PGN - NULIDAD ACTO DE ELECCION - No es posible derivar consecuencias jurídicas vinculantes

NULIDAD DE ELECCIÓN-Del Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-No es posible derivar consecuencias jurídicas vinculantes En el asunto en examen no habiendo dispuesto en la sentencia nada sobre la preservación y validez de trámite alguno no puede ahora entenderse que se ha dejado a salvo, éste corre la suerte del acto, es decir, es nulo, por lo mismo carece de valor alguno, de éste procedimiento que culminó con un acto anulado no es posible derivar consecuencias jurídicas vinculantes. Así las cosas, ante la nulidad del acto de elección a la Administración, solo le competía cumplir con la decisión y como la misma no dejaba a salvo trámite o procedimiento alguno le correspondía iniciar uno nuevo con el fin de lograr la elección y designación del Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado. Este primer cargo en consideración de esta Agencia del Ministerio Público está llamado al fracaso, no prospera, no enerva la presunción de legalidad que ampara la decisión administrativa, debe ser desestimado. La sentencia no señaló condicionamiento alguno, se limitó a declarar la nulidad de la elección y como la consecuencia derivada de este hecho es la vacancia del cargo con carácter definitivo le corresponde a la Administración iniciar el procedimiento respectivo encaminado a lograr la provisión del cargo. ACTO ADMINISTRATIVO ELECTORAL-No se probó que el demandado estuviera excluido del procedimiento que se adelantó para proveer el cargo Dice el actor que en el designado se presentaba una causal de inelegibilidad. Este cargo

no está llamado a prosperar y se refiere a un hecho que no tiene incidencia en esta nueva designación, pero además, como lo señaló el H. Consejero al decidir sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto contentivo de la elección, al sustentar el demandante su pretensión de nulidad en una causal de inelegibilidad, en concreto por considerar que en el designado se presenta una inhabilidad, ha debido precisar la norma que la consagra, por cuanto que las inhabilidades como se dejó consignado en el auto “son circunstancias que restringen e impiden la participación de una persona para ser elegida o designada para un cargo público, es obvio que merece que la conducta prohibida esté consignada en la norma y acredite su ocurrencia respecto del elegido, situación que no acontece en el asunto bajo examen, pues no se probó que el demandado estuviera excluido del procedimiento que se desarrolló y adelantó la Comisión Sexta del Senado con el fin de proveer dicho cargo”. NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-No se desvirtuó la legalidad del acto demandado Como se considera inhabilidad aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público, hecho expresamente contemplado como causal de nulidad conforme lo señala el numeral 5° del artículo 275 del CPACA, cuando esta circunstancia se invoque como fundamento para deprecar la nulidad de un acto de elección o de designación corresponde al actor señalar la norma constitucional o legal que la consagra y del haz de normas que el actor

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co ha señalado como transgredidas y que fundamentan su pretensión no se encuentra disposición alguna que le prohíba al designado participar en el proceso de elección. Con fundamento en las consideraciones que se han dejado señaladas esta Delegada considera que la pretensión de nulidad propuesta por el actor y conforme a la cual pretendía se declarara la nulidad del acto de elección del Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República no está llamada a prosperar, los argumentos no enervan la presunción de legalidad del acto demandado. ACTO ELECTORAL-Jurisprudencias del Consejo de Estado

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., Abril 21 de 2016 Concepto No. 0032 Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio

H. Magistrado ponente

Sección Quinta-Sala Contencioso Administrativo Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000201500029 00.

Actor: Gerardo Antonio Arias Molano.

Demandado: Jorge Eliécer Laverde Vargas.

Asunto: Nulidad del acto administrativo de elección del doctor Jorge

Eliécer Laverde Vargas como Secretario de la Comisión Sexta

Constitucional Permanente del Senado de la República.

Respetado señor Consejero: Como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia, presento a consideración de la H. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado los siguientes planteamientos jurídicos, a efectos de que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I – ANTECEDENTES La demanda

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El ciudadano Gerardo Antonio Arias Molano en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó la nulidad del acto de elección del doctor Jorge Eliécer Laverde Vargas como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Hechos de la Demanda Dice el demandante que mediante sentencia del 03 de agosto de 2015 con ponencia del doctor Alberto Yepes Barreiro, el Consejo de Estado, Sección Quinta anuló la elección del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, al haberse incurrido en varias irregularidades ya que la convocatoria fue ampliada sin justa causa, lo cual generó una anomalía sustancial en el procedimiento surtido para realizar dicha elección. Se precisa que la sentencia señalada no anuló en su integridad el trámite por medio del cual el Senado de la República convocó para elegir al Secretario de la

Comisión Sexta de esa célula Legislativa, por lo cual, en su sentir, dicha convocatoria sigue vigente con las reglas allí establecidas, lo cual impone la continuidad del proceso allí iniciado. Asevera que no obstante la anterior imposición, mediante Resoluciones 022 y 026 de agosto y septiembre de 2015, respectivamente, la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó la realización de una nueva convocatoria a efectos de elegir al Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, la cual produjo nuevamente la designación del aquí demandado como secretario de dicha Comisión.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Recalca el actor que dicha actuación debe ser considerada como una maniobra “engañosa o triquiñuela o trampa” en la que el Congreso de la República se “burló” de la autoridad jurisdiccional (Consejo de Estado) utilizando esa nueva convocatoria con el fin de no dar cumplimiento al fallo mediante el cual se había decretado la nulidad de la anterior elección del demandado como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Normas Violadas El demandante señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 40, 53, 83, 86, 90, 91, 92, 93, 113, 115,

116, 124, 209, 228 y 238 de la Constitución Política.  Los artículos 4, 6, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 68, 70, 1740 y 1742 del Código Civil.  Los artículos 302, 331 y 332del Código de Procedimiento Civil.  Los artículos 1, 2, 3, 5, 9, 10, 41, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 87, 88, 91, 103, 104, 135, 137, 139, 189, 192, 275, 229, 230 y 231 del CPACA.  Los artículos 46, 49, 50, 55, 60, 138 y concordantes de la Ley 5ª de 1992.  Los artículos 340, 413, 416 y 459 del Código Penal. Concepto de Violación El actor hace una breve referencia a lo que, en su sentir, con la expedición del acto acusado se vulnera cada una de las normas señaladas como infringidas. Así mismo, indica que el acto acusado es expedido con infracción a las normas en que debía fundarse por no haberse dado aplicación a la sentencia que decidió sobre la nulidad de la anterior elección del hoy demandado. Así mismo indica que, al no cumplir con dicha sentencia se asumió una competencia que no se ostentaba.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Precisa que se infringió el derecho de las personas que se habían inscrito en la primera convocatoria de forma regular y que la sentencia no los excluyó del proceso y, por ende, con ellos debió procederse a realizar la elección que hoy se demanda y no mediante una nueva convocatoria. Pretensiones de la Demanda Como pretensiones de la demanda se indicó por el accionante: «1. Declarar que es NULO el acto de ELECCIÓN del Señor JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, contenido en ACTA CINCO (05), fechada del 9 de septiembre de 2015, cuya publicación aún no se ha realizado formalmente en la Gaceta del Congreso de la República, en razón de los aspectos que se narran en el capítulo de HECHOS de esta demanda.

2. ORDENAR, como consecuencia de las DECLARACIONES anteriores, al Congreso de la República, que realice los actos necesarios para que la Comisión de Acreditación Documental del CONGRESO DE LA REPÚBLICA y, concretamente, la Comisión Sexta Constitucional Permanente del SENADO DE LA REPÚBLICA, convoque a una nueva elección para designar al SECRETARIO de esa Comisión dando cumplimiento estricto a la sentencia del Consejo de Estado proferida dentro del proceso de GERARDO ANTONIO ARIAS MOLANO contra EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Numerado con el 2014-125 acumulado con el 2014-128, fechada del 3 de

agosto de 2015, con magistrado Ponente Doctor Alberto Yepes Barreiro, es decir, bajo la connotación especial de incluir dentro de esta para su elección y/o nombramiento, exclusivamente a las personas que se inscribieron observando las formalidades de ley y dentro del término de la CONVOCATORIA, esto es, “a partir del día 02 de julio de 2014 a las 8 AM”, “hasta el día 04 de julio de 2014 a las 5 PM” y en consecuencia, con la exclusión de los inscritos con posterioridad, dentro de los cuales se encuentra el designado o seleccionado o nombrado JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS, tal como se establece en el cuerpo estructural de la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del precitado Honorable Consejo de Estado.

3. ORDENAR el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en el Ordenamiento de lo Contencioso Administrativo.

4. CONDENAR en costas del proceso y en agencias en derecho a la demandada por haber sido responsables del proceder ilegal.

5. En atención a la dimensión de las irregularidades, su abierta, evidente y protuberante desconocimiento de la ley vigente y su contradicción con ella, así como el desconocimiento, oposición, contradicción e incumplimiento de la precitada sentencia del Consejo de Estado que se determina y precisa en

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www.procuraduria.gov.co esta demanda, ordenar que la conducta de los integrantes de la Comisión Sexta y en general de la Mesa Directiva de Congreso de la República (sic), se investigue penal y disciplinariamente, por infracciones al Código Penal por PREVARICATO, FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL y OTROS, y por las faltas gravísimas de carácter disciplinario en que incurrieron de conformidad con las descripciones típicas contenidas en el estatuto vigente.» Admisión de la Demanda Mediante auto del 15 de diciembre de 2015 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor, dispuso informar a la comunidad de la existencia del proceso y denegó la suspensión provisional del acto acusado. Contestación de la Demanda Por parte de la Nación-Congreso de la República-Senado de la República Por intermedio de apoderado judicial ésta entidad se pronunció frente a las pretensiones de la demanda oponiéndose a todas y cada una de ellas, aduciendo que muchas de las disposiciones invocadas como vulneradas no tienen nada que ver con los hechos que sustentan la misma y por ende no deben ser consideradas. Precisó que la sentencia proferida por el Consejo de Estado por medio de la cual se anuló la primera elección del doctor Jorge Eliécer Laverde como Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, no fue modulada y por ende sus efectos son ex tunc; asevera que ningún aparte de la sentencia señalada ordena la reiniciación del proceso de la convocatoria abierta el 25 de junio de 2014 por la

Comisión de Acreditación Documental del Senado de la República, ni mucho menos ordena mantener incólumes las inscripciones allí realizadas con la exclusión de los aspirantes inscritos de manera extemporánea.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por parte del demandado El doctor Jorge Eliécer Laverde Vargas a través de apoderado judicial dio contestación a la demanda solicitando que las pretensiones sean denegadas por ausencia de los supuestos fácticos y jurídicos. Precisó la defensa que los cargos que presenta el demandante no son más que una desatinada manera de interpretar la sentencia de la Sección Quinta del 3 de agosto de 2015, proferida dentro del proceso radicado bajo el No. 2014-000128-00 y 2014-000125-00 (acumulados) por medio del cual se declaró la nulidad del ciudadano Laverde Vargas como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República. Lo anterior, toda vez que dicho ciudadano cumplía y cumple con los requisitos y calidades para ser elegido en dicho cargo, habida cuenta que es Colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y contaba con más de 30 años de edad al momento de su elección. Se señaló por el abogado del demandado que parece ser que el demandante entiende que el fallo referido precedentemente dejó incólume el procedimiento previo anterior a la declaratoria de la elección anulada, lo cual resulta desacertado

toda vez que la declaratoria de nulidad por irregularidades en la expedición del acto administrativo cobija todo el trámite del procedimiento al ser un elemento de validez del acto, por lo cual no es procedente que sobre un aspecto que fue la causa de la declaratoria de una nulidad, se cimento otro acto administrativo, ya que éste también nacería viciado de nulidad.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Además de lo anterior, en ninguna parte de la sentencia tantas veces referida se indica que “allí se dejó incólume la actuación administrativa surtida con anterioridad a la expedición del acto acusado”, ni tampoco se dispuso la reiniciación del proceso de convocatoria que dio origen al acto cuya nulidad fue decretada, ni mucho menos se prohibió al Senado de la República efectuar una convocatoria pública para efectos de designar el cargo de Secretario cuya nulidad fue decretada.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales no se observa vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, luego, procede esta Delegada del Ministerio Público a emitir el concepto que le corresponde en el presente asunto.

Es preciso señalar que el análisis jurídico de la presente demanda se encaminará de manera concreta a resolver la fijación del litigio efectuada con la dirección del

H. Consejero Ponente en la audiencia inicial y, cuyo objeto se dirige concretamente a determinar si: «1) la elección del señor Jorge Eliécer Laverde Vargas como Secretario General de la Comisión Sexta del Senado de la República para el periodo 2015-2018, contenida en el Acta No. 07 de nueve (9) de septiembre de dos mil quince (2015), publicada en la gaceta del Congreso número novecientos sesenta y dos (962) del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015), desconoce los artículos que cita el actor en su escrito de corrección de demanda, y cuya acusación se concreta en la imposibilidad de convocar a un nuevo proceso para la elección de dicho cargo, en razón a que el accionante alega que debió haberse continuado con el procedimiento adelantado con ocasión de la convocatoria a elección que culminó con el Acta número 02 de dos mil catorce (2014), pues asegura que la sentencia del tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) dictada en el proceso acumulado radicado bajo el número 2014-0128, solo afectó el trámite que se

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co consideró irregular y mantuvo la legalidad del resto del procedimiento. Con tal fin se analizará si se incurrió en las causales de anulación de carácter general contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

contencioso administrativo, en cuanto a: i) Infracción de normas superiores en las que se debía fundar; ii) La falta de competencia de la entidad, que hace radicar en el presunto incumplimiento del fallo de nulidad dictado el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), pues considera que el Senado de la República no podía convocar de nuevo a una “inscripción para proveer el cargo de secretario de la comisión sexta constitucional permanente del Senado de la República” sino que tenía que retrotraer la actuación de elección frente a los inscritos hasta antes de la prórroga ilegal, pues, según criterio del actor, así lo dispuso la sentencia del 3 de agosto de 2015; iii) La específica de los actos electorales, en relación con la inelegibilidad (sic) que predica del demandado por cuanto estima que su inscripción en la convocatoria anulada se hizo de manera irregular al haber ocurrido en una prórroga ilegal, que fue motivo de la anulación del acto de elección en el tantas veces referido fallo. Que por éste motivo estaba impedido para participar en el trámite que debía adelantarse para proveer el cargo, por haber sido excluido.»

1. Violación de las normas constitucionales y legales en las que debía fundarse Conforme a lo que se dejó consignado en el acta de audiencia inicial este primer cargo se propone con el fin de determinar y decidir si “el acto de elección desconoce los artículos que cita el actor en su escrito de corrección de la demanda (fls. 57 a 69), y cuya acusación se concreta en la imposibilidad de

convocar a un nuevo proceso para haberse continuado con el procedimiento adelantado con ocasión de la convocatoria a elección que culminó con el Acta número 2 de dos mil catorce (2014), pues asegura que la sentencia del tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) dictada en el proceso acumulado radicado bajo el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co número 2014 0128 sólo afectó el trámite que se consideró irregular y mantuvo la legalidad del resto de procedimiento”. Las sentencias que se profieran para decidir los asuntos litigiosos sometidos a consideración de los jueces son obligatorias en los términos que en ella se expresen, por manera que si la sentencia no ha señalado condición alguna no le corresponde al particular darle un sentido distinto al que dejara sentado el juez en su decisión; la sentencia por esencia es obligatoria por cuanto que lo decidido por el Juez se torna vinculante, obligatorio y por lo mismo inmodificable, y se reitera, no le corresponde a las partes o a particulares ajenos a la controversia interpretar sus alcances, a ellos solo les es dado cumplirlas sin posibilidad de sustraerse a lo decidido. Sobre el carácter obligatorio de la sentencia esta Delegada se permite citar lo que sobre el particular expresó la Sala de Consulta y del Servicio Civil de esa H. Corporación, dijo la H. Sala: “El concepto de sentencia, junto con los de jurisdicción y acción, constituyen

los pilares básicos de la administración de justicia encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas.3 En este orden de ideas, la función jurisdiccional autónoma e independiente que ejercen las corporaciones y las personas dotadas de investidura legal para impartir justicia, se concreta en las sentencias que ponen fin a las controversias sometidas a su conocimiento, las cuales hacen tránsito a cosa juzgada y deben ser observadas, respetadas y acatadas por los particulares y la administración, en forma voluntaria o coercitiva, a través de los mecanismos legales previstos para lograr la efectividad de los derechos en ellas reconocidos. En concordancia con la teoría general, el artículo 174 del Código Contencioso Administrativo prevé que "las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias para los particulares y para la administración" y no están sujetas a "recursos distintos" a los establecidos en dicho estatuto, de manera que una vez cobren ejecutoria se producen sus efectos. Respecto de las acciones populares, a las cuales se refiere el Ministro en su Consulta, el artículo 34 de la ley 472 de 1998, establece que el juez en las sentencias proferidas como resultado de dichas acciones puede exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, emitir órdenes de hacer o de no hacer y condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Acto seguido, el mismo artículo prevé que el juez debe definir "de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante"4 y señalar el plazo “prudencial de acuerdo con el alcance de sus determinaciones", dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia hasta terminar su ejecución. Adicionalmente, la ley autoriza al juez la conformación de comités de verificación del cumplimiento de las sentencias y en el artículo 41 ibídem regula la figura del desacato para quien incumpla la "orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares". En tratándose de la acción de tutela, también el artículo 27 del decreto 2591 de 1991 dispone que los fallos de tutela deben cumplirse "sin demora", so pena que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y se abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél y de las sanciones por desacato. En este caso, al igual que en las acciones populares, el juez mantiene la competencia hasta garantizar que el derecho está "completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza". En estos términos, resulta claro, que las sentencias ejecutoriadas que se

dicten tanto en los procesos contenciosos administrativos, como en las acciones constitucionales para proteger un interés colectivo o un derecho fundamental, son órdenes o mandatos que emite el juez dentro de la potestad constitucional y legal de administrar justicia. De ahí que su cumplimiento no depende del ánimo o de la voluntad de la administración pública o de los servidores públicos, pues éstos no tienen la potestad de acogerlas o no, ni de evaluar si su cumplimiento se posterga en el tiempo. El Código Contencioso Administrativo y las normas que regulan el procedimiento en las acciones constitucionales citadas, por el contrario, señalan expresamente que las sentencias ejecutoriadas son obligatorias, no están sujetas a recursos distintos a los en ellas consignados y su cumplimiento es inexcusable e impostergable, máxime cuando en dichos fallos se proteja un derecho fundamental o colectivo. 1 En el caso que se examina el actor propende por que se entienda que la sentencia que declaró la nulidad de la elección del señor Laverde Vargas proferida por el H. Consejo Estado – Sección Quinta – el 3 de agosto de 2015, ha dejado incólume el procedimiento que se había adelantado y que culminó con la designación que se 1 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil – Consejero ponente: doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo – Noviembre 15 de 2007 - Radicación No. 1001-03-06-000-2007-00092-00 - Número: 1863

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co anuló, que la decisión de la H. Corporación sólo comprende el procedimiento que generó la nulidad no así los trámites que se dieron con anterioridad a ella. Este argumento no es de recibo ni puede prosperar por cuanto que como se dejó dicho solo el juez puede determinar los efectos de su decisión y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso electoral así ha procedido como cuando decidió sobre la nulidad de la elección del Rector de la Universidad Nacional y bajo el entendido de que el vicio de nulidad sólo afectaba la votación propiamente tal, consideró que se debía preservar todo lo actuado hasta ese momento e impartió la orden al cuerpo colegiado de ese ente de educación superior para que procediera a efectuar solo la elección no obstante que declaraba la nulidad del acto de elección; en esa decisión la H. Sección dijo en su parte considerativa que “ …como quiera que las irregularidades que determinaron la nulidad del acto administrativo cuestionado se presentaron en la etapa de la votación destinada a elegir al Rector de la Universidad efectuada por los miembros del Consejo Superior de dicha institución, se ordenará que de la terna integrada por los doctores Myriam Esther Jimeno Santoyo, Marco Antonio Palacios Rozo y Víctor Manuel Moncayo Cruz, se proceda a la votación y se elija a dicho funcionario respetando la mayoría decisoria requerida, es decir, con un mínimo de cinco (5) votos” y en la decisión en su resuelve señaló lo siguiente: “ Para

efectos de la nueva elección del Rector, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia la realizará con base en la terna ya integrada, teniendo en cuenta las pautas indicadas en la parte motiva de esta providencia”.2 Como se infiere del antecedente jurisprudencial que se dejó citado es el Juez quien expresamente y en el cuerpo de la sentencia fija el sentido y alcance de su decisión, por manera que ante su silencio no le es dado a las partes o a quienes tienen que cumplirlas, interpretarlo; lo anterior implicaría incurrir en el absurdo de permitirle a los sujetos procesales fijar el sentido de la decisión y por ende que se arroguen la condición de jueces de la causa; es lo cierto que la obligatoriedad de 2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Consejera ponente doctora María Nohemí Hernández Pinzón – sentencia de 11 de diciembre de 2003 - Radicación número: 11001-03-28-000-2003-001601(3115-3116) - Actor: Pedro José Hernández Castillo y otro - Demandado: Rector de la Universidad Nacional de Colombia

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co la sentencia es asunto que no amerita discusión, es de su esencia como se dejó anotado y a las partes y a los obligados por razón de la decisión sólo les corresponde su cumplimiento sin que puedan condicionar el mismo o la eficacia de

la decisión como es lo pretendido por el actor que propugna porque se entienda que la decisión del 3 de agosto de 2015 solo afecta la designación mas no el procedimiento adelantado y que en ese entendido no era dable adelantar un nuevo procedimiento, para la designación. En el asunto en examen no habiendo dispuesto en la sentencia nada sobre la preservación y validez de trámite alguno no puede ahora entenderse que se ha dejado a salvo, éste corre la suerte del acto, es decir, es nulo, por lo mismo carece de valor alguno, de éste procedimiento que culminó con un acto anulado no es posible derivar consecuencias jurídicas vinculantes. Así las cosas, ante la nulidad del acto de elección a la Administración, solo le competía cumplir con la decisión y como la misma no dejaba a salvo trámite o procedimiento alguno le correspondía iniciar uno nuevo con el fin de lograr la elección y designación del Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado. Este primer cargo en consideración de esta Agencia del Ministerio público está llamado al fracaso, no prospera, no enerva la presunción de legalidad que ampara la decisión administrativa, debe ser desestimado.

2. La falta de competencia de la entidad para convocar a una nueva inscripción Este cargo como se indicó en el acta de audiencia inicial el demandante lo hace “…hace radicar en el presunto incumplimiento del fallo de nulidad dictado el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), pues considera que el Senado de la República no podía convocar de nuevo a una “inscripción para proveer el cargo

de secretario de la comisión sexta constitucional permanente del Senado de la República” sino que tenía que retrotraer la actuación de elección frente a los

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