PGN - NULIDAD - Afectación sustancial de deberes funcionales

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad FALLO SANCIONATORIO-Suspensión de Procurador Judicial 2 Penal INDAGACIÓN PRELIMINAR-Recopilación de pruebas Es de aclarar que el término de los 6 meses, establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, está referido al agotamiento de la actividad probatoria, pues una vez vencido este periodo, corresponde al operador valorar la procedencia de la investigación disciplinaria, lo que conlleva el estudio del caso y la evaluación del material probatorio para determinar si procede el archivo de la investigación o la apertura formal de la misma, al respecto señaló la Corte Constitucional: “el lapso de los seis meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el período de indagación, lo que permite que ese período sea utilizado íntegramente para la recopilación de pruebas” NULIDAD-Afectación sustancial de deberes funcionales De manera que no se observa afectación sustancial o manifiesta irregularidad lesiva de derechos fundamentales que pueda conllevar a dictar la nulidad de la actuación procesal y de la sanción en él impuesta contra el disciplinado, a lo cual se agrega que en trámite de segunda instancia no hubo ninguna actuación adicional a dictar fallo de segunda instancia; entonces, afirmar que por el sólo vencimiento de los términos en cualquier etapa del proceso implica que el investigador deba dictar el archivo, sin atender la situación concreta, es dar lugar a la impunidad.

VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA-Derecho de defensa/VERSIÓN LIBRE Y

ESPONTÁNEA-Solicitada por el disciplinado es obligatoria Conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, la versión libre es un derecho del investigado que no está limitado a la indagación preliminar sino que se puede materializar “en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia”, debe tenerse en cuenta que rendir versión no es una obligación para el procesado sino que constituye un acto de defensa, en tanto es una de las oportunidades para que el disciplinado fije su posición con respecto a los hechos cuestionados, y una herramienta para ejercer su derecho de defensa el cual debe asegurarse permanentemente, sin que este restringido a una etapa determinada. Aunque se aceptara como irregular el que no obrara versión libre dentro de la etapa investigativa a pesar de la falta de ejercicio de defensa del disciplinado, tal situación no es suficiente para entender socavadas las bases fundamentales de la instrucción porque en aplicación del principio residual, la nulidad sólo puede decretarse cuando no exista otro remedio procesal, y vimos que tan pronto el disciplinado ejerció su derecho a solicitar versión la misma fue ordenada por la primera instancia, superando cualquier situación irregular. Como el mismo recurrente lo señala, cuando la versión libre es solicitada por el disciplinado tiene el carácter de obligatorio para el investigador, y así lo entendió la primera instancia. FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO-Propugnar por la defensa del orden jurídico/FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO-Deber funcional Radicado No. 161-4560 Como lo establece la norma, para hacer efectiva esta misión constitucional, el Procurador

General de la Nación puede actuar directamente o a través de sus agentes, quienes deben cumplir las tareas asignadas por su superior con diligencia y esmero, propugnando por el respeto de las garantías de los sujetos procesales y demás objetivos necesarios para materializar la función constitucional asignada. Una vez establecido que la intervención dentro del trámite de apelación y traslado de la sentencia en comento constituía un deber funcional para el agente del Ministerio Público, revisemos si la interposición del recurso de apelación efectuada por el apoderado del procesado dentro del proceso penal hacía “inane” la intervención del disciplinado, como lo alega en su memorial. MINISTERIO PÚBLICO-Procurador General como supremo director Por el contrario, la misma Constitución en el artículo 275 señala que el Procurador General de la Nación es el supremo director del Ministerio Público y en ejercicio de esas funciones y las establecidas en el artículo 277, es quien fija las pautas de actuación las cuales deben ser acatadas y cumplidas por sus agentes, quienes intervienen previa designación que se haga en cada caso; además, el artículo 122 constitucional establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y el artículo 123 ejusdem, en clara concordancia, señala que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, luego la función reglamentaria no es ajena ni contraria a la norma superior, de manera que el Procurador General de la Nación está facultado constitucional y legalmente para dictar directrices a sus agentes y en ejercicio de esas potestades bien puede fijar las actuaciones obligatorias para quienes realizan la

función de intervención judicial y en esa línea de actuación se ubica la resolución 202 del 28 de abril de 2003. INCONGRUENCIA DEL FALLO-Delitos no contenidos en la resolución de acusación/INCONGRUENCIA DEL FALLO-Irregularidades sustanciales que lo afectan También es un hecho probado que la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado resultaba incongruente con la resolución acusatoria dictada en contra del sindicado, y conllevó a imponer una condena por delitos no contenidos en aquella providencia, asunto que fue conocido por el agente del Ministerio Público quien tiene como cierto que la providencia contenía un grave yerro en tanto ni el delito de terrorismo ni el de hurto calificado y agravado por los que se condenó al procesado, le habían sido imputados en la resolución de acusación. Frente a una providencia que contenía estas irregularidades sustanciales, correspondía al agente del Ministerio Público intervenir en la oportunidad procesal para controvertir e impugnar la decisión, en correlato del mandato constitucional de defensa del orden jurídico y los derechos y garantías del procesado. Lo primero que debe aclarar la Sala Disciplinaria es que el Ministerio Público no es una institución establecida para conjeturar, pronosticar o hacer suposiciones sobre cuál será la posición jurídica que adoptará un determinado juez o magistrado, sino que el fundamento constitucional de su gestión estriba en intervenir en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales cuando se advierta que existe vulneración de los mismos, máxime en tratándose de errores “crasos o notorios”.

TIPICIDAD-Incumplimiento de deberes La normatividad disciplinaria exige al servidor público cumplir con diligencia y eficiencia los deberes contenidos en la Constitución y las leyes así como acatar las órdenes y directrices 2 Radicado No. 161-4560 dadas por su superior jerárquico, que en este caso son las trazadas por el Procurador General de la Nación quien expidió la Resolución 202 de 2003, deberes que fueron vulnerados por el señor judicial, en su calidad de Procurador 93 Judicial II, con sede en Cúcuta, al haberse comprobado que, teniendo el deber jurídico de actuar, omitió interponer el recurso de apelación frente a la sentencia dictada el 16 de febrero de 2006 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional La antijuridicidad en materia disciplinaria es uno de los rasgos que dan autonomía a este campo del derecho conforme lo plasmó el legislador en el artículo 5 de la ley 734 de 2002 al expresar que el carácter de antijuridicidad de la falta obedece a una afectación injustificada del deber funcional, es lo que se conoce como ilicitud sustancial y que se contrapone al concepto del derecho penal de antijuricidad material, entonces, mientras que la antijuricidad material se fundamenta en el daño al bien jurídico objeto de protección del derecho penal que guarda relación directa con los derechos fundamentales, la ilicitud sustancial se soporta y se agota en el incumplimiento del deber que se contradice con la correcta marcha de la función pública.

Al respecto del caso en estudio, observa la Sala Disciplinaria que la conducta omisiva del disciplinado implicó un quebrantamiento sustancial del deber propio del agente del Ministerio Público de intervenir y actuar con diligencia dentro de los procesos penales a los cuales son asignados, por cuanto la sentencia dictada el 16 de febrero de 2006 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado contenía graves yerros sobre los delitos por los cuales fue hallado responsable y condenado el sindicado, pese a lo cual no interpuso en su oportunidad el recurso de apelación ni tampoco intervino durante el término de traslado para los no apelantes que se extendió hasta el 28 de marzo de 2006, siendo que una de las misiones del Ministerio Público es la defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales de las personas procesadas penalmente, independiente de la conducta por la cual se les esté juzgando. CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-Colisión de deberes/CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD-Error invencible Como quiera que el derecho disciplinario refiere al cumplimiento del deber funcional, admite como causal de exclusión de responsabilidad la colisión de deberes siempre y cuando el deber constitucional o legal realizado sea de mayor importancia que el sacrificado u omitido, causal que atiende y da aplicación al principio de dignidad humana en tanto no puede reprocharse la conducta del sujeto disciplinable cualquiera sea su actuar; caso en el cual se excluye la ilicitud del comportamiento dada la inescindibilidad entre tipicidad e ilicitud sustancial, esto es, se trata de una conducta conforme al ordenamiento jurídico

Para la configuración de esta causal de exclusión de responsabilidad, se exige una valoración al servidor público frente a los deberes en pugna en el caso concreto, ponderación que debe ser la forma característica y exigible de decisión de los servidores públicos cuando están llamados al cumplimiento simultáneo y excluyente de deberes determinando cuál es de mayor categoría o importancia, pero esta hipótesis no es aplicable al caso expuesto Se agrega que el error excluyente de responsabilidad es el invencible, esto es, en error del cual no hubiese forma de salir (artículo 28-6 del CDU: Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria) y en este caso el error que el disciplinado esboza no lo excluye de responsabilidad pues resultaba vencible, máxime al tener en cuenta que el cargo de Procurador Judicial II es del nivel de Magistrados de Tribunal y la asunción del mismo exige un mayor conocimiento y capacidad jurídica, que se trata de un profesional del derecho llamado a conocer sus deberes, de donde se concluye 3 Radicado No. 161-4560 que no existe ningún espacio que permita hablar de error invencible excluyente de responsabilidad. CULPABILIDAD-A título de culpa En materia disciplinaria se aplica la teoría de los numerosa apertus, esto es, que las faltas pueden ser sancionadas a título de dolo o culpa, excepto cuando la estructura del tipo sólo admita la comisión a título de dolo, y vimos que las normas citadas como infringidas relacionadas con el cumplimiento de las órdenes del superior y la necesidad de intervenir con diligencia y eficiencia son tipos disciplinarios imputables a título de culpa y en este

campo del derecho las conductas resultantes de errores vencibles, bien sean errores de tipo o de prohibición, se sancionan a título de culpa. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Jerarquía constitutiva de criterio En el fallo recurrido se sostuvo que el disciplinado actuaba en calidad de Procurador Judicial II, agente del Ministerio Público, jerarquía constitutiva de criterio para determinar la gravedad de la falta imputada (falta grave), y el grado de confianza depositado según lo describe el artículo 43 de la Ley 734 de 2002; la Sala Disciplinaria confirma esta calificación por cuanto la exigibilidad de una actuación cuidadosa y diligente se incrementa en tratándose de personas que ostentan un grado relevante al interior de la entidad, téngase en cuenta que el salario percibido por el disciplinado es similar al de los magistrados ante quienes actúa dada la responsabilidad que asume y la confianza que se deposita en su gestión, expectativas de comportamiento que defraudó afectando la función pública, en consecuencia, se mantiene la calificación de la falta como grave. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Suspensión en el ejercicio de sus funciones Entonces, como la primera instancia impuso al disciplinado la sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones por el término de un (1) mes e inhabilidad para el ejercicio del cargo por el mismo término; la Sala Disciplinaria confirmará la sanción de suspensión impuesta, en atención a que resulta ser la mínima legal aplicable para faltas de esta naturaleza, dejando claro que por tratarse de una conducta calificada como falta grave culposa no hay lugar a imponer inhabilidad, por lo que en este aspecto la decisión recurrida

deberá ser modificada. 4 Radicado No. 161-4560

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., Marzo diez (10) de dos mil once (2011) Aprobado en Acta de Sala No. 11 Radicación No 016-143165 (161 4560) Disciplinado ALVARO LÓPEZ PEÑA Cargo y Entidad Procurador Judicial II Penal Quejoso EDUARDO CONTRERAS LÓPEZ Fecha queja 06-04-2006 Fecha hechos 10-03-2006 Asunto Apelación fallo P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 22 del decreto 262 de 2000 y en razón del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del doctor ALVARO LÓPEZ PEÑA, conoce la Sala Disciplinaria el fallo de fecha 11 de septiembre de 2009, por medio del cual la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales sancionó al implicado con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad para el ejercicio del cargo por el mismo término.

I. ANTECEDENTES PROCESALES Se iniciaron las presentes diligencias con base en queja presentada el 6 de abril del 2006 por el señor EDUARDO CONTRERAS LÓPEZ, (quien para la época se encontraba recluido en el centro Penitenciario de Cúcuta), en contra del doctor ALVARO LÓPEZ PEÑA, Procurador Judicial II Penal, por abstenerse de actuar

dentro del proceso radicado con el No 00149 - 2004, que cursó en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, conducta con la cual habría permitido que “el juez dictara sentencia condenatoria (u.), en un proceso repleto de atropellos jurídicos y violaciones procesales, incluso me condenan por dos delitos no imputados en la resolución acusatoria, este señor procurador observando estas irregularidades, no apeló”. (fl 2 c.o.1). Por auto de fecha 12 de julio de 2006, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales dictó auto de indagación preliminar, radicando el proceso bajo el No 016-143165-2006. (fl 5 c.o.1). Mediante auto del 20 de marzo de 2007, la Delegada para el Ministerio Público dictó apertura de investigación disciplinaria contra el doctor ALVARO LÓPEZ PEÑA por hechos relacionados con su actuación como Procurador 93 Judicial Penal II dentro 5 Radicado No. 161-4560 del radicado 149-2004. Providencia notificada personalmente al disciplinado el día 16 de abril de 2007. (fls 88-90 y 121 c.o.2). Posteriormente, con providencia de noviembre 30 de 2007, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público elevó cargos contra el doctor ALVARO LÓPEZ PEÑA, en su condición de Procurador, (fls 180-186 c.o.2), auto notificado personalmente al implicado el día 12 de diciembre de 2007, siendo informado que el término vencía el

18 de enero de 2008, fecha en la que presentó descargos y solicitó la práctica de pruebas, las cuales fueron inicialmente negadas por la Delegada para el Ministerio Público mediante auto del 31 de marzo de 2008, ante lo cual el disciplinado interpuso recurso de apelación, resuelto por la Sala Disciplinaria a través del auto del 26 de junio de 2008 ordenando practicar las pruebas solicitadas. (fls 187-225 c.o.2). Por auto de abril 30 de 2009, la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales dictó el cierre de la investigación, dando traslado para alegar de conclusión; derecho ejercido por el implicado a través de memorial radicado el 14 de mayo del mismo año. (fls 140-150 c.o.3). Finalmente, el 11 de septiembre de 2009 la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público profirió fallo de primera instancia, declarando disciplinariamente responsable de los cargos imputados al doctor ÁLVARO LÓPEZ PEÑA, a quien le fue impuesta sanción consistente en suspensión del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo término. El funcionario sancionado interpuso el recurso de apelación, a través de su apoderado, concedido por la primera instancia ante la Sala Disciplinaria, mediante auto del 28 de octubre de 2009. (Fls 219-273 c.o.3).

II. PROVIDENCIA RECURRIDA.

La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público sustentó el fallo sancionatorio contra el disciplinado, con base en los siguientes argumentos:

Comienza exponiendo las pruebas que sustentan la actuación del disciplinado dentro del proceso penal 00149 – 2004; luego se refiere al contenido del artículo 277 de la Constitución Política que establece las funciones de la Procuraduría General de Nación. Observa que con fundamento en el artículo 7 numerales 2 y 7 del Decreto Ley 262 de 2000, el Procurador General de la Nación profirió la resolución 202 de 2003, por medio de la cual dispuso las intervenciones mínimas obligatorias de los procuradores judiciales en lo penal, dentro de los procesos por delitos de homicidio doloso, concierto para delinquir, secuestro, extorsión, terrorismo, tráfico o porte de estupefacientes, entre otros, por lo que la función de intervención en estos casos deja de ser discrecional para ser obligatoria. Sobre el caso en particular, señala que mediante resolución 062 del 15 de junio de 2005, el doctor LÓPEZ PEÑA fue designado como representante del Ministerio Público dentro de la causa 00149-2004, que adelantaba la Juez Segunda Penal del Circuito Especializada, en razón a la aceptación del impedimento que elevara el entonces representante del Ministerio Público, doctor MUTIS FLÓREZ. 6 Radicado No. 161-4560 Inicialmente se pronuncia respecto al cargo imputado al doctor LÓPEZ PEÑA consistente en no haber intervenido en la audiencia seguida en el proceso penal a partir de su designación, (20 y 28 de junio de 2005), considera válidas las exculpaciones del implicado al advertir que si bien el funcionario debía actuar dentro

de la diligencia citada, reconoce que el lapso de tiempo para revisar todo el expediente, estudiarlo y preparar su intervención era muy corto, siendo absuelto de este cargo. Por el contrario, respecto al cargo imputado por no impugnar el fallo condenatorio ni conceptuar durante el término de traslado para los no apelantes, el A-quo tiene por infirmadas las exculpaciones del disciplinado por cuanto considera que la interposición del recurso hacía parte de los deberes funcionales derivados de su calidad de agente del Ministerio Público, de manera que si la providencia dictada en primera instancia no era ajustada a derecho, estaba obligado a intervenir en defensa del orden jurídico y del debido proceso vulnerado, lo cual no hizo. Sostiene que la intervención del procurador judicial en el proceso penal está gobernada por la Constitución, norma superior que les impone a los funcionarios encargados de la labor de intervención garantizar y defender el orden jurídico y derechos fundamentales; siendo una obligación propia con miras a lograr la finalidad señalada en la norma superior, independientemente de las posiciones asumidas por los demás sujetos procesales; luego para el asunto en estudio resultaba indiferente que el defensor del procesado hubiese interpuesto recurso de apelación. Con lo expuesto, tiene por demostrado que el doctor LÓPEZ PEÑA, omitió cumplir con su deber funcional “pues injustificadamente se abstuvo de interponer el recurso de alzada respecto de una decisión judicial que no consultaba los cánones legales, y como representante del Ministerio no podía abstraerse de su deber de garantizar la preservación y aplicación debida del orden jurídico y se sustrajo de hacerlo, lo que

constituye la falta disciplinaria”. Con respecto al argumento del disciplinado en el sentido que su actuación no acarreó perjuicio alguno al entonces condenado dentro del proceso penal señor EDUARDO CONTRERAS LÓPEZ, pues el Tribunal Superior de Cúcuta corrigió el yerro en el que incurrió el A quo, la primera instancia sostuvo que tal afirmación es equivocada por cuanto el reproche disciplinario deviene de incumplir sus deberes y responsabilidades, “y no a la relativa de la afectación de un bien jurídico tutelado que se produce por su puesta en peligro o lesión del mismo”. Trae a colación la sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002 para destacar la naturaleza propia del derecho disciplinario la cual está sustentada en los deberes funcionales y a renglón seguido hace la distinción entre antijuridicidad material e ilicitud sustancial para explicar que en el campo disciplinario, a diferencia del penal, no se requiere la existencia de un daño o afectación de bienes jurídicos, por lo que la decisión adoptada por el Tribunal Superior en nada modificaba el quebrantamiento del deber funcional resultante de no impugnar la providencia que contenía yerros graves. Para demostrar que el disciplinado podía haber actuado e interpuesto el recurso de apelación, la primera instancia hace una relación de la carga laboral y de las actuaciones desplegadas por el doctor ÁLVARO LÓPEZ PEÑA durante el mes de 7 Radicado No. 161-4560 marzo de 2006 cuando se presenta la conducta omisiva, estableciendo que el implicado realizó veintiún (21) intervenciones, y dos (2) actuaciones a destacar

dentro del periodo comprendido entre el 3 y 28 de marzo de 2005, en procesos de obligatoria intervención: a) la asistencia a la audiencia pública de juzgamiento (marzo 7), y b) la rendición de un concepto precalificatorio (marzo 28); observando que las demás actuaciones no le impedían haber recurrido la sentencia, “dado que la carga laboral era manejable”. Asegura que la resolución 202 de 2003 expedida por el Procurador General de la Nación demanda del agente del Ministerio Público un compromiso real y material dentro del proceso penal al cual haya sido asignado para intervenir, relegando lo formal y cuantitativo, para dar mayor interés a la interposición de los recursos de ley, cuando a ello hubiere lugar, así como a intervenir en el trámite de los recursos que se interpongan, “lo contrario es una decadencia o incumplimiento a la exigencia de la citada resolución”. Se refiere a la declaración de la doctora ANNIE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Juez Primera Especializada (despacho judicial asignado al doctor LÓPEZ PEÑA) quien señaló que durante el mes de marzo de 2006 su Despacho profirió 4 sentencias ordinarias, 5 sentencias anticipadas y realizó 15 audiencias públicas, pero el Aquo advierte que de tales diligencias el disciplinado solo participó en la audiencia preparatoria dentro del radicado 164 - 05, contra JOSÉ HELI CORREA VALDERRAMA, por el delito de extorsión, y que las otras actuaciones fueron cuatro asistencias y una solicitud de practica de pruebas; de donde concluye el juzgador de primera instancia que “el

procurador judicial dentro de los procesos que adelantó ese despacho judicial para el citado mes no tuvo una actuación proactiva en el proceso penal”; similar situación encuentra frente a lo dicho por la doctora CATALINA STELLA VEGA RODRÍGUEZ, Fiscal Octava Especializada, quien para el mes de junio de 2005 y marzo de 2006, profirió ocho resoluciones acusatorias; resaltando el A-quo que, de los radicados en cita, el disciplinado solo intervino en uno de ellos. Luego detalla los reportes estadísticos presentados por el doctor LÓPEZ PEÑA, durante los meses de enero y febrero de 2006, y las actuaciones desplegadas, estima el fallador de instancia que el disciplinado dedicó la mayor parte de su tiempo laboral a “notificarse de las decisiones judiciales (como es su deber), participar en diligencias judiciales, audiencias preparatorias, dejando de lado su función esencial cual era la de representar al Ministerio Público en el proceso penal priorizando aquellos de carácter obligatorio (resolución 202 de 2003), de trascendencia y connotación nacional, por consiguiente, no puede el doctor LÓPEZ PEÑA justificar su conducta omisiva con el exceso de trabajo, pues todo lo contrario se deduce de la prueba recaudada”. Sobre el particular, se resalta en el fallo que las estadísticas de intervención no reflejan una real y material intervención dentro de los procesos, pues las diligencias han girado en torno a: “asistir a la practica de inspecciones judiciales, destrucción de drogas, solicitud de pruebas, y otras asistencias, pero la asistencia a las audiencias

de juzgamiento, la rendición de conceptos precalificatorios, interposición de recursos, fue escasa”. Respecto al alegato del doctor LÓPEZ PEÑA en cuanto a su actuación diligente demostrada, entre otros, dentro del radicado 54-001-31-0700-2005-0163, seguido contra el señor ELIÉCER AVENDAÑO, por el delito de secuestro simple y otros, 8 Radicado No. 161-4560 proceso dentro del cual el Juez Segundo Especializado absolvió a los implicados, la Procuraduría intervino y la segunda instancia, acogiendo el concepto del Ministerio Público, revocó la sentencia, y señaló que esa es una actividad propia de la investidura del agente del Ministerio Público, orientada a garantizar y materializar siempre la misión Institucional de la Procuraduría General de la Nación. Con relación la solicitud de nulidad impetrada por el disciplinado por no haber sido oído en versión libre, se aclaró que la primera instancia dispuso escucharlo, versión que rindió el 3 de agosto de 2009, “por lo tanto, no es posible decretar la nulidad deprecada”.

Normas infringidas: en este acápite, la primera instancia señaló como normas infringidas por el doctor ALVARO LÓPEZ PEÑA, en su condición de Procurador 93

Judicial Penal II con sede en Cúcuta, el artículo 34 numerales 1, 2 y 7 de la Ley 734 de 2002, al faltar al deber impuesto por la ley, “como es cumplir las ordenes superiores emitidas por funcionario competente con diligencia, eficiencia e

imparcialidad el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio”, por cuanto era su deber acatar la orden impartida a través de la resolución 062 de 2003 de haber intervenido en representación del Ministerio Público dentro de la causa 00149 - 2004. Señaló la Delegada que con el actuar del disciplinado también se desconoció la resolución 202 de 2003 proferida por el Procurador General de la Nación que ordena en su artículo primero literal g) interponer los recursos pertinentes contra las decisiones judiciales que no consulten la adecuada aplicación de la Ley, igualmente desconoció el artículo tercero literal a) ibídem, que ordena al agente del Ministerio Público intervenir en los trámites de los recursos que se interpongan. La falta fue calificada como grave, con base en el criterio del conocimiento que como procurador judicial tiene el doctor LÓPEZ PEÑA de las funciones que constitucionalmente le corresponden quien, por su jerarquía y dignidad, debió dar estricto cumplimiento a las normas y se le exige mayor eficiencia, se agregó que el disciplinado quebró el grado de confianza depositado en quien representa al Ministerio Público. En cuanto a la culpabilidad, la falta fue imputada a título de culpa grave para lo cual tuvo en cuenta que el doctor LÓPEZ PEÑA “sin justificación valedera dejó de interponer el recurso de apelación; tampoco intervino en el trámite del recurso interpuesto por la defensa contra la sentencia condenatoria, contrariando la directriz trazada por el Procurador General en la resolución 202 de 2003, que ordena

intervenir en el trámite de los recursos que se interpongan (artículo 3-a), conllevando a que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, la cual obedeció a la negligencia o descuido del funcionario que habiendo podido actuar de conformidad con las normas legales, omitió -se repiteinjustificadamente hacerlo y con el conocimiento de la irregularidad de su actuación, pues dada su condición de procurador judicial estaba en capacidad de comprender que tal omisión constituía una falta a sus deberes como servidor público de la Procuraduría General de la Nación”. Advirtió el A-quo que el cargo de Procurador Judicial exige el deber de actuar con diligencia en las labores encomendadas, tomando las “razonables precauciones” para evitar que se omita interponer los recursos contra una sentencia contraria a la ley. Agrega que la conducta reprochada no fue intencional pues se demostró que el 9 Radicado No. 161-4560 implicado “confió en las resultas que debía producirse en segunda instancia”, en razón del recurso de apelación interpuesto por el defensor del señor EDUARDO

CONTRERAS.

Al dosificar la sanción tuvo en cuenta que el disciplinado no registra sanciones. Finalmente, y como consecuencia de hallarlo responsable de este cargo, se le impuso sanción de suspensión.

III. RECURSO DE APELACIÓN Estando dentro del término señalado en el artículo 111 de la ley 734 de 2002, el apoderado del disciplinado doctor EDGAR LÓPEZ GARZÓN, interpuso recurso de

apelación contra la decisión de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público, adoptada dentro del proceso No 016-143165