PGN - NULIDAD - Ausencia de motivación de la sentencia

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

Bogotá, D. C.

REF.: NICOLÁS ELÍAS LIBOS SAAD y ELÍAS

LIBOS ZIADE, Casación No. 24.143 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia absolutoria que con relación al delito de Estafa Agravada, dictó el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de la misma ciudad en favor de los procesados NICOLÁS ELÍAS LIBOS SAAD, ELÍAS LIBOS ZIADE y SALIM LIBOS ZIADE, y en su lugar los condenó a las penas principales de dieciséis (16) meses de prisión y multa de quinientos mil pesos, al igual que a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso idéntico al de la sanción privativa de la libertad. La representante judicial de los procesados NICOLÁS ELÍAS LIBOS SAAD, y ELÍAS LIBOS ZIADE, interpuso recurso extraordinario de casación, y admitida como fue la respectiva demanda, el Agente del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación, procede a rendir concepto, en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- HECHOS.

El 25 de mayo de 1999, el señor CARLOS ALFONSO HUERTAS LEÓN adquirió en el Concesionario “Inversiones Zimbawee Ltda”, propiedad de Nicolás Libos Saad, Elías Libos Ziade y Salim Libos Ziade, una camioneta marca Toyota Land

Cruiser, modelo 1998, de placas QFM – 509, color rojo, por la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000.oo), que canceló de contado. El comprador recibió un traspaso abierto en que aparecía como titular del bien Rubén Cruz Sandino, documento que no pudo ser registrado en el mes de agosto del mismo año cuando el comprador pretendió formalizar la negociación, en razón a la orden de embargo emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja (Boyacá), medida judicial que de igual manera determinó el secuestro del vehículo en el mes de enero de 2000. Requeridos los vendedores para que solucionaran el inconveniente con el automotor, no lograron llegar a un acuerdo. 2

2.- ACTUACIÓN PROCESAL.

Tras la apertura de indagación preliminar, la Fiscalía Ciento Nueve (109) Delegada de la Unidad Tercera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, mediante pronunciamiento del 22 de junio de 2000, ordenó la correspondiente investigación penal contra los acusados. El denunciante se constituyó en parte civil por medio de apoderado, y escuchados en indagatoria Nicolás Libos Saad y Salim Libos Ziade, así como declarado persona ausente Elías Libos Ziade, la instrucción continuó conforme se dispuso, y una vez perfeccionada en lo posible se clausuró, tras lo cual el mérito probatorio del sumario se calificó mediante providencia del 26 de julio de 2002 con Resolución de Acusación en contra de los tres sindicados en calidad de coautores del delito de estafa agravada previsto en los artículos 356 y 372 del Código Penal

de 1980, providencia que alcanzó ejecutoria en la misma primera instancia tres días después de la fijación en Estado del 13 de agosto del mismo año, por no haber sido impugnada. La etapa procesal de la causa la adelantó normalmente el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Bogotá, y una vez celebrada la audiencia preparatoria y agotado el juicio oral público dictó la Sentencia del 15 de octubre de 2003 por medio de la cual eximió de responsabilidad a los acusados en acatamiento al principio del in dubio pro reo. Impugnado en apelación el fallo por el apoderado de la parte civil, el Tribunal Superior de Bogotá, como se había anunciado, acogió las pretensiones y revocó la absolución para, en su lugar, condenar a los procesados a las penas principales de dieciséis (16) meses de prisión y multa de quinientos mil pesos. De igual forma, les impuso la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso idéntico a la pena privativa de la libertad, y les ordenó cancelar la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000.oo) más los correspondientes intereses de mora e indexación, como indemnización por los perjuicios causados con el ilícito, y concedió a los sentenciados el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

3.- LA IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA.

La defensora propone con fundamento en la causal tercera de casación prevista en el artículo 207 del Estatuto Procesal Penal, la nulidad de la actuación

3 adelantada hasta la sentencia que condenó a los procesados por la conducta punible de Estafa Agravada, para en su lugar dejar en firme el fallo de primer grado que los absolvió, y subsidiariamente, con apoyo en la causal primera, cuerpo segundo, esto es, por violación indirecta de la ley de carácter sustancial, plantea dos presuntas irregularidades debido a errores de hecho en la apreciación de la prueba, censuras que desarrolla en los siguientes términos. 3.1. Primer Cargo (Principal) Con fundamento en el numeral 3º del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, depreca la invalidez del fallo por haber incurrido en “ausencia de motivación”, con lo cual se desconoció lo dispuesto en los artículos 29 Constitucional y 170 de la ley en cita, el cual transcribe en su integridad. Con apoyo en los antecedentes de orden legal y doctrinario enfatiza sobre la importancia de la motivación de las sentencias, y señala seguidamente que la nulidad anunciada se presenta en razón a que ningún pronunciamiento por parte del Tribunal Superior merecieron aspectos de vital importancia relacionados con las exigencias del tipo penal de Estafa, a las que sólo se refirió de manera escueta, además que no examinó los planteamientos del juez A-quo en orden a refutarlos o desvirtuarlos, es decir, no realizó el pertinente análisis probatorio que le diera fundamento a la determinación adoptada ni ofreció argumentación alguna respecto de los hechos probados en el proceso. Luego de transcribir los fragmentos pertinentes de la providencia del Tribunal Superior, asegura que la misma está integrada exclusivamente por frases asertivas, afirmaciones sin soporte jurídico ni probatorio, y conclusiones que no se

ajustan a la realidad probatoria. Agrega que la omisión de análisis jurídico respecto del delito de Estafa Agravada atribuido a sus representados, impidieron la adopción de una decisión ajustada a la ley. Más adelante evoca nuevamente un fragmento del fallo de segundo grado con el propósito de acreditar los puntos no resueltos por el iudex Ad-quem, y en ese cometido resalta en particular que no obstante imperar en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la responsabilidad individual en materia penal, decidió el Tribunal Superior condenar a tres personas en calidad de coautores, sin emitir pronunciamiento alguno en torno al tema de la coautoría, en cuanto no concretó cual fue la conducta ejecutada por cada uno de ellos ni especificar en que consistió la participación en el ilícito que se les endilga, cual fue el acuerdo previo al que llegaron, como se presentó éste, ni cómo se dividieron las funciones . 4 Continúa aludiendo a la sentencia en cuestión y expresa que desconoció la situación de cada unos de los procesados frente a los negocios de la Empresa, toda vez que tanto NICOLÁS LIBOS SAAD como SALIM LIBOS ZIADE, se encontraban alejados de los negocios, máxime cuando el segundo estaba fuera del país. Omitió el Tribunal pronunciamiento sobre el elemento subjetivo del dolo que integra el delito de Estafa, aspecto que limitó a dos frases, sin que pueda ello considerarse como un análisis, además que en la sentencia tampoco se demostró conocimiento o voluntad de los procesados para realizar maniobras fraudulentas e

inducir en error al denunciante, aspectos que ninguna motivación tienen en la decisión. Calificó de arbitraria la afirmación de la sentencia impugnada, relativa a que el denunciante adquirió el rodante con la creencia errónea que era propiedad de los sindicados, pues no ofrece ningún argumento encaminado a demostrar tal aspecto, como tampoco se acreditó porqué entregar la camioneta cuyo derecho de dominio y propiedad no ostentaban los sindicados, constituía ardid encaminado a suscitar engaño en la víctima. Extraña de la sentencia algún pronunciamiento en relación con el retiro de la acusación por parte de la Fiscalía, oportunidad procesal en que expuso el funcionario instructor que no se encontraban acreditados los elementos del delito de Estafa, partiendo del hecho probado de que al momento de la venta de la camioneta no pesaba ningún gravamen sobre la misma, medida cautelar que sólo vino a materializarse meses después de verificada la venta, cuando aún no se había registrado el traspaso a nombre del comprador, además de mencionar el agente de la Fiscalía que la venta del carro se dio por mandato de su propietario, esto es, el señor Rubén Cruz Sandino, quien dispuso que saliera de su patrimonio, a la par que el negocio se verificó en desarrollo de la actividad propia de la empresa de los acusados, aspectos que debieron ser analizados por el Tribunal Superior en orden a dar sustento a su decisión de apartarse de la postura del Ente Acusador. Aseguró que la irregularidad denunciada vulneró tanto el debido proceso como el derecho de defensa de sus representados, en cuanto los dejó sin posibilidad de conocer los motivos de su condena, y por consiguiente, sin posibilidad de

constituir una estrategia defensiva, ante la dificultad para dilucidar sobre que argumentos debe estructurarse la defensa. Por último, esgrimió la demandante que la única manera de corregir el yerro denunciado, lo era declarando la nulidad de la sentencia de segunda instancia y en su lugar, acorde con lo preceptuado en el artículo 217, numeral 1º, de la Ley 5 600 de 2000, dictar el fallo de reemplazo, que necesariamente debe ser de carácter absolutorio, tal y como en su sentir se desprende del acopio probatorio que de manera inexorable conduce a la inocencia de sus defendidos, según el extenso análisis probatorio que seguidamente realiza, con fundamento en el cual concluye que no se encuentran acreditados en el expediente los elementos estructurales del delito de Estafa, en razón a que cuando se produjo la venta del automotor, no pesaba sobre el mismo ningún gravamen, motivo por el cual no es factible aducir la existencia de engaño por parte de los procesados. 3.2.- Segundo Cargo (Subsidiario) Al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, denuncia en esta oportunidad la Libelista la violación indirecta de la ley de carácter sustancial, por errores de hecho consistentes en un falso juicio de existencia por omisión de prueba al no haberse tenido en cuenta las pruebas legal y regularmente allegadas a la actuación, y por un falso raciocinio, debido a la violación de las reglas aplicables en la valoración racional de las pruebas, censuras que desarrolla en los siguientes términos. 3.1.1.- Falso Juicio de Existencia

Previa mención a las dificultades para soportar sus argumentos a partir de la falta de motivación del fallo del Tribunal, dado que no es posible encontrar las pruebas en que éste se basó para llegar a la conclusión de condenar, sostiene la Defensora que el sentenciador de segundo grado omitió valorar el documento expedido por la Dirección General de Transito Terrestre en el que se especifica el trámite a efectuar, así como los datos del automotor y del propietario inscrito, elemento de juicio de innegable importancia en la medida en que desvirtúa la afirmación del Tribunal Superior respecto a la existencia de engaño por parte de los vendedores al entregar un vehiculo que no era de su propiedad. Agrega la casacionista que no puede haber engaño para quien conoce la realidad de los hechos, y de esta manera, de haber sido analizada la prueba documental en su oportunidad, el sentido del fallo se habría visto modificado, al desvirtuarse uno de los elementos estructurales del delito de Estafa, esto es la inducción en error. Estima lógico que sí la defensa técnica basó su estrategia defensiva en dicha ausencia de responsabilidad, basada precisamente en tal prueba documental aportada, la sentencia debió necesariamente hacer alusión a la misma, para brindar la oportunidad de que se conociera la posición jurídica del juzgador. 6 3.1.2.- Falso Raciocinio De manera subsidiaria argumentó que se presentó un falso raciocinio por desconocimiento de los postulados de la sana crítica que han de estar presentes en el proceso de valoración probatoria, específicamente frente a las pruebas que acreditan la negociación del automotor al haberse desconocido la regla de

experiencia acorde con la cual para nadie es desconocido que los concesionarios son intermediarios en las ventas de vehículos, en tanto que estos no adquieren la propiedad, y por consiguiente los documentos de traspaso los deja en blanco la persona interesada en que se venda su vehiculo, y de otra parte, facilitando que el comprador realice las gestiones para su registro ante las autoridades de transito con la finalidad de formalizar la negociación. Señala que en el caso concreto el señor Rubén Cruz Sandino entregó a la Compañía Comercializadora Zimbawee, además del vehículo y la tarjeta de propiedad del automotor, un documento de traspaso en blanco para que cualquier comprador pudiese realizar el trámite. En apoyo de su argumentación, alude la Libelista a los pormenores del Contrato de Consignación previsto en el artículo 1377 del Código de Comercio, con fundamento en lo cual concluye que se torna en ilógico que el Tribunal Superior derive el engaño al comprador del hecho de haber vendido el Concesionario un carro respecto del cual no era titular del derecho de propiedad, pese a la existencia en el expediente de elementos de juicio que permiten acreditar que el comprador era pleno conocedor de esa circunstancia, toda vez que le fue entregado el traspaso en blanco firmado precisamente por el propietario de la camioneta. Sostiene que se estructura de esta forma un falso raciocino en la sentencia de segundo grado, en cuanto hizo a un lado los postulados de razonabilidad y de lógica que deben pautar la crítica probatoria, al otorgar a las pruebas en cita un poder de persuasión inadmisible acorde con la reglas de la sana crítica,

apartándose de manera caprichosa de la realidad fáctica procesal. Afirma que el error del falso juicio de raciocinio es “a tal punto trascendente que es el único -aunque escueto y carente de fundamentaciónargumento esgrimido por esta instancia para endilgar responsabilidad penal a los procesados por el delito de estafa agravada. En esta sola frase, en esta única afirmación, pretende el H. Tribunal entender cometida la conducta de estafa agravada por los procesados.” En síntesis, señala que de haber apreciado el Tribunal Superior las pruebas existentes sobre el negocio jurídico a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia la decisión habría sido contraria, esto es, favorable a los procesados. 7 Pide, en consecuencia, que se case la sentencia y mediante la de reemplazo se absuelva a los procesados del delito de Estafa Agravada que les fuera atribuido.

4.- ALEGATO APRECIATORIO DEL SUJETO PROCESAL NO RECURRENTE.

El representante de la parte civil, al descorrer el traslado presentó escrito en el cual solicita que no se case la sentencia del H. Tribunal, por cuanto no están dados los vicios que plantea la demandante y sustenta entre otros, que los sindicados procuraron a todas luces mostrarse como los dueños del bien materia de compra venta. En relación con el primer cargo considera que no están dados los vicios plateados por la censora. Afirma que tanto en el sumario como en la causa se brindaron las garantías propias del derecho a la defensa y del debido proceso, considera que la sentencia de segundo grado cumple con los presupuestos que exige el artículo

170 del Código de Procedimiento Penal, y dice que el mismo no carece de motivación ni de análisis pues lo expresado es suficiente como fundamentación para que no se declare la nulidad. Retoma apartes del fallo para decir que “así no lo quiera ver la defensa, en estas pocas líneas el Tribunal deduce las maniobras creadas y calculadas de antemano por los incriminados con el fin de procurar inducir en error a Huertas León”. En busca del provecho económico. Cita que el Tribunal se refirió a todos los aspectos que echa de menos la recurrente, y considera caprichoso que aquella, pretenda desconocer que todos los pronunciamientos producidos en el proceso, como las pruebas y desde el denuncio conforman un todo, por lo que deben mirarse en conjunto. En relación con el cargo subsidiario referido a la violación indirecta de la ley sustancial: sostiene que no es cierto que los señores procesados no se hayan mostrado como propietarios del vehículo, citando para soportar su dicho, lo afirmado por Elías Libos en su indagatoria, de la que trae apartes, y concluye que los procesados siempre intentaron aparentar una verdad diferente referida a que el automotor era de su propiedad, lo cual es suficiente para demostrar y dejar sin piso el argumento de la casacionista, dado que el engaño es evidente.

5.- CONCEPTO.

Dos censuras se ensayan contra la sentencia de segunda instancia. Con fundamento en la primera, en estricto cumplimiento del principio de prioridad de la causal tercera de casación respecto de las otras, persigue el restablecimiento del 8 debido proceso y el derecho de defensa de los condenados, pues en sentir de la

demandante, el Juzgador de Segundo Grado al conocer del fallo absolutorio en virtud a su apelación, relegó al olvido el contenido del artículo 170 del Código de Procedimiento Penal, numeral 4°, en cuanto se abstuvo de motivar la determinación adoptada. La segunda, en subsidio, propende por la absolución de los sentenciados por atipicidad de la conducta, acorde con la valoración probatoria que en sentir de la Libelista no fue tenida en cuenta por el iudex ad-quem. Sin embargo, dadas las consecuencias que se derivan de uno y otro planteamiento, se torna innecesario realizar un análisis separado de cada una de ellas, según pasa a evidenciarse. Es claro para esta agencia del Ministerio Público, que una de las expresiones del debido proceso en materia penal es la motivación de las decisiones que se adopten en su desarrollo, en razón a que la función jurisdiccional sólo se justifica cuando expresa con lógica racional el ejercicio del poder con que actúa, posibilitando de esta forma su control a través de los recursos en ejercicio del derecho de contradicción, es decir, dejando de lado la arbitrariedad, de modo que cuando tal motivación resulta incompleta, ilógica, incoherente o sofística1 está al margen de la garantía del debido proceso como manifestación necesaria para posibilitar el derecho de contradicción, expresión del derecho de defensa, y consecuencialmente acarrea el remedio de la nulidad para precaver el derecho del afectado. La manifestación concreta de las razones claras, adecuadas y suficientes por las que se emite una providencia en un sentido determinado, otorga a las partes la

oportunidad de establecer si se ajusta o no a la ley, o si armoniza o no con los fines señalados en la misma, así como de obtener información que les permita fundadamente acudir a los mecanismos de impugnación encaminados a su control jurídico y a la defensa de sus derechos, en caso de ser necesario, de manera que toda determinación debe estar debidamente motivada. 1 “De manera reiterada, ha dicho la Sala que los defectos de motivación de la sentencia, con efectos invalidantes, pueden consistir en: i) Ausencia absoluta de motivación, que se presenta cuando no se precisan los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan el fallo. ii) Motivación incompleta o deficiente, que ocurre cuando la precaria sustentación impide saber cuál es el sustento de la decisión o no analiza sus fundamentos fácticos o jurídicos. iii) Motivación equívoca, ambigua, dilógica o ambivalente, cuando la providencia contiene conceptos o argumentos que se excluyen entre sí, de manera que finalmente se ignora el sentido de la motivación, o cuando las razones expuestas en la parte motiva no explican la decisión contenida en la resolutiva. iv) Motivación sofística, aparente o falsa, cuando no está respaldada en la verdad probada en el proceso”. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 13 de octubre de 2004, M P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, radicación No. 20.944. 9 En la actualidad no existe un precepto superior de contenido idéntico al del artículo 163 de la Constitución Política de 1886, que de manera perentoria exigía la

motivación de las sentencias, pero ninguna duda existe acerca de que esa obligación es propia del Estado Social de Derecho, y surge para el operador jurídico del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228 de la Constitución Política de 1991, según lo ha clarificado la Corte Suprema de Justicia2. Adicionalmente, en el orden legal, el artículo 170 del Código de Procedimiento Penal que rigió el asunto, entre los requisitos que señala de toda sentencia incluye la necesidad del análisis y valoración jurídica de la prueba en la que ha de fundarse la decisión. De igual forma, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) dispone que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados por los sujetos procesales, obligación que también deviene en ineludible en virtud del Bloque de Constitucionalidad, al tenor de lo dispuesto en los artículos 113 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 144 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Culturales, 85 de la Convención América sobre Derechos Humanos y 746 del Estatuto de Roma. En el concreto particular, tal y como lo denuncia la casacionista, el examen integral de la providencia impugnada vista como un todo, en cuanto sus partes se integran y complementan mutuamente, permite concluir que efectivamente la providencia impugnada adolece de la indicación del procedimiento lógico y jurídico que ha determinado el sentido de la decisión, no sólo respecto del dolo predicable del comportamiento de los acusados, sino también en cuanto a los otros

elementos constitutivos del delito de Estafa Agravada, observándose igualmente que no indica las razones por las cuales no obstante encontrarse acreditado en las diligencias que en la negociación del automotor únicamente participó ELÍAS LIBOS ZIADE, decidió condenar igualmente a los restantes socios de la compañía comercializadora de automotores, esto es, a NICOLÁS ELÍAS LIBOS SAAD y SALIM LIBOS ZIADE, circunstancias indicativas de la parquedad y oscuridad argumentativa que caracteriza la decisión de segundo grado, que indudablemente 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 29 de abril de 1988. M.P. Héctor Marín Naranjo. 3 “Toda persona acusada de delito tiene derecho... a todas las garantías necesarias para su defensa”. 4 “1. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías... toda sentencia en materia penal será pública”. 5 “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías... por un juez o tribunal... en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella”. 6 “5. El fallo... incluirá una exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones...”. 10 impiden conocer el fundamento de la condena y la alejan en consecuencia de la observancia de la ley y de un razonable criterio. Así, se impone resaltar que no resulta suficiente con definir los elementos estructurales del tipo penal de Estafa por el que se condenó a los procesados o referirse a los mismos simplemente con expresiones vagas y difusas para darlos

por probados y estimar como acreditado el recorrido del iter criminis, en la medida en que es deber del fallador demostrar cada una de sus afirmaciones. Vale anotar, en relación con el delito de Estafa por el que se estaba condenando, que era necesario determinar cuales fueron los medios fraudulentos utilizados por los procesados para inducir en error al comprador con la finalidad de obtener un provecho ilícito, pues para ello no basta con decir que los procesados le hicieron creer que compraba un carro respecto del cual ostentaban el derecho de propiedad. Adicionalmente, el Fallo de Segunda instancia impugnado no desarrolló el tema de la participación de los procesados en términos distintos a una simple manifestación de haber actuado en coautoría, sin tener en cuenta que para irrogar responsabilidad en cualquiera de sus modalidades, se impone su demostración mediante elementos probatorios, pues no de otra manera resulta posible establecer en que calidad se actuó para derivar igualmente la sanción que deba imponerse. En torno a este punto, ya se había anunciado cómo la situación de cada uno de los tres procesados es diferente, al punto que únicamente ELÍAS LIBOS ZIADE fue quien aceptó haber realizado el negocio de compra venta del automotor, no obstante que el formulario de traspaso y la autorización de salida del vehículo entregados al comprador fueran suscritos por SALIM LIBOS ZIADE, eventualidad que era necesario dilucidar mediante el correspondiente análisis del material probatorio, dentro del que se encuentra el dicho del denunciante, acorde con el cual los tres procesados participaron en toda la negociación, aspectos que no fueron examinados por el Tribunal. Ahora bien, en relación con las circunstancias de agravación punitiva, las cuales

deben estar definidas en la acusación y expresadas de manera fáctica y jurídica como requisito sustancial que permita tenerlas en cuenta, no puede desconocerse que el ente acusador en su momento efectivamente las precisó. Situación distinta acontece con los presupuestos tenidos en cuenta al momento de fijar el quantum de la pena, pues ha de advertirse que en el fallo de segundo grado nada se razonó sobre el particular, y no basta con su sola enunciación, pues sólo se dice que la pena a imponer es de un año, aumentada en cuatro meses en razón de la cuantía. 11 Consonante con lo expresado, así mismo ha de advertirse que el fallo del Tribunal omite cualquier pronunciamiento en relación con la decisión adoptada por la primera instancia, al igual que de las manifestaciones de la Fiscalía cuando desecho la acusación, pues en relación con el fallo absolutorio se limita a citar entre paréntesis (como lo examinó erróneamente la funcionaria de primera instancia) refiriéndose “al elemento doloso de la estafa” y más adelante dice (se recalca), sin que estas dos frases, lacónicas, vacías y escuetas puedan considerarse como una refutación respecto de un argumento y en cuanto al retiro de la acusación ningún reparo genera para el juez colegiado. En conclusión, no existe duda que nos encontramos frente a una decisión carente de motivación, y por tal razón viciada de Nulidad, en cuanto únicamente se hizo una enunciación fáctica, respecto de la cual ninguna valoración probatoria se realizó, llegándose a la conclusión de que los tres procesados eran coautores del delito de estafa agravada sin que se precisen las razones que sustenten dicha

afirmación; eventualidad que impide a los sujetos procesales ejercer el derecho a la defensa; pues tanto de los hechos como del derecho se realizó una mera enunciación. Con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Procuraduría Delegada solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que de prosperar el cargo en este asunto, se declare la nulidad del fallo de segunda instancia y en su lugar dicte el que ha de reemplazarlo, en atención a que la irregularidad afecta exclusivamente la decisión de segunda instancia, y por tanto “no hay procedimiento alguno que se deba restaurar”. Dicho criterio ha sido aplicado por esa Honorable Corporación en reiterados pronunciamientos, siendo del caso resaltar el emitido el pasado 10 de junio del año en curso, en los siguientes términos: “Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el proferimiento de una absolución. En estos casos, la mejor garantía de protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la decisión favorable a los intereses del acusado” (Sentencia del 10 de junio de

2008. M. P. Dra. María del Rosario González de Lemos. Rad. 28.693)

12 Sobre tal premisa, el fallo de reemplazo, en criterio de esta Delegada, ha de ser en sentido absolutorio, según se desprende del análisis del material probatorio, con fundamento en el cual es dable concluir que no concurre la doble relación causal entre el artificio y el error a la víctima y entre éste y el daño económico padecido por ella, para dar como satisfechos los requisitos del delito de Estafa de que trata el artículo 356 del Código Penal anterior, pues en el caso particular no aparece demostrada en las diligencias ninguna maniobra fraudulenta por parte de los procesados que indujera en error al comprador respecto de alguno de los aspectos esenciales de la negociación, ni hubo acción concreta de estos encaminada a esa finalidad, valga decir, no fue llevado el denunciante al error. Según se desprende de la escueta argumentación del Tribunal Superior y de las pretensiones del representante de la Parte Civil, la configuración del delito de estafa se pretende cimentar en la presunta inducción en error al denunciante por parte de los procesados respecto del verdadero titular del derecho de propiedad del rodante. Importa señalar en relación con el error y el mantenimiento en él, que