PGN - NULIDAD ACTO DE ELECCION - De representante a la cámara, circunscripción especial de
Detalles
- Título
- PGN - NULIDAD ACTO DE ELECCION - De representante a la cámara, circunscripción especial de
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-De Representante a la Cámara, Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes por configuración de causales de anulación de los artículos 137 inc 2,139 y 275 numerales 1,3 y 5 de ley 1437 de 2011 AUTORIDAD CIVIL-Es el ejercicio del poder que ostenta un funcionario para adoptar o tomar decisiones que pueden ser implementadas tanto interna como externamente CONSEJO COMUNITARIO-Definición e integración de este CÁMARA DE REPRESENTANTES-Se elegirá en circunscripciones territoriales y especiales y esta asegurará participación de grupos étnicos y de colombianos residentes en el exterior CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación CONSTITUCIÓN POLÍTICA-En desarrollo de mandato fundamental otorga espacios de participación a comunidades indígenas y afrodescendientes REPRESENTANTE A LA CÁMARA-Elegido a través de la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes está sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los Congresistas …Así, mediante estas circunscripciones se eligen actualmente cuatro Representantes: dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno por la circunscripción internacional. El desarrollo de dicho mandato está contenido en la Ley 649 de 2001 de naturaleza estatutaria, que en su artículo tercero señala que, quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades afrodescendientes para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deben: Ser
miembros de la respectiva comunidad y ser avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Por su parte, en lo que atañe al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la norma es enfática en indicar que, los Representantes a la Cámara elegidos a través de esta circunscripción especial están sujetos al régimen general de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas (Art. 7), a la vez que proscribe que ninguna persona podrá votar simultáneamente por un candidato a la Cámara de circunscripción territorial y por un candidato a la Cámara de circunscripción especial (Art. 11). INHABILIDAD-Elementos que deben concurrir para configuración de la causal contenida en art.179.5 de la Constitución Política PRUEBAS OBRANTES-No demostraron la configuración de causales de anulación de los numerales 1,3,y 5 del art. 275 del CPACA De acuerdo con los hechos, las pruebas y el análisis realizado a las normas señaladas como infringidas, el Ministerio Público no encuentra violación a la ley o la Constitución Política, derivada del acto de elección de….. como Representante a la Cámara por la Circunscripción Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co
Página 1 Especial de Comunidades Afrodescendientes, para el periodo 2022-2026, toda vez que no logró probarse la configuración de las causales de anulación consagradas en los numerales 1,
3 y 5 del artículo 275 del CAPCA, por cuanto la demandada sí cumple con las calidades y requisitos para acceder al cargo, y no se aportó prueba frente a su presunta incursión en prácticas electorales corruptas, por lo que esta Delegada solicitará que se nieguen las pretensiones de la demanda. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
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Página 2 Bogotá D.C., 26 de julio de 2023 Concepto No. 2023-07-NE095 Doctor
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Sustanciador Consejo de Estado - Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00232-00
(ACUMULADO)1 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011
C.P.A.C.A. ARTÍCULO 275-1,3,5 Y ARTÍCULO 1795 CONSTITUCIONAL.
ACTOR: ALAIT DE JESÚS RAMOS CALAO Y
OTROS TRÁMITE: ÚNICA INSTANCIA.
DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE ANA ROGELIA
MONSALVE ÁLVAREZ – REPRESENTANTE A LA CÁMARA
POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE AFRODESCENDIENTES, PERIODO 2022 – 2026
ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: REQUISITOS PARA
ASPIRAR A LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, INHABILIDAD
POR PARENTESCO DE CONGRESISTA Y VIOLENCIA
CONTRA EL ELECTOR.
Respetado Magistrado: Dentro de la oportunidad correspondiente, presento el concepto del Ministerio Público en el trámite del proceso de la referencia, en el que se discute la legalidad del acto de elección de ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes, Periodo 2022 – 2026.
I. A
N T E C E D E N T E S 1.1. Hechos. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 1.1.1. El 13 de marzo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones para elegir al Congreso de la República, período 2022-2026. 1 Acumulado por Auto del 23 de febrero de 2023. Nueve Radicados Nos: 11001-0328-000-2022-00215-00; 11001-03-28-000-2022-00221-00; 11001-03-28-000-202200230-00; 11001-03-28-000-2022-00243-00; 1100103-28-000-2022-00255-00; 11001-03-28-000-2022-00257-00; 11001-03-28-000-2022-00266-00; 11001-03-28000-2022-00293-00; y 11001-03-28-000-2022-00300-00. 1.1.2. Mediante formulario E-26 CAM del 18 de julio de 2022, se declaró la elección de ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes, para el periodo 20222026.
1.1.3. Los CIUDADANOS ALAIT DE JESÚS RAMOS CALAO, HIGINIO OBISPO
GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR y EDISON ENRIQUE
MASSA SAMPER, GERMÁN CASAMA GINDRAMA, JUAN BAUTISTA GARCÍA, IVÁN FELIPE ROJAS FLÓREZ, IDALMY MINOTA TERÁN, CAMILO RIVERA SOTO y LUIS ERNESTO OLAVE VALENCIA,2 actuando en nombre propio y de manera independiente, presentaron demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitando la anulación del formulario E-26 respectivo, al igual que de la Resolución 3319 del 16 de julio de 2022, proferida por el Consejo Nacional Electoral CNE, por medio de los cuales se declaró la elección de la demandada. 1.1.4. Los escritos se sustentan en la consideración que la accionada incurre en las inhabilidades contenidas en el artículo 275 del CPACA, numeral 1: se ejerció violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales; numeral 3: Los documentos electorales contienen datos contrarios a la verdad; numeral 5: Se
eligió una candidata incursa en causales de inhabilidad, la consagrada en el numeral 5 del artículo 179 de la constitución política al tener parentesco con funcionario que ejerce autoridad civil y política, al igual que en el artículo 137 inciso 2 de la primera disposición, en lo referente a que el acto demandado fue expedido con infracción de las normas en que deberían fundarse y con falsa motivación.3 4 1.2. Cargos uniformes de las demandas. 2 Presentó dos demandas. 3 Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. (…) 3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
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Página 4 Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan
sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. 4 El proceso fue acumulado por Auto del 23 de febrero de 2023. De los diferentes escritos de demanda se extraen principalmente las siguientes inconformidades comunes: Señalan los accionantes que la demandada hace parte de la comunidad indígena MOKANA, pero obtuvo de manera irregular el aval de un consejo comunitario afrodescendiente, esto es, del Consejo Comunitario Palenque de la Vereda las Trescientas y del Municipio de Galapa, para inscribir su candidatura a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial que corresponde a esta minoría. Consideran adicionalmente que, no acreditó el cumplimiento del requisito establecido en artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 del 20005 y no se tiene constancia de que la elegida, al momento de la inscripción de su candidatura, hubiere presentado la documentación que acredite su pertenencia actual o pasada a alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, de lo que concluyen que la demandada se inscribió sin cumplir los requisitos legalmente exigidos. Manifestaron adicionalmente, que la demandada incurrió en la inhabilidad contenida en el artículo 179.5 de la Constitución Política de Colombia ya que tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el alcalde de Malambo, quien igualmente debió declararse impedido para ejercer como clavero en dicha municipalidad, ya que en ese lugar tuvieron
lugar las elecciones para la Cámara de Representantes donde la señora Monsalve obtuvo más del 60% de su votación. Indicaron asimismo, que incurrió en la causal de nulidad prevista el artículo 275.1 de la Ley 1437 de 2011 porque, en su criterio, la demandada realizó actos de corrupción electoral, al exigir y ejercer presión psicológica a todos los funcionarios y contratistas de la alcaldía de RTÍCULO 2.5.1.6.2. Avales. Quienes aspiren a ejercer derechos étnicos de participación y representación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, serán avalados por un Consejo Comunitario o forma o expresión organizativa de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente inscrita y actualizada en el Registro Público de instituciones de representativas, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer al censo del respectivo Consejo Comunitario o ser integrante de la expresión o forma organizativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 2.Contar con la certificación de pertenencia étnica. 3.Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras.
PARÁGRAFO. Los anteriores requisitos se aplicarán sin detrimento de la autonomía de los Consejos Comunitarios, expresiones y formas organizativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.» Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado
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Página 5 Malambo (Atlántico), a quienes les exigió votos para hacerse elegir, aprovechando su parentesco con el alcalde. 1.3.Fijación del litigio. Por Auto del 11 de abril de 2023, confirmado en Auto del 29 de junio del mismo año6, el despacho ponente fijó el litigio en los siguientes términos: “Determinar si la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente, contenida en el Formulario E 26 CAM y la Resolución 3319 del 16 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral debe ser anulada porque incurrió en la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 7, 40, 70, 171, 176, 258, 329 y 330 de la Constitución Política; 2 y 66 de la Ley 70 de 1993; 1 y 3 de la Ley 649 de 2001 y 2.5.1.6.2. del Decreto 1640 de 2020, y se configuran las causales de anulación contenidas en los artículos 137 inciso segundo, 139 y 275 numerales 1, 393 y 5 de la Ley 1437 de 2011.
146. Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes: a. ¿La demandada carece de requisitos e incurrió en irregularidades durante el proceso de inscripción, como candidata en representación de las minorías
afrodescendientes, por no cumplir lo establecido en el artículo 2.5.1.6.2 del Decreto 1640 de 2000? b.¿Se debe anular la elección de Ana Rogelia Monsalve Álvarez como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente porque fue miembro de la comunidad indígena Mokana y, posteriormente, reconocida como miembro de la Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera del municipio de Galapa de la vereda Las Trecientas? c.¿Se encuentra incursa la demandada en la causal de inhabilidad contenida en el artículo 179.5 de la Constitución Política por tener parentesco de consanguineidad con el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico) que ejerció autoridad?¿Cuál es la tesis vigente de esta Sala Electoral en lo que refiere al encargo de funciones y en cargo del cargo, a fin de determinar quién conserva el ejercicio de autoridad en caso de encargo de la alcaldía? d. ¿La demandada realizó actos de corrupción electoral al exigir y ejercer presión psicológica a los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Malambo (Atlántico)?” 1.4.Traslado para alegar de conclusión. En el proveído del 11 de abril de 2023 se ordenó que una vez en firme las decisiones que allí se adoptaban, se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado
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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 6 6 Auto que fija el litigio, niega pruebas y dispone trámite de sentencia anticipada, y Auto que resuelve los recursos de reposición frente al anterior Auto.
II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1.Problema Jurídico. Corresponde determinar si es procedente la nulidad del acto de elección de ANA ROGELIA MONSALVE ÁLVAREZ, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendiente, contenida en el Formulario E 26 CAM y la Resolución 3319 del 16 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, por la presunta configuración de las causales de anulación contenidas en los artículos 137 inciso segundo, 139 y 275 numerales 1, 3 y 5 de la Ley 1437 de 2011. Para dar respuesta al, problema jurídico, el Ministerio Público analizará (i) la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes, (ii) la autonomía de los pueblos étnicos, y (iii) el caso concreto a partir de los interrogantes derivados de la fijación del litigio. 2.1.1. La circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes El artículo 7 de la Constitución Política reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de
la Nación, en desarrollo de dicho mandato fundamental, otorga espacios de participación a las comunidades indígenas y afrodescendientes, para el caso bajo estudio, el establecido en el artículo 176 de la Carta Política que señala que, la Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales, indicando que esta última asegurará la participación de los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Así, mediante estas circunscripciones se eligen actualmente cuatro Representantes: dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno por la circunscripción de las comunidades indígenas, y uno por la circunscripción internacional. El desarrollo de dicho mandato está contenido en la Ley 649 de 2001 de naturaleza estatutaria, que en su artículo tercero señala que, quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades afrodescendientes para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deben: i) Ser miembros de la respectiva comunidad y, ii) Ser avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
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Página 7 Por su parte, en lo que atañe al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la norma es enfática en indicar que, los Representantes a la Cámara elegidos a través de esta
circunscripción especial están sujetos al régimen general de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas (Art. 7), a la vez que proscribe que ninguna persona podrá votar simultáneamente por un candidato a la Cámara de circunscripción territorial y por un candidato a la Cámara de circunscripción especial (Art. 11). Sumado a ello, la Sala electoral al analizar las distintas modificaciones que ha tenido el artículo constitucional en cita, ha sentenciado, acorde con el contenido del artículo 1 de la Ley 649 de 2001 que, dicha circunscripción especial es de carácter nacional; consideración que se entrelaza con las restricciones antes señaladas. Así lo ha mencionado:7 “Posteriormente el Congreso de la República –después de varios intentos de reglamentar el artículo 176 de la Constitución Nacionalreguló el tema y expidió la Ley 649 del 2001 “Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”, en cuyos antecedentes se declara que el objeto de esta reforma, plasmado en la Constitución de 1991, tiene como fin otorgarle participación efectiva a las minorías étnicas y raciales. En el texto aprobado de la Ley 649 de 2001, se estableció en el artículo 1º, que la circunscripción nacional especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior , estaría conformada por cinco (5) curules distribuidas así: dos (2) para las comunidades negras, una, (1) para las comunidades
indígenas, una (1) para las minorías políticas y una (1) para los colombianos residentes en el exterior. Luego de las reformas constitucionales de 2005, el Acto Legislativo 01 de 2013, modificó nuevamente el artículo 176 de la Carta política, y en lo referente, específicamente, a la Circunscripción Especial de las Comunidades Negras, únicamente cambió el término por “afrodescendientes...”. Negrillas nuestras. 8 2.1.2. La autonomía de los pueblos étnicos La condición de sujetos étnicos determina el ejercicio de derechos como sujetos especiales de protección, según el ordenamiento constitucional. Esa identidad se puede adquirir o entender de diferentes maneras, pero solo ha sido instituida una consideración aceptable por parte de la Corte Constitucional, según la sentencia T-485 de 2015, luego de un análisis minucioso sobre 7 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 11 de diciembre de 2014. Radicación número: 11001-03-28000-2014-00053-00. Actor: Procuraduría General De La Nación.
Demandado: Representantes a la Cámara por el Departamento de Casanare. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez 8 Se traen a colación, por considerarlos pertinentes, algunos de los fundamentos jurídicos expuestos por esta Delegada en el Concepto No. 2022-07-N-109. DEMANDANTE: EDISON
BIOSCAR RUÍZ VALENCIA. DEMANDADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
MINISTERIO DEL INTERIOR. RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00011-00.
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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 diferentes posibilidades para reconocer la condición de un individuo o colectivo, como étnico.
A saber: La relación con el territorio es indicativa de la identidad étnica; empero, no es un factor determinante para confirmar o excluir la condición de titular de derechos étnicos.
El ordenamiento jurídico puede prever reglas que identifiquen condiciones fácticas predicables de las comunidades étnicas; sin embargo, estas previsiones legales no son mandatos absolutos o condiciones imperativas para el reconocimiento de los pueblos étnicos. Si bien los estudios etnológicos ofrecen información valiosa sobre la identificación de las prácticas tradicionales de los pueblos étnicos, no constituyen un requisito para el reconocimiento de las comunidades como étnicas. El reconocimiento formal de la comunidad por parte del Estado, por ejemplo, a través de actos administrativos, contribuye a demostrar la existencia del pueblo étnico, pero no es un factor dirimente o necesario para establecer su identidad. En ese sentido, la Corte Constitucional9 ha señalado que, por el hecho que una comunidad aparezca o no en un registro institucional o en un censo adelantado para el efecto, no descarta la existencia de una identidad colectiva, puesto que esta parte de un ejercicio de reconocimiento propio que los interesados pueden constatar materialmente, en caso de duda, a
través de los estudios etnológicos y las demás pruebas que resulten pertinentes para el efecto. Por consiguiente, lo único que marca el reconocimiento de las comunidades étnicas es su autonomía y, con ella, el proceso de autorreconocimiento. La Corte lo explicó de la siguiente manera10: “En conclusión, la Corte en la sentencia T-576/14 determinó que no son las autoridades administrativas ni judiciales las llamadas a establecer si una comunidad étnica “existe”, si es “étnicamente diversa” o si determinado individuo pertenece o no a ella. Tal ejercicio debe ser efectuado por las propias comunidades, en ejercicio de su autonomía, por ser la conciencia de identidad el elemento que define, en los términos del Convenio 169 de la OIT, si un sujeto colectivo puede ser considerado como titular de los derechos especiales que allí se contemplan. 9T-485 de 2015. 10 Ut supra Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 18.6. Como se expresó en el fundamento jurídico 18.2, la protección especial que el artículo 55 transitorio C.P. de la Constitución y la Ley 70 de 1993 consagran a favor de las comunidades negras no impide que otras colectividades que no reúnan los elementos señalados en esas disposiciones se beneficien de las prerrogativas que la Carta les reconoce por la vía de la cláusula de igualdad
material y del mandato de protección de la diversidad cultural. Cualquier comunidad negra que reúna los elementos objetivo y subjetivo contemplados en el Convenio 169 es sujeto de especial protección constitucional y, por lo tanto, titular de los derechos fundamentales que el marco internacional de los derechos humanos y la Constitución les atribuyen a las minorías étnicas” El ejercicio para determinar si un individuo pertenece o no a las comunidades, si cumple o no con los requisitos para ser su representante ante instancias participativas o representativas, debe ser efectuado por ellas, en el marco de su autonomía y/o autodeterminación, lo que se traduce en la acción de autorreconocimiento. Por su parte, en lo atinente a las instancias organizativas o participativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, recordemos que los conceptos “comunidad negra” y “consejo comunitario” están definidos en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995, respectivamente: Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos, artículo segundo, numeral 5 de la Ley 70 de 1993. Una comunidad negra podrá constituirse en consejo comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad, artículo tercero del
Decreto 1745 de 1995. En el mismo sentido, la Corte Constitucional consideró que el concepto comunidad negra implica la conjunción de dos elementos. A saber: “El término comprende a aquellos grupos sociales que reúnen los requisitos exigidos por el instrumento internacional: rasgos culturales y sociales compartidos (elemento objetivo) y una conciencia de identidad grupal que haga que sus integrantes se asuman miembros de una comunidad (elemento subjetivo). Como las comunidades negras, tal y como fueron definidas por la Ley 70 de 1993, reúnen ambos elementos, decidió que era posible considerarlas un pueblo tribal, en los términos del Convenio 169” (T576 de 2014). Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
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Página 10 Si bien se pueden entender como sinónimos los términos “comunidad negra” y “consejo comunitario”, el primer concepto es antropológico y, el segundo concepto, es jurídico, creado como una ficción –persona jurídicacon una finalidad clara: la administración de las tierras colectivas. No obstante, se entiende que el Consejo Comunitario es una instancia de participación y de representación, tal y como se relacionó en la memoria justificativa del Decreto 1640 del 14 de diciembre de 2020 de la siguiente manera: “Que a partir de la expedición de la Ley 70 de 1993, las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras se han organizado en Consejos Comunitarios, que como persona jurídica, tal como lo establece el artículo 2.5.1.2.3 del Decreto 1066 de 2015, "ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras", sin que sea la única instancia de representación, pues tales comunidades también se han constituido en otras formas y expresiones organizativas”. Lo cual lleva a señalar que el Consejo Comunitario está integrado por la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario11. La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y está conformada por las personas reconocidas por este, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo interno. La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste. (Arts. 4 y 7 del decreto 1745 de 1995). Eso permite advertir que, tanto el Consejo Comunitario como colectivo e instancia de representación, así como la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario, son instancias o instituciones de participación. siendo la Asamblea General el espacio, instancia o 11 Artículo 3º. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de
las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. En los términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444
Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 institución de participación por excelencia, el cual agrupa a todos los integrantes de la forma organizativa Consejo Comunitario. Lo anterior, indicaría que, cualquier persona de la comunidad afrodescendiente que pretenda representar los derechos étnicos, cumpliría con el requisito de ser o haber sido parte de una institución participativa, como quiera que, cada una de dichas formas deriva de la voluntad de la comunidad negra respectiva de constituirse en persona jurídica o de formalizar su estructura.
En otros términos, se puede interpretar que todo integrante de un consejo comunitario es miembro de una comunidad negra y, por lo tanto, sujeto de especial protección y de las
garantías fundamentales, lo que equivale a que se pueda postular para representar los derechos de los pueblos étnicos, pues por regla general, tendría la calidad de “Ser o haber integrado alguna de las instituciones de participación de las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras”, hecho que puede probarse bien sea con, el registro respectivo y/o censo que se lleve al interior de cada una de ellas, formalizado o no ante las autoridades respectivas, o bien, con lo ratificado por ellos mismos en ejercicio de su autonomía organizativa de acuerdo con el mandato constitucional y legal. Sumado a lo anterior, cada comunid
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