen de precios de transferencia, a la vulneración de normas constitucionales y la errada valoración probatoria, no prosperan. 5.4.- Ganancias Ocasionales. El origen del ingreso es la venta de equipos de oficina por la suma de $15’300.000, adquiridos en el año 2004. La demandante informa que omitió liquidar el costo correspondiente a la adquisición de dichos equipos, y solicitó la corrección de oficio afirmando que ello

no afectaría el impuesto a pagar, de conformidad con la Ley 962 de 2005 y la Circular Externa 000118 de 2005. A su vez, la DIAN manifiesta que el contribuyente declaró el valor de renta gravable ocasional en cuantía de $45’000.000, sin liquidar el impuesto del 34% correspondiente y que se negó a corregir de manera oficiosa porque la norma no autoriza la corrección cuando se afecta el valor a declarar, y en este caso proceder a la modificación, implica la imposición de una sanción que afecta más al interesado. (fl.122). De los hechos manifestados por las partes, se evidencia que la sociedad CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON omitió liquidar el impuesto de ganancias ocasionales y posteriormente solicitó corrección de oficio para declarar los costos correspondientes. De la lectura del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, se deduce que la corrección pretendida disminuye el impuesto de ganancia ocasional que debió declarar la sociedad. El no declarar dicho impuesto, no significa que a través de correcciones de oficio puedan incluirse nuevos costos en la declaración. La corrección a que hace referencia el demandante es aquella consagrada en los artículos 588 y 589 del E.T. 5.5.- Sanción por Inexactitud. Expediente 20022 8 En los términos del artículo 647 del E.T., la Sala no advierte la existencia de errores de apreciación o diferencia de criterios entre la Administración y la sociedad demandante, relacionadas con el impuesto de ganancia ocasional. En consecuencia, la sanción por inexactitud debe mantenerse.

6.- La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del a quo, sustentado en los siguientes términos: La sentencia recurrida debe ser revocada pues el a quo yerra al declarar la legalidad de los actos administrativos demandados sin comprender la situación fáctica y comercial de las operaciones celebradas por CCC y desconociendo normas de procedimiento y sustanciales, tributarias y mercantiles. 6.1.- La conducta desplegada por la compañía es de buena fe. 6.2.- En relación con la vulneración al régimen de precios de transferencia, el Tribunal parece no entender que el precio real de la operación no es el valor que aparece en la declaración de exportación pues éste se modificó conforme a la realidad de dicha operación. Es evidente la ligereza en que incurrió el a quo al valorar la declaración de exportación como el único medio de prueba, cuando reconoce que existe un contrato de compraventa celebrado entre Glencore y la sociedad que hace comprender la realidad de la operación. La sentencia de primera instancia vulnera el régimen de precios de transferencia, pues falla circunscribiéndose a que los ingresos brutos operacionales debieron ser adicionados solo en virtud de las DEX, las cuales reflejan un valor mayor al que se presentó en la declaración informativa individual de precios de transferencia – DIIPT y en la declaración de renta del año gravable 2007. Este valor de las DEX, es diferente al consensuado por las partes y registrado en la contabilidad y en las declaraciones tributarias. La sociedad realizó unas operaciones de compraventa internacional de mercancías, cuyo valor se encontraba amarrado a condiciones futuras

dependiendo de la calidad y composición química de la mercancía. En virtud de esto, al momento de realizar el muestreo y análisis de la mercancía, el valor base sufrió ajustes hacia abajo, por no cumplir con las características mínimas, dando como resultado un valor real y ajustado a los usos comerciales; valor final que fue el declarado. Así las cosas, todos los soportes (facturas, análisis, declaraciones cambiarias, soportes contables) analizados de manera sistemática muestran una realidad de la operación, que si la DIAN consideró contraria a la expresada en las DEX, debió optar por iniciar un proceso consultivo o fiscalizador sobre las importaciones, actividad que le compete a la Dirección de Aduanas y no a la Dirección de Impuestos, pues para efectos de precios de transferencia se señaló el precio correcto y real. No obstante, el Tribunal avala la posición de la DIAN, plenamente contraria a derecho, y considera que la vulneración al régimen de precios fue por parte de la demandante. 9 Expediente 20022 El Tribunal desconoce el artículo 260-3 del E.T., el cual recopila los criterios de comparabilidad que ayudan a determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones entre vinculados, estudiados dentro del método utilizado en cada caso particular; toda vez que esta disposición no incluye como criterio la posibilidad de utilizar las DEX, como a bien tuvo la Administración y como erradamente lo reconoce el Tribunal. Por el contrario, en el numeral 3 la norma incluye como criterio “los términos contractuales reales de las partes”. 6.3.- El Tribunal valora indebidamente el material probatorio allegado al expediente y limita la utilización de los diferentes medios de pruebas establecidos

en el ordenamiento jurídico. Para el Tribunal las DEX son los únicos documentos que permiten tener veracidad y certeza sobre el precio de una transacción. Lo que debió advertir el Tribunal es que acorde con el contrato de compraventa de carbón en mención, las facturas muestran el ajuste del precio base dependiendo de su composición química y unidad de valor calorífico. El Tribunal avaló la expedición de actos administrativos indebidamente motivados, al dar validez a las DEX sobre todos los demás documentos de análisis (contratos, facturas, soportes, asientos contables, etc); tomando así valores irreales para soportar su decisión y avalando una indebida motivación de los actos administrativos que cambia las circunstancias de hecho que rodean la operación en comento. Con lo anterior, el Tribunal contradice el principio de legalidad que gobierna todas las actuaciones administrativas y tributarias, al tomar la decisión exclusivamente en un criterio no previsto en la normatividad, ejerciendo indebidamente funciones legislativas que no le competen. 6.4.- Se presenta una violación al principio de autonomía de la voluntad de las partes, porque el valor que la sociedad incluyó como ingresos operacionales correspondió al ingreso efectivamente recibido por la venta de carbón en el año 2007. La única cláusula que hace referencia a la voluntad contractual de la cual es titular la sociedad, modifica el valor de la mercancía, dependiendo de sus características químicas, propiedades caloríficas, etc.; es decir, afecta solo el valor o precio de la cosa comercializada, no afecta impuestos. Esta cláusula es usual en el sector y su contenido e intención son legítimos, pues es claro que no puede pactarse un

precio estándar para un carbón de calidad superior que para otro que no lo sea. Es importante recordar que la determinación de los elementos esenciales de la compraventa, al ser un contrato entre particulares, puede ser regulado como éstas lo consideren. Es relevante recordar la cláusula 4 del contrato de compraventa según la cual “El precio base será ajustado hacia arriba o hacia abajo proporcionalmente a la relación entre el valor calorífico bruto real, establecido de acuerdo con la cláusula Expediente 20022 10 6.3 más abajo y según se contempla en el certificado de análisis expedido por el inspector/laboratorio independiente, y el valor calorífico base de referencia en BTU/lb según se recibe.” En ese orden de ideas, la intención de las partes fue pactar un precio base, susceptible de sufrir ajustes, dependiendo de la calidad del producto finalmente importado, con el fin de cumplir con las costumbres y usos comerciales, dado que el valor queda sujeto a condición, dependiendo del estado de la mercancía entregada, la cual fue comercializada a futuro. Lo anterior se explica de manera sencilla al entender que la negociación de compraventa internacional realizada entre las partes, consistió en un contrato de tracto sucesivo, sobre mercancía futura, sobre cuya calidad del producto el comprador no tenía certeza, solo rangos probables. En virtud de lo anterior, y siguiendo los usos comerciales internacionales, se pactó una fluctuación del precio, dependiendo del producto finalmente entregado. El Consejo de Estado revisará el material probatorio aportado, principalmente el contrato de compraventa celebrado por la sociedad y Glencore y podrá concluir que la sentencia de primera instancia y la posición de la DIAN son contrarias a

derecho y vulneran el principio de autonomía de la voluntad de las partes, por lo que la sentencia en mención debe ser revocada en su totalidad. 6.5.- En relación con la notificación por aviso de la liquidación oficial de revisión, no se analizó la irregularidad de la notificación pues para el a quo la irregularidad se subsanó por haberse presentado oportunamente el recurso de reconsideración respectivo. Lo anterior no puede ser de recibo, pues está demostrado que la notificación fue irregular, toda vez que al no haberse podido notificar el mismo a la dirección procesal indicada en la respuesta al requerimiento especial, la Administración apresuradamente notificó por aviso tal liquidación. En efecto, el deber de la entidad era intentar notificar a la sociedad por medios diferentes al aviso, según lo disponen los artículos 565 y 568 del E.T. Que la compañía haya conocido el acto y lo haya recurrido, ejerciendo correctamente su derecho de contradicción y defensa, no significa que la Administración no haya violado lo dispuesto en los artículos antes mencionados o que el contribuyente haya subsanado o corregido el proceder de la entidad. 6.6.- En relación con la determinación de un mayor impuesto por concepto de ganancias ocasionales, el origen de los $45’000.000 consistió en la venta de activos que habían permanecido dentro del patrimonio más de dos años y que fueron vendidos por debajo del costo fiscal de los activos enajenados. Por esta razón, la naturaleza del valor es diferente a la de ingresos por ganancia ocasional, motivo por el cual se solicitó a la entidad realizar de manera oficiosa la corrección en la declaración, disminuyendo el valor mencionado del renglón 66 de la

declaración de renta. 6.7.- En relación con la imposición de la sanción por inexactitud derivada del mayor impuesto por concepto de ganancia ocasional, la sociedad ha insistido desde la vía gubernativa en el origen de los $45’000.000, siendo entonces 11 Expediente 20022 equivocada la apreciación de la entidad demandada al considerar que son ingresos por ganancia ocasional. Por tanto, no podría imponerse sanción por inexactitud, pues no existe hecho sancionable a la luz del artículo 647 del E.T. El Tribunal no se manifiesta frente a la sanción por disminución de pérdidas que está afectando de igual forma la declaración de renta de la sociedad, correspondiente al año gravable 2007. Insiste la recurrente en que la adición de ingresos que genera la disminución de la pérdida no consulta la realidad de las operaciones de venta de carbón, pues el contrato celebrado con Glencore permite que los precios de las transacciones puedan variar. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es motivo de análisis en esta oportunidad, la legalidad de las Resoluciones 312412010000066 de 28 de diciembre de 2010 y 900028 de 27 de enero de 2012, actos mediante los cuales la Administración de Impuestos modificó a la contribuyente CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A., la liquidación privada del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al año gravable 2007. Procede el Ministerio Público a conceptuar en los siguientes términos, teniendo en cuenta que los reparos contra la sentencia de primera instancia se centran en la vulneración de precios de transferencia, indebida valoración del material

probatorio, indebida motivación de los actos demandados, violación al principio de legalidad y al principio de autonomía de la voluntad contractual, notificación irregular de la liquidación oficial de revisión, improcedencia del impuesto por ganancia ocasional y de la sanción por inexactitud: 1.- En primer lugar, se analizará lo relacionado con la adición de ingresos, por ser el fundamento de la mayoría de los cargos señalados contra la sentencia del a quo, no sin antes aclarar que la modificación oficial a la declaración privada en ningún momento obedeció a que se haya comprobado que la sociedad actuó de mala fe, pues es una circunstancia no discutida en el presente asunto. Afirma el demandante que el Tribunal y la Administración han tomado la declaración de exportación, como única prueba del valor de las ventas en cuestión y como criterio de comparabilidad para los precios de transferencia. Al respecto, observa la Procuraduría Delegada que tanto la Administración como el Tribunal han concluido que el valor por el cual debió declarar la demandante las ventas realizadas a GLENCORE INTERNATIONAL AG, se estableció teniendo en cuenta lo consignado en las declaraciones de exportación, en las facturas de venta y en el contrato de compraventa suscrito entre la demandante y la compradora en el exterior. En ningún momento se ha dicho que el valor se haya establecido por el régimen de precios de transferencia, luego no hay lugar a que se predique la violación al referido régimen y mucho menos a que se acuse al Tribunal de utilizar como medio de comparabilidad las declaraciones de exportación. Expediente 20022 12 Encuentra esta agencia del Ministerio Público que la adición de ingresos obedece

al precio pactado en el contrato, corroborado con el consignado en la declaración de exportación y en las facturas. Lo anterior, prueba que la decisión de incrementar los ingresos no obedeció simplemente a lo consignado en la declaración de exportación, como lo afirma el demandante, sino que además se tuvo en cuenta que, pese a los ajustes de precio a que se refiere el artículo 4