PGN - NOTIFICACION - Requisitos y momento en que se surte por medio electrónico cuando deb

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil cuatro (2004). Acta de Sala No. 24

Radicación: 161-02211 (165-075201/2002)

Disciplinado: MARÍA MARGARITA JIMÉNEZ

QUINTERO Cargo y Entidad: Directora Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación Quejoso: Informe Contraloría General de la República Fecha queja: 17 de julio de 2002

Fecha Hechos: 30 de diciembre de 1999

Asunto: Resuelve apelación de sentencia P.D. PONENTE: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ En virtud de la atribución conferida por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y el recurso de apelación interpuesto por la disciplinada MARÍA MARGARITA JIMÉNEZ QUINTERO, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 22 de enero de 2004, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal la declaró responsable disciplinariamente, en su condición de Directora Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de Nación, imponiéndole sanción de multa de noventa (90) días de salario básico devengado para la época de los hechos.

ANTECEDENTES PROCESALES En virtud del informe remitido por la Contraloría General de la República (fls. 1-73 C.O.), la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante auto del 27 de noviembre de 2002, abrió indagación preliminar (fls. 75-79 C.O) y el 5

de junio de 2003 investigación disciplinaria a la señora MARÍA MARGARITA JIMÉNEZ QUINTERO, en su condición de Directora Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que presuntamente no se liquidaron los contratos números 002, 003, 005, 006 y 007 de 1999, ni se obtuvieron con anterioridad a la celebración del Contrato No. 001 de 1999 las dos cotizaciones exigidas por el artículo 3 del Decreto 855 de 1994 (fls. 133-140 C.O.). El mencionado auto fue notificado por edicto a la implicada, tal como consta a folio 160 C.O. El 8 de agosto de 2003 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal formuló cargos a MARÍA MARGARITA JIMÉNEZ QUINTERO, (fls. 164-175 C.O.), decisión de la cual se notificó personalmente la disciplinada (fls. 181 C.O.) y en virtud de lo cual presentó sus descargos (fls. 182-189 C.O.). Las pruebas de Radicado No. 161-02211 descargos solicitadas por la disciplinada se decretaron mediante auto del 3 de octubre de 2003 (fls. 190-191 C.O.). Es así como, habiéndose dado traslado a la disciplinada para presentar alegatos de conclusión (fls. 211-214 C.O.), la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante providencia del 22 de enero de 2004, profirió fallo de primera instancia, declarando disciplinariamente responsable a la señora MARÍA

MARGARITA JIMÉNEZ QUINTERO, en su condición de Directora Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, e imponiéndole sanción de multa de noventa (90) días de salario básico devengado para la época de los hechos (fls. 215-224 C.O.). La disciplinada se notificó personalmente del fallo sancionatorio (fls. 230 C.O.), presentando recurso de apelación contra la decisión de primera instancia (fls 231242 C.O.), el que le fue concedido mediante auto del 4 de marzo de 2004 (fls. 243 C.O.). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA En los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva del fallo sancionatorio, se dispuso (fls. 224 C.O.): “III. 1: DECLARAR disciplinariamente responsable a María Margarita Jiménez Quintero identificada con la cédula de ciudadanía 41.611.980 expedida en Bogotá, en su condición de directora nacional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, por los comportamientos analizados en este proceso. III.2. SANCIONAR a la enjuiciada con el pago de una multa correspondiente a 90 días de salario devengados en la época que acaecieron los acontecimientos objeto de reproche, los cuales equivalen a la suma de 8.048.787,00 conforme a la certificación obrante en la hoja 149 del informativo”. La parte considerativa del fallo podemos resumirla en los siguientes términos: En primer lugar se analiza la vulneración del principio de transparencia y del deber

de selección objetiva por pretermitir la recepción del número de ofertas legalmente exigidas por el Decreto 855 de 1994, para efectos de contratar en forma directa. El a-quo señala que aún en los casos de contratación directa se debe propender por la aplicación del principio de transparencia y del deber de selección objetiva, para cuyos efectos precisamente el Decreto 855 de 1994 dispone el procedimiento que debe seguirse en ese evento. En el caso concreto, el Contrato No. 001 de 1999 celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Milenium Ltda., cuyo objeto era la venta e instalación de equipos de conexión de portátiles móviles a la red CDPD de Celumóvil, se encontraba dentro de los casos extraordinarios previstos por la ley para pretermitir el trámite licitatorio, por tratarse de bienes requeridos para la defensa nacional y específicamente por la Fiscalía General de la Nación (Artículos 24 (numeral 1, literal i) y 4 (numeral 16) del Decreto 855 de 1994), pero sin dejar de lado las prescripciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, que para el caso de marras exigía la obtención previa de por lo menos dos ofertas, por mandato expreso del inciso segundo del numeral 16 del artículo 4 del citado decreto. 2 Radicado No. 161-02211 Al verificarse la documentación alusiva a la fase precontractual del negocio jurídico en cuestión, el fallador de primera instancia advierte que no se cumplió con el procedimiento previo a la firma del contrato, tendiente a la obtención de las dos

ofertas, por lo que la responsabilidad de la disciplinada no amerita discusión alguna, pues nada justifica que al momento de suscribir el contrato no verificara como era su obligación, que el trámite se surtiera en la forma y términos señalados en las normas vigentes, teniendo en cuenta que por mandato de los artículos 11 (numeral 1), 14 (numeral 1) y 26 (numeral 5) de la Ley 80 de 1993 la hacían como Directora de la entidad responsable del proceso contractual. La omisión reprochada se verificó mediante auscultación practicada el 14 de mayo de 2003 a la carpeta contentiva de los documentos alusivos al trámite precontractual, sin que se hubiera desvirtuado ello por la disciplinada ni por ningún otro funcionario de la entidad. Además, el declarante Humberto Rey Barón confirmó que sólo se obtuvo una oferta, lo que corrobora la comisión del hecho anómalo endilgado. En cuanto al argumento de la disciplinada de que se habían recibido las ofertas de las firmas Global y Datatel de Colombia, señalando que las mismas se habían archivado por error en otra carpeta, el a-quo señala que se tratan de invitaciones a presentar propuestas de un proceso contractual totalmente ajeno al Contrato No. 001 de 1999. En relación al hecho de que eran otros los funcionarios a quienes les correspondía adelantar el citado procedimiento, señala el fallador de primera instancia, que una es la responsabilidad que le podría caber a tales servidores, y otra la que le compete a la suscriptora del contrato de verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley. Por tanto, se concluye que no existe duda que el actuar de la disciplinada es

violatorio de los artículos 3 y 4 (numeral 16) del Decreto 855 de 1994, 6 y 123 de la Constitución Política y 24 (numeral 1, literal y) de la Ley 80 de 1993, situación que configura falta disciplinaria, de acuerdo con los lineamientos de los artículos 38 y 40 (numeral 1) de la Ley 200 de 1995. Respecto a la falta de liquidación de los Contratos Nos. 002, 003, 004, 005, 006 y 007 de 1999, el a-quo indica que en ningún momento se ha desconocido que los contratos tuvieran por objeto la compra y venta de unos bienes, y que esa circunstancia de entrada tornaría improcedente la liquidación de los mismos, habida cuenta que por mandato tácito del reglado artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los pactos de ejecución instantánea no están sujetos a dicha actuación. Sin embargo, los actos bilaterales pese haberse suscrito el 30 de diciembre de 1999, fueron prorrogados, conllevando con tal evento la obligación de liquidarlos, pues de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo deben ser necesariamente liquidados. “... el normado 60 establece varias eventualidades para efectos de la aplicabilidad de la figura de la liquidación, diferenciando claramente entre los contratos de tracto sucesivo, esto es aquellos que como el arrendamiento se ejecutan por etapas consumiendo un período largo de tiempo, con los que no teniendo tal naturaleza (es el caso de los de ejecución instantánea como el de compraventa), y que por razones

de adiciones o prórrogas su ejecución se prolonga en el tiempo, siendo este precisamente el suceso que se presentó en el sub lite”. 3 Radicado No. 161-02211 Por tanto, concluye que no existe duda que una vez terminados los contratos, la disciplinada ha debido proceder a la liquidación de los mimos dentro del plazo previsto por la ley, actuación que no se cumplió como lo admitió la enjuiciada en su escrito de exculpaciones y que constituye falta disciplinaria al tenor de lo previsto en los artículos 38 y 40 (numeral 1) de la Ley 200 de 1995, por vulneración de los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. Por último, se mantuvo la calificación de la falta como grave, a título de culpa. RECURSO DE APELACIÓN El recurso de apelación fue sustentado en los siguientes términos (fls. 231-242 C.O.): En primer lugar, la disciplinada solicita la nulidad de la actuación, como quiera que los oficios mediante los cuales se le comunicó el decreto y práctica de las pruebas de descargos, no se enviaron a la dirección aportada para efectos de comunicaciones y notificaciones. Los oficios fueron remitidos a unos números de fax según reportes que reposan en el expediente, sin embargo no aparece constancia relacionada con el recibo de los mismos, es decir nombre de la persona que los recibió y calidad de la llegada; además uno de los números de fax corresponde a la Fiscalía General de la Nación, entidad de la cual estaba desvinculada desde el año 2001. Adicionalmente, el artículo 102 de la Ley 734 de 2002 dispone que las decisiones que deban

notificarse personalmente pueden ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico, si previamente y por escrito el investigado o su apoderado hubieren aceptado ser notificados de esa manera, situación que no se dio en el presente caso y por tanto, se desconoció el derecho de la disciplinada de solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica, lo que constituye una de las causales nulidad contempladas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002. “En armonía con nuestra Carta Fundamental, es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Al estar incorporado el debido proceso también en el derecho de contradicción de la prueba contra quien se aduce, obviamente su desconocimiento general la nulidad no solo de prueba recaudada sino también de la decisión que su fundamente con base en ella.” Respecto del primer cargo, la disciplinada considera que en el expediente reposan el siguiente acervo probatorio:

1. Folio 98, oficio dirigido por el Asesor II de la Dirección Nacional CTI informando al Director de la misma dirección que “... mediante visita domiciliaria se comprobó que las compañías GRUPO MILENIUM, GLOBAL DATATEL e IMPSAT, se encuentran ubicadas en las direcciones por ellas expuestas y cuentan con amplias instalaciones y laboratorio propios del mantenimiento”.

2. Folio 121, respuesta del Fiscal General de la Nación a las observaciones presentadas con ocasión de la auditoría especial realizada a los Gastos Reservados, en la cual se señalo en relación con el Contrato No. 001 de 1999 que “La Dirección Nacional del C.T.I. desarrollo el “PROYECTO PARA LA CONEXIÓN DE UNIDADES

MÓVILES DE CONTROL AL SERVIDOR CENTRAL, UTILIZANDO LA RED DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS CDPD DE CELUMOVIL”, para lo cual se contó con un presupuesto de $110.000.000 según Certificado 1244 expedido el 29 4 Radicado No. 161-02211 de diciembre de 1999. Los requerimientos para el desarrollo del proyecto aparecen en los folios 4 y 5 de la carpeta del contrato No. 00001 de 1999. La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Nacional del C.T.I., invitó a las firmas GRUPO MILENIUM LTDA, GLOBAL DATATEL DE COLOMBIA S.A. e IMPSAT para efectuar las cotizaciones relativas al contrato. Por error, estas invitaciones fueron archivadas la carpeta del Contrato No. 006 de 1999 suscrito con Latinoamericana de Seguridad y protección Ltda.”

3. Folios 129, 130 y 131, copias de las invitaciones realizadas al GRUPO MILENIUM LTDA, GLOBAL DATATEL DE COLOMBIA S.A. e IMPSAT para allegar cotización sobre equipos de cómputo.

4. Folio 152, oficio por medio del cual la Directora Nacional Administrativa y Financiera envía las invitaciones a cotizar, realizadas en el trámite previo del Contrato No. 001 de 1999, las que por error fueron archivadas en la carpeta del Contrato No. 006 de 1999.

5. Folios 208 y 209, declaración del señor Humberto Rey Barón quien señaló: “si mal no recuerdo en ese momento la única compañía que ofrecía esa clase de computadores era con la que se contrató”.

De lo anterior se puede deducir que el proyecto antes denominado estuvo a cargo de la Dirección Nacional del C.T.I., que conllevaba la compra de equipos de cómputo y otra serie de elementos para su buen funcionamiento, para cuyos efectos se realizaron invitaciones para cotizar a las firmas GRUPO MILLENIUM LTDA., GLOBAL DATATEL COLOMBIA S.A. e IMPSAT; por lo que el a-quo incurrió en un error de apreciación, pues está probado en el plenario que existen las tres invitaciones a cotizar, pero no reposa ninguna de las cotizaciones efectuadas por las mencionadas firmas, lo que significa que nunca fueron allegadas por parte de ese Despacho. “Luego, en el proceso disciplinario, no hay certeza sobre la existencia o no de las cotizaciones, simplemente se está aduciendo que al firmarse el contrato 001/99 entre la Fiscalía General de Nación y Millenium Ltda., esta firma fue la que presentó la cotización. Reitero, en el investigativo, solamente obran las invitaciones a

cotizar, NO OBRAN COTIZACIONES”.

En relación con el segundo cargo, la disciplinada, en primer lugar anota apartes de la repuesta dada por el señor Fiscal General de la Nación a las observaciones presentadas con ocasión de la auditoría realizada a los Gastos Reservados, que contiene a su vez apartes del tratado de “Los Contratos Civiles” de José Alejandro Bonivento. Igualmente, se transcriben extractos del oficio 000674 del 12 de mayo de 2003, suscrito por la Directora Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía, Claudia Isabel González Sánchez, para concluir que sólo se liquidan los contratos de tracto

sucesivo y los que terminen anormalmente, es decir sin haberse ejecutado en su totalidad. “De los anteriores comentarios se desprende que los contratos de una sola ejecución, por parte del contratista y de un solo pago, por parte de la entidad contratante no requieren liquidación, pues su ejecución se puede deducir del acta de entrega de los bienes o de la constancia de la prestación del servicio, sin mayor dificultad. La liquidación es el resumen del cumplimiento de las obligaciones 5 Radicado No. 161-02211 recíprocas y, exigirla en estos últimos eventos significa un desgaste para la entidad, contraviniendo los principios de economía, eficacia y eficiencia”. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD La disciplinada solicita la nulidad de la actuación, por cuanto los oficios mediante los cuales se le comunicó el decreto y práctica de las pruebas de descargos no se enviaron a la dirección aportada para efectos de comunicaciones y notificaciones. Adicionalmente, el artículo 102 de la Ley 734 de 2002 dispone que las decisiones que deban notificarse personalmente pueden ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico, si previamente y por escrito el investigado o su apoderado hubieren aceptado ser notificados de esa manera, situación que no se dio en el presente caso y por tanto, se desconoció el derecho de la disciplinada de solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica, lo que constituye una de las causales nulidad contempladas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002.

Al respecto, se advierte que a folios 196-200 C.O. reposan las comunicaciones remitidas a la disciplinada, a través de las cuales se le informaba acerca de la práctica de las pruebas decretadas mediante auto del 3 de octubre de 2003, remitidas supuestamente a la disciplinada vía fax al número 6432174 y cuyo destino no se conoce, pues ese número telefónico no figura referenciado dentro del expediente. Ahora bien, si bien es cierto que los oficios han debido ser “comunicados” a la dirección señalada por la disciplinada, mas no “notificados personalmente”, puesto que esta forma de notificación no estaba llamada a operar en este caso (Artículo 101 de la Ley 734 de 2002), la Sala advierte que a pesar que la disciplinada no intervino en la práctica de las pruebas en cuestión, ello no vulneró el derecho de defensa y debido proceso de la implicada, como tampoco el de contradicción. En efecto, la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción persistió después de la práctica de la prueba en que no intervino la disciplinada, ya fuere durante la misma etapa probatoria o a través de los alegatos de conclusión y del mismo recurso de apelación. No puede olvidarse que la disciplinada como sujeto procesal e interesada en la práctica de las pruebas solicitadas por ella misma, debió estar atenta al trámite de aquellas y solicitar los respectivos correctivos en el momento oportuno, y no esperar hasta esta instancia procesal para alegar la supuesta irregularidad, pues con su silencio convalidó la eventual nulidad que se plantea. Si bien es cierto que en materia disciplinaria la carga de la prueba corresponde al Estado, lo es también que

los disciplinados como sujetos procesales tienen la carga procesal de estar atentos al desarrollo del proceso. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido: “(...) El principio de convalidación impone que si, conocida una irregularidad en la actuación, la parte afectada no alega sus existencia a su favor, y por el contrario participa en la celebración del acto consintiendo en la irregularidad, convalida de esta 6 Radicado No. 161-02211 forma su celebración, y no puede posteriormente atacar el mismo acto con base en el vicio observado precedentemente, si la armonía es subsanable por esta vía, y no siéndolo, quedan indemnes los principios del derecho a la defensa y el debido proceso” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 7 de julio de 1987, M.P. Edgar Saavedra Rojas). “... cuando el vicio compromete un acto de postulación discrecional de los sujetos procesales, como por ejemplo el derecho de impugnación, sus efectos convalidatorios dependerán no solo de su trascendencia, sino de la circunstancia de no haber sido saneado con motivo de la actividad procesal asumida por la parte afectada, pues si guarda silencio frente a la informalidad, o concita la prosecución del trámite procesal haciendo caso omiso de ella habrá de entenderse que dispone del derecho que le fue socavado renunciando a su eventual ejercicio y que el vicio, por tanto, ha sido convalidado” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 18 de julio de 2002, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego). Por otro lado, la Visita Especial practicada el 29 de octubre de 2003 tenía por objeto

la revisión de las carpetas contentivas de los contratos objeto de investigación, es decir que se trataba de una actividad meramente objetiva consistente en detallar y relacionar todos los documentos que reposaban en los correspondientes contratos, tal como quedó consignado en la respectiva acta, por lo que se estima que su no intervención en la práctica de la prueba hubiere afectado su derecho de defensa. Además, en relación con el segundo cargo, ya reposaban los documentos mediante los cuales la defensa sostiene que sí se obtuvieron las dos ofertas exigidas por la ley y que supuestamente por error involuntario fueron archivadas en otra carpeta, lo cual constituye el punto principal a resolver en este punto. Respecto de la declaración del señor Humberto Rey Barón, Asesor de la Dirección Nacional del C.I.T., se advierte, para efectos del análisis del primer cargo, que la no participación de la disciplinada en la práctica de la prueba afectara su derecho de defensa, como quiera que el punto a definir es un asunto de carácter jurídico que correspondía definir al a-quo, esto es si los contratos objeto del primer cargos debían o no liquidarse, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 734 de 2002, puesto que la ausencia de liquidación de los mismos ya estaba acreditado y no había sido puesta en duda por la disciplinada. En cuanto al segundo cargo, tenemos que además de que el declarante manifestó la posible causa por las cuales no se obtuvieron por lo menos dos (2) ofertas, estos supuestos documentos fueron incorporados al expediente en varias oportunidades, en cuya valoración no incide lo manifestado por el señor Rey Barón, pues se cuenta con elementos de juicio

adicionales para definir el asunto, como son los textos de los contratos, los documentos y comunicaciones suscritas en la etapa precontractual y las supuestas ofertas obtenidas. Es por ello que aunque la disciplinada no intervino en la práctica de las citadas pruebas, ello no vulneró los derechos de defensa, contradicción y debido proceso de la disciplinada, y en consecuencia, no se accede a la petición de la disciplinada de declarar la nulidad a partir de las pruebas de descargos.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA Y DEL ALEGATO

PRESENTADO POR LA RECURRENTE

7 Radicado No. 161-02211 A la disciplinada, en su condición de Directora Nacional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, se le sancionó por los cargos primero y segundo. PRIMER CARGO “Primer Cargo: Incumplir la obligación de liquidar los convenios 002, 003, 004 (SIC), 006 y 007 de 1999, actividad para lo cual vencieron los términos legales sin que se iniciara trámite alguno dirigido a tal eventualidad, ni se ejerciera la potestad concedida por la ley para terminarlo de manera unilateral. Debe tenerse en cuenta que tales pactos se suscribieron el 30 de diciembre de 1999, y se prorrogaron en la siguiente forma: (...) Lo cierto es que con las prórrogas descritas la liquidación se tornó imperiosa, por mandato expreso del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que literalmente reza: “los contratos de trato sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que requieran, serán objeto de liquidación ...”

(subraya fuera de texto).” Como normas supuestamente vulneradas se le indicaron: artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, y 38 y 40 (numeral 1) de la Ley 200 de 1995. En el Anexo 1 se advierte que la disciplinada, en representación de la Fiscalía General de la Nación y en su condición de Directora Nacional Administrativa y Financiera, suscribió los siguientes contratos de compraventa y sus adiciones: No. 002 de 1999 (fls. 15-26); No. 003 de 1999 (fls. 27-44); No. 005 de 1999 (fls. 56-76); No. 006 de 1999 (fls. 76A-87); y No. 007 de 1999 (fls. 88-100). Según las visitas especiales practicadas en las respectivas dependencias de la entidad, se estableció que los mencionados contratos no fueron liquidados. El a quo sostiene que en ningún momento se ha desconocido que los contratos tuvieran por objeto la compra y venta de unos bienes, y que esa circunstancia de entrada tornaría improcedente la liquidación de los mismos, habida cuenta que por mandato tácito del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los pactos de ejecución instantánea no están sujetos a dicha actuación, sin embargo, los actos bilaterales pese haberse suscrito el 30 de diciembre de 1999, fueron prorrogados, conllevando con tal evento la obligación de liquidarlos, pues de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo deben ser necesariamente liquidados.

Al respecto, tenemos que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 dispone: “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. (...)”. La doctrina define los contratos de ejecución instantánea o de tracto sucesivo así: “Para el establecimiento de esta clasificación, la doctrina tradicional atiende a si las 8 Radicado No. 161-02211 prestaciones resultantes son de naturaleza que puedan ser cumplidas en un sólo acto (instantáneamente), como las provenientes de una compraventa de contado, o sí, por el contrario, el cumplimiento del contrato se supone la ejecución de prestaciones sucesivas durante un tiempo más o menos largo, como ocurre en el arrendamiento, el seguro de vida y el contrato laboral. En el primer caso se denomina ejecución instantánea; y en el segundo, se dice que es de ejecución sucesiva o continuativa, o de tracto sucesivo”. (G. Ospina Fernández, E. Ospina Acosta, Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos”, Témis, 1998, página 72). Así las cosas, la Sala estima que cuando el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 dispone

que deberán liquidarse “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran” se refiere a un mismo tipo de contratos, pues precisamente los contratos de tracto sucesivo son aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo. Como quiera que en los contratos de tracto sucesivo las partes cumplen sus obligaciones a través de actos sucesivos o continuos en un período prolongado de tiempo, resulta necesario que las partes realicen un ajuste final de cuentas y determinen que se ha cumplido o no o si se deben declarar en paz y a salvo; lo que en los contratos de ejecución instantánea no resulta indispensable, pues las partes cumplen sus obligaciones en un solo acto, luego de lo cual se agota el principal efecto del contrato, esto es el cumplimiento de las mismas. Una cosa es la forma como se cumplen las prestaciones y otra, el plazo o término que acuerdan las partes para cumplir sus obligaciones, ya sea mediante un solo acto o a través de actos sucesivos o continuos, de lo contrario, el plazo inicial o término de ejecución que se concede en el contrato de compraventa transformaría inmediatamente éste en un contrato de ejecución sucesiva, siendo imposible en la práctica la existencia de un contrato de compraventa de ejecución instantánea, pues el intercambio de bienes exige siempre un plazo para el cumplimiento de las obligaciones. Para el tratadista Luis Guillermo Dávila Vinueza, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, deben liquidarse (i) los contratos de tracto sucesivo, (ii) los de

ejecución instantánea cuyo cumplimiento o ejecución se haya prolongado en el tiempo y (iii) los que lo requieran. Sin embargo, la Sala considera que si la ejecución o el cumplimiento de un contrato de ejecución instantánea se prolonga en el tiempo, ciertamente dejará de ser tal, para adquirir la connotación de tracto sucesivo. Se reitera, una cosa es la forma como se cumplen las prestaciones y otra el plazo o término que acuerdan las partes para cumplir sus obligaciones, ya sea mediante un solo acto o a través de actos sucesivos o continuos. No se tiene duda que el contrato de compraventa es de ejecución instantánea, pues las prestaciones del vendedor y comprador, a saber dar una cosa y pagarla en dinero, respectivamente, se cumplen generalmente en un solo acto, independientemente del plazo o término acordado por las partes para cumplir las respectivas obligaciones. Sin embargo, puede suceder que las partes acuerden o acepten durante la ejecución del contrato entregas parciales, evento en el cual el contrato dejará de tener la connotación de ejecución instantánea para adquirir la de tracto sucesivo. En este orden de ideas, para determinar si los contratos objeto de investigación debían liquidarse debe analizarse en cada caso en concreto la forma como se pactaron las obligaciones en el contrato y en sus adiciones, y como se cumplieron las mismas, con el fin de establecer si estamos frente a contratos de ejecución 9 Radicado No. 161-02211 instantánea o de tracto sucesivo, pues el solo hecho de que se adicionaran en tiempo los contratos no conlleva la obligación de su liquidación. Para esos efectos

analizaremos por un lado los Contratos Nos. 003 y 005, y por el otro los Contratos Nos. 002, 006 y 007 de 1999.

CONTRATOS DE COMPRAVENTA No. 003 Y 005.

1. El Contrato No. 003 del 30 de diciembre de 1999 celebrado con A1A Seguridad Ltda., tenía por objeto la adquisición de un sistema de seguridad para el control de acceso de visitantes a la sede central del C.T.I., comprometiéndose el contratista a entregar el sistema de seguridad en el Almacén General de la entidad y el vendedor a pagar la suma de $23.099.043 dentro de los 30 días a la entrega total de los elementos objeto del contrato. Se acordó un término de vigencia de cinco (5) meses a partir de su perfeccionamiento y un término de ejecución de 15 días a partir de la legalización del contrato. Mediante los adi