PGN - NOTIFICACION - Se presenta cuando no se puede llevar a cabo la notificación personal

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación 162-63005-01 Disciplinado Eduardo Javier Jiménez Angulo Cargo y entidad Funcionario TELECOM Regional Bolívar Fecha Hechos 1998 a 1999 Asunto Resolver recurso de reposición Bogotá, D.C. 1 de septiembre de 2003

I. ASUNTO Procede la Comisión a resolver el recurso de reposición formulado por la apoderada del señor EDUARDO JAVIER JIMÉNEZ ANGULO, contra el auto del 31 de enero de 2003, mediante el cual se anuló una decisión y se ordenó el archivo de las diligencias.

II. ANTECEDENTES Y DECISIÓN CONFUTADA El 15 de julio de 2002, La Comisión Especial le restó validez jurídica al fallo de segunda instancia dictado el 14 de noviembre de 2001, por la Presidencia de Telecom; decisión que a su vez fue anulada con auto del 31 de enero de 2003, en consecuencia la Comisión ordenó el archivo definitivo de las diligencias.

La última decisión, que es objeto de impugnación por vía de reposición, tuvo como fundamento que la sentencia de segunda instancia dictada por la Presidencia de Telecom, es un acto administrativo con fuerza material que no puede ser revocado por la Comisión Especial, pues se trata de una actuación cuya validez solo puede ser discutida ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En el numeral tercero de la decisión confutada, ordenó la comisión Especial la notificación al señor EDUARDO JAVIER JIMÉNEZ ANGULO y a su apoderada, además dispuso comunicar el sentido de la misma a Telecom, diligencia que fue

realizada mediante comunicaciones que datan del 3 de junio de 2003 (folios 105 a 107 cuaderno original 2). CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De las notificaciones personal y por conducta concluyente

1. Parafraseando a la Corte Constitucional, según su exposición de motivos contenida en la sentencia C-1076-021, en la que revisó la constitucionalidad parcial, entre otras, de la disposición contenida en el artículo 108 de la Ley 734 de 2002, la notificación personal constituye el instrumento procesal con mayor aptitud para garantizar el derecho de defensa en cualquier actuación [penal o disciplinaria]. En tal sentido, en sentencia T-684/98 sostuvo: 1 Sentencia C-1076-02, del 5 de diciembre de 2002. MG. PTE. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. “La notificación, tiene como efecto principal "hacer saber", "enterar" a las personas de las decisiones judiciales, cualquiera que sean, para garantizar el principio constitucional de ser oído dentro del proceso. En este orden de ideas, la notificación personal se constituye en la notificación por excelencia, tiene el carácter de principal respecto de todas las providencias, es a la que corresponde acudir en primer lugar, las demás son subsidiarias”.2

Pese a ello, el legislador ha establecido otras formas sucedáneas de notificación, tales como por estado, en estrados, por edicto y por conducta concluyente, forma esta que esencialmente se puede definir como aquella que se presenta cuando no se puede llevar a cabo la notificación personal (principal) o la misma se adelantó de

manera irregular, la persona sobre quien recaen los efectos de la decisión o su defensor, no actuaron en su momento pero lo hacen en diligencias posteriores o interponen recursos o se refieren al texto de la providencia en sus escritos o alegatos verbales, el legislador entiende que ese caso la persona tuvo conocimiento de la decisión. En tal sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 16 de octubre de 1987 consideró: “La notificación por conducta concluyente establecida de modo general en el artículo 330 del C. de P. C. emerge, por esencia, del conocimiento de la providencia que se le debe notificar a una parte, porque está así lo ha manifestado de manera expresa, verbalmente o por escrito, de modo tal que por aplicación del principio de economía procesal, resulte superfluo acudir a otros medios de notificación previstos en la ley. La notificación debe operar bajo el estricto marco de dichas manifestaciones, porque en ello va envuelto la protección del derecho de defensa; tanto, que no es cualquier conducta procesal la eficaz para inferir que la parte ya conoce una providencia que no le ha sido notificada por alguna de las otras maneras previstas en el ordenamiento”3 Es así como el establecimiento del mecanismo de la notificación por conducta concluyente constituye una medida razonable y constitucionalmente válida por cuanto garantiza el principio de economía procesal, sin que con ello se quiera desconocer que la notificación personal, es la regla general, en cualquier proceso judicial o administrativo, en tanto que medio por antonomasia para informarle a una persona el contenido de una determinada providencia que lo afecta, y que por ende,

las demás formas de notificación son subsidiarias, como lo expresó la alta Corporación4, su aplicación debe ser restrictiva y ceñida al texto legal, tanto más cuando se trata de operar una notificación por conducta concluyente debido a que, en no pocos casos, la ausencia de la práctica de la notificación personal es imputable a la falta de debida diligencia y cuidado de la administración. Del caso sometido a examen 2 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 1998. Actor: María Teresa Carrillo Zambrano en contra del Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Santafé de Bogotá. T-684/98. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de octubre de 1.987. Recurso de revisión de Munditrade contra Banco Industrial Colombiano. M.P. Héctor Marín Naranjo. 4 Ob. Cit. Sentencia C.1076-02.

2. Como se dijo, la ausencia de la práctica de la notificación personal, en el sub iudice es imputable a la falta de debida diligencia y cuidado de la administración, sin embargo tal situación fue saneada con la notificación por conducta concluyente, del auto del 31 de enero de 2003, cuya revocatoria se depreca.

En efecto, el 18 de julio de 2003, la doctora MARLENE ROMERO SÁENZ solicitó y recibió materialmente copia de la decisión mediante la cual se dispuso la anulación de una decisión y el consecuente archivo del proceso; anexo a tal solicitud presentó una reproducción fotostática del oficio enviado a su prohijado el 3 de junio de la

misma anualidad (folios 108 y 109 c.o. 2), actuación que con meridiana claridad permite reconocer la presencia de la notificación por conducta concluyente, del auto cuya copia la abogada pedía, el cual conoció y ahora, se insiste, demanda anulación, mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2003 (folios 110 y s.s. id).

3. El artículo 111 de la ley 734 de 2002, en lo pertinente, prevé que el recurso de reposición se podrá interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres día siguientes a la última notificación.

En estas condiciones tenemos que la doctora MARLENE ROMERO podía presentar la impugnación a partir del 31 de enero de 2003, hasta el 23 de julio del mismo año, porque como quedó dicho, el 18 de julio operó la notificación del auto por conducta concluyente, sin embargo el escrito contentivo del recurso de reposición fue allegado el 5 de agosto, es decir pasados doce (12) días hábiles a aquel en el que tuvo conocimiento del contenido de la decisión de archivo. De lo anterior es forzoso concluir que el recurso formulado por la defensa deviene en extemporáneo y por lo mismo habrá de ser rechazado, como en efecto se decidirá. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE: PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por la defensa, contra el auto del 31 de enero de 2003, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.

TERCERO: COMUNICAR esta decisión al señor EDUARDO JAVIER JIMÉNEZ ANGULO y a su apoderada, doctora MARLENE ROMERO SÁENZ, en el Edificio Araujo, oficina 605, avenida Venezuela, sector La Matuna de Cartagena de Indias

(Bolívar).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Presidente de la Comisión FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA Miembro de la Comisión PD Moralidad Pública Exp. 162-63005-01

JFRC/CPTF