PGN - NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - Reglamenta lo pertinente a la liquidación y recaudo

NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-Reglamenta lo pertinente a la liquidación y recaudo de la estampilla Pro-Hospitales DESTINACIÓN DE RECURSOS-Por concepto de recaudo de estampillas En modo alguno la inexequibilidad de este vocablo que limitaba el destino del recaudo de las estampillas, puede habilitar al Gobernador de Cundinamarca para exigir a los hospitales universitarios que cuenten con programas de especialización y residencia y con la expedición de título de post-grados en las diferentes especialidades médicas, desarrollados a través de convenios docente-asistenciales vigentes; mucho menos, para determinar que la distribución de los recursos se haga proporcionalmente al número de programas de postgrado, cuando el artículo 4° de la Ordenanza 029 de 2001, que reproduce el artículo 2° de la Ley 645 de 2001, define el destino de los recursos y en el literal d) establece que esos recursos se destinarán a la inversión de personal especializado, acorde con los planes y proyectos presentados por el Hospital a la Gobernación del Departamento – Secretaría de Salud. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS-Por Concepto de recaudo de estampillas no es facultad del gobernador Vía ordenanza se específica que la inversión de personal especializado debe estar acorde con los planes y proyectos presentados por el hospital. Luego, no está facultado el gobernador del departamento para sujetar la proporción de la distribución de los recursos al número de programas de postgrado vigentes en los hospitales, aspecto que está en total desacuerdo con el destino de los recursos indicado en el artículo 2° de la Ley 645 de 2001 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS-Gobernador facultado para reglamentar la

liquidación y recaudo de estampillas El parágrafo del artículo 1° de la Ordenanza 029 de 2001 autorizó al Gobierno Departamental para reglamentar lo pertinente a la liquidación y el recaudo de la estampilla pro-hospitales universitarios; por tal razón, al exigir el gobernador requisitos adicionales para la asignación del recaudo de la estampilla y disponer sobre la distribución de los recursos extralimitó las facultades conferidas por la Asamblea Departamental. Concepto 047 2011-66773 Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2011 Señores Honorables Magistrados Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta

E. S. D.

Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5878750 Ext. 11932/33 www.procuraduria.gov.co Expediente 17880 2

Consejero Ponente : Doctor HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS Referencia: 25000232700020070005702

Radicado: 17880

Asunto: Nulidad Decreto 00951/02 Gobernador Cundinamarca

Actor : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOT El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1.- El HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOT acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para que se declarara la

nulidad de los párrafos 5° y 6° del artículo 2° del Decreto 00951 de 2002 expedido por el Gobernador de Cundinamarca, por el cual se reglamenta lo pertinente a la liquidación y recaudo de la estampilla Pro-Hospitales Universitarios de Cundinamarca. El texto de los párrafos acusados es el siguiente: “En los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de estos recursos, el Fondo Departamental de Salud los distribuirá y girará a los hospitales del departamento que acrediten la naturaleza jurídica universitaria, determinada en sus actos de creación, y que cumplan con los requisitos de contar con programas de especialización y residencia y con expedición de títulos de postgrado en las diferentes especialidades médicas, desarrolladas a través de convenios docente – asistenciales vigentes, celebrados con entidades que ostenten aprobación ante el Ministerio de Educación y en programas aprobados por el ICFES. La distribución de los recursos se hará proporcionalmente al número de programas de postgrado vigentes en los Hospitales que cumplan con los requisitos de acreditación universitaria al momento de asignarse los recursos de la estampilla pro-hospitales universitarios” Estima la demandante que el acto acusado contraviene la Ley 645 de 2001, el artículo 3° de la Ley 735 de 2002 y la Ordenanza 029 de 2001, por cuanto el señor Expediente 17880 3 Gobernador excedió sus facultades al modificar criterios fijados por las referidas normas. 1.2.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de

mayo de 2009, declaró la nulidad de los párrafos 5° y 6° del artículo 2° del Decreto 00951 de 2002. Haremos referencia a las consideraciones sobre los temas objeto de debate en esta instancia. 1.2.1.- La Asamblea Departamental de Cundinamarca adoptó la estampilla ProHospitales Universitarios, mediante la Ordenanza 029 de 2001 y en el parágrafo del artículo 1° autorizó al gobierno departamental para reglamentar lo pertinente a su liquidación y recaudo. 1.2.2.- En desarrollo de tal autorización, el Gobernador de Cundinamarca profirió el Decreto 0951 de 2002 excediendo sus facultades, al establecer requisitos no previstos en las normas superiores para determinar los beneficiarios de los recursos obtenidos por concepto de estampilla y variar los criterios de distribución de tales recursos. El párrafo 5° del artículo 2° del decreto acusado, prevé que los hospitales deben contar con programas de especialización y residencia y con expedición de título de post-grados en las diferentes especialidades médicas, desarrollados a través de convenios docente-asistenciales vigentes, cuando de la interpretación y aplicación armónica de la Ley 645 de 2001, la Ley 735 de 2002 y la Ordenanza 029 de 2001 se colige que la estampilla está destinada a financiar a los hospitales universitarios públicos de Cundinamarca, entendidos como “instituciones prestadoras de servicios de salud que mediante un convenio docente asistencial, utiliza sus instalaciones para las prácticas de los estudiantes de las universidades oficiales y

privadas en el área de la salud”. 1.2.3.- Igualmente, el párrafo 6° del artículo 2° del Decreto 0951 de 2002, al establecer que “La distribución de los recursos se hará proporcionalmente al número de programas de Postgrado”, varía los criterios de distribución Expediente 17880 4 preestablecidos en el artículo 4° de la Ordenanza 029 de 2001 en el que se indica que los recursos se destinaran a financiar los hospitales para “a) la inversión y mantenimiento de la planta física; b) dotación, compra y mantenimiento de equipos requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias de las instituciones; c) compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas y tecnológicas y otras que requieran para su cabal cumplimiento; d) inversión de personal especializado, acorde con los planes y proyectos presentados por el Hospital a la Gobernación del Departamento – Secretaría de Salud” . La norma prevé que la distribución se hará de conformidad con los planes y proyectos que presenten los hospitales universitarios, sin que se haga alusión a la cantidad de programas de posgrados que tengan dichas entidades de salud. 1.2.4.- El Gobernador de Cundinamarca excedió el marco legal al que debía atenerse, por lo tanto están viciados de nulidad los párrafos 5° y 6° del artículo 2° del Decreto 0951 de 16 de julio de 2002, expedido por el Gobernador de Cundinamarca. 1.3.- La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia,

concretando la impugnación a los siguientes puntos: 1.3.1.- Se refiere al artículo 247 de la Ley 100 de 1993, a la definición de Hospitales Universitarios que en el artículo 3° hace la Ley 735 de 2002 , a la protección del Estado a que se refiere el artículo 4° de la misma ley, a la Resolución 1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, al artículo 3° sobre la habilitación de IPS con convenios docentes asistenciales, al Acuerdo 003 de 2003 del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos y a la Ley 1164 de 3 de octubre de 2007, parágrafo 2 del artículo 13, que establece los requisitos mínimos que debe cumplir un Hospital Universitario, para concluir que el gobierno departamental no hizo otra cosa que acogerse a las facultades que le otorgó la Asamblea de Cundinamarca en lo concerniente a la liquidación y recaudo de las estampillas para los hospitales universitarios que dispone el artículo 2° de la Ordenanza y el artículo 3 de la Ley 645 de 2001. Expediente 17880 5 1.3.2.- La exigencia de los programas de pregrado o postgrado, no es un capricho del Gobernador, sino el cumplimiento de la ley, porque la regulación normativa del talento humano en el parágrafo 2 del artículo 13 exige cierto grado de complejidad de las instituciones hospitalarias y de los servicios de pregrado y postgrado mínimos junto a las especializaciones médicas básicas. 1.3.3.- El artículo 287 de la Constitución Política establece que las entidades

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán derecho a “3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Acatando la sentencia C-227 de 2 de abril de 2002 preferida por la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del aparte “exclusivamente” del artículo 6° de la Ley 645 de 2001, el ejecutivo departamental expidió los incisos 5 y 6 del artículo 2 del Decreto 951, en ejercicio de su facultad legal para administrar y controlar los tributos, toda vez que la Administración debe velar por la correcta utilización de los recursos. Estas decisiones administrativas no van en contravía de las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental y menos de la Ley 645, toda vez que son el desarrollo de la autonomía administrativa dada a los entes territoriales para administrar sus tributos, más aún cuando de controlar sus recursos se trata, en aras de lograr una correcta utilización y obviamente una competitividad académica y científica de los Hospitales Universitarios del Departamento. 2.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Se trata de precisar si el Gobernador de Cundinamarca tenía facultad para regular, vía reglamentación de la liquidación y recaudo de la estampilla pro-hospitales universitarios, otros aspectos como la distribución de los recursos recaudados por concepto de la estampilla y los requisitos para determinar los beneficiarios de Expediente 17880 6 dichos recursos, puntos de inconformidad planteados en el escrito de alzada por la

entidad demandada. 2.1.- La Gobernación de Cundinamarca justifica la expedición de los párrafos acusados con el acatamiento de la sentencia C-277 de 2002, lo cual no es de recibo por cuanto al declarar la Corte Constitucional inexequible la palabra “exclusivamente” contenida en el artículo 6° de la Ley 645 de 2001, lo hizo porque ese término era contrario a la finalidad del artículo 2° y afectaba indebidamente la capacidad de decisión de las autoridades del nivel territorial. En modo alguno la inexequibilidad de este vocablo que limitaba el destino del recaudo de las estampillas, puede habilitar al Gobernador de Cundinamarca para exigir a los hospitales universitarios que cuenten con programas de especialización y residencia y con la expedición de título de post-grados en las diferentes especialidades médicas, desarrollados a través de convenios docenteasistenciales vigentes; mucho menos, para determinar que la distribución de los recursos se haga proporcionalmente al número de programas de postgrado, cuando el artículo 4° de la Ordenanza 029 de 2001, que reproduce el artículo 2° de la Ley 645 de 2001, define el destino de los recursos y en el literal d) establece que esos recursos se destinarán a la inversión de personal especializado, acorde con los planes y proyectos presentados por el Hospital a la Gobernación del Departamento – Secretaría de Salud. 2.2.- Vía ordenanza se específica que la inversión de personal especializado debe estar acorde con los planes y proyectos presentados por el hospital. Luego, no está facultado el gobernador del departamento para sujetar la proporción de la

distribución de los recursos al número de programas de postgrado vigentes en los hospitales, aspecto que está en total desacuerdo con el destino de los recursos indicado en el artículo 2° de la Ley 645 de 2001, para Inversión y mantenimiento de planta física; Dotación, compra y mantenimiento de equipo requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias de las Instituciones; compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que requieran para su cabal funcionamiento e Inversión en personal especializado. Expediente 17880 7 2.3.- El parágrafo del artículo 1° de la Ordenanza 029 de 2001 autorizó al Gobierno Departamental para reglamentar lo pertinente a la liquidación y el recaudo de la estampilla pro-hospitales universitarios; por tal razón, al exigir el gobernador requisitos adicionales para la asignación del recaudo de la estampilla y disponer sobre la distribución de los recursos extralimitó las facultades conferidas por la Asamblea Departamental. CONCLUSION Por lo expuesto, el Ministerio Público considera que los argumentos esgrimidos por la recurrente no desvirtúan las consideraciones del a quo y, por ende, procede confirmar la sentencia apelada. De los Señores Consejeros, FRANCISCO MANUEL SALAZAR GOMEZ Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado (E)