PGN - NULIDAD AUTO DE CARGOS - Al narrar una serie de hechos y transcribir las disposicion

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación 54-0857406 Disciplinado Víctor José del Rio Páez Entidad Alcaldía Municipal de San José de Pare – Boyacá - Cargo Alcalde Quejoso Alfonso Velasco Roncancio Fecha Queja Diciembre 6 de 2004 Fecha hechos Agosto de 2003 Asunto Fallo de segunda instancia - decreta nulidad -. Bogotá, D.C., decreta nulidad diciembre 16 de 2008

I. ASUNTO Sería del caso entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Vélez de fecha septiembre 30 de 2008, mediante el cual fue declarado responsable disciplinariamente en su condición de Alcalde Municipal de San José de Pare, y sancionado con suspensión el ejercicio del cargo, sino fuera porque esta instancia advierte la presencia de una causal de nulidad de la actuación y en ese sentido se pronunciará previo el siguiente estudio:

II. HECHOS Dio origen a la actuación disciplinaria la queja formulada ante la Procuraduría Provincial de Vélez por el ciudadano ALFONSO VELASCO RONCANCIO, contra el señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, en su calidad de Alcalde Municipal de San José de Pare, a través de la cual denuncia la existencia de una serie de hechos presuntamente irregulares que pudieron suceder en el marco de su Administración, los cuales fueron enunciados y relacionados así: presuntas irregularidades en la

contratación del alcantarillado y de la remodelación del matadero Municipal, contrato de arrendamiento del Kiosco Municipal, inversión quebrado los Medios, contratos de trabajo con despidos sin justa causa, por la pérdida del vehículo de propiedad del Municipio, no haber denunciado al anterior Alcalde por las irregularidades cometidas en torno a la adquisición de la página Web y frente a la celebración de unos contratos con el Colegio San Esteban de Ungia y por cuanto los establecimientos del Municipio se encontraban funcionando sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. (fls. 2 - 7 c.a. 2).

II. ANTECEDENTES RELEVANTES.

1. De la lectura de las piezas probatorias que integran el panorama procesal, se desprende que la Procuraduría Provincial de Vélez, una vez avocó conocimiento de los hechos puestos a consideración, mediante providencia de fecha enero 24 de 2005, dispuso abrir indagación preliminar, en aras de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si estaban tipificada como faltas a la luz del régimen disciplinario, si se había actuado al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad e identificar e individualizar a los servidores públicos cuya responsabilidad hubiese podido verse comprometida. (fls. 22 -23 c.1).

REF: 054-08574-06 1

2. Agotada la indagación previa la Provincial instructora el 31 de julio de 2006, ordenó el archivo de la actuación frente tres de los hechos denunciados, mientras que frente a los otros ordenó abrir investigación contra el señor VICTOR JOSE DEL

RIO PAEZ, en su calidad de Alcalde Municipal de San José de Pare, decisión que fue debidamente notificada. (fls. 341 - 356 c.2.).

3. Cumplidas la etapa instructiva y de investigación, el 22 de abril de 2008, la Procuraduría de conocimiento, luego de analizar los hechos y los elementos materia de prueba, dispuso archivar las diligencias a favor del funcionario implicado respecto de las supuestas conductas irregulares relacionadas con la contratación del alcantarillado Municipal y con el funcionamiento de los establecimientos de comercio sin el cumplimiento de los requisitos legales, y, por el contrario determinó convocarlo a juicio de responsabilidad disciplinaria por los hechos relacionados con la remodelación del matadero Municipal, la inversión en la quebrada -los mediosy por no haber denunciado al anterior Alcalde frente a la contratación de la página web y respecto de algunos contratos que celebró el Municipio con el Colegio San Esteban de Ungia. (fls. 500 a 533 c.2).

4. Con posterioridad la Procuraduría Provincial, en providencia de 30 de septiembre de 2008, concluyó que el señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, en su condición de Alcalde Municipal de San José de Pare, es merecedor de la sanción con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses y quince días, al hallarlo responsable de la comisión de las faltas imputadas en el pliego de cargos.

5. Notificada esta providencia, el investigado interpuso y sustentó el recurso de apelación contra el fallo de primer grado, en el cual además de reiterar e insistir en los argumentos exculpatorios presentados en el pliego de descargos, en el mismo

escrito solicita la declaratoria de nulidad de la actuación procesal bajo los siguientes fundamentos: Fundamentos de la nulidad El funcionario investigado presentó solicitud de nulidad por afectación al debido proceso, las cuales enuncia que fueron por él advertidas y no fueron observadas por la Procuraduría de conocimiento, las que solicita sean analizadas y decretadas en esta instancia, con base en los siguientes fundamentos: “El hecho comprobado que el “PLIEGO DE CARGOS “, en realidad nunca me endilgó cargo disciplinario alguno, pues se observa a primera vista que la parte resolutiva de la misma no referencia ningún cargo en particular, ni remite siquiera a los que ese enunciaron en la parte motiva de la providencia, que si bien forma parte integral de la misma, no tiene fuerza vinculante para los sujetos disciplinados, tan solo hace referencia: “PRIMERO: Hacer traslado del cargos (sic) formulados Formular (Sic) cargos en contra del señor VICTOR DEL RIO PAEZ en su condición de Alcalde Municipal de san José de Pare la la época de los hechos….

SEGUNDO: Hágase saber al implicado que de conformidad con lo preceptuado en el art. 166 de la ley 734 de 2002, dispone de un término de diez (10) días hábiles…., “ REF: 054-08574-06 2

Indica el recurrente que el fallo en su parte resolutiva se concreta a imponer la sanción sin que se haya indicado si los cargos que le habían sido formulados habían sido confirmados o desvirtuados o si se variaba la comisión de los hechos, pues en la parte motiva del pliego de cargos se hizo referencia a que la conducta investigada

constituía falta GRAVE a título DOLOSO y en el fallo ésta se modificó inexplicablemente a falta GRAVE A título CULPOSO, irregularidad que desde luego impide un ejercicio adecuado y congruente con su defensa. Y por último alega además el investigado que las conductas irregulares por las que se adelantó la investigación disciplinaria, no permitían que hubiesen sido investigadas y tramitadas bajo la misma cuerda procesal.

III. CONSIDERACIONES En orden a adoptar la decisión que en derecho corresponda, éste despacho entrará a determinar: (i) competencia de la Delegada; (ii) de las nulidades propuestas por el investigado; (iii)aspectos generales sobre las nulidades en el proceso disciplinario;

(iv) de la causal de nulidad advertida y decretada de oficio. 3.1. De la competencia funcional de esta Delegada. Con sujeción a la disposición normativa contenida el numeral cuarto del artículo 25 en concordancia con el artículo 19 de la Resolución 017 de 2000, en atención a la calidad del sujeto pasivo de la acción disciplinaria y a la naturaleza del hecho investigado, radica en esta Delegada la competencia para desatar el recurso de apelación formulado por el disciplinado señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Vélez. 3.2. De las nulidades propuestas por el investigado. En el escrito de impugnación el señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, insiste en que en el pliego de cargos nunca se le endilgó cargo disciplinario alguno, como quiera

que, en la parte resolutiva no le fue concretado ninguna imputación y que ni siquiera se remitió a los que fueron enunciados en la parte motiva y que esta no tiene efectos vinculantes para los sujetos procesales. Frente a este punto, encuentra el despacho que el hecho señalado como generador de nulidad no es procedente por cuanto si bien es cierto como lo afirma el investigado en la parte resolutiva del pliego de cargos no se estableció o determinó la imputación por la cual se llamaba a responder disciplinariamente, es igualmente cierto que en la parte considerativa de la misma y que desde luego es parte integral de la providencia, se hizo referencia tanto a los hechos como a los argumentos y a los cargos formulados en contra del funcionario implicado, cargos que constituirían la base de la decisión de la Procuraduría Provincial. En efecto, el artículo 163 de la ley 734 de 2002, señala el contenido de la decisión de cargos en los siguientes términos: “Art. 163. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberán contener: REF: 054-08574-06 3

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad de la conducta.

3. La identificación del autor u autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la

gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

De la clara redacción de la norma transcrita, se llega a la conclusión que las circunstancias cuya enunciación hecha de menos el recurrente, debe hacerse en la parte motiva de la providencia, pues es precisamente en ésta en donde el respectivo funcionario debe analizar tanto los hechos como la valoración de los medios de prueba y de cada una de las circunstancias a que alude la referida prescripción normativa, para poder arribar a la decisión que se hallará contenida en la parte resolutiva. Al respecto vale la pena recordar que la Ratio decidendi cuyo significado se traduce a "razón para decidir" o "razón suficiente", hace referencia a aquellos argumentos en la parte considerativa de una sentencia o resolución que constituyen la base de la decisión del operador disciplinario acerca del asunto que haya sido sometido a su conocimiento. En el anterior orden, resulta verdaderamente obvio que tales valoraciones y descripciones no pueden ir contenidas en la parte resolutiva, en la que únicamente va la decisión y, la decisión, en el asunto que ocupa nuestra atención, es clara y expresa en cuanto que la Procuraduría de conocimiento en su oportunidad, resolvió convocar a juicio de responsabilidad disciplinaria al funcionario investigado, en cuanto que le elevó pliego de cargos en su contra. Sumado a lo anterior, debemos recordar que la providencia de cargos conforma una sola pieza jurídica1, en la cual inescindiblemente la parte considerativa guarda

relación directa con la resolutiva y, en esas condiciones, deberá ser observado y acatado en su integridad, como quiera que, las consideraciones donde se describen las faltas y las presuntas normas vulneradas, no puede verse de manera aislada, sino se reitera, en estrecha relación con la parte resolutiva donde se determina de manera exacta la situación procesal en que ha quedado el disciplinado. 1 Sobre la conformación de la unidad jurídica entre la parte motiva y resolutiva, el alto Tribunal Constitucional en la sentencia C. 478 de 1998, señaló: “Por ello, la Corte ha señalado que hace tránsito a cosa juzgada no solamente aquello que expresamente aparece en la parte resolutiva pues también gozan de cosa juzgada implícita “los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquellos. Esto significa que el operador jurídico, para determinar el sentido y el alcance genuinos de una decisión judicial, debe interpretar la parte resolutiva tomando en consideración todos aquellos apartes de la argumentación que forman una unidad de sentido con la determinación tomada y que constituyen la razón (ratio decidendi) para que el juez hubiera decidido de esa manera y no de otra…” REF: 054-08574-06 4 En el asunto sometido a consideración, se determinó formularle pliego de cargos al señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, de conformidad y por los hechos descritos en la parte motiva de la decisión, las cuales no resulta técnico transcribirlas en la parte

resolutiva El hecho de no haber invocado en la parte motiva de la providencia de manera literal las circunstancias aludidas por el investigado, no es elemento suficiente para predicar la existencia de causal alguna generadora de nulidad, por lo cual la petición formulada en este sentido será rechazada. En cuanto al segundo hecho alegado por el recurrente como causal de nulidad, esto es, en el sentido de haberse investigado y tramitado bajo la misma cuerda procesal todas las conductas denunciadas, no obstante que la solicitud fue presentada sin concretar la causal generadora de nulidad y sin que se haya indicado los fundamentos de hecho y derecho alegados como vulnerados, tal como lo exige el artículo 146 de la obra disciplinaria2, como quiera que, el peticionario sólo se limitó a expresar de manera inconcreta dicha imposibilidad jurídica, procede el despacho a realizar el siguiente análisis de fondo: El artículo 81 de la ley 734 de 2002, respecto a la competencia por razón de la conexidad, consagra: “Cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán, y decidirán en un solo proceso. (…)”. Por su parte la CONEXIDAD, se presenta cuando varias faltas están ligadas entre sí por vínculos subjetivos o materiales o se conectan de alguna manera, que justifica que se investiguen bajo la misma cuerda procesal, y en ese sentido habrá conexidad sustancial y procesal, tal como se enuncia y define en la Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación3, así: 2 Respecto a este tema puntual, el Dr. Esiquio Manuel Sánchez Herrera, en su obra Dogmática

Practicable del Derecho Disciplinario, expresó: “El principio de acreditación es un principio cuya fuente de existencia es jurisprudencial, empero también legal pero no por vía de la regulación de los principios, sino mediante la exigencia de los requisitos necesarios para formular la solicitud de nulidad de que trata el artículo 146 de la Ley 734 de 2002. Conforme con este principio y el artículo en mención quien alega la configuración de un motivo invalidatorio, está llamado a especificar la causal que invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya46. Ello quiere decir que quien alega la nulidad tiene la carga de fundamentar la solicitud expresando de manera clara la causal que invoca y explicando los fundamentos jurídicos y fácticos en los que asienta la petición. La solicitud no puede ser entonces escueta, no puede ser un escrito incoherente, plano o anfibológico. Sino se reúnen esos presupuestos la solicitud debe ser rechazada por falta de los requisitos de ley”. 3 Adoptada por la resolución No. 191 de 2003, que en el artículo primero de la parte resolutiva dispone que sus «procedimientos deberán ser aplicados en todas las dependencias de la Procuraduría General de la Nación.

REF: 054-08574-06 5 “CONEXIDAD SUSTANCIAL. Requiere pluralidad de faltas disciplinarias atribuibles a una o varias personas y un hilo conductor determinante entre ellas. Se subdivide en: - Teleológica. Se presenta cuando el mismo sujeto incurre en varias faltas disciplinarias unidas por un nexo de medio a fin, es decir, cuando comete una falta con el fin de realizar otra.

• Consecuencial. Se presenta cuando pretendiendo cometer una falta se incurre además en otra. - Ocasional. Cuando la comisión de una falta se presenta como la ocasión para realizar otra. - Cronológica. Se presenta cuando en un mismo contexto de acción se presentan varias faltas o cuando las faltas se cometen por el mismo sujeto en diferentes contextos de acción pero con la misma finalidad.

CONEXIDAD PROCESAL. A diferencia de la anterior no requiere de vínculos determinantes y surge exclusivamente por razones conveniencia o economía procesal. La doctrina ha señalado las siguientes modalidades: - Comunidad de medio probatorio. Cuando una misma prueba permite demostrar varias faltas. - Unidad de sujeto. Se refiere a hechos no conexos cometidos por el mismo sujeto. - Unidad de denuncia. Diferentes hechos señalados dentro del texto de la queja o denuncia, atribuibles a uno o varios sujetos, evento en el cual es procedente la acumulación mientras no se desconozcan los factores objetivos, subjetivos y territoriales que determinan la competencia disciplinaria”. En el anterior orden y sin que se tenga que hacer un amplio análisis valorativo, del contenido tanto de la norma transcrita como del marco general contenido en la Guía Disciplinaria, se evidencia que en caso sometido a consideración no existió irregularidad en cuanto que los hechos denunciados en contra del investigado señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, fueron investigados, debatidos y decididos bajo la misma cuerda procesal, toda vez que, al haber existido tanto unidad de denuncia como de sujeto pasivo de la acción disciplinaria, por razones de conveniencia y/o economía procesal, a la luz de la normatividad vigente ésta era procedente.

Bajo los anteriores parámetros, la petición de nulidad elevada, por el hoy recurrente será despachada desfavorablemente. Por último, alega el investigado que en la parte motiva del pliego de cargos se hizo referencia a que la conducta investigada constituía falta GRAVE a título DOLOSO y en el fallo ésta se modificó inexplicablemente a falta GRAVE a título CULPOSO, por lo cual se impide el adecuado y congruente ejercicio de su defensa. Frente a la causal alegada encuentra esta instancia procesal, que los hechos señalados y con los cuales se podría ver comprometido el derecho de defensa, no REF: 054-08574-06 6 corresponden a la realidad fáctica ni probatoria, como quiera que, la Procuraduría Provincial, efectivamente frente al segundo de los cargos imputados, modificó la calificación subjetiva de responsabilidad que de manera provisional había determinado en el pliego de cargos, modificándola de título doloso a culposo, variación que fue debidamente motivada, en el sentido de no existir prueba con la cual se hubiese podido deducir plenamente que el señor DEL RIO PAEZ, haya incurrido en el referido comportamiento de manera consciente, e intencional, pues indicó el fallador que por el contrario existió certeza que la omisión imputada obedeció a la falta de cuidado que debió observar frente a sus funciones que le eran inherentes como representante de la entidad territorial, (fls. 623 y 624 c.u.). En este orden la solicitud de nulidad planteada será igualmente denegada. 3.3. Aspectos generales sobre la nulidad en el proceso disciplinario.

Frente a este tema puntual el despacho considera importante advertir, que para efectos de decretar la nulidad, como medida extrema dentro de la actuación procesal, la doctrina ha establecido varios principios para su interpretación y aplicación, entre los cuales tenemos principio de especificidad, trascendencia, residualidad, instrumentalidad y convalidación,4 cuya aplicación por remisión expresa del parágrafo del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, son aplicables en sede disciplinaria. Por su parte, los principios rectores de la ley disciplinaria consagrados en el título I de la ley 734 de 2002, permiten establecer que todas las actuaciones que se adelanten dentro del proceso disciplinario deben respetar los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad. De tal suerte que en aras de garantizar y asegurar el efectivo ejercicio del derecho de defensa de los disciplinados durante el proceso, la ley disciplinaria, consagró varios 4 (i) el principio de especificidad, en virtud del cual las causales de nulidad se encuentran taxativamente descritas en el ordenamiento jurídico y no es posible aplicarlas por vía de analogía; (ii) el principio de trascendencia, según el cual, la nulidad no puede invocarse por el sólo interés de la Ley, es necesario que la irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos procesales o socave las bases fundamentales del juicio; y (iii) el principio de la naturaleza residual, que establece que la nulidad es una medida extrema que sólo puede decretarse cuando no existe otro mecanismo procesal para subsanar la irregularidad, lo cual significa que únicamente tiene aplicación cuando el grave quebranto procesal no puede corregirse sino repitiendo el trámite”. BERNAL CUELLAR Jaime y

MONTEALEGRE Eduardo. Proceso Penal. Cuarta Ed. Universidad Externado de Colombia. Pàg. 349 y sig. El Doctor Esiquio Manuel Sánchez Herrera, en su obra Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario, además de los anteriores principios orientadores para la aplicación de ésta figura jurídica, hace relación a: principio de instrumentalidad, en cuya virtud si el acto procesal es anómalo e inidóneo, pero a pesar de ello cumple la finalidad, no hay lugar a su declaratoria; principio de protección, en cuanto no puede invocar su la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trata de falta de defensa técnica; y, principio de necesidad de prueba, según el cual, cualquier prueba que no se haya practicado en la etapa de indagación o investigación puede ser, luego, decretada y practicada con posterioridad al pliego de cargos o al auto de citación a audiencia, sin embargo, si el disciplinado o su defensa en la investigación ha solicitado de manera reiterada una prueba que pueda servir de fundamento para desvirtuar la imputación y no ha recibido contestación alguna y es sorprendido con el pliego acusatorio, podría dar lugar a nulitar el pliego.

REF: 054-08574-06 7 medios de impugnación, entre otros, los recursos, las nulidades procésales y la revocatoria directa.

Es así, como en el artículo 143 de la ley 734 de 2002, se establecieron las siguientes causales de nulidad: “...1. La incompetencia del funcionario para fallar. 2. La violación del derecho de defensa del investigado. 3. la existencia de irregularidades

sustanciales que afecten el debido proceso. ...” Ahora bien, en cumplimiento de los fines estatales cuya protección se logra, entre otras, a través del derecho disciplinario, el artículo 144 de la misma obra disciplinaria, como mecanismo de autotutela, determinó la declaratoria oficiosa de la nulidad, cuando sea el mismo funcionario que conozca del asunto quien advierta su existencia. 3.4. De la Nulidad advertida por el despacho. Si bien en el recurso de apelación no se hace mención específica sobre el asunto que se procederá a analizar, no puede perderse de vista que la misma ley disciplinaria otorgó facultad al fallador de segunda instancia para evaluar todos los aspectos inescindibles del recurso de apelación y obviamente el principio de legalidad y en particular la tipicidad de la falta está incluida dentro de dicho concepto, así: Analizadas las piezas procesales proferidas por el A-quo, dentro de las presentes diligencias disciplinarias, advierte esta Delegada que existe una circunstancia atentatoria contra el debido proceso y más concretamente respecto de la garantía del derecho de defensa que debe declararse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, numerales 3 y 4, y 144 de la Ley 734 de 2002, que compromete la providencia a través de la cual se formuló pliego de cargos en contra del servidor público investigado, tal como se procederá a analizar: En efecto, el auto del 22 de abril de 2008, la Procuraduría Provincial de Vélez, elevó cargos contra el señor VICTOR JOSE DEL RIO PAEZ, en su calidad de Alcalde

Municipal de San José de Pare, y en el acápite denominado “Normas infringidas y concepto de violación”, le imputó al investigado haber vulnerado las siguientes normas:

• Constitución Política.

Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Artículo 123. (…) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. (…) Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, REF: 054-08574-06 8 moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…). - Ley 734 de 2002. Artículo 23. Constituye falta disciplinaria, y por tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento”. Artículo 34. DEBERES: Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumpla los deberes contenidos en la constitución,

los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integran a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada del servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.

Sea lo primero advertir respecto de la trascendencia e incuestionable importancia del pliego de cargos en el procedimiento disciplinario, por ser la pieza procesal a través de la cual se concreta la imputación jurídica y se edifica sus límites, determinando además el ámbito sobre el cual debe estructurarse la decisión, por lo que las imputaciones que se formulen deben ser precisas, concretas y claras y, siempre ajustadas a la realidad fáctica. Por tanto, cuando el operador jurídico desconoce estos parámetros el pliego de cargos se halla viciado de nulidad por inobservancia de las formas propias del juicio, y más concretamente vulneración al debido proceso y derecho de defensa, como

quiera que es precisamente en este momento procesal en donde el investigado ejerce a plenitud tal garantía, pues constituye la oportunidad máxima para alegar su inocencia, justificar su conducta, aportar o solicitar los medios probatorios que pretenda hacer valer en favor de su defensa; debe por tanto, efectuar una imputación precisa, lo que implica que cuando se desconoce o afecta este derecho constitucional y legalmente consagrado no queda otro camino que no sea el de dejar sin efectos jurídicos la respectiva pieza procesal que contenga dicha vulneración.

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Por lo anterior, al momento de realizar la formulación de cargos se debe realizar un cuidadoso análisis de las normas posiblemente transgredías por parte del investigado, máxime si se tiene en cuenta que las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, por lo que en cada caso en particular deberá analizarse los hechos objeto de investigación para encuadrarlos en el tipo disciplinario que mejor se adecué, por lo cual las normas en que se fundamenta el cargo o cargos, deben ser precisas, detalladas y transcritas en su totalidad en el pliego de cargos. En el presente caso la Procuraduría Provincial, obrando con carencia de técnica, en el auto de cargos se limitó a narrar una serie de hechos, para luego transcribir unas disposiciones legales que en forma genérica posiblemente transgredió con su actuar el disciplinable, tales como: artículos 6º, 123 y 209 de la Carta Constitucional, incumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 1º, 2 y 24 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, sin que se hiciera el menor esfuerzo de subsunción del

fundamento fáctico en tales normas, para concretar el alcance de la múltiple imputación y lo que es peor ni siquiera se expresa o se le endilga al investigado la norma del Estatuto de Contratación Estatal o normas de presupuestales, que al parecer pudo haber trasgredido, pues simplemente el operador disciplinario en la enunciación del PRIMER CARGO,, como aparece titulado, indicó: PRIMER HECHO. “… en su condición de Alcalde municipal de San José de Pare, Boyacá, al hacer obras que finalmente no sirvieron para el propósito buscado, actuó en el ejercicio del cargo poco diligente y totalmente ineficiente al decidir manera (sic) apresurada y sin ningún tipo de planeación, hacer inversiones de adecuaciones a una edificación donde venía funcionando el matadero municipal cuando el lugar no era apropiado”, lo propio indicó en torno al SEGUNDO DE LOS HECHOS cuando manifestó: “.. de forma improvisada, sin ninguna planeación y previsión decide comprar 12 tubos 36 pulgas…para colocar en la quebrada los medios, inversión que resultó ser improductiva ya que dicha quebrada al cambiar su curso quedó la obra sin ninguna utilidad”. Remata el funcionario dici