PGN - NULIDAD - Contra acuerdo municipal que establece la nomenclatura vial y residencial

NULIDAD-Contra acuerdo municipal que establece la nomenclatura vial y residencial y se determinan los perímetros urbanos de los centros poblados CONCEJO MUNICIPAL-Competencia respecto de la determinación del área urbana y diseño de su nomenclatura vial y residencial MUNICIPIO-Concepto de área urbana CONCEJO MUNICIPAL-Marco normativo sobre competencia en área urbana y nomenclatura de vías públicas y de los predios o domicilios/CONCEJO MUNICIPALCompetencia respecto a área urbana y nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios Esta norma fue derogada expresamente por el numeral 7 del artículo 138 de la Ley 388 de

1997. Sin embargo, nótese, en primer lugar, que el artículo 38 del Decreto 1333 de 1986 se refiere únicamente a la determinación de la nomenclatura de las calles y carreras, y nada señala en relación con los predios o domicilios; y, en segundo lugar, que la misma Ley 388 de 1997 prevé la derogatoria de disposiciones de la Ley 136 de 1994, específicamente del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (numeral 8° del artículo 138 de la Ley 388 de 1997), sin que se hiciera referencia alguna al numeral 6° del mismo artículo 32. El detalle con el cual se realizaron las derogatorias de la Ley 388 de 1997 nos indica que si el Legislador hubiere querido derogar la facultad prevista en el numeral 6° de la Ley 136 de 1996, así lo hubiera señalado (como lo hizo expresamente con el numeral 5°), razón por la que esta Delegada considera que el concejo municipal de San Pedro si tenía competencia para determinar la

nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios, con sustento en la mencionada norma. Expediente No 760012331000 2008 01137 01

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2014 Alegato No. 18

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso Ref.: E ExpedieEnxtpeedi No 760012331000 2008 01137 01

Actor: DemandHaenrmtee Hermes Lamus Barona

DemandCaodnocejConcejo Municipal de San Pedro (Valle del Cauca) AcciónAcción Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada1 a emitir concepto de fondo en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales. ANTECEDENTES 1.- La decisión apelada Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró la nulidad parcial del Acuerdo Municipal No. 013 de 22 de agosto de 2000, proferido por el concejo municipal de San Pedro (Valle del Cauca), el cual fuere demandado en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, conforme a los siguientes argumentos: 1.1.- […] En el presente caso la controversia se contrae a definir la legalidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo No. 013 de 22 de agosto de 2000, “por medio

del cual se establece la nomenclatura vial y residencial y se determina los perímetros urbanos de los centros poblados San José y el Chircal del corregimiento San José del Municipio de San Pedro”, por considerarlos contrarios a normas superiores […] 1.2.- […] Estima el actor como norma violada la Ley 388 del 18 de julio de 1997 artículo 7 y 8, publicada en el Diario Oficial No. 43.091 del 24 de julio de 1997, por la cual se modificó la Ley 9° de 1989 y la Ley 3° de 1991 y se dictaron otras disposiciones, que dispuso: […] “ARTÍCULO 138. Las disposiciones de la presente ley rigen a partir de su publicación y: […] 7. Deroga expresamente las disposiciones de los artículos 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 55, continua la lista de artículos derogados > 58 y 281 del Decreto 1333 de 1986. […] 8. Derogan expresamente las disposiciones contenidas en el numeral 5° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (…)” (Subrayado 1 De conformidad con la competencia delegada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 194 de junio 8 de 2011, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa tiene funciones de intervención ante la Sección Primera y ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No 760012331000 2008 01137 01

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso fuera de texto) […] Normas estas que sirvieron de base para proferir el Acuerdo No. 013

de 2000, del Concejo del Municipio de San Pedro – Valle el 22 de agosto de 2000. Dicho artículos, hoy derogados, indicaban: (se citan las normas) 1.3.- […] Como dijimos los anteriores apartes normativos fueron derogados de forma expresa por la Ley 388 de 1997, por lo que han salido del ordenamiento jurídico y no son fuentes de facultades para las Corporaciones Públicas, como en el presente, el Concejo Municipal de San Pedro – Valle, por lo que cualquier acto administrativo que haya nacido a la vida jurídica que tenga como fundamento las facultades ahí otorgadas, dígase señalar el área urbana de sus poblaciones y determinar las áreas urbanas y suburbanas de la cabecera municipal y demás centros de poblados, fijando el perímetro urbano; adolecería de falta de competencia, pues el acto administrativo fue expedido por una autoridad sin estar legalmente facultada para hacerlo, es decir, el funcionario se extralimita en sus funciones porque las normas en que amparó su actuar fuera del ordenamiento jurídico […] 1.4.- […] Haciendo un análisis profundo al contenido del acto administrativo objetado, encuentra esta Sala de Decisión, que en las consideraciones del mismo, el Concejo de San Pedro señala que sus atribuciones son conferidos por la Constitución, el Código de Régimen Municipal, artículo 38 (derogado a la fecha de expedición del acto), la Ley 136 de 1994 y la Ley 388 de 1997. Además se advierte que el encabezado que se le da al acto acusado es: […] “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA NOMENCLATURA VIAL Y RESIDENCIAL Y SE DETERMINA LOS PERÍMETROS URBANOS DE LOS

CENTROS POBLADOS SAN JOSÉ Y EL CHIRCAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO”. […] 1.5.- […] Mas adelante, se denota en el contenido del acto, exactamente en sus artículos 6° y 7° que establecen para el Centro Poblado Corregimiento San José y el Chircal, la Poligonal que describen y que delimita el perímetro urbano; atribución que como vimos, no tenía el Concejo del Municipio, ya que el fundamento de tal atribución fueron normas derogadas (Decreto 1333 de 1986 artículo 38 y Ley 136 de 1994 artículo 32 numeral 5°) por lo que ya no constituían fuentes de competencia, consecuencia de ello es que estos artículos y el encabezado del acuerdo, cuando indican la determinación de los perímetros urbanos de los centro poblados, se declararán nulos, por falta de competencia […] 1.6.- […] Ahora bien, refiriéndonos a los demás artículos que conforman el Acuerdo Municipal demandado, estos indican que la nomenclatura oficial para el corregimiento San José queda diseñada conforme a los listados y cartografía del IGAC y plasmada en los planos de nomenclatura vial y domiciliaria (artículo 1°), además establece la nomenclatura vial compuesta por carreteras y vías del Centro Poblado Corregimiento San José, así como la nomenclatura residencial (artículos 2 y 3), establece la dependencia encargada de la implantación y funcionamiento de la nomenclatura vial y residencial, y constituye la nomenclatura oficial del centro poblado, señalando los predios que la conforman y su dirección, tanto del corregimiento San José como del

Chircal (artículos 4, 5 y 8). 1.7.- […] A efectos de determinar la competencia respecto a la determinación de las nomenclaturas viales y de predio o residenciales, se cita lo estipulado por la Ley 136 de 1994 numeral 6: (se cita la norma) […] Visto esto, encuentra esta Corporación que si bien el Concejo Municipal de San Pedro – Valle del Cauca, no tenía la facultad legal de Expediente No 760012331000 2008 01137 01

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso fijar el perímetro urbano de los Centros Poblados, en virtud de la anterior norma si podía determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios, por lo que en este sentido permanecerá incólume el Acuerdo demandado […] 1.8.- […] Es necesario aclarar, que los errores cometidos en la digitación del Acuerdo objetado, no tienen el alcance de viciar de nulidad el acto administrativo , siempre que el contenido del mismo sea claro y este fuera de cualquier error sustancial que cambie el sentido del mismo, por lo que este cargo no prospera […] 2.- El recurso de apelación presentado por la parte demandante En la oportunidad procesal correspondiente, la parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, con el fin de que se accediera en forma total a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos: 2.1.- […] 1. Que al declarar la nulidad parcial del acuerdo municipal No. 013 de Agosto 22 del año 2000 proferido por el consejo municipal de San Pedro Valle en cuanto a la

determinación de los perímetros urbanos de los centros poblados de San José y el Chircal del municipio de San Pedro en el encabezado del acto administrativo y sus artículos 6 y 7, que en este fallo o resuelve se tiene en cuenta únicamente el artículo 32 de la ley 136 de 1994 en su numeral 5 el cual fue derogado por el artículo 138 numeral 5 el cual fue derogado por el artículo 138 numeral 8 de la ley 388 de 1997, osea (sic) el encabezado del acuerdo, lo cual hace referencia al perímetro urbano […] 2.2.- […] 2. Así como el anterior artículo fue derogado, el artículo 38 del decreto 1333 de 1986, también fue derogado por el artículo 138 numeral 7 de la ley 388 de 1997, del cual no se tuvo en cuenta para la nulidad, y esto hace referencia a la nomenclatura urbana y al perímetro urbano […] Por lo anterior no encuentro coherencia al fallo emitido por su señoría, ya que el encabezamiento y el cuerpo del acuerdo municipal debe ser de nulidad total. […] CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- La disposición acusada Lo es el Acuerdo No. 013 de 22 de agosto de 2000, «POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA NOMENCLATURA VIAL RESIDENCIAL Y SE DETERMINA LOS PERÍMETROS URBANOS DE LOS CENTROS POBLADOS SAN JOSÉ Y EL CHIRCAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO», que por su extensión no transcribiremos, sin perjuicios de las citas específicas que realizaremos en atención a los cargos formulados por el actor. 2.- El problema jurídico

Esta Agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico que debe resolverse se contrae a determinar si la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debe revocarse y, en su lugar, accederse a la nulidad total del acto demandado. Considera el actor que debe tenerse en cuenta que el artículo 38 del Decreto 1333 de 1986, referido a la nomenclatura urbana y al perímetro urbano, fue derogado por el Expediente No 760012331000 2008 01137 01

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso numeral 7° del artículo 138 de la Ley 388 de 1997, situación que no se tuvo en cuenta por parte del Juez de primera instancia. 3.- Análisis de los cargos y el problema jurídico Para proceder al análisis de los cargos formulados en el recurso de apelación y del problema jurídico, inicialmente debemos hacer referencia a la parte motiva del acto acusado, en la cual se encuentra el sustento normativo del acto acusado, el cual se cita, en la siguiente forma: […] El Concejo Municipal de San Pedro – Valle, en uso de las atribuciones contenidas en el Artículo 313, Numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en el Código de Régimen Municipal, Artículo 38 del Decreto 1333 de Abril 25 de 1986, la Ley 136 de 1994, la Ley 388 de 1.997. […] CONSIDERANDO […] Que conforme a la Constitución de Colombia de 1991 y el Código de Régimen Municipal, Decreto 1333 de 1986 con variación en la normatividad por la Ley 136 de 1994, Artículo 32 Numeral 5 y 6, ordena

que los Concejos Municipales, deben establecer el área urbana de todos los núcleos de desarrollo urbano y diseñar en ellos su nomenclatura vial y residencial […] Que el núcleo urbano del Corregimiento San José ha tenido amplio desarrollo urbanístico sin organización específica claramente definida […] El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca consideró que el concejo municipal de San Pedro (Valle del Cauca) sí tenía competencia para determinar las nomenclaturas viales y residenciales del municipio, en atención a lo establecido en el numeral 6° del artículo 32 de la Ley 136 de 1996, cuyo contenido es el siguiente: […] Artículo 32º.- Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:

1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los Decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo.

2. Exigir los informes escritos o citar a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas municipales, al contralor o al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que en sesión ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio.

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.

4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta Ley.

5. Determinar las áreas urbanas y suburbanas de la cabecera municipal y demás

centros poblados de importancia, fijando el respectivo perímetro urbano.

6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la Ley.

8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural.

9. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.

10. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

Expediente No 760012331000 2008 01137 01

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso El actor insiste en que el artículo 38 del Decreto 1333 de 1986 se refirió igualmente a la determinación de la nomenclatura urbana, norma que, agrega, fue derogada por el numeral 7 del artículo 138 de la Ley 388 de 1997. El mencionado artículo 38 del Decreto 1333 de 1986, señalaba: […] Artículo 38. Se entiende por área urbana de los Municipios la extensión comprendida dentro de la nomenclatura legal correspondiente o la determinada por los Concejos Municipales por medio de acuerdos.

Los Concejos Municipales que no hayan señalado el área urbana de sus poblaciones procederán a hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de este Código, determinando además la nomenclatura de las calles y carreras. […] Esta norma fue derogada expresamente por el numeral 7 del artículo 138 de la Ley 388

de 1997. Sin embargo, nótese, en primer lugar, que el artículo 38 del Decreto 1333 de 1986 se refiere únicamente a la determinación de la nomenclatura de las calles y carreras, y nada señala en relación con los predios o domicilios; y, en segundo lugar, que la misma Ley 388 de 1997 prevé la derogatoria de disposiciones de la Ley 136 de 1994, específicamente del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 (numeral 8° del artículo 138 de la Ley 388 de 1997), sin que se hiciera referencia alguna al numeral 6° del mismo artículo 32. El detalle con el cual se realizaron las derogatorias de la Ley 388 de 1997 nos indica que si el Legislador hubiere querido derogar la facultad prevista en el numeral 6° de la Ley 136 de 1996, así lo hubiera señalado (como lo hizo expresamente con el numeral 5°), razón por la que esta Delegada considera que el concejo municipal de San Pedro si tenía competencia para determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios, con sustento en la mencionada norma.

4. Conclusiones Por las razones anteriores, esta Delegada considera que los argumentos expuestos por el actor en su recurso de apelación no tienen entidad suficiente para quebrar el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, razón por la que esta agencia del Ministerio Público considera que la misma debe confirmarse.

De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa JCardoso Expediente No 760012331000 2008 01137 01

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso