PGN - NOTIFICACIONES - El auto de indagación preliminar la apertura de investigación disci

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación 097-001395-04 Disciplinado Leopoldo Campos Sánchez Cargo y entidad Personero Municipal de Leticia Quejoso De oficio Fecha Queja 7 de junio de 2004 Fecha Hechos 15 de enero de 2004 Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá, D.C. 18 de septiembre de 2007

I. ASUNTO.

Procede el Procurador Delegado para la Moralidad Pública a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado Leopoldo Campos Sánchez, en contra del fallo No. 009 emitido el 6 de julio de 2006 por la Procuraduría Regional del Amazonas, mediante el cual sancionó al investigado LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, en su condición de Personero Municipal de Leticia (Amazonas), con destitución e inhabilidad general de diez (10) años para ejercer cargos y desempeñar función pública, por encontrarlo responsable disciplinariamente del cargo formulado en su contra.

II. ANTECEDENTES.

Con oficio No. 040350 P.M.L. del 7 de junio de 2004, la Personera Municipal de Leticia, remitió copia del contrato No. 001 del 15 de enero de 2004 suscrito entre el Personero Municipal de Leticia, Leopoldo Campos Sánchez y Ángel Andrés Rojas Aguilar, con el fin de que se investigaran las presuntas irregularidades presentadas en su celebración. Por medio del contrato No. 001 de 2004, el contratista Rojas Aguilar, se obligó para con la Personería de Leticia, a prestar sus servicios profesionales como asesor

jurídico con funciones de Personero Delegado en lo Penal, de conformidad con la solicitud de oferta y propuesta presentada, por un valor de $13’200.000, por el término de ocho meses (fls. 3 a 5 cuaderno 1). Según ampliación de la queja, la Personera Sonia Patricia Barrero, manifestó que existían irregularidades en la contratación como abogado de Ángel Andrés Rojas, a sabiendas que no poseía título profesional para ejercer funciones de Personero Delegado en lo Penal, cargo que había sido suprimido mediante Decreto No. 056 del 26 de junio de 2002, lo que hacía incurrir al Personero Campos en falta gravísima según lo estipulado en el artículo 48 numeral 29 de la Ley 734 de 2002, al delegar funciones que debían efectuarse con personal de planta y no con contratistas (fls. 45 a 47). Mediante auto del 13 de septiembre de 2004, la Procuraduría Regional del Amazonas dispuso la apertura de indagación preliminar en contra de LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, Personero Municipal de Leticia, por considerar que el contratista no cumplía con los requisitos exigidos en la ley, al no poseer la calidad de abogado requerida incurriendo así, en el ejercicio ilegal de la profesión y porque con 1 el objeto contractual infringió el ordenamiento que decretó la supresión de cargos en la Personería Municipal de Leticia y que corresponde al Decreto No. 056 del 26 de junio de 2002 expedido por la Alcaldía Municipal de Leticia (fls. 40 y 41).

El auto de indagación fue notificado al investigado Campos Sánchez, mediante edicto desfijado el 29 de septiembre de 2004 (fl. 49 cuaderno 1). Con auto del 7 de junio de 2005, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, en su condición de Personero Municipal de Leticia, por presuntas irregularidades presentadas en la celebración del contrato suscrito entre la Personería de Leticia y Ángel Andrés Rojas Aguilar, por cuanto los documentos que soportan no registran autenticidad (fls. 62 a 65 cuaderno 1). El auto de apertura de investigación, fue notificado al funcionario CAMPOS SÁNCHEZ mediante edicto desfijado el 29 de junio de 2005 (fl. 107 cuaderno 1). Practicadas las pruebas requeridas y previo análisis de los hechos objeto de estudio, la Procuraduría Regional del Amazonas formuló pliego de cargos en contra de LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, mediante providencia del 18 de noviembre de 2005 (fls. 190 a 197 cuaderno 1), providencia notificada al disciplinado mediante edicto desfijado el 20 de diciembre de 2005 (fls. 206 y 207 cuaderno 2). Con auto del 15 de febrero de 2006, la Procuraduría Regional del Amazonas designó como defensor de oficio del disciplinado CAMPOS SÁNCHEZ, al doctor Rafael Ricardo Robles, quien fue posesionado de su cargo de Defensor según diligencia respectiva que consta en el auto del 16 de febrero de 2006 (fl. 218 cuaderno 2), y

notificado del pliego de cargos en la misma fecha (fl. 219 cuaderno 2). El apoderado de oficio del servidor público CAMPOS SÁNCHEZ, dentro del término legal señalado para el efecto, presentó escrito de solicitud de nulidad el 2 de marzo de 2006 y los respectivos descargos mediante escrito de la misma fecha (fls. 220 a 227 cuaderno 2). La petición de nulidad del apoderado fue negada por la Regional Amazonas por medio de auto del 9 de marzo de 2006 (fls. 204 a 238 cuaderno 2), el cual fue notificado al apoderado el 10 del mismo mes y año (fl. 241 cuaderno 2). El 15 de marzo de 2006, el apoderado del investigado interpuso recurso de queja contra el auto que negó la nulidad (fls. 242 a 244 cuaderno 2). El disciplinado Leopoldo Campos Sánchez rindió diligencia de versión libre y espontánea el 22 de marzo de 2006 (fls. 248 a 251 cuaderno 2). Mediante auto del 14 de junio de 2006, la Procuraduría Regional del Amazonas, procedió a correr traslado para alegatos de conclusión a los sujetos procesales, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 92 del Código Disciplinario Único, y transcurrido el término de cinco días sin que fueran presentados alegatos por parte del disciplinado o de su apoderado, se procedió a dejar la respectiva constancia (fl. 270 cuaderno 2). Con Resolución No. 009 del 6 de julio de 2006, la Procuraduría Regional del

Amazonas profirió Fallo de Primera Instancia en virtud del cual, sancionó a Leopoldo 2 Campos Sánchez, en su condición de Personero Municipal de Leticia, con destitución e inhabilidad general de diez (10) años para ejercer cargos y desempeñar funciones públicas, por encontrarlo responsable disciplinariamente del cargo formulado en su contra (fls. 284 a 298 cuaderno 2). El fallo de primera instancia fue notificado personalmente al implicado Campos Sánchez el 2 de agosto de 2006 (fl. 298 Vto cuaderno 2). Con escrito del 8 de agosto de 2006, el apoderado del servidor público Campos Sánchez, presentó, dentro del término legal, recurso de apelación en contra del fallo sancionatorio de primera instancia proferido por la Regional Amazonas mediante resolución No. 009 del 6 de julio de 2006 (fls. 308 a 345 cuaderno 2), recurso que fue concedido al apelante en el efecto suspensivo con auto del 28 de agosto de 2006 (fl. 353 cuaderno 2).

III. DECISIÓN IMPUGNADA El 6 de julio de 2006, la Procuraduría Regional del Amazonas, falló en primera instancia el asunto de la referencia y declaró responsable disciplinariamente del cargo formulado a LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, por lo que le impuso la sanción principal de destitución e inhabilidad general de diez (10) años para ejercer cargos y desempeñar función pública (fls. 284 a 298 cuaderno 2).

La conducta atribuida al servidor público Campos Sánchez por la Procuraduría

Regional se concretó así: “El señor LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, dada su calidad de Personero Municipal de Leticia, celebró contrato de prestación de servicios No. 001 de fecha 15 de enero de 2004, con el señor ANGEL ANDRÉS ROJAS AGUILAR para la prestación de sus servicios profesionales como asesor jurídico con funciones de Personero Delegado en lo Penal, función pública que sólo podía desarrollarla personal de planta perteneciente a la Personería de Leticia y no obstante, fue cumplida por el contratista con la anuencia del señor Personero de la época, vulnerando así el Código Disciplinario Único vigente, hecho demostrado entre otras, con la certificación suscrita el 16 de febrero de 2004 por el doctor CAMPOS SÁNCHEZ, visible a folio 165 del c.o., contraviniendo con dicho proceder el decreto 056 del 26 de junio de 2002 expedido por la Alcaldía de Leticia, acto administrativo por medio del cual se modificó la Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de Leticia, incluyendo la supresión del cargo de Personero Delegado en lo

Penal, (…)”.

IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN El apoderado del servidor público Campos Sánchez, en la oportunidad legal, presentó recurso de apelación el 8 de agosto de 2006, en contra del fallo de primera instancia (providencia del 6 de julio de 2006), proferido por la Procuraduría Regional del Amazonas, y solicitó se revocara y se absolviera de toda responsabilidad disciplinaria a su defendido, por existir causales de exclusión de responsabilidad. De

igual manera, en su escrito de alzada, solicitó la declaración de nulidad del fallo cuestionado, por encontrase constituidas algunas de las causales señaladas por la ley disciplinaria en los términos del artículo 143 y siguientes, que se retrotraiga la actuación, y que se ordene la ampliación de las pruebas (fls. 308 a 345 cuaderno 2). 3 Los fundamentos jurídicos de las nulidades alegadas por el apoderado del disciplinado pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Falta o indebida notificación de la actuación procesal.

Invocó violación al derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en el que se encuentran inmersos los principios de publicidad, contradicción y derecho de defensa, situación que configura las causales de nulidad consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la ley 734 de 2002, por violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales. Según el recurrente, tales nulidades se concretaron en la falta de notificación de las principales actuaciones surtidas dentro de la acción disciplinaria, o en su indebida notificación, pues la citaciones efectuadas al señor Campos Sánchez, nunca llegaron a su destino por falta de dirección, procediéndose a legitimar tal omisión, con la publicación de los respectivos edictos. Por lo tanto, al no intentar de manera efectiva el envío de la comunicación para que se enterara, la notificación nunca fue surtida en debida forma. Con el fin de demostrar que el operador disciplinario procedió de manera irregular al

momento de notificar las providencias, citó los oficios Nos. 02798/04 del 14 de septiembre de 2004 para la notificación de la indagación preliminar; oficios Nos. 01967/05 del 9 de junio de 2005 y 01982/05 del 10 del mismo mes y año, para la notificación de la apertura de investigación disciplinaria; oficios del 2 de diciembre de 2005 para la notificación del pliego de cargos; oficio No. 0548/06 del 9 de marzo de 2006, para la notificación el auto que negó la nulidad de la actuación disciplinaria y oficio No. 01548/06 del 14 de junio de 2006, para comunicar el traslado de alegatos de conclusión. Afirmó el apoderado, que los oficios citados anteriormente, fueron dirigidos al disciplinado sin dirección, pues solamente se escribió: “Doctor LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ – Ciudad”, desconociendo la dirección del disciplinado y sin que existiera constancia de recibo de comunicación, se dio por hecho que los conocía. Concluyó su escrito sosteniendo que, ni la indagación preliminar, ni la investigación disciplinaria, ni el pliego de cargos, fueron conocidos por el señor Campos Sánchez, pues no se pueden legalizar notificaciones con citaciones que jamás tuvieron destinatario cierto, y no existe constancia alguna de que las mismas, se hubieran entregado a Campos Sánchez. Sostuvo que el operador disciplinario concientemente dejó de realizar las comunicaciones de citación a Leopoldo Campos, pues señaló en los oficios que su destino era “la ciudad” olvidándose que la ciudad de Leticia, capital de departamento

del Amazonas, tiene nomenclatura, o nombre de dependencias públicas o privadas a donde se puede dirigir un documento y lo lógico era haber logrado inicialmente conocer su localización, bien fuera en la Personería Municipal donde reposaba su hoja de vida, o con los servidores que laboraban con el señor Campos. Pero ni aún después de conocida la dirección exacta en donde se localizaba al disciplinado (carrera 6ª No. 8-41), éste fue citado a la dirección conocida, por lo que 4 no fue posible para el disciplinado acceder al proceso disciplinario y hacer efectivo su derecho de contradicción y defensa. Citó los artículos 101 y 107 que señalan que las aperturas de indagación preliminar e investigación disciplinaria, así como el pliego de cargos deben notificarse personalmente al investigado, y aseveró que en el expediente no obra prueba alguna que demuestre que su defendido conociera de tales actuaciones o se hubiera notificado de ellas. Refirió, a manera de ejemplo, la sentencia C-555 del 31 de mayo de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y de la Corte Constitucional la Sentencia C-430 del 4 de septiembre de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

2. Ausencia de requisitos señalados en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

Afirmó que según el artículo 150 de la ley 734 de 2002 existía la necesidad de establecer si el implicado había actuado amparado en alguna causal de exclusión de responsabilidad, según el artículo 28 de la ley disciplinaria y que se le escuchara en diligencia de versión libre, disposiciones que no se cumplieron.

Manifestó que su poderdante no pudo ejercer su derecho de ser escuchado en versión libre y espontánea, pues no resultó posible que conociera previamente que se adelantaba una actuación disciplinaria en su contra y sobre ello, citó a manera de ejemplo la sentencia C-430 de 1997 de la Corte Constitucional y concluyó considerando que la investigación disciplinaria se encontraba viciada de nulidad de conformidad con lo señalado en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la ley 734 de 2002.

3. No se estableció si el implicado actuó o no amparado en causales de exclusión de responsabilidad.

El apoderado del investigado consideró pertinente y obligatorio, verificar si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad en la etapa de indagación preliminar, y señaló que cuando el artículo 152 de la ley disciplinaria manifiesta que procede la investigación disciplinaria si se halla plenamente identificado el posible autor o autores de la falta disciplinaria, ello quería decir que para que procediera esta apertura de investigación, no solamente debían encontrarse identificados, sino que además, debía verificarse la existencia de causales eximentes de responsabilidad en la etapa de indagación preliminar, según lo señalaba el artículo 150 de la ley 734 de 2002. Concluyó por lo tanto, que el operador disciplinario, al omitir determinar si su defendido actuó o no amparado en alguna causal de exclusión de responsabilidad cuando abrió investigación disciplinaria, violó el debido proceso y la presunción de inocencia y se incurrió en las causales de nulidad establecidas en los artículos 2 y 3

del artículo 143 ídem.

4. Ambigüedad e imprecisión en los cargos formulados.

Aseguró que de las normas que le fueron citadas como infringidas, entre ellas el artículo 48 numeral 29 de la ley 734 de 2002, que consagra un verbo rector y varias formas de realización, éstas debieron identificarse claramente individualizando sus 5 elementos y desagregando los verbos e ingredientes normativos, pues no se pueden dejar normas genéricas al arbitrio de los sujetos disciplinables, ya que con ello se incurre en ambigüedad, generalidad e imprecisión, que genera violación a su derecho de defensa. Citó para ello, a manera de sustento probatorio, la Sentencia de Tutela T-418 del 28 de agosto de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y el texto “Nulidades en el Proceso Disciplinario” de Martha Elena Quintero Quintero, Colección Derecho Disciplinario No. 11 Instituto del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación y señaló: “Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas (…) que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

2. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento

de funciones (…) administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”. Y se preguntó a cuál de las dos debía referirse la defensa? y concluyó que las disposiciones transcritas tanto en el pliego de cargos como en el fallo sancionatorio eran normas genéricas e imprecisas (como la violación del decreto 056 del 26 de junio de 2002, expedido por el Alcalde de Leticia), lo que constituye una flagrante violación a los principios de legalidad, contradicción y defensa, contenidos en el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política y que configuran las causales de nulidad consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la ley 734 de 2002.

5. Configuración en una vía de hecho, por falta de práctica de las pruebas ordenadas.

El apoderado del disciplinado argumentó que el operador disciplinario durante el trámite de la actuación, ordenó mediante auto del 29 de marzo de 2006, tener como prueba los documentos aportados en el memorial de descargos y recibir las declaraciones de los señores Daniel García y Ana Lucía Villa. A ésta última se le hizo una citación la cual no cumplió por encontrase incapacitada según certificación anexa, omitiéndose entonces, su recepción sin justificación alguna, pasando el proceso a la siguiente etapa, es decir, a alegatos de conclusión, cuando resultaba imperativo insistir por lo menos una vez más, ya que existía petición escrita de ello, configurándose así, una vía de hecho.

En relación con la violación al debido proceso por la omisión en la práctica de la integridad de las pruebas solicitadas y decretadas por el juez, citó, a manera de 6 ejemplo, la Sentencia SU-087 del 17 de febrero de 1999, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo (fl. 342 cuaderno 2). Concluyó entonces, que no podía cerrarse la investigación y pasar a la etapa de alegatos de conclusión si hacía falta una de las pruebas ordenadas por el operador disciplinario y solicitadas por la defensa, más aún, cuando se trataba sólo de dos pruebas testimoniales, por lo que invocó una causal de nulidad supralegal, consagrada en el artículo 29 de la Carta Política por violación al derecho fundamental al debido proceso.

6. Falta de pronunciamiento claro y expreso frente a una solicitud de la defensa relacionada con causales de exclusión de responsabilidad.

Aseveró en su escrito el apoderado del disciplinado Campos, que tanto el abogado de oficio como el investigado, invocaron ante el operador disciplinario la existencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, tanto en el escrito de descargos, como en la diligencia de versión libre, sin que el fallador de primera instancia hubiera realizado el más mínimo análisis de ello, situación que configuró una grave omisión que configura la causal 3 del artículo 143 de la ley 734 de 2002, por encontrarse la conducta de su defendido inmersa en varias de las causales consagradas en el artículo 28 ídem. Consideraciones de fondo de la apelación de la defensa. El apelante invocó como causal de exclusión de responsabilidad de su defendido, el

numeral 1º del artículo 28 de la ley 734 de 2002, es decir, la fuerza mayor, ya que por la necesidad apremiante de cumplir con las funciones señaladas en la Constitución y la ley, debía buscar apoyo de un profesional del derecho que asesorara jurídicamente al Despacho e interviniera ante las diferentes autoridades. De igual manera invocó como causales de exclusión de responsabilidad, los numerales 2 y 6 del artículo 28 ibídem, según los cuales, el disciplinado realizó tal conducta por cumplir un deber constitucional o legal de mayor importancia al sacrificado, es decir, que la actividad que requería cubrir con el contratista, era de mayor importancia que el tecnicismo de saber si esa clase de contrato cumplía o no funciones públicas. Aclaró que su defendido siempre estuvo convencido de que su actuar era ajustado a la ley, y que su comportamiento jamás estuvo dirigido a incurrir en falta disciplinaria. Por lo tanto, solicitó al fallador de segunda instancia se revoque el fallo sancionatorio de primera instancia y se absuelva de toda responsabilidad al disciplinado Campos Sánchez, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la ley 734 de 2002.

V. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA Procede el suscrito Procurador Delegado a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado. Para ello, se ocupará en primer término (i) de analizar lo relativo a la competencia que le asiste para conocer de la actuación; y se referirá al (ii) debido proceso, (iii) al principio de publicidad, (iv) al procedimiento para la notificación de providencias, y posteriormente (v) efectuará un

análisis de los hechos imputados de acuerdo con el material probatorio recaudado para finalmente decidir sobre la confirmación o revocatoria del fallo de instancia, así 7 como sobre la sanción impuesta. Cuestiones Previas. Es necesario en primer lugar, mencionar que este despacho de segunda instancia, conforme a lo preceptuado por el artículo 171 del Código Único Disciplinario es competente para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación y a ello se limitará, sin contemplación de otra clase de aspectos. El caso objeto de estudio lo constituye el reproche efectuado a LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, quien en su condición de Personero Municipal de Leticia, celebró el contrato de prestación de servicios No. 001 del 15 de enero de 2004, con Ángel Andrés Rojas Aguilar, para la prestación de servicios profesionales como asesor jurídico con funciones de Personero Delegado en lo Penal, función pública que sólo podía ser desarrollada por personal de planta de la Personería Municipal. Quedó plenamente demostrado durante este proceso disciplinario que, según el objeto del contrato de prestación de servicios No. 001 del 15 de enero de 2004, el contratista se obligó a prestar sus servicios profesionales como asesor jurídico con funciones de Personero Delegado en lo Penal, de conformidad con la solicitud de oferta y propuesta presentada por el contratista, por valor de $13.200.000,00 y por el término de ocho meses (fls. 3 a 5 cuaderno 1). Quedó igualmente establecido, que el contratista Ángel Andrés Rojas Aguilar, prestó

los servicios profesionales como asesor jurídico con funciones de Personero Delegado en lo Penal, en el período comprendido entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2004, según consta en certificación del 16 de febrero de 2004, expedida por la Personería Municipal de Leticia (fl. 165 cuaderno 1). (i) De la competencia En este caso se investiga la conducta de LEOPOLDO CAMPOS SÁNCHEZ, en su condición de Personero Municipal de Leticia, por irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios No. 001 del 15 de enero de 2004. Dispone el numeral 4 del artículo 25 del Decreto 262/00, que las Procuradurías Delegadas conocerán en segunda instancia los procesos que en primera instancia sean de competencia de los Procuradores Regionales. En la presente investigación tenemos que la decisión de primera instancia se profirió por el Procurador Regional del Amazonas. Para el asunto en concreto, tratándose de un servidor publico el encartado, a quien se le investigó por conductas relacionadas con la contratación, son los Procuradores Delegados para la Contratación Estatal o el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, los que tienen asignada la competencia legal para resolver el asunto en segunda instancia. (ii) El Debido Proceso El artículo 29 de la Constitución Política establece: 8 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (…). Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (…)”. Señala la Sentencia C641 de 2002, Corte Constitucional; Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil: “…en virtud de tal disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual, éstas se encuentran obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas las garantías constitucionales básicas como son el derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, etc. En estos términos, el deber de salvaguardar dichas garantías constitucionales le impone a las autoridades públicas, la obligación de motivar sus determinaciones y de publicarlas de conformidad con los sistemas de comunicación previstos en la ley”. Manifiesta la Corte que entre las garantías mínimas, el artículo 29 de la Constitución consagra: (i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término

razonable y sin dilaciones injustificadas y (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra. (iii). Del Principio de Publicidad. “…el principio de publicidad como instrumento indispensable para la realización del debido proceso, impone a los jueces la exigencia de proferir providencias debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, lo que se opone a aquellas decisiones secretas u ocultas contrarias a los postulados de la democracia participativa…”. “…en éstos términos, el principio de publicidad en tratándose de la administración de justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, pues si las decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales no 9 pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación. Por ello, esta Corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el principio de publicidad es un componente del debido proceso y un mecanismo para asegurar el derecho de defensa. Precisamente, la Corte ha sostenido que “las decisiones que se adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados” , pues “la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y de defensa, pues sólo quien conoce las decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas”1. (iv). De la notificación de providencias. “…la expresión notificar, en el campo del derecho, significa “hacer saber” o “hacer conocer”. Por ello, la notificación más que pretender formalizar la comunicación del

inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la legalidad de las determinaciones adoptadas en una instancia judicial, ya que al “hacer conocer” se garantiza que los distintos sujetos procesales puedan utilizar los instrumentos o medios judiciales necesarios para la protección de sus intereses”. La Corte Constitucional precisó en sentencia T-099 de 1995, T-238 de 1996 y T-324 de 1999: “…las decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a éstas, tal como lo disponen las normas legales correspondientes… …La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente –con fecha ciertaen qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía… …la falta probada de notificación, en especial la de aquéllos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto

grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de trámite… …De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de