PGN - NULIDAD - Cuando se resuelve en un fallo no procede recurso alguno

Dependencia: Primera Delegada para la Contratación Estatal Radicación # 075-351/98

Disciplinado y/o investigado: Domingo Bustillo Gómez y Robinson Arrieta Roncallo Cargo y entidad: Alcalde de San Juan Nepomuceno y Director de la Asociación de Municipios de los Montes de María

Quejoso: Oficio

Fecha Queja: Directiva Procurador General.

Bogotá D.C., 23 de mayo de 2002 El presente averiguatorio tiene su inicio en cumplimiento de Directiva expedida por el Jefe de este organismo de control, en aras de evitar la contratación estatal como forma de intervención en política, donde señaló la revisión de la contratación celebrada por los Gobernadores y Alcaldes del país, al tenor de lo preceptuado en el Estatuto Contractual, misma que debía supervisarse por el período comprendido entre octubre y diciembre de 1997. Por auto del 6 de marzo de 1998, la Procuraduría Regional de Bolívar luego de haber practicado diligencias de indagación preliminar, dispuso la apertura de la investigación disciplinaria contra DOMINGO BUSTILLO GÓMEZ, en su condición de Alcalde Municipal de San Juan Nepomuceno y ROBINSON ARRIETA RONCALLO, en su calidad de Director de la Asociación de Municipios de los Montes de María, al advertir posibles irregularidades por omisión del mecanismo de licitación o concurso público consagrado en las normas de contratación administrativa y no darle aplicación a los principios establecidos en el artículo 23 y 24 de la Ley 80 de 1993, folio 98 a 100.

DE LOS CARGOS (folio 251 a 255) Por decisión de veinticuatro (24) de noviembre de 1999, se formuló los siguientes reproches: Al implicado DOMINGO BUSTlLLO GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 73.110.087, quien en su condición de Alcalde Municipal de San Juan Nepomuceno Bolívar, en el periodo comprendido entre 1995 hasta 1997 celebró contratos interadministrativo, en forma directa, con la Asociación de Municipios de los Montes de Maria, con objetos: "Adecuación y pavimentación, red vial urbana del municipio de San Juan Nepomuceno por un valor de $473.864.000.00; la construcción del acueducto San Pedro, en el municipio de San Juan, por un valor de $43.750.000.00, la construcción, adecuación y pavimentación, vía urbana en el municipio de San Juan Nepomuceno por un valor de $66.315.000.00, y la ampliación y construcción del acueducto del municipio de San Juan, por un valor de $95.039.000.00, actuaciones con las cuales desconoció los principios de la transparencia y el deber de selección objetiva que establece el articulo 29 de la Ley 80/93 y el Decreto 855/94, por cuanto la escogencia del contratista para el desarrollo y ejecución de esos contratos, debió hacerse, previa invitación pública, que permitiesen escoger al contratista cuyo ofrecimiento resultare mas favorable dentro de una pluralidad de oferentes. La conducta fue calificada provisionalmente como grave y a titulo de culpa.

Al encartado ROBINSON ARRlETA RONCALLO, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 7.464.670, en su condición de Director de la Asociación de Municipios de los Montes de María se le reprochó que como Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de los Montes de María, desconoció los principios de la transparencia y selección objetiva, que le ordena la ley 80 de 1993, para la escogencia, desarrollo y ejecución de los contratos interadministrativo que firmo con el municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar, al subcontratar con terceros los contratos de obras para la adecuación y pavimentación de la red vial urbana del municipio de San Juan Nepomuceno, con la firma Mario Bossa & Cia Ltda, por un valor de $473.684.000.00, de fecha diciembre 1 de 1997, construcción, acueducto de San Pedro, en el municipio de San Juan, con la firma Mario Bossa & Cia Ltda, por un valor de $43.750.000.00, de fecha diciembre 1 de 1997; y la construcción, adecuación y pavimentación, vía urbana, en el municipio de San Juan Nepomuceno, con la firma CONSECOM Ltda, por un valor de $66.315.000.00, de fecha 13 de diciembre de 1997. De acuerdo con el presupuesto de la entidad estatal para la vigencia de 1997, la contratación directa solo se podía realizar hasta por cuantía no superior a los 250 salarios mínimos, la cual corresponde a la suma de $43.0001.250.00, debiéndose someter la escogencia del contratista al mecanismo de la licitación pública, de conformidad con la Ley 80/93 en su articulo 24, ya que

dichos contratos sobrepasaban la cuantía antes anotada. La conducta se califico provisionalmente como grave y a título de culpa. DE LOS DESCARGOS( Folio 278 a 282 y 303 a 304) El doctor Oswaldo Paredes Mercado, en su condición de apoderado de Domingo Bustillo Gómez, en ejercicio de su derecho de defensa advirtió que las Asociaciones de Municipios fueron creadas por el Legislador para racionalizar los recursos, lo cual se confirma en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que regula el principio de la transparencia presuntamente violado por su apadrinado, el cual enseña que la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: a) Contratos interadministrativo con el excepción del contrato de seguro; infiriendo por ello que las ofertas presentadas por la Asociación de Municipios de los Montes de María, eran beneficiosas para el municipio de San Juan, y por lo tanto el actuar de su defendido se ajusto a la Ley citada como violada. Complementa la exculpación manifestando que el actuar de su defendido se ajusto a la Ley, y que existen pronunciamiento de archivo por parte de esa Regional, en casos similares por haber llegado el despacho al convencimiento de la no existencia de falta disciplinaria proponiendo la excepción de cosa juzgada, por los motivos señalados. Como petición subsidiaria planteó nulidad de todo lo actuado a partir del 1 de marzo de 2000, por cuanto estimó que la competencia para investigar al implicado radicaba

en la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 76 del Decreto 262 de 2000, invocando la causal primera del artículo 131 de la Ley 200 de 1995, que establece como tal la incompetencia del funcionario para fallar. Sustenta su nulidad de incompetencia en el auto de fecha 29 de junio de 2001 que complementó el auto de cargos de fecha 24 de noviembre de 1999, considerando que no se tenía competencia para realizar tal providencial toda vez que la misma estaba atribuida al Procurador Provincial de El Carmen de Bolívar, conforme a lo establecido en el artículo 79 del Decreto 262 de 2000 y en la Resolución No. 018 de esa misma anualidad. Consideró que el auto complementario de cargo, por reunir los requisitos del artículo 92 de la Ley 200 de 1995, deja sin competencia al Regional y obligatoriamente el radicado debía pasar al conocimiento de el Provincial de El Carmen de Bolívar. El disciplinado ARRIETA RONCALLO, expuso como exculpación, que el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, permite la contratación directa tratándose de contratos interadministrativos, que el régimen jurídico de dichos contratos tiene precisamente entre sus excepciones la de prescindir de la licitación publica en el proceso de selección, máxime cuando se celebran entre entidades estatales y ello obviamente excluye la necesidad de dicho proceso de selección. Trajo a colación que la sección tercera del Honorable Consejo de Estado en auto de marzo 10 de 1994 manifestó que : “la Ley 80 en el parágrafo en su artículo 2 al

darles el carácter de entidades estatales tanto a las cooperativas como a las asociaciones conformadas por entidades territoriales ( los departamentos, los municipios, regiones etc.) para someterlas a la contratación que ella establece, creó una ficción que impone estas precisiones: las cooperativas en general son personas de derecho privado y están sometidas al régimen propio y privado de contratación; pero si las cooperativas están conformadas por entes territoriales como también sucede con las asociaciones conformadas de la misma manera pero no organizadas como cooperativas se consideraran como entes estatales para el solo efecto de aplicarles el régimen de contratación creado por la Ley 80". Solicitó se tuviera como prueba la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, y, el contenido del auto de archivo del radicado No. 075-97193 de la otrora Procuraduría Departamental de Bolívar, hoy Regional de Bolívar. Al contestar el auto complementario de cargos de fecha 29 de junio de 2001, alegó en su defensa, que no compartía el criterio de la Procuraduría Regional cuando afirmó que actúo de manera culposa y negligente, ya que cuando celebro los contratos cuestionados, lo hizo dentro del marco normativo de la Ley 80/93, y que no conoce ningún pronunciamiento sancionatorio por parte de la Procuraduría con relación a la celebración de contratos interadministrativos. DEL FALLO DE LA INSTANCIA (Folio 323 a 335) En lo pertinente al doctor DOMINGO BUSTILLO GOMEZ, consideró el a-quo que lo reprochado se contrae al desconocimiento de los principios de transparencia y el

deber de selección objetiva, contemplados en el artículo 29 de la ley 80 y el decreto 855 de 1994 por cuanto no llevo a cabo invitación pública para presentar ofertas, lo cual hubiese permitido escoger al contratista cuya propuesta fuese la mas favorable entre una pluralidad de oferentes. Estimó la Regional de Bolívar, que con el material probatorio, se observa que no existe constancia de licitación alguna, como tampoco invitaciones a varias instituciones para que presentaran sus propuestas, mecanismos estos que debieron ser utilizados por la administración de San Juan Nepomuceno (Bolívar), en razón a la cuantía de los contratos a ejecutar, y que por el contrario está demostrado que la adjudicación de estos contratos se hizo en forma directa entre la administración de San Juan Nepomuceno y la Asociación de Municipios de los Montes de María, sin que se hubiese permitido que otras entidades de similar naturaleza presentaran propuestas, lo cual permitiere la escogencia de los ejecutores de las obras en una forma mas democrática, participativa y de mayor conveniencia para la administración. Advirtió que los funcionarios públicos deben dar cumplimiento a los principios de transparencia y selección objetiva, en la celebración de contratos. En esta contratación se omitió el análisis de factores de selección, evaluación, conveniencia, capacidad, idoneidad, experiencia entre otros, antes por el contrario la escogencia se hizo en forma caprichosa, no obstante los contratos celebrados por su cuantía merecían una atención y cuidado especial del señor Alcalde. Que al acudir, el Burgomaestre, a la contratación directa con la Asociación de

Municipios de los Montes de María sin tener en cuenta el valor de las obras, se evidenció el deseo de eludir el procedimiento consagrado en la Ley 80 de 1993, incumpliendo los deberes de los servidores públicos. Dijo además que la Asociación de Municipios de los Montes de María, carecía de la infraestructura para ejecutar las obras, por ello, debió subcontratar la realización de las mismas con expertos en cada área, circunstancia que no se tuvo en cuenta al momento de seleccionarla, violándose como ya se dijo el principio de selección objetiva del contratista. Sobre la nulidad planteada por el implicado Bustillo Gómez, advierte que el articulo 261 del Decreto 262 de 2000, establece en su inciso final que las actuaciones disciplinarias que al momento de entrar en vigencia la nueva Ley se encontraren con pliegos de cargos, continuaran su trámite de primera instancia en las dependencias en donde este se hubiese proferido, como en el caso de autos, donde en noviembre 24/99 fueron proferidos los cargos contra los aquí implicados, esto es antes de entrar en vigencia el decreto 262/00, misma que entró a regir en marzo 1 de 2000, no alterándose de esta forma la potestad de conocimiento para la instancia. Con la decisión complementaria a la de cargos, lo que hizo fue añadir al mismo un elemento subjetivo, encaminado en últimas a que el encartado se informe a que título se le imputo la falta, basamentos por los cuales desecho la solicitud de nulidad. En relación con la presunta cosa juzgada debido a la existencia de pronunciamientos

de archivos en situaciones parecidas por parte de la Procuraduría Departamental de Bolívar, le recordó el fallador al apoderado que para estar en presencia de la cosa juzgada, se requiere que el despacho se hubiese pronunciado con anterioridad por estos mismos hechos en favor o en contra de su apadrinado, presupuesto inexistente en la presente investigación. Lo que toca al imputado ARRlETA RONCALLO, a quien básicamente se le inculpó el haber desconocido los principios de transparencia y selección objetiva, que consagra la Ley 80 de 1993, por subcontratar con terceras personas, los contratos relacionados en el auto de cargo, cuando la cuantía en razón del presupuesto impedía realizar contratación directa, omitiendo con ello el utilizar el mecanismo de licitación pública, de conformidad con la ley 80 de 1993 en su artículo 24, por cuanto todos los contratos por el suscrito y esbozados en los cargos, sobrepasaban la menor cuantía. Observa la instancia la inexistencia de constancia de licitación alguna, mecanismo de obligatorio cumplimiento por parte de la Asociación de Municipios de los Montes de Maria en razón a la cuantía de los contratos a ejecutar, por el contrario esta mas que demostrado que la adjudicación de estos contratos se llevo a cabo directamente con los contratista MARIO BOSSA & CIA. LTDA. y CONSECON LTDA., concluyendo que ciertamente existió incumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, normas de contratación administrativa por parte

de ARRIETA ROCALLO.

Que en Sentencia C-040 del 26 de enero de 20001 de nuestra Honorable Corte

Constitucional ( Magistrado ponente doctor Fabio Morón) en uno de sus apartes dice "Para los efectos de la definición del régimen aplicable a la contratación también tienen el carácter de Entidades Estatales las Cooperativas y Asociaciones conformadas por entidades territoriales, las que, por consiguiente quedan sometidas al régimen contractual previsto para las Entidades Estatales, que actualmente esta contemplado en el Estatuto General de la Contratación Estatal ley 80 de 1993. Se reitera que la potestad de contratación directa debe ejercerse con estricta sujeción al reglamento de contratación directa del Decreto 855 de 1994, cuyas disposiciones conforme al parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, precisamente busca garantizar y desarrollar los principios de economía transparencia y especialmente el deber de selección objetiva establecido en el estatuto contractual ". La conducta de los investigados fue calificada como culposa, por actuar de manera negligente, al no desplegar el cuidado a que estaba obligado, y le fue imputada como grave, teniendo en cuenta la jerarquía de los cargos ostentados, y a la posible violación del principio constitucional de la igualdad, prosperándoles el cargo y sancionándolos con suspensión de noventa (90) días en el ejercicio de su cargo a cada uno de ellos. DE LAS APELACIONES (Folios 340 a 347, 354 a 362 y 374 a 383 ) El Doctor DARIO BUSTILLO GÓMEZ, apoderado de DOMINGO BUSTILLO GÓMEZ, disciplinado en este proceso, interpuso en tiempo recurso de alzada contra la

resolución 030 de noviembre 30 de 2001, expresando que no se verificó si en realidad los contratos objeto de reproche habían sido firmados en su totalidad por el Alcalde de la época doctor DOMINGO BUSTILLO GOMEZ y la Asociación de Municipios de los Montes de María, o si por el contrario se firmaron y éstos fueron debidamente ejecutados, ya que muchos contratos aquí señalados fueron firmados, es decir celebrados entre la Alcaldía y la Asociación, pero posteriormente se dejaron sin efecto por disposiciones jurídicas del nuevo mandatario (el que remplazó al disciplinado), lo que quiere decir que en realidad no se le puede imputar la celebración de todos los contratos referidos, en el acápite de los medios de pruebas practicados de la resolución impugnada por las razones arriba anotadas. Solicita en la alzada se practique inspección judicial en los archivos de la Alcaldía Municipal de San Juan Nepomuceno, para que se verifique cuáles de estos contratos, fueron celebrados y ejecutados en la administración de el Alcalde de la época DOMINGO

BUSTILLO GÓMEZ.

Expone que el doctor DOMINGO BUSTILLO GÓMEZ se ajustó a derecho para la celebración de los contratos que se adjudicaron a la Asociación de Municipios Montes de María, como quiera que el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en su artículo 1º nos enseña que la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso público, salvo en los siguientes casos que se podrá contratar directamente: c) Interadministrativos, con excepción del contrato de

seguros, circunstancia que traduce que efectivamente la Asociación de Municipios de los Montes de María, estaba facultada para celebrar por ley contratos interadministrativos, ya que se ubica dentro de las entidades, cooperativas, microempresas, fundaciones, juntas de acción comunal y en general entidades de naturaleza similar del lugar donde deba ejecutarse el contrato (Artículo 16 del Decreto 855 de 1994), el disciplinado entonces, se ajustó a la normatividad para la época de los hechos, por estar enmarcada su conducta dentro del artículo 1, 2 , 7 y 16 del Decreto 855 de 1994. Refiere que existía igualdad de condiciones o quizás mejores para contratar con la Asociación de Municipios Montes de María, exhortando a realizar una inspección una inspección judicial, en los archivos de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno (Bolívar), concretamente año 1997 a 1998, a fin de comprobar que en realidad si existían otras ofertas y que se escogió a la Asociación de Municipios Montes de María, fue precisamente para darle cumplimiento al artículo 16 del Decreto 855 de 1994, por consiguiente, considera de vital importancia llevar a cabo esta inspección judicial para demostrar que en verdad la actuación del disciplinado fue dentro de los parámetros de la ley que regía para la época de los hechos que se investiga. Reclama que el artículo 1º del Decreto 855 de 1994, indica que las entidades estatales podrán contratar directamente en los casos expresamente señalados en la Ley 80 de 1993, como indefectiblemente hizo el disciplinado. Expone el recurrente

que existen casos similares, como el de la Alcaldía de San Jacinto, la de El Carmen, las que han sido archivadas, por haberse ajustado los contratantes a las normas que ahora pretenden endilgarle como violadas a mi poderdante. Toma como suyas las apreciaciones de la instancia sobre la igualdad consagrada en la Constitución, debiendo así mismo aplicarse los mismos conceptos que se tuvieron en cuenta para archivar las diligencias similares, solicitando de esta forma que se tenga como medio de prueba, los fallos que han ordenado archivar las investigaciones similares adelantadas en los Municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto ( Bolívar), las cuales reposan en los archivos de la Regional de los años 1996 a 1999. Además de lo anterior, dice el apoderado que el titular de esta Delegada, en conferencia televisada en el año inmediatamente anterior, indicó que la celebración de los contratos administrativos era ajustada a derecho y por consiguiente toda actuación administrativa celebrada con los parámetros de los contratos Inter. Administrativos no daban mérito para abrir investigación disciplinaria, por ende pide que se tenga como prueba el videocassette que debe reposar en el organismo de control, referente a la aludida conferencia, o en su defecto que se le pida a Señal Colombia facilitarla. En otro escrito, presentado también en tiempo, el defensor repone sobre el incidente de nulidad, y desatado desfavorablemente, pidiendo que el ad-que tenga como presentado ante esa instancia dicho escrito o incidente de nulidad que fue negado por la resolución impugnada en su parte considerativa, ya que estima se esta en

presencia de una violación al numeral 1º del artículo 131 de la ley 200 de 1995, por incompetencia, esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto No. 262 de febrero 22 del 2000 en su Capítulo II. Diserta también el defensor que el artículo 261 transitorio del decreto 262, en el inciso final expone que no obstante las actuaciones disciplinarias que adelanten las dependencias de la entidad incluida la veeduría, en las que exista pliego de cargos, continuaran el trámite en primera instancia en dichas dependencias. Reclama así mismo que el Procurador Regional era incompetente, en junio 29 de 2001 para dictar el acto administrativo complementario de los cargos, en el que se calificó el elemento subjetivo de la conducta. Que no repite lo que invocó como nulidad, planteando una nueva, en razón de haberse omitido en la parte resolutiva de la decisión objeto de alzada decir que la nulidad no prosperaba, circunstancia que constituye irregularidad sustancia y afecta el debido proceso. ROBINSON ARRIETA RONCALLO, refiere en la sustentación del recurso de apelación interpuesto que, es extraño que la Procuraduría Regional, solo iniciara investigaciones contra Gobernadores y Alcaldes por eventos de contratación en el lapso de octubre a diciembre de 1997, además de desconocerse la competencia en cabeza de los Procuradores Provinciales. Expone que en la resolución objeto de impugnación se hace una relación de todos los contratos, incluyendo los convenios que reposan en la Alcaldía de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), desbordando con

ello la orden dada por el Procurador General de la Nación, advirtiendo además, que no todos los contratos fueron desarrollados por el como Director Administrativo de la Asociación de los Montes de María. Considera también que no se vulneraron los artículos 5 y 24 de la ley 80 de 1993. Hace un recuento el memorialista de los conceptos de CONTRATANTE Y CONTRATISTA, en diferentes normas, refiriendo al decreto 150 de 1976 y al decreto 222 de 1983, para aseverar que en el presente caso el contratante es el Municipio de San Juan Nepomuceno y la contratista la Asociación de los montes de María, última a quien se le endilga haber desconocido los principios de transparencia y selección objetiva de la ley 80 de 1993. Infiere por lo anterior, que la competencia para dirigir licitaciones o concursos en el municipio, radica en el Alcalde Municipal, o quien este delegue, según la ley 80/93, que las licitaciones o concursos se utilizan para adjudicar y celebrar contratos primigenios, para iniciar obras, no para ejecutar las mismas que es una etapa posterior y de responsabilidad del contratista. Insinúa el deponente que desde ningún punto de vista puede la Procuraduría Regional de Bolívar decir que se procedió sin transparencia para la escogencias de los subcontratistas por no haberse hecho la selección mediante una licitación. Trae a colación una cita del profesor Pedro Antonio Lamprea Rodríguez, obra CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, EDICIÓN 1979:” Contratos entre entidades públicas: Los contratos que las entidades públicas celebren entre sí, siempre que estén previamente autorizadas, se regirán por las

normas del derechos privado. En consecuencia, no habrá lugar a licitación, constitución de garantías ni estipulación de cláusulas especiales; se mantiene como lógico, la obligación de publicar el contrato en el diario oficial; además, debe efectuarse la aprobación y registro presupuestal y habrá de estipularse la subordinación a las apropiaciones presupuestales” Refiere que la Contraloría Departamental de Bolívar lo exonero de responsabilidad fiscal por los hechos investigados y allega el auto No. 17 de julio 19 de 2000. Por fuera del término legal, el encartado Arrieta Roncallo anexa al averiguatorio la Directiva Unificada No. 001 de diciembre 12 de 2001, considerando que los conceptos allí plasmados son coincidentes con lo esgrimido en el recurso. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA En lo que toca al encartado BUSTILLO GÓMEZ, lo primero a dilucidar es la impugnación de la nulidad advertida y la nueva nulidad por él planteada, debiendo manifestar, que por lo establecido en el artículo 96 del CDU, contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja, en los casos, términos y condiciones establecidas en el Código. De la misma manera, los artículos 99 y 102 ibídem preceptúan que los recursos de reposición y apelación procederán: el primero contra los autos de sustanciación, contra el que niega la recepción de la versión voluntaria, contra los fallos de única instancia y en el caso del recurso de apelación contra los autos que niegan pruebas en la investigación, contra el fallo de primera instancia y contra el archivo de que

trata el artículo 151 del CDU. Debe anotarse que la jurisprudencia ha reiterado que los recursos son de creación legal y que compete al legislador únicamente, determinar que tipo de actuaciones y/o decisiones son susceptibles de ser recurridas, señalar la oportunidad en que pueden impugnarse y sus efectos (Sentencia C-892-1999). Así las cosas se vislumbra que la resolución 030 de noviembre 30 de 2001, que decidió entre otras, la nulidad planteada, no se encuentra por este tópico dentro de los susceptibles de recurso de reposición o de apelación como se dejó consignado, por lo que no es susceptible de impugnación en ningún caso. En este orden de ideas, se negará por improcedente el recurso de apelación solicitado por el implicado Bustillo Gómez, contra la resolución 030 de Noviembre 30 de 2001, mediante el cual se produjo fallo de primera instancia y particularmente sobre la nulidad allí desatada, y en consecuencia no se estudiaran los argumentos de inconformidad expuestos dentro del escrito. Ahora bien, el Despacho considera que por haberse omitido consignar en la parte resolutiva del fallo objeto de apelación, la no progresión de la nulidad allí desatada, no existe irregularidad sustancial que afecte el debido proceso del encartado, como quiera que en el cuerpo de la decisión era clara la determinación tomada, y así fue entendida por la parte hasta el punto de presentar impugnación sobre la misma, debiendo por ende desatarse desfavorablemente para el actor. Contrario a lo expuesto por el impugnante, si está verificado que la contratación

objeto de reproche fue suscrita por él, como se registra en el cargo imputado, no siendo válido el constatar la ejecución de las obras contratadas, por cuanto esta circunstancia no fue censurada. Sobre la petición de pruebas, consistente en el interés de que se realicen inspecciones a los archivos de la Alcaldía de San Juan Nepomuceno, a fin de verificar la existencia de otras ofertas, así como valorar otros fallos proferidos por la instancia sobre asuntos similares y allegar video de Tele conferencia sobre contratación Estatal, es del caso anotar que la solicitud de pruebas es una de las garantías mas importantes del debido proceso, específicamente para ejercer el derecho de contradicción y defensa a que alude el artículo 29 de la carta política , el cual se encuentra como principio en el artículo 80 del código disciplinario; solicitud que debe ser incoada por los sujetos procesales, dentro de los términos previstos en los procedimientos respectivos, además, los medios probatorios deberán reunir los requisitos generales de conducencia, pertinencia y utilidad, y su practica no debe estar prohibida o limitada por la ley. Así, la conducencia es la comparación entre el medio probatorio y la ley con la finalidad de determinar si el hecho se puede demostrar en el proceso con un específico medio probatorio. La pertinencia es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son objeto de éste, es decir la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso. La utilidad consiste en que un medio probatorio preste algún servicio en el proceso de convicción del fallador, sin que sea irrelevante, inocuo o superfluo.

En este orden de ideas ha de negarse las prueba instadas, al considerar el despacho que estas son inconducentes, impertinentes e inútiles para el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación, como quiera que ya se estableció la inexistencia de otras ofertas, la instancia se pronunció en su momento sobre la presunta cosa juzgada, y lo registrado en el video solicitado, es una posición institucional, que sirve de basamento para esta decisión en lo referente entre otros asuntos a los lineamientos que deben seguirse en la celebración de contratos o convenios Inter. Administrativos, postura que se efectúa a continuación. Indefectiblemente Domingo José Bustillo Gómez, como representante legal y ordenador del gasto del Municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), comprometió un gran porcentaje de los recursos del mismo, particularmente entre octubre y diciembre de 1997, a través de la modalidad de convenios Inter. Administrativos con la Asociación de municipios de los montes de María, donde se observa que no se han acatado en debida forma los principios de Contratación estatal, básicamente la transparencia, así como la selección objetiva del contratista, quebrantándose el principio de igualdad, desviando el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de la Contratación Administrativa, toda vez que ésta Asociación de municipios no han demostrado ser las mas eficientes y eficaces en la ejecución de los contratos, como quiera que está revelado que no ejecuta directamente los contratos, sino que acude a la subcontratación, transfiriéndole los recursos a un particular para que los ejecute, convirtiéndose la Asociación de

marras, en un intermediario para celebrar los contratos respectivos. En los mencionados convenios se han omitido los obligados análisis de factores de selección y evalua