PGN - NULIDAD ACTO DE ELECCION - Director general de corporación regional autónoma al no j

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-Director General de Corporación Regional Autónoma al no justificarse calidades y requisitos de elegibilidad CONCURSO DE MÉRITOS-No se encuentra consagrado legalmente para designación de Director General de Corporaciones Autónomas Regionales … debe indicarse que el sistema de méritos no se encuentra consagrado para efectos de la Designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales, pues sobre ese aspecto la normativa que reglamenta la materia, no lo consagró como factor determinante para la escogencia. Surge entonces que los organismos de dirección de dicha entidad son autónomos en adoptar el procedimiento de selección que a bien tengan o el que consideren apropiado sin menoscabar los derechos de los participantes. ….. Pues bien, no obstante existir un régimen general de los cargos públicos que involucra pertenecer al régimen de carrera, de este deben exceptuarse los que determine la Ley, que para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, no se encuentra determinado en esta categoría, por lo que ha de considerarse que son las autoridades propias de dichas entidades las que determinan el régimen de sus cargos. CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Su naturaleza Jurídica CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Poseen autonomía administrativa y designación de Director corresponde al Consejo Directivo Así pues, las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentran dotadas de autonomía administrativa, se rigen por normas especiales, por normas propiascontenidas en sus estatutos-se rigen por sus propias autoridades, las cuales son elegidas por ellas mismas y, así pues, la designación del Director de las CAR corresponde al Consejo Directivo….

…Pues bien, no obstante existir un régimen general de los cargos públicos que involucra pertenecer al régimen de carrera, de este deben exceptuarse los que determine la Ley, que para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, no se encuentra determinado en esta categoría, por lo que ha de considerarse que son las autoridades propias de dichas entidades las que determinan el régimen de sus cargos. CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Su naturaleza jurídica según sentencia del Consejo de Estado CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Cargo de su Director no es de carrera sino de período fijo según jurisprudencia del Consejo de Estado CONVOCATORIA PÚBLICA-Procedimiento para seleccionar y nombrar Director General de Corporación Autónoma Regional/FUNCIÓN PÚBLICA-Implica para selección y nombramiento en el cargo se observen principios que la gobiernan/ CONCURSO DE MÉRITOS-No fue señalado por Consejo Directivo de Corporación para proceso de designación de Director General

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por tal razón las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro del marco de su autonomía y por intermedio de sus propias autoridades, en este caso, el organismo nominador actúa independiente para efectos de determinar el sistema a emplear para la designación de su Director General. Conforme a lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, debidamente facultado para ello, adoptó el procedimiento específico para la

designación del Director General mediante Acuerdo 00006 del 24 de septiembre de 2015, disponiendo que la misma se realizaría mediante convocatoria pública en sesión ordinaria o extraordinaria de entre los candidatos que conforman la lista definitiva que cumplen requisitos para el ejercicio del cargo, valga decir, sin consideraciones a criterios propios del mérito tales como pruebas de conocimiento o entrevistas, eso sí, indicó dicho organismo que el proceso se realizaría consultando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad. Por ninguna parte se observa que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre señalara que el proceso de designación del Director General se haría mediante concurso público. No había la imposición u obligación legal para ello. CONVOCATORIA PÚBLICA-Debe regirse por principios que gobiernan la función pública Por lo anterior, se repite, que una convocatoria pública deba regirse por los principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad no fuerza considerar que ella debe ser adelantada por las reglas propias de un concurso de méritos en el cual se impone la obligación de nombrar a la persona que mayor puntaje obtuvo en las diferentes etapas del concurso, máxime cuando en éste no se consagran factores para determinar puntaje alguno. Los principios referidos además no fueron vulnerados en la calificación de las hojas de vida, pues dicho proceso siguió las reglas acordadas en la convocatoria respectiva, la cual dispuso que este se realizaría mediante una convocatoria pública; precisó cómo se cumpliría un

proceso de inscripción de candidatos y de recepción de las hojas de vida, junto con los soportes respectivos; refirió el proceso de verificación de requisitos; elaboración de un informe de verificación de requisitos; presentación de informe y reclamaciones; y conformación de la lista definitiva de candidatos que cumplen los mismos. CONVOCATORIA PÚBLICA-Consagró posibilidad de que candidatos inscritos cumplieran requisitos mínimos exigidos/EXPEDIENTE-No obra prueba de que en proceso de elección se hayan conculcado principios rectores de este Ninguna de las reglas del concurso precisaban el otorgamiento de puntajes o valores aritméticos que se les confirieran a las hojas de vida, allí solamente se consagró la posibilidad de verificar estas a efectos de constatar que los candidatos inscritos cumplieran los requisitos mínimos exigidos, con lo cual se conformaría la lista definitiva de candidatos que cumplen requisitos, nada más; por ello el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre dispuso elaborar la respectiva lista de elegibles una vez resueltas las reclamaciones de los aspirantes interesados en el informe preliminar. En la lista definitiva señalada se dispuso que veinticuatro (24) personas de los inscritos en el proceso de elección del Director General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre habían cumplido los requisitos mínimos para ocupar ese cargo, por lo cual de esa lista se procedió a elegir discrecionalmente al señor…..tal como podía ser cualquier otro de los participantes.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Además de lo anterior, no existe en el expediente prueba alguna de que en el proceso se hayan conculcado los principios rectores del mismo, contrario a lo anterior, existe constancia que se fijó el aviso de la convocatoria pública respectiva (folios 24 y 25), se realizó la respectiva acta de cierre de inscripciones (folios 29 y 30); se dio apertura de la urna triclave y entrega de sobres de los candidatos inscritos (folios 31 y 32), se elaboró el respectivo informe preliminar de verificación de cumplimiento de requisitos de aspirantes (folios 33 al 35), se elaboró la lista definitiva de candidatos previo análisis y respuestas a las reclamaciones presentadas al listado preliminar de habilitados y no habilitados, y posteriormente se realizó el nombramiento discrecional de los candidatos que integraron la lista de elegibles, por la mayoría requerida para el efecto por parte de los miembros del Consejo Directivo de

CARSUCRE

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., Julio 13 de 2016 Concepto No. 0069 Doctor Alberto Yepes Barreiro

H. Magistrado ponente

Sección Quinta-Sala Contencioso Administrativo Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000201600009 00.

Actor: Luis Felipe Aguirre Vásquez.

Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada.

Asunto: Nulidad del acto administrativo de elección del señor Johnny

Alberto Avendaño Estrada como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre.

Respetada señor Consejero: Como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia presento a consideración de la H. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado los siguientes planteamientos jurídicos, para efectos de que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I – ANTECEDENTES La demanda El ciudadano Luis Felipe Aguirre en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó la nulidad del acto de elección del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Sucre. Hechos de la Demanda Dice el demandante que mediante Acuerdo 006 del 24 de septiembre de 2015 el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre estableció el procedimiento para la elección del Director General de esa entidad, para lo cual en la página web de la Corporación se publicó el aviso de convocatoria

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co correspondiente, precisando los requisitos que debían cumplirse para el ejercicio

del cargo. Que el 27 de octubre de 2015 se elevó acta de cierre de las inscripciones hechas en la convocatoria para el cargo de Director General CARSUCRE en donde se puede observar que la hoja de vida de uno de los aspirantes al cargo (De la Ossa Nadjar Orlando) consta de 110 y la del director electo consta solamente de 50 folios. Se indica por el peticionario que el 30 de octubre de ese año se eleva un informe preliminar de verificación de cumplimiento de requisitos y se elabora la lista de aspirantes habilitados al cargo. Hoy se demanda el nombramiento efectuado precisando que en ningún momento el Consejo Directivo de esa Corporación presentó informe acerca de los perfiles de los candidatos, a efectos de que se escogiera el aspirante de mejores calidades y requisitos de elegibilidad. Expresa que el 19 de octubre de 2015 mediante Acuerdo 0012 el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre designó al señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como Director General de esa Corporación sin justificar su perfil, calidades y requisitos de elegibilidad. Normas Violadas El demandante señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 40-7, 125 y 209 de la Constitución Política.  El artículo 275—5 del CPACA  El artículo 1 de la Ley 1263 de 2008.  El artículo 1° de la Ley 1263 de 2008.  El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.  Sentencias C-105 de 2003 y 288 de 2014. Concepto de Violación Aduce el actor que en el proceso de elección del Director de la Corporación

Autónoma Regional de Sucre no se garantizó el principio de mérito, en atención a que la persona elegida no era la de mejor perfil para ocupar ese cargo. A la vez indica que, a pesar de que en la convocatoria se señaló que se guiaría por los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad, lo cierto es que no fueron respetados, pues el Consejo Directivo de CARSUCRE no publicó el análisis que realizó a la hoja de vida de los aspirantes y concluyó que el demandado era la persona mejor capacitada para el ejercicio del cargo. Refiere que la elección por el voto discrecional de los integrantes del Consejo Directivo de esa corporación no permite la protección de los principios previamente citados sino aquellos meramente partidistas, máxime cuando no se presentó un informe donde se pudiera establecer quienes de los aspirantes ostentaban las mejores condiciones y capacidades para el ejercicio del cargo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señala finalmente en su demanda que el proceso de elección demandado no cumplió el requisito de publicidad pues no se informó el contenido de las hojas de vida de los aspirantes, tampoco la calificación de los curriculum vitae ni mucho menos del perfil que los candidatos debían cumplir para el ejercicio del cargo. Pretensiones de la Demanda Como pretensiones de la demanda se indicó por el accionante: «1. Que es nulo el ACUERDO 0012 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015,

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE-, “POR MEDIO DEL CUAL SE

DESIGNA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, que declaró la elección

de JOHNNY ALBERTO AVENDAÑO ESTRADA como DIRECTOR

GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE

(CARSUCRE), como consta en el Acto Administrativo que en copias simple adjunto.

2. Que se declárela nulidad de la Elección de JOHNNY ALBERTO

AVENDAÑO ESTRADA como DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) para el periodo 2016-2019, por encontrarse incurso en la causal quinta del artículo 275 del C.P.A.C.A.

3. Que como consecuencia de lo anterior, ordénese la práctica de nueva convocatoria de elección conforme lo establece el artículo 288 del C.P.A.C.A.» Admisión de la Demanda Mediante auto del 25 de febrero de 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor, dispuso informar a la comunidad de la existencia del proceso y denegó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

Contestación de la Demanda Tal como se argumentó en la audiencia inicial, la contestación de la demanda fue presentada de manera extemporánea, razón por la cual esos argumentos no pueden ser tenidos en cuenta para definir el asunto y por lo tanto no serán tenidos

en cuenta en el presente concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Verificados los presupuestos procesales no se observa vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, luego procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que le corresponde en el presente asunto. Preciso señalar que el análisis jurídico de la presente demanda se encaminará de manera concreta a resolver la fijación del litigio efectuada con la dirección del H. Consejero Ponente en la audiencia inicial y cuyo objeto es concretamente determinar:  «Si el principio del mérito implica que en el proceso de convocatoria pública adelantado para la elección del Director de CARSUCRE, debía escogerse al mejor de los candidatos. En caso afirmativo, si el señor Johnny Alberto Avendaño Estrada fue el mejor y por tanto debía ser elegido en dicha convocatoria.  Si en el trámite de la elección del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como Director de CARSUCRE se desconocieron los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad y mérito, especialmente, en lo que tiene que ver con la calificación de las hojas de vida y la posibilidad de objeción que frente a esta calificación tuvieron los demás candidatos.» En atención a la fijación del litigio señalada, procederemos a determinar si el acto

demandado es nulo o no, examinando el concepto de violación propuesto, así:

1. Violación al sistema de mérito.

Considera el demandante que el acto de elección demandado se encuentra viciado de nulidad, en tanto que dicho proceso vulneró el principio al mérito por cuanto el elegido no es la persona con mejor perfil para ocupar el cargo. Al respecto debe indicarse que el sistema de méritos no se encuentra consagrado para efectos de la Designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales, pues sobre ese aspecto la normativa que reglamenta la materia, no lo consagró como factor determinante para la escogencia. Surge entonces que los organismos de dirección de dicha entidad son autónomos en adoptar el procedimiento de selección que a bien tengan o el que consideren apropiado sin menoscabar los derechos de los participantes. Sobre la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, señala el artículo 23 de la Ley 99 de 1993: «ARTÍCULO 23. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley.» Por su parte, el artículo 24 Ejusdem señala que los órganos de dirección y administración de las CAR son tres: la Asamblea Corporativa, el Consejo Directivo y el Director General; a su vez, el artículo 27 enlista dentro de las funciones del Consejo Directivo la de nombrar al Director General de la Corporación, para un período de cuatro años. Así pues, las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentran dotadas de autonomía administrativa, se rigen por normas especiales, por normas propiascontenidas en sus estatutos-se rigen por sus propias autoridades, las cuales son elegidas por ellas mismas y, así pues, la designación del Director de las CAR corresponde al Consejo Directivo. Ahora bien, el artículo 125 Constitucional señala que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, pero se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Pues bien, no obstante existir un régimen general de los cargos públicos que involucra pertenecer al régimen de carrera, de este deben exceptuarse los que

determine la Ley, que para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales, no se encuentra determinado en esta categoría, por lo que ha de considerarse que son las autoridades propias de dichas entidades las que determinan el régimen de sus cargos. Sobre este punto, indicó la Sección Primera del Consejo de Estado: «Conforme quedó visto, la Ley 99 de 1993 contiene las normas que reglamentan la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra la atribución conferida al Consejo Directivo para el nombramiento del respectivo Director, sin que se le haya impuesto a aquél un procedimiento o método específico para la correspondiente designación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 7, de la Constitución Política, corresponde al Congreso y no al Gobierno “… reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía”. (Negrilla fuera del texto) A su vez, el literal h) del artículo 116 de la Ley 99 de 1993, dispone que el Gobierno dictará “las medidas necesarias para el establecimiento, organización o reforma y puesta en funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen Especial, creadas o transformadas por la presente Ley y de conformidad con lo en ella dispuesto…” (Negrilla fuera del texto)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co De lo anterior se desprende que si la Ley no impuso procedimientos

especiales para la designación de los Directores Generales de las CAR, mal podría el reglamento determinar fórmulas para esos efectos sin exceder con ello el límite de la potestad reglamentaria y vulnerar la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales. En cuanto al mérito, esta Corporación ha precisado que “…la consideración del mérito no es incompatible con la facultad de libre nombramiento y remoción o de designación en cargos de período, ya que el nominador en ejercicio de esa facultad precisamente puede optar por ese mecanismo si a bien lo tiene, y si el mismo es una forma de propender por el mejoramiento del servicio”1. Asunto distinto, conforme lo precisó la Corte Constitucional en la precitada sentencia, la remoción de tal funcionario, no obstante la facultad discrecional para su nombramiento, el retiro, dado el período fijo de éste, exige la ocurrencia de causales que lo justifiquen. Como corolario de lo anterior, bajo las disposiciones de la Ley 99 de 1993, la decisión de recurrir a un procedimiento fundado en el mérito debe ser del nominador, en este caso del Consejo Directivo y no del Gobierno mediante decreto reglamentario. En el mismo sentido el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, señala: “ARTICULO 40. ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES SUJETOS A RÉGIMEN ESPECIAL. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos

establezcan las respectivas leyes”. (Negrilla fuera del texto). Lo precedentemente expuesto, pone de manifiesto que no le era dable al Gobierno señalar la realización de un concurso público para la designación del Director de las Corporaciones Autónomas, como tampoco a motu proprio ampliar las convocatorias que habían hecho las corporaciones para analizar las hojas de vida que se presentaran. En este orden de ideas, el Decreto 3345 de 2003 estableció un procedimiento no contenido en la Ley 99 de 1993, esto es, ordenar a los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales realizar un procedimiento público y abierto que tenga en cuenta el mérito, lo que manifiestamente excede lo dispuesto en la referida ley, por lo que deberá decretarse la nulidad del citado acto administrativo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia2.» Por tal razón las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro del marco de su autonomía y por intermedio de sus propias autoridades, en este caso, el organismo nominador actúa independiente para efectos de determinar el sistema a emplear para la designación de su Director General. 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil siete (2007). Consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero. Radicación número 25000-2325-000-2002-04028-01(3648-04) 2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. Consejera

ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. Fallo del dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010). Radicación número:

11001-03-24-000-2003-00534-01. Actor: CARLOS GUILLERMO ORDOÑEZ GARRIDO

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Conforme a lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, debidamente facultado para ello, adoptó el procedimiento específico para la designación del Director General mediante Acuerdo 00006 del 24 de septiembre de 2015, disponiendo que la misma se realizaría mediante convocatoria pública en sesión ordinaria o extraordinaria de entre los candidatos que conforman la lista definitiva que cumplen requisitos para el ejercicio del cargo, valga decir, sin consideraciones a criterios propios del mérito tales como pruebas de conocimiento o entrevistas, eso sí, indicó dicho organismo que el proceso se realizaría consultando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad. Por ninguna parte se observa que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre señalara que el proceso de designación del Director General se haría mediante concurso público. No había la imposición u obligación legal para ello. Sobre el particular ya se ha pronunciado la Sección Quinta del Consejo de Estado al precisar: «Sin embargo, aún queda por resolver este interrogante: ¿Por virtud del

principio del mérito la elección de Director de la CAR debió estar precedida de prueba de conocimientos y aptitudes, y una entrevista? El constituyente, en el artículo 125 Superior, fijó algunas pautas de interés para absolver el anterior interrogante. En primer lugar, que por regla general los empleos públicos son de carrera, lo cual significa que para acceder a ellos se debe realizar un proceso público de selección inspirado en el mérito de los aspirantes, quienes por lo mismo deben someterse a la presentación y aprobación de las pruebas que al efecto se establezcan. Ello no se opone, por supuesto, a que mientras el resultado del concurso se conoce, la provisión de los cargos se haga a través de otras formas de vinculación laboral, como sería el caso de los nombramientos provisionales. En segundo lugar, que se exceptuaron del régimen de carrera los empleos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales “y los demás que determine la ley.”. De lo último se deriva que el constituyente defirió en el legislador la competencia para prescribir qué otros empleos no estan sujetos al régimen de carrera. Así lo entendió el legislador, quien en su momento expidió la Ley 443 de 11 de junio de 1998 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.”, en cuyo artículo 5º hizo la clasificación de empleos y determinó que no estaban cobijados por el régimen de carrera los de elección popular, los de período fijo según la Constitución y la ley, algunos que se ejercieran en las comunidades indígenas, los de trabajadores oficiales y los de libre nombramiento y remoción.

Además, aunque esta ley fue derogada en la mayoría de sus artículos3 con la expedición de la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”, ésta ley reprodujo la anterior clasificación de empleos en el artículo 5º, en particular en el sentido de excluir del régimen de carrera dichos cargos, entre ellos los de período fijo según la Constitución y la ley. Y, en tercer lugar, que las autoridades facultadas para determinar el sistema de nombramiento de los cargos públicos, son el constituyente y el legislador. Es 3 La Ley 909 de 2004 mantuvo la vigencia de los artículos 24, 58, 81 y 82 de la Ley 443 de 1998. Así lo dispuso en su artículo 58.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co decir, que únicamente ellos pueden establecer si un cargo público es de carrera, de período fijo o de libre nombramiento y remoción, etc. Cualquiera otra autoridad que incursione en la materia estará actuando por fuera de sus competencias legalmente asignadas y los actos que así profiera estarán viciados de nulidad. (…) Conforme a las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que según el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, el

Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales es elegido para un período institucional de cuatro años, resulta dable afirmar, a su vez, que su provisión está excluida del sistema de carrera, y que por lo mismo el Consejo Directivo de la CAR no tenía el deber de implementar prueba de conocimientos y aptitudes y una entrevista dentro del procedimiento desarrollado para escoger al Director. Pensar que con sólo acudir a los principios constitucionales bastaba para inferir que el Consejo Directivo de la CAR tenía el deber de adoptar un proceso de selección propio de los cargos públicos sometidos al régimen de carrera, pese a estar claro que el cargo de Director no forma parte del mismo, sería tanto como asumir una postura contraria al ordenamiento Superior, que como se dijo reservó para el constituyente y el legislador la competencia de fijar la forma en que deben proveerse los cargos del Estado. (…) Este pronunciamiento ratifica lo discurrido por la Sala en torno a que el cargo de Director de las CAR no está sujeto al régimen de carrera, que su forma de provisión es del resorte del constituyente y del legislador, y que únicamente ellos pueden disponer que la escogencia de ese funcionario se haga por medio de un concurso de méritos, en cuyo contexto son de recibo las pruebas que el demandante invoca, pero que para la elección cuestionada no eran exigibles porque las normas que la regulaban preveían otras fases que por el contrario sí fueron atendidas por el Consejo Directivo de la CAR con la expedición del Acuerdo 014 de 19 de junio de 20124.» Esta posición fue reiterada y confirmada en el auto por medio del cual se denegó

la suspensión provisional del acto que aquí se demanda al señalar: «En ese orden, puede concluirse con facilidad que i) el cargo de director de una corporación autónoma regional, no es de carrera, sino de período fijo; ii) su designación compete al consejo directivo de la entidad y iii) no existe un mandato legal que imponga una forma determinada a efectos de realizar el nombramiento5. 4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero Ponent