PGN - NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - Por errónea calificación de la conducta irregular

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto disciplinario sancionatorio DERECHO DISCIPLINARIO-Concepto DERECHO DISCIPLINARIO-Desarrolla el poder de control de la función pública y social FALTA GRAVÍSIMA-Por desempeñar cargo a sabiendas de estar sujeto a incompatibilidades TIPICIDAD-Modalidades en materia disciplinaria De otra parte, la Procuraduría Delegada hace eco de las remembranzas jurisprudenciales traídas por la parte interviniente activa sobre el postulado de la tipicidad y, agrega al punto, que debe tenerse en cuenta la diferencia entre tipicidad directa y tipicidad indirecta, distinción que estriba, como sabido es, en que la exigencia de una clasificación de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa, debiéndose entender, entonces, que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece un mandato, una prohibición y otro que establece que el incumplimiento de éstas, sería objeto de sanción. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO-Por errónea calificación de la conducta irregular Por todo lo anterior, le asiste razón a la libelista pues la errónea calificación de la conducta irregular, es decir, la equivocada tipificación del comportamiento funcional lesivo, hace incursos a los actos atacados en violación directa de la ley (primer

aparte del artículo 84 del C. C. A: “...cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse...”), por infracción del debido proceso (“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes persistentes y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, art. 29 C. Po.). 2 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

R. I: No. 0256 / 11. SIAF: 2013 - 194269

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 350 – 2013 10 – X – 2013

SIAF: 2013 - 336958

S e ñ o r e s

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO CONDUCTOR: VERGARA QUINTERO

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. N°. 110010325000201100376 00 (R. I: No. 1413/11)

ACTORA : GLORIA PATRICIA ZAPATA RESTREPO C. C. 42.763.999

DEMANDADA : UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL ÚNICA INSTANCIA Temas : Sanciones disciplinarias destitución e inhabilidad por 11 años

I. INTRODUCCIÓN En oportunidad legal, esta Agencia del Ministerio Público conceptúa, en los siguientes términos, dentro del referido plenario que conoce en única instancia la Sección Segunda, Subsección “a”, del Consejo de Estado.

II. ANTECEDENTES 2. 1. Anulaciones La ciudadana GLORIA PATRICIA ZAPATA RESTREPO, a través de apoderado judicial especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (arts. 85 C.C.A. y 15 D. L. 2304 de 1989)1, demandó de la Sección 2ª del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las siguientes declaraciones de invalidez: “1o. Que son nulos los actos administrativos contenidos en el fallo de primera instancia de fecha 1° de febrero de 2006, proferido por la Jefe de la Oficina del Control Disciplinario Interno de la Universidad Pedagógica Nacional, dentro del expediente disciplinario No. 11/03, por medio del cual se declaró disciplinariamente responsable, por la comisión de la falta gravísima descrita en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (C. D. U.), y se le impone la sanción principal de destitución e inhabilidad general por once (11) años; y el fallo de segunda instancia de fecha 1° de marzo de 2006, proferido por el Rector, por medio de la cual se confirma en todas sus partes el fallo de primer grado”. 2. 2. Restauración 1 Preceptos adjetivos aplicables para el entonces en que se presentó la demanda (Art. 308 Ley 1437/11).

3 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado

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La apetencia laboral económica se concretó por la parte demandante en el reintegro, sin solución de continuidad, en el reconocimiento y pago – indexados y en la oportunidad legal so pena de generar intereses moratorios - de todos los haberes y adehalas laborales dejados de percibir a consecuencia de la sanción impuesta. 2. 3. Normativa violada y razón de ello La preceptiva jurídica que la accionante ZAPATA RESTREPO planteó como infringida, se contrajo a los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 13, 25, 29, 121 A 124, 128, 228 y 230 de la Constitución Política; 1°, 2°, 3°, 61, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; y, 4°, 5°, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 35-14, 36, 43 a 45, 48-17, 94-3, 150 y 175 de la ley disciplinaria, incurriéndose, las decisiones disciplinarias cuestionadas, en infracción directa de la ley, en falsa motivación y en desviación de poder, en cuanto que se desatendieron, de manera grave, los conceptos de legalidad, tipicidad, reserva legal y, por tanto, el derecho fundamental del debido proceso, dado que: “...El proceso de

adecuación típica de la conducta investigada se aplicó indebidamente, por cuanto el comportamiento descrito en esa norma no corresponde al desarrollado, pues lo que allí se describe es la violación del régimen de incompatibilidades o de inhabilidades o la incursión del conflicto de intereses, pero no el desempeño simultáneo de más de un empleo público. Las incompatibilidades son prohibiciones a las que se somete el funcionario durante el desempeño del cargo o con posterioridad, las cuales se fijan en razón del cargo y de las funciones atribuidas. Por tanto, las incompatibilidades son taxativas, sin que sea posible su aplicación extensiva o por analogía, pues deben ser definidas por el legislador de conformidad con el cargo, la condición conocida al servidor público, competencias y responsabilidades asignadas. Al respecto, en los fallos impugnados no se indica cuál causal de incompatibilidad fue la violada. El principio de tipicidad en materia disciplinaria impone al funcionario disciplinario la obligación de especificar el contenido de la infracción disciplinaria, de acuerdo con la norma constitucional o legal que la determine y describe de forma concreta...”. 2. 4. Fundamento fáctico Al punto, refiere la parte actora que la circunstancia modal que dio origen a los combatidos actos administrativos lo fue el hecho de haberse posesionado, el 10 de marzo de 2003, mientras era docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, de acá para adelante, en el cargo de Decana de la Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del Tolima (Fls. 68 a 89).

Alegó de conclusión con la misma argumentación de la demanda (Fls. 883 a 890). El libelo se admitió por el Consejo de Estado22 por intermedio de su proveído del 22 de noviembre de 2012 y se denegó la suspensión provisional, con el consabido argumento de ”que no se evidencia a simple vista la vulneración 2 La asunción de conocimiento se adoptó con base en la teoría de la única instancia para aquellos eventos en los que los actos administrativos sancionatorios sean dictados por autoridad nacional e impliquen retiro del servicio. 4 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

R. I: No. 0256 / 11. SIAF: 2013 - 194269 alegada, pues para llegar a las conclusiones aducidas en los argumentos traídos a colación se exige, necesariamente, estudiar de fondo la situación planteada y efectuar la respectiva valoración del acervo probatorio que se recaude en el proceso, que permitan concluir si la falta impuesta se ajustó al ordenamiento disciplinario y si adecuo (sic) a la falta que se encontró probada” (Fls. 839 a 841).

III. CONTESTACIÓN El ente oficial citado a controversia, UPN, concurrió oportunamente al proceso, se opuso a las pretensiones y en guarda de la legalidad de los actos acusados, expuso, en síntesis: “...La Corte Constitucional, ha sostenido

que “toda actuación administrativa deberá ser resultado de un proceso en el que la persona involucrada tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones así como de presentar las pruebas que demuestren su derecho, con plena observancia de las disposiciones procesales que lo regulen” (S-T-520 septiembre 19/92). El proceso disciplinario adelantado contra la demandante, estuvo revestido de toda ritualidad y formalidad exigida por la Ley y la constitución, particularmente respecto al debido proceso y al derecho de defensa. Los argumentos esgrimidos por la demanda, son gaseoso y faltos de toda concreción. La supuesta violación de los artículos 121 a 124 superior, que reclama la demanda, tampoco se puede aceptar, pues como lo señala la propia norma “el retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”....”. Así mismo, propuso las excepciones de falta de la legitimación en la causa y cobro de lo no debido. (Fls. 849 a 856). Y, con la misma disquisición, alegó de cierre, como se lee a las páginas 891 a 904.

IV. OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. 1. Exposición genérica En criterio de esta Agencia Fiscal, las pretensiones declarativas de invalidez y restablecimiento deben ser despachadas FAVORABLEMENTE, por las siguientes razones.

Antes de entrar en materia, para esta representación de la sociedad, las excepciones no tienen vocación de prosperidad pues en la forma como están

propuestas ameritan un estudio de fondo propio del contenido de la sentencia. 4. 2. De la controversia Se circunscribe a determinar, teniendo en cuenta el concepto de infracción desarrollado por el actor, si en el diligenciamiento del proceso disciplinario3 surtido en contra de la Sra. GLORIA PATRICIA ZAPATA RESTREPO, a la sazón, esto es, al mes de marzo de 2003, profesora de la Facultad de Bellas 3 Registro No. 11-2003 Oficina de Control Disciplinario de la UPN. 5 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

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Artes de la UPN, que dieron origen a los actos administrativos disciplinarios censurados, se violó el debido proceso al desconocer los principios de legalidad y tipicidad del hecho presuntamente irregular, y proporcionalidad de la sanción, por encuadrar la conducta reprochada de aceptar otro cargo público –Decana de la Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del Tolima - en el tipo disciplinario gravísimo descrito en el numeral 17 del artículo 48 del Código Disciplinario Único (CDU) y no en el del numeral 14 del artículo 35 ibídem. 4. 3. Análisis 4. 3. 1. Precedentes doctrinario y jurisprudencial sobre el proceso disciplinario4

Para la Procuraduría General de la Nación, a través de su Instituto de Estudios del Ministerio Público (Lecciones de Derecho Disciplinario. Volumen 2. Obra Colectiva. Bogotá, D. C., julio 2007, pág. 70), dicho proceso comprende: “…1. 3. Derecho Disciplinario y Sanción Disciplinaria El régimen sancionatorio disciplinario constituye un ordenamiento jurídico que desarrolla el poder de control de la función pública y social, con miras a lograr el cabal cumplimiento de su contenido legal y social (asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Estado). Se trata del ejercicio de la potestad de autocontrol del Estado moderno, que se traduce en el poder de sancionar las infracciones de los agentes de la Administración por faltas en el ejercicio de sus funciones, mediante un procedimiento legalmente establecido, destinado a calificar las faltas e imponer las sanciones al empleado responsable. Desde el punto de vista conceptual, la Corte Constitucional (Sentencia C – 341 de 1996) definió el derecho disciplinario como “el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, disciplina y el comportamiento ético, la moralidad, la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Por su parte, para el Consejo de Estado, por la pluma de la Consejera RAMÍREZ de PÁEZ, en esta ocasión conductora de este proceso, aduce al respecto: “...De la Potestad Disciplinaria de la Administración Pública La potestad

disciplinaria es el deber que tienen todos los órganos e instituciones públicas de mantener y restablecer el orden, la disciplina y la moralidad que incumbe conservar a todo aquél que preste sus servicios al Estado como servidor público. Lo anterior teniendo en cuenta que, si las funciones esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política en su artículo 2°., correlativamente, es deber de todo servidor público desempeñar sus funciones con estricto apego al bloque de legalidad “latu sensu”, como lo prevé el artículo 123 ibídem, al indicar que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, 4 6 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

R. I: No. 0256 / 11. SIAF: 2013 - 194269 la Ley y el Reglamento”, además el artículo 6° del mismo ordenamiento dispone que los servidores del Estado responden por infringir la Constitución y las Leyes y por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones…” (Sentencia de 9.II.12. Exp. 110010325000200900140 00 (R.

I: 2038/09). 4. 3. 2. Descripción de las conductas endilgadas: Los cargos formulados A la disciplinada-demandante, si bien se le reprocharon dos situaciones

irregulares, su libelo sólo atacó la legalidad de la primera; la otra, consecuente: inasistencia a las labores académicas como docente de la UPN, simplemente se enunció, pero no fue desarrollada dentro del concepto de violación. Por tanto, sobre aquella versará el concepto, sin menospreciar las referencias que se tornen indispensables respecto de esta segunda. La imputación estimada por la demandante como equivocadamente concebida y sobre la cual sienta su protesta, se concretó en: “...Citar a Audiencia a la servidora pública GLORIA PATRICIA ZAPATA,..., actualmente docente de tiempo completo, de la Facultad de Bellas Artes (fl. 50) de esta Universidad, quien desde el 15 de febrero de 2001 hasta el 31 de mayo de 2003 ocupó cargo de Decano código 0085 grado 03 de la facultad de Bellas Artes de esta Universidad, para que dentro de este procedimiento verbal establecido en el Código Disciplinario Único, presente sus descargos verbalmente o por escrito, por los hechos señalados por un ciudadano que no quiso ser identificado, además consignados en el informe suscrito por el representante de los profesores ante el Consejo Superior, dirigido a la Rectoría el 27 de marzo /03, remitido a esta Oficina el 28 de ese mes y año con Memorando REC-200-142. Hechos acaecidos a partir del 10 de marzo del 2003 cuando en las instalaciones del Conservatorio del Tolima “Alberto Castilla” de la ciudad de Ibagué tomó posesión como Decana de la Facultad de Educación y Artes de esa Institución (fl. 5), para el que fue nombrada mediante Resolución 16 del 31 de enero del 2003, por la Rectora ( e ) (fl. 39),

cargo del que fue titular hasta el 25 de marzo/03, inclusive (fl. 70); actuación en la que, al parecer, se deriva la incursión en incompatibilidad por doble vinculación con el Estado, prohibida en la Constitución Política en el artículo 128 que ordena: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público”. “Con su conducta causó daño consistente en acumular para sí dos puestos de trabajo, impidiendo que durante el lapso del 10 al 25 de marzo de 2003 fuera ocupado por alguien de sus mismas condiciones que legalmente tuviera derecho a él; quebrantó los principios exigibles a los servidores públicos de moral pública, buena fe y lealtad que garantizan la función pública, vulnerando los derechos colectivos que amparan normas y principios constitucionales. Perdió de vista que su condición de docente le imponía un mayor cuidado en la observancia de la Constitución y la ley por la misión que cumple y la trascendencia de su ejemplo; además actuó favoreciendo únicamente sus propios intereses. “Estos hechos son constitutivos de falta disciplinaria gravísima, según determina el artículo 48 numeral 17 C. D. U. Se estima que cometió la falta con dolo, es decir con conciencia de la antijuridicidad de su conducta, pues 7 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

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sabía que no podía acceder a dos cargos públicos de tiempo completo sin infringir la ley, puesto que en el momento de su posesión en el Conservatorio del Tolima, era Decana de Bellas Artes de la UPN, y, aún así dirigió su voluntad y su actividad al desarrollo y consumación de la conducta, motivada por la presentación de la oportunidad según manifestó en su injurada y se deduce también de su omisión de informar a la UPN, como era su deber legal, al tenor del inciso primero del artículo 6 de la LEY 190 DE 1995 “ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN”. “...”. (Fl. 3 C. 1) 4. 3. 3. El caso en concreto Para esta Agencia del Ministerio Público la situación de autos, tal cual ha sido expuesta por la actora, ciertamente que ha de ventilarse con apoyo en el principio de tipicidad, atendiendo para tal propósito que la conducta laboral e irregular que se le reprochó se encasilló en la falta descrita en el numeral 17 del artículo 48 del CDU, esto es, en una de las enlistadas como gravísimas, por lo que el margen de interpretación deviene limitado (la restricción tiene en cuenta la severidad de la sanción a imponer), y no como acontece con las faltas graves y leves, las cuales la misma ley disciplinaria le otorga al operador la labor de complementación con los criterios allí dispuestos. En efecto, el artículo 43 íb., dispone: “Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 1...”.

Las subrayas no son del original. Entrando al evento real se observa que, la falta consagrada en el numeral 17 del artículo 48 del CDU5, hace referencia a conductas activas o pasivas del servidor que, a sabiendas de estar sujeto a incompatibilidades6, ya constitucionales ora legales, determina su voluntad y conducta sin atender dichas imposibilidades de ejercer simultáneamente ciertas funciones oficiales. 5 “Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. 17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales...”. 6 “...El régimen de incompatibilidades tiene como propósito fundamental asegurar la imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y moralidad que debe guiar la actividad, conducta y acción oficial. De ahí que las incompatibilidades legales te4ngan como función primordial preservar la probidad del servidor público en el desempeño de su cargo, al impedirle ejercer simultáneamente actividades o empleos que eventualmente puedan llegar a entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión pública...” (Corte Constitucional S-C-426796 -12 sptbre – M. P. HERRERA VERGARA). 8 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

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La Ley 734, en su Título IV7, Capítulo Cuarto8, artículos 36 a 41, desarrolla la temática y en punto a las incompatibilidades, precisa: “Artículo 36. Incorporación de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses: Se entienden incorporadas a este código las..., incompatibilidades...señalados en la Constitución y en la ley”. “Artículo 39. Otras incompatibilidades. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 1...a...b...2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia”. “Artículo 41. Extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos. Las..., incompatibilidades...señaladas en la ley para los gerentes...”. Se infiere de lo transcrito, por no existir estipulada una causal concreta que encuadre en el asunto objeto de atención, una remisión a la carta política o a la ley para adecuarle o tipificarle la conducta de la encartada-actora. La demandada UPN así lo hizo, al estimar que la prohibición constitucional consagrada en el su artículo 1289, generada en el hecho de haberse posesionado la accionante en el Conservatorio del Tolima, debía concebirse como una incompatibilidad con el desempeño del cargo de docente que la

actora desempeñaba en su Facultad de Bellas Artes, sin reparar que dicha proscripción tenía –tiene - un tratamiento específico en la ley disciplinaria; sea manifestar, que es un concepto jurídico autónomo, y que con tal carácter específico, debe tratarse. En efecto, el artículo 35-14 de la 734 ordena: “Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1...14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas”. 7“DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO”. 8 “Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses” 9 “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”. 9 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría

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Así las cosas, era obligación del establecimiento educativo superior, como nominador y autoridad disciplinaria de la profesora accionante, reprocharle debidamente ese comportamiento –nada presentable ni edificante, valga anotar – a través de una correcta adecuación típica, cual era, la acabada de describir. El Ministerio Público no desconoce que la conducta investigada presentaba dificultades de interpretación, lo que se conoce como “vicisitudes del derecho disciplinario”, de las que es posible deducir diversos resultados, pero el presente caso tenía la solución jurídica precisa y no adoptándose, causa la reparación de rigor. De otra parte, la Procuraduría Delegada hace eco de las remembranzas jurisprudenciales traídas por la parte interviniente activa sobre el postulado de la tipicidad y, agrega al punto, que debe tenerse en cuenta la diferencia entre tipicidad directa y tipicidad indirecta, distinción que estriba, como sabido es, en que la exigencia de una clasificación de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa, debiéndose entender, entonces, que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece un mandato, una prohibición y otro que establece que el incumplimiento de éstas, sería objeto de sanción.

Por todo lo anterior, le asiste razón a la libelista pues la errónea calificación de la conducta irregular, es decir, la equivocada tipificación del comportamiento funcional lesivo, hace incursos a los actos atacados en violación directa de la ley (primer aparte del artículo 84 del C. C. A: “...cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse...”), por infracción del debido proceso (“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes persistentes y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, art. 29 C. Po.). Ahora bien, estando acreditada esta causal de invalidez no se hace necesario adentrarnos en el estudio de los vicios de falsa motivación y desvío de poder, pues con la violación directa de la ley es suficiente para que los actos cuestionados hayan sido desvirtuados por esa mácula. CONCEPTO Conforme a lo razonado en precedencia, la Procuraduría Tercera Delegada ante el CE solicita, comedidamente, de la Sala de Conocimiento, se

ACCEDA A LAS PRETENSIONES.

De los Señores Consejeros, cordialmente, 10 Proc. 3 Del. Ante Consejo de Estado Concepto Minpúblico No.208 de 2013 -24 junioContencioso subjetivo de Ana Isabel Gil Castiblanco Vs. Nación – Procuraduría Exp. No. 110010325000201100084 00

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CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

CGS / MDC