PGN - NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - Al configurarse inhabilidad en adjudicación proceso

Expediente 47.830 (2009-00087) NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-Al configurarse inhabilidad en adjudicación proceso de Selección Abreviada INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN-Procedencia de la ilegalidad del acto de adjudicación PRECEDENTE VERTICAL-Jurisprudencia de la Corte Constitucional ACTO ADMINISTRATIVO-Acto de adjudicación/ACTO ADMINISTRATIVO-Ha debido demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho En el caso concreto, la actora invoca la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 13 de junio de 2011, Expediente 19.936, pues en su sentir corresponde a una sentencia de unificación, en tanto en ella se advierte que el acto de adjudicación solo puede ser demandado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no a través de la acción de simple nulidad. De la simple lectura de la decisión en cita, el Ministerio Público advierte que las consideraciones jurídicas en ella contenidas no corresponden o se enmarcan dentro de la definición que de ellas hace el artículo 270 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), pues no decidió un recurso extraordinario, no se expidió en trámite de revisión eventual, no es sentencia de unificación o de importancia jurídica o trascendencia social y no expresa en su argumentación que éste unificando o sentando jurisprudencia .En ella simplemente se precisa algunos aspectos relacionados con los sujetos legitimados para demandar el acto de adjudicación y sobre la vía idónea

para demandar su nulidad. Advirtiendo que el ejercicio de la acción de simple nulidad no aplica para esta clase de actos. ACCIÓN DE LESIVIDAD-Concepto ACCIÓN DE LESIVIDAD-Marco Legal Tales consideraciones a juicio del Ministerio Público no conllevan a desconocer o dejar de lado la aplicación de la acción de lesividad establecida en el numeral 7 del artículo 136 del C.C.A. modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, pues dicha acción fue concebida por el legislador como el instrumento autónomo e idóneo para que las entidades públicas pudieran demandar la nulidad de sus propios actos, sin distinguir o limitar su ejercicio respecto de los actos separables o precontractuales expedidos

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 2 Expediente 47.830 (2009-00087) durante la etapa previa a la celebración del respectivo contrato. ACCIÓN DE LESIVIDAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado. ACCIÓN DE LESIVIDAD-Requisitos de procedibilidad Para el Ministerio Público es claro que la acción de lesividad que ejerció el Municipio contra el acto de adjudicación contenido en la Resolución No 3778 era la vía idónea para demandar su nulidad, pues se trataba de un acto administrativo expedido por la misma entidad demandante, respecto del cual no procedía la revocatoria directa pues se trataba de un acto particular y concreto que amparaba un derecho subjetivo que requería del consentimiento de la adjudicataria, por tanto la pretendida excepción de

indebida escogencia de la acción carece de fundamento, consecuente con lo anterior tampoco procede atender la excepción de caducidad alegada por la actora, pues la acción de lesividad se ejerció dentro del término legal de los dos años establecido para esta clase de acciones, pues el acto administrativo contentivo de la adjudicación del proceso de selección abreviada de menor cuantía, fue expedido el 2 de septiembre de 2008 y la demanda se instauró el 21 de mayo de 2009.La improsperidad de las excepciones propuestas por la recurrente son razón suficiente para confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró la nulidad de la Resolución No 3778 de 2008 y ordenó al Municipio, devolver a la señora… la suma que ésta cancelo por virtud del acto declarado nulo, pues respecto de las consideraciones y decisiones que se tomaron con respecto a la ilegalidad del acto de adjudicación y la consecuente devolución del dinero junto con los intereses no hubo reparo alguno por parte de la apelante. CONTRATACIÓN ESTATAL-Principios que debe cumplir la Contratación Abreviada/CONTRATACIÓN ESTATAL-Inhabilidad. Amén que los elementos de juicio que obran en el proceso probaron de manera fehaciente que la señora… se encontraba inhabilitada para ser proponente en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 050 de 2008, proceso que culminó con la expedición del acto de adjudicación a su favor, cuya declaratoria de nulidad no se discute en instancia de apelación. El Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, atendiendo

los argumentos expuestos en el presente concepto.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 3 Expediente 47.830 (2009-00087)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 362 /2013

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2013 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

Ref: Proceso No 47.830 (66001233100020090008702)

ACCIÓN DE NULIDAD - LESIVIDAD

Actor: MUNICIPIO DE PEREIRA

Demandado: ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA-ELISABETH HOYOS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- El MUNICIPIO DE PEREIRA en ejercicio de la acción de lesividad, instauró demanda1 a la postre corregida2, para que se declare la nulidad de la decisión contenida en la Resolución No 3778 de 2 de septiembre de 2008 “por medio de la cual se adjudicó el proceso de selección abreviada No 050 de 2008 a la señora Elisabeth Hoyos Castaño”, cuyo objeto era la venta de dos (2) predios ubicados en el corregimiento de Cerritos – Condominio Maracay, pues

respecto de la adjudicataria se configuró la inhabilidad consagrada en el literal g) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. Solicitó la suspensión provisional del acto demandado, en tanto advierte que fue expedido con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 1 21 de mayo de 2009 (fl 136 c. ppal) 2 (fls 232 a 256 c unouno principal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 4 Expediente 47.830 (2009-00087) Como soporte fáctico se adujo que el 11 de agosto de 2008 el Municipio de Pereira inicio el proceso de selección abreviada de menor cuantía No 50, cuyo objeto era “Recibir ofertas para la venta de dos (2) predios denominados LA MARTA LM” y LA MARTA LM15 ubicados en el corregimiento de Cerritos, Condominio Maracay”. Que a la fecha de cierre se recibieron dos únicas propuestas, la del señor Wilfor Fernando Rendón Tabares, quien presentó un valor de $120.000.000 y la de la señora Elizabeth Hoyos Castaño quien oferto un valor de $155.000.000. Una vez evaluadas dichas propuestas se concluyó que la presentada por la señora Hoyos era la más favorable para la entidad, razón por la cual el Comité Evaluador recomendó al señor Alcalde que se le adjudicara, procediendo para tal efecto a expedir la Resolución No 3778 de 2 septiembre de 2008.

En fecha posterior a la expedición de la citada resolución, la administración municipal tuvo conocimiento que entre los señores Wilfredo Fernando Rendón Tabares y Elizabeth Hoyos Valencia existía vínculo de matrimonio, situación que constituía inhabilidad para presentar propuesta dentro del mismo proceso contractual, según lo establecido en el literal g) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. Que los proponentes en comento llevaron a la Administración Municipal a incurrir en error, pues ocultaron información en especial sobre los vínculos de parentesco existente entre ellos. 1.2 Admisión de la demanda y su contestación.- El Tribunal mediante auto de 16 de julio de 2009, admitió la demanda, negó la suspensión provisional solicitada, dispuso su notificación a la señora Elizabeth Hoyos Castaño y a la entidad territorial demandada3.  La señora Elizabeth Hoyos Castaño, se opuso a las pretensiones y propuso la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción4, pues advierte que la acción de simple nulidad pertenece a las acciones objetivas con las que se busca proteger de manera exclusiva el principio de legalidad. Que la acción que procedía en el caso concreto era la de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto se trata de derechos subjetivos, con la que se busca proteger el principio de legalidad y el restablecimiento de los derechos de las partes. Que la entidad demandante basada en lo dispuesto en el acto acusado recibió la suma de $155.000.000 por parte de la señora Elizabeth Hoyos como pago de los lotes denominados Marta 1 y Marta 2, por tanto una de

3 La Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado mediante proveído de 23 de mayo de 2011, declaró ejecutoriado el auto de 16 de julio de 2009 (fls 218 a 219 c uno – uno principal (1-1) 4 (fls 173 a 180 c. uno (1))

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 5 Expediente 47.830 (2009-00087) las pretensiones de la demanda debía encausarse en el sentido de devolver el dinero que se entregó a la administración, pues de no ordenarse por parte del Tribunal se constituiría un enriquecimiento sin causa a favor del Municipio de Pereira. Con posterioridad a la corrección de la demanda, propuso la excepción de caducidad de la acción, pues advierte que el término máximo para acudir a la jurisdicción contenciosa en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho era el de cuatro meses contados a partir de la notificación del acto que se acusa de ilegal, el cual vencía el 6 de enero de 2009, es decir que para la fecha en que se instauró la demanda (21 de mayo de 2009) ya había operado la caducidad de la acción.  El Municipio de Pereira5, insiste en afirmar que la señora Elizabeth Hoyos Castaño al momento de presentar su propuesta para participar en el proceso contractual de selección abreviada No 50 de 2008 se encontraba inhabilitada para participar, pues tenía vínculo matrimonial vigente con otro de los proponentes que se presentó al proceso contractual, situación

que se probó con la copia autentica del registro civil de matrimonio. 1.3 Fallo de Primera Instancia.- El Tribunal Administrativo de Risaralda6, declaró la nulidad de la Resolución No 3778 de 2 de septiembre de 2008 “Por medio de la cual se adjudicó el proceso de selección abreviada de menor cuantía No 50 de 2008” y ordenó al Municipio de Pereira, devolver la suma cancelada en virtud del acto declarado nulo, junto con los intereses causados a la señora Elizabeth Hoyos Castaño. El a-quo concluyó que la señora Elizabeth Hoyos Castaño se encontraba inhabilitada para ser proponente en el proceso de selección abreviada de menor cuantía No 50 de 2008, pues para el momento en que participó imperaba una causal de inhabilidad al tener sociedad conyugal vigente con quien primero presentó propuesta, lo cual se erige en causal de nulidad. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo atacado, procede la devolución del dinero que la adjudicataria pagó a la administración por concepto de la venta de los dos predios objeto del proceso de contratación, junto con los intereses causados. 1.4 Apelación.- El apoderado de la señora Elizabeth Hoyos7 alega que las excepciones de indebida escogencia de la acción y de caducidad deben ser atendidas. En cuanto a la primera, porque existe precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que señala que la acción idónea para demandar el acto de adjudicación es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de simple nulidad.

5 (fls 192 a 193 c. uno (1)) 6 En sentencia de 14 de diciembre de 2012 (fls 312 a 327 c. Consejo de Estado) 7 (fls 330 a 337 C. Consejo de Estado)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 6 Expediente 47.830 (2009-00087) Respecto a la caducidad de la acción alega que como el acto demandado corresponde a aquellos proferidos antes de la celebración del contrato solo era demandable en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los 4 meses siguientes a su comunicación, notificación o publicación, por tanto para el 21 de mayo de 2009, fecha en la cual se instauró la demanda, ya se encontraba superado el término de caducidad para esta clase de acciones.

1. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Por tratarse de apelante único, la controversia en esta instancia se limitará de manera exclusiva a los argumentos expuestos por el recurrente, como lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Consecuente con lo anterior, no se abordará el estudio de la legalidad del acto de adjudicación demandado, contenido en la Resolución 3778 de 2 de septiembre de 2008, pues la inconformidad de la recurrente se limita únicamente a insistir en que las excepciones de indebida escogencia de la acción y de caducidad deben ser atendidas. Para resolver sobre los planteamientos de la apelante corresponde absolver los

siguientes problemas jurídicos (i) Sentido y alcance del precedente jurisprudencial, (ii) si en el caso concreto resulta aplicable, para luego establecer (iii) si las excepciones propuestas deben o no ser atendidas. (i) En cuanto al precedente jurisprudencial, el Consejo de Estado8 ha precisado que solo constituye un criterio auxiliar para el operador judicial que puede aplicar en uso de su autonomía funcional: “En el Derecho Colombiano la jurisprudencia sólo constituye criterio auxiliar para el administrador de justicia, de invaluable apoyo para la actividad judicial (art. 230 Carta Política), sin que sea viable entender que existiendo precedente jurisprudencial, ello constituya fuente formal o material de ley o del derecho positivo. Son muchos los casos históricos en los cuales una posición jurisprudencial ha sido variada, al considerarse que el cambio responde en mejor forma a los principios del derecho y a los deberes del juez en pro de la justicia. En cuanto al seguimiento del precedente judicial, la Sección Segunda en sentencia de 16 de septiembre de 2010 Radicación número: 11001-03-15-0002010-00830-00(AC), indicó “Respecto del precedente vertical 9, la Jurisprudencia Constitucional ha sido enfática en sostener, que la autonomía del Juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los Jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las Jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a las siguientes razones: 1) El principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la

8 Sección Tercera, sentencia de 29 de noviembre de 2004. Expediente 14774. 9 (pie de página de la cita) Sentencia T-468 de 2003

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 7 Expediente 47.830 (2009-00087) misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) El principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) La autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) Los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; 5) Por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior 10. Ahora bien, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez. Así, el precedente está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo

tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso 11. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi “i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella”. No obstante la importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado, que no puede ser entendida de manera absoluta, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto; simplemente, se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Así las cosas, si el juez en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial (…)” Lo anterior es suficiente para inferir que el Consejo de Estado reconoce abiertamente que la jurisprudencia constituye un criterio auxiliar de la justicia y que el Juez al momento de adoptar la decisión solo está sometido al imperio de la Ley, no obstante en aquellos casos en los que el precedente ya esté unificado se deberá proceder conforme al mismo, como lo dispone el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (ii) En el caso concreto, la actora invoca la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 13 de junio de 2011, Expediente 19.936, pues en su sentir corresponde a una sentencia de unificación, en tanto en ella se advierte que el acto de adjudicación solo puede ser demandado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no a través de la acción de simple nulidad. De la simple lectura de la decisión en cita, el Ministerio Público advierte que las 10 (pie de página de la cita)Sentencia C-447 de 1997. 11 (pie de página de la cita) Sentencia T-049-07.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 8 Expediente 47.830 (2009-00087) consideraciones jurídicas en ella contenidas no corresponden o se enmarcan dentro de la definición que de ellas hace el artículo 270 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)12, pues no decidió un recurso extraordinario, no se expidió en trámite de revisión eventual, no es sentencia de unificación o de importancia jurídica o trascendencia social y no expresa en su argumentación que éste unificando o sentando jurisprudencia. En ella simplemente se precisa algunos aspectos relacionados con los sujetos legitimados para demandar el acto de adjudicación y sobre la vía idónea para demandar su nulidad. Advirtiendo que el ejercicio de la acción de simple nulidad

no aplica para esta clase de actos. “(…) Con fundamento en las consideraciones precedentes se impone aceptar que la interpretación que en oportunidad precedente había hecho la Sala, en el sentido de que el acto de adjudicación del contrato es susceptible de ser demandado por cualquier persona interesada solamente en el restablecimiento de la legalidad, ampliaba sin soporte normativo la procedencia del contencioso objetivo de anulación a este evento, para en cambio precisar que el enjuiciamiento del citado acto solo procede, en los términos del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, a través del contencioso subjetivo de anulación. En otros términos, sólo quienes tuvieron un interés legítimo por haber formulado una oferta y la entidad que ha adelantado el proceso, tienen vocación para ocurrir ante la jurisdicción una vez concluya el procedimiento licitatorio en busca de la revisión de legalidad del acto de adjudicación, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. (…) Como se dejó dicho, el acto de adjudicación no es susceptible de ser enjuiciado por vía de acción de simple nulidad, en tanto no puede ser impugnado por quienes no hayan intervenido en el proceso de licitación, esto es, por quienes sean ajenos al mismo, quienes por tanto no pueden pretender desvirtuar la legalidad del acto de adjudicación. Tales consideraciones a juicio del Ministerio Público no conllevan a desconocer o dejar de lado la aplicación de la acción de lesividad establecida en el numeral 7 del artículo 136 del C.C.A. modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 199813, pues dicha acción fue concebida por el legislador como el instrumento autónomo

e idóneo para que las entidades públicas pudieran demandar la nulidad de sus 12 “Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009” 13 “Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la caducidad será de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de su expedición.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 9 Expediente 47.830 (2009-00087) propios actos, sin distinguir o limitar su ejercicio respecto de los actos separables o precontractuales expedidos durante la etapa previa a la celebración del respectivo contrato. En relación con la acción de lesividad el Consejo de Estado14 ha precisado: "Tal como sucede en otras legislaciones, en el ordenamiento colombiano se encuentra expresamente consagrada la posibilidad de que la Administración acuda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pretendiendo que se declare la nulidad de un acto administrativo propio, esto es, expedido por la misma persona jurídica que obra en calidad de demandante y, consecuencialmente se restablezca el derecho vulnerado. Este mecanismo judicial, al cual puede recurrir la Administración cuando

resulte jurídicamente improcedente la revocatoria directa del acto que impugna, tiene en nuestro medio unas características específicas que lo dotan de identidad y permiten distinguirlo de otras acciones, como a continuación se expone. En el texto original del Decreto-Ley 01 de 1.984 se preveía expresamente que las entidades administrativas podían comparecer al proceso contencioso, no sólo en calidad de demandadas, como generalmente ocurre, sino también en calidad de demandantes. En efecto, se establecía que en algunos de estos eventos la competencia, por razón del territorio, se determinaba por el domicilio del demandado; que la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sería de dos años "si el demandante es una entidad pública" y que las entidades públicas deberían estar representadas por abogado, tanto "en los procesos que promuevan" como en los que se adelanten contra ellas. La ley 446 de 1.998 reguló el tema en forma más directa e introdujo una clara diferencia entre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un entidad pública contra acto administrativo expedido por otra entidad y la misma acción contra acto administrativo propio, al disponer expresamente que "Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la caducidad será de dos años, contados a partir del día siguiente al de su expedición". De lo anterior se desprende que, de conformidad con el diseño normativo, la acción en comento se circunscribe, en nuestro medio, a aquellos eventos en los cuales una entidad de derecho público impugna judicialmente un acto administrativo que ella misma expidió, pretendiendo que se declare su nulidad y el restablecimiento -automático o nodel derecho conculcado con

el acto, caso en el cual, desde luego, no se aplica el requisito de procedibilidad relacionado con el agotamiento de la vía gubernativa y existe un término especial de caducidad (dos años), que se empieza a contar no desde la publicación o notificación del acto sino a partir del día siguiente al de su expedición. 14 Sección Primera, sentencia de 18 de agosto de 2011. Expediente Radicación núm 08001 23 31 000 2003 01170 01

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 10 Expediente 47.830 (2009-00087) (Resalto y subrayo) Para el Ministerio Público es claro que la acción de lesividad que ejerció el Municipio de Pereira contra el acto de adjudicación contenido en la Resolución No 3778 era la vía idónea para demandar su nulidad, pues se trataba de un acto administrativo expedido por la misma entidad demandante, respecto del cual no procedía la revocatoria directa pues se trataba de un acto particular y concreto que amparaba un derecho subjetivo que requería del consentimiento de la adjudicataria, por tanto la pretendida excepción de indebida escogencia de la acción carece de fundamento, consecuente con lo anterior tampoco procede atender la excepción de caducidad alegada por la actora, pues la acción de lesividad se ejerció dentro del término legal de los dos años establecido para esta clase de acciones, pues el acto administrativo contentivo de la adjudicación del proceso de selección abreviada de menor cuantía No 50 de 2008, fue expedido

por el Alcalde de Pereira el 2 de septiembre de 2008 y la demanda se instauró el 21 de mayo de 2009 (fls 136 c. ppal) La improsperidad de las excepciones propuestas por la recurrente son razón suficiente para confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró la nulidad de la Resolución No 3778 de 2 de septiembre de 2008 y ordenó al Municipio de Pereira, devolver a la señora Elizabeth Hoyos Castaño la suma que ésta cancelo por virtud del acto declarado nulo, pues respecto de las consideraciones y decisiones que se tomaron con respecto a la ilegalidad del acto de adjudicación y la consecuente devolución del dinero junto con los intereses no hubo reparo alguno por parte de la apelante. Amén que los elementos de juicio que obran en el proceso probaron de manera fehaciente que la señora Elizabeth Hoyos Castaño se encontraba inhabilitada para ser proponente en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 050 de 2008, proceso que culminó con la expedición del acto de adjudicación a su favor, cuya declaratoria de nulidad no se discute en instancia de apelación. CONCLUSION El Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, atendiendo los argumentos expuestos en el presente concepto. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RYPHC/FMSG

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