PGN - NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Acto de elección de la secretaria general del conce

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Acto de elección de la Secretaria General del Concejo Municipal CONVOCATORIA PÚBLICA-No se le dio cumplimiento al principio al mérito Conforme a la norma que se ha dejado transcrita tratándose de aquellos cargos cuya competencia para la designación se atribuye a corporaciones públicas, el concejo municipal lo es de elección popular, deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Se advierte que esta convocatoria no es un concurso de méritos propiamente tal ni se debe confundir con aquellos a que se refiere el artículo 125 ibídem aun cuando en ésta por expreso mandato constitucional se impone el considerar criterios de mérito con el fin de garantizar los postulados que informan la función administrativa la que debe entenderse “está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” conforme lo señala el artículo 209. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Jurisprudencia CONSTITUCIÓN POLÍTICA-Aplicación en los eventos de elección de servidores públicos Lo anteriormente señalado permite concluir que no existe impedimento alguno para efectos de la aplicación de la norma superior de manera directa sin someterla la misma a la expedición de una ley que la reglamente como lo señala su enunciado, así en todo

evento de elección de servidores públicos de competencia de las corporaciones públicas la convocatoria deberá considera una forma de establecer el mérito para efectos de la selección de los servidores públicos, mérito que se puede establecer de innumerables formas, tantas cuanta la imaginación pueda crear, pero eso sí que sean eficaces e idóneas para el fin que señala la norma: establecer el mérito y así poder definir cuál, de los concursantes que atendió la convocatoria es el mejor. CONVOCATORIA PÚBLICA-En el caso sub lite no se señaló mecanismo alguno para determinar el mérito de los concursantes/APELACIÓN DE SENTENCIA-La designación de la secretaria del concejo vulnera el ordenamiento jurídico Ahora bien, vista la convocatoria que hace el concejo del municipio de Ibagué (Tolima), la que se comprende en la Resolución 002 de 2016, se observa sin hesitación alguna que en ella no se señaló mecanismo alguno para determinar el mérito de los concursantes y de la elección del elegido. Así las cosas la designación de la secretaria del concejo del municipio de Ibagué que recayó en la doctora … conculca el ordenamiento jurídico, no se ajusta al mismo y por lo tanto ha de concluirse en la nulidad del acto como lo declarara el Tribunal Administrativo del Tolima en su decisión de primera instancia cuyos argumentos comparte y prohíja esta Delegada, de igual manera considera esta Delegada que los argumentos del auto que decidió sobre la apelación de la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co administrativo demandado resultan siendo razones suficientes para confirmar la sentencia objeto de esta apelación. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Declarada por la causal señalada en el inciso 1° del artículo 275 de la Ley 1437 Con fundamento en las consideraciones que se han dejado expuestas, esta Procuraduría Delegada, le solicita a la Sección que confirme la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima adiada en Ibagué a los 15 días del mes de diciembre de 2016 por medio de la cual determinó: “DECLARASE LA NULIDAD del acto administrativo de elección de la señora …como SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, el cual fuera expedido por el Concejo de Ibagué en sesión plenaria celebrada el día 07 de enero de 2016, por la causal de nulidad señalada en el inciso 1° del artículo 275 de la Ley 1437, en consonancia con los razonamientos expuestos en parte motiva de esta sentencia”.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., febrero de 2017 Concepto No. 027 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 73001-23-33-000-2016-00261-01

Radicado interno número: 2015-0261

Actor: Wilson Leal Echeverry Demandado: Doris Caviedes Rubiano Asunto: Apelación de la sentencia del 15 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual decretó la nulidad del acto de elección de la señora Doris Caviedes Rubiano como Secretaria

General del Concejo Municipal de Ibagué – Tolima.

Respetada señora Consejera: De conformidad con lo señalado por ese Despacho en auto del 7 de febrero de 2017, en mi calidad de Agente del Ministerio Público ante esa Sección, me permito presentar a consideración de la señora Consejera ponente y por su conducto a la Sala los siguientes razonamientos.

IANTECEDENTES 1.- La demanda El ciudadano Wilson Leal Echeverry, actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó el acto por el cual se nombró a la señora Doris Caviedes Rubiano como secretaria general del Concejo del municipio de Ibagué – Tolima.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 1.1. La pretensión Conforme lo señaló en su escrito de demanda la pretensión fue formulada como se

transcribe a continuación: “1.1. Solicito a los Magistrados, se sirvan declarar la nulidad de la elección de la doctora DORIS CAVIEDES RUBIANO como SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ para el período 2016 contenida en el ACTA DE SESION PLNARIA No. 006 de enero 07 de 2016 publicada el 17 de febrero de 2016. 1.2. (…) 1.3. (…)” 1.2. Hechos de la demanda En este capítulo de la demanda el actor hace alusión a los antecedentes que se suceden en el proceso de elección de la Secretaria de la Corporación y que adelantara la corporación destacándose en especial lo que señala el demandante en cuanto a que el proceso no atendió a los criterios del mérito que exige el Acto Legislativo 02 de 2015; sostiene el actor que si bien se dio una convocatoria pública para escoger a este servidor el proceso no se sujetó a la reglas del mérito que prevé la norma constitucional. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor señaló normas violadas las siguientes:  Los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 136 de 1994;  Los artículos 1, 2, 4, 6, 121, de la Constitución Política y el artículo 2° del Acto Legislativo 2 de 2015m, modificatorio del artículo 126 de la Carta Política.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Al explicar el concepto de la violación del conjunto de normas sostiene en principio que el concejo no tiene competencia para desarrollar el contenido del artículo 126 Superior, que ello a pesar de ser competencia del legislador, empero ha debido aplicar normas análogas y así subsanar el vacio legislativo. Más adelante reitera que el acto demandado cuya nulidad pretende se expidió con inobservancia de los mandatos superiores pues el concejo de Ibagué no aplicó en forma íntegra el artículo 126, al omitir el señalamiento de criterios que permitieran calificar el mérito en este proceso de selección del secretario de esta corporación; indicó sobre el punto: “Es claro, que los postulados como el PRINCIPIO DEL MERITO del artículo 2° del acto legislativo 02 de 2015 aplicables al Concejo Municipal de Ibagué, no se ven introducidos al proceso de elección del Secretario General del Concejo para el período 2016 o regulados en la resolución 002 de 2016 expedida por la mesa directiva del concejo municipal, pues no existe un procedimiento que otorgue un elemento cuantitativo de calificación como pruebas eliminatorias, valoración de antecedentes, experiencia laboral, oportunidad para controvertir o discutir la valoración asignada los aspirantes, o cualquier otra regulación que permita establecer por mérito quien debe ser elegido…”. Es el argumento central del actor no establecerse una forma de calificar el mérito, el cual es postulado esencial de un concurso pues es éste el que determina en últimas quien debe ser nombrado, por lo tanto el acto es nulo, concluye.

2. Decisión de primera instancia En su decisión de primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima determinó: “DECLARASE LA NULIDAD del acto administrativo de elección de la señora DORIS CAVIEDES RUBIANO como SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, el cual fuera expedido por el Concejo de Ibagué en sesión plenaria celebrada el día 07 de enero de 2016, por la causal de nulidad señalada en el inciso 1° del artículo 275 de la Ley 1437,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co en consonancia con los razonamientos expuestos en parte motiva de esta sentencia. En su decisión de primera instancia el a-quo siguiendo lo señalado en las sentencias C-901 de 2008 y C-558 de 2009 señaló que con el establecimiento de este principio constitucional se perseguían tres propósitos principales a saber: i) asegurar el cumplimiento de los fines estatales de manera eficiente y eficaz; ii) el mérito garantiza varios derechos fundamentales como el de elegir y ser elegidas, el de acceder al desempeño de funciones y cargos público, el debido proceso, el respeto a la buena fe y la confianza legítima, la protección del derecho al trabajo y iii) finalmente la igualdad de trato y de oportunidades. Luego hace alusión a la aplicación analógica de las reglas del concurso público a la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo

Municipal de Ibagué y concluye que el acto demandado no conculca disposiciones legales por el hecho de que para su expedición no se hubieren aplicado a la convocatoria la normativa que regula el concurso de méritos de los personeros municipales. Seguidamente alude al desconocimiento del principio de mérito en el proceso de elección y señala que si bien el concejo municipal de Ibagué tenía la facultad de elegir a quien cumpliera los requisitos del cargo debía al mismo tiempo justificar bajo parámetros objetivo las razones por las cuales la designada era de entre los concursantes la persona idónea para el cargo. Concluye manifestando que la convocatoria que efectuara el concejo del municipio de Ibagué “no garantizó los principios de transparencia y de mérito para acceder al empleo público, al no evidenciarse regla alguna que permita inferir que se haya privilegiado criterio objetivo alguno con miras a buscar la excelencia del servicio…”

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Recurso de apelación La decisión anterior es impugnada por el concejo municipal y por la demandada quienes actúan en esta etapa del proceso por intermedio de apoderado judicial. Para el apoderado del concejo municipal la corporación tenía competencia para regular el procedimiento de elección a través de la convocatoria, sostiene que el acto de nombramiento se ajustó en todo a la convocatoria la cual es ley del

proceso de elección y en ningún momento existió una infracción a la convocatoria. El apoderado judicial de la demandada sostiene que la causal de nulidad a que hace alusión el fallo de primera instancia, la del numeral 1° del artículo 275 del CPCA que dice “1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales” nunca fue objeto de debate, razón por la cual considera que el Tribunal al decidir violentó derechos fundamentales de su defendida en especial el debido proceso y el derecho de defensa y manifiesta que la falta de congruencia entre los hechos y lo pedido en la demanda y lo fallado conducen a una revocatoria de la sentencia. Sostiene que en el proceso de elección del secretario de la corporación se cumplieron todas las exigencias de ley; señala que esta elección tiene en la Ley 136 de 1994 su procedimiento y por lo tanto no le es aplicable a la misma las disposiciones del artículo 126 constitucional; para el apoderado de la demanda “La convocatoria pública cumplió con todos los pasos o etapas propias de esta figura”  Trámite del recurso Por auto del 18 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo del Tolima, concede el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia. Mediante auto del 7 de febrero de 2017 y considerando que reúnen los requisitos legales, se admitieron por el Consejo de Estado – Sección Quinta – los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 15 de diciembre de 2016.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Alegatos de conclusión En esta oportunidad interviene el demandante para reiterar los argumentos que ab initio con la demanda y a lo largo del proceso expusiera en especial lo relacionado con la inexistencia en la convocatoria pública de un mecanismo que permitiera garantizar el principio del mérito.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se ha demandado la nulidad del acto por medio del cual se declaró elegida como Secretaria del concejo del municipio de Ibagué – Tolima a la doctora Doris

Caviedes Rubiano. La parte demandante señala que la elección de esta servidora es manifiestamente contraria al ordenamiento constitucional y por ello ha de ser declarada nula; la contrariedad con el mandato constitucional la hace residir en el hecho de que la convocatoria pública que efectuara la corporación para efectos de la elección y a la que se sujetaría el proceso no comprendió un mecanismo que permitiera darle cumplimiento al artículo 126 de la Carta Política en especial al mérito, la inobservancia de este principio, dice el demandante, es clara y no llama a duda, pues en ninguno de los apartes de la convocatoria se hizo mención al método que seguiría la corporación para determinar el mérito de los concursantes. El artículo 126 del ordenamiento superior establece: “ARTICULO 126. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 02 de 2015. Los

servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. (…) Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios mérito para su selección. (Destacado no obra en el texto citado) (…)” Conforme a la norma que se ha dejado transcrita tratándose de aquellos cargos cuya competencia para la designación se atribuye a corporaciones públicas, el concejo municipal lo es de elección popular, deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Se advierte que esta convocatoria no es un concurso de méritos propiamente tal ni se debe confundir con aquellos a que se refiere el artículo 125 ibídem aun cuando en ésta por expreso mandato constitucional se impone el considerar criterios de

mérito con el fin de garantizar los postulados que informan la función administrativa la que debe entenderse “está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” conforme lo señala el artículo 209. Ahora bien, dice la norma constitucional que la convocatoria debe ser reglada por la Ley, no obstante ello no significa que como hasta la fecha presente dicha ley no ha sido expedida la norma constitucional no sea aplicable como lo propugna la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, porque admitir este planteamiento sería tanto como desconocer el valor normativo y vinculante de la norma constitucional así como su supremacía dentro del ordenamiento positivo. Sobre el primer tema se ha señalado por los tratadistas uno de ellos el español Eduardo García de Enterría, que contrario a la tesis tradicional conforme a la nueva concepción constitucional “No es la Ley la que da validez a la norma constitucional ni ésta requiere para su aplicación de desarrollo legal como se entendía siguiendo en ello el sistema kelseniano en donde la Constitución no es «aplicada» como una norma superior, de modo que «no hay una relación entre la Constitución y la ley, sino entre la Constitución y el legislador», en cambio, en el sistema español de 1978 la Constitución «tiene un valor normativo y vinculante

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co directo que, sin mengua del monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes atribuido al Tribunal Constitucional arts. 161, 1, a), y 1631, afecta a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos (art. 9, 1) y que, por tanto, necesariamente es aplicable en mayor o menor medida, pero efectivamente, por todos los jueces y Tribunales». En fin, el carácter normativo directo de toda la Constitución incluye a sus "principios" aparentemente más abstractos, como ha precisado la jurisprudencia constitucional (Sentencias 15/1982, 254/1993, 31/1994, etc.). La eficacia normativa de la Constitución se hace presente en su propio texto al disponer su disposición derogatoria tercera que quedan derogadas "cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución". La vieja concepción de que la Constitución era una mera invitación al legislador para que dictase las verdaderas normas jurídicas queda así totalmente desvirtuada: sin necesidad de ningún complemento, la Constitución interfiere y deroga por ella misma todas las normas existentes contrarias a sus preceptos y principios. Y en cuanto al hecho de su supremacía del ordenamiento constitucional se tiene lo siguiente: 3.2.1. La supremacía de la Constitución Política sobre el resto de prescripciones del sistema de derecho nacional, es un principio estructurante del orden jurídico: el conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo, se ordena en un sistema normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le imprimen los valores, principios y reglas establecidas en la

Constitución. En otras palabras, el orden jurídico de la sociedad política se estructura a partir de la Carta Fundamental. Por eso, ha dicho la Corte: “La posición de supremacía de la Constitución - ha dicho esta Corporación - sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto, funda el orden jurídico mismo del Estado”[4]. (negrilla en texto original) 3.2.2. La noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución Política

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co indica: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Así, la naturaleza normativa del orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas. Tal condición normativa y prevalente de las normas constitucionales, la sitúan en

el orden jurídico como fuente primera del sistema de derecho interno, comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales cuyas formas y procedimientos de producción se hallan regulados en la propia Constitución. De ahí que la Corte haya expresado: La Constitución se erige en el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados. El conjunto de los actos de los órganos constituidosCongreso, Ejecutivo y juecesse identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello “fuente de fuentes”, norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4”. (Negrilla en texto original) (…) Las consecuencias que se derivan del principio de supremacíaha agregado esta Corporación - apuntan no sólo al reconocimiento de una norma jurídica como piedra angular filosófico-política que rige todas las actividades estatales y a la cual están subordinados todos los ciudadanos y los poderes públicos, sino que legitima además las normas jurídicas que se expidan congruentes con ella. 3.2.3. También el concepto de supremacía normativa de la Carta Política es definitorio del Estado Social y constitucional de Derecho. En virtud de la fuerza

normativa de la Constitución, las autoridades no solo se hallan sometidas al derecho positivo presidido por la norma superior, en el ejercicio de sus competencias; también para la realización efectiva de los derechos subjetivos consagrados constitucionalmente, ante dichas autoridades pueden los ciudadanos exigir la realización efectiva de los derechos constitucionales, algunos de los cuales son de “aplicación inmediata” -al tenor del artículo 85 constitucional-, merced, precisamente, a su fuerza normativa vinculante. De este modo, la supremacía normativa de las normas constitucionales se erige en un principio clave para la concreción del catálogo de derechos fundamentales y la efectividad de los demás derechos consagrados en la Carta Fundamental. En tal sentido, ha considerado la Corte: Dicho de otro modo: la Constitución es norma fundante en una dimensión tanto axiológica (v. gr. establece principios, derechos fundamentales y pautas interpretativas), como instrumental (proporciona los mecanismos para lograr armonía y coherencia en la aplicación de la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Constitución), y en ese orden de ideas, el principio de supremacía da cabida a la consagración de garantías fundamentales como fines prioritarios del Estado, y el establecimiento de controles de todo el ordenamiento y de una jurisdicción especial encargada de velar por su integridad.”1 Lo anteriormente señalado permite concluir que no existe impedimento alguno

para efectos de la aplicación de la norma superior de manera directa sin someterla la misma a la expedición de una ley que la reglamente como lo señala su enunciado, así en todo evento de elección de servidores públicos de competencia de las corporaciones públicas la convocatoria deberá considera una forma de establecer el mérito para efectos de la selección de los servidores públicos, mérito que se puede establecer de innumerables formas, tantas cuanta la imaginación pueda crear, pero eso sí que sean eficaces e idóneas para el fin que señala la norma: establecer el mérito y así poder definir cuál, de los concursantes que atendió la convocatoria es el mejor. Ahora bien, vista la convocatoria que hace el concejo del municipio de Ibagué (Tolima), la que se comprende en la Resolución 002 de 2016, se observa sin hesitación alguna que en ella no se señaló mecanismo alguno para determinar el mérito de los concursantes y de la elección del elegido. Así las cosas la designación de la secretaria del concejo del municipio de Ibagué que recayó en la doctora Doris Caviedes Urbano conculca el ordenamiento jurídico, no se ajusta al mismo y por lo tanto ha de concluirse en la nulidad del acto como lo declarara el Tribunal Administrativo del Tolima en su decisión de primera instancia cuyos argumentos comparte y prohíja esta Delegada, de igual manera considera esta Delegada que los argumentos del auto que decidió sobre la apelación de la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado resultan siendo razones suficientes para confirmar la

sentencia objeto de esta apelación. 1 Sentencia C-415/12 - junio 6 de 2012 - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 135 de la ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.Referencia: Expediente D-8820 - Actor: Fernando Yepes Gómez - Magistrado

Ponente: Mauricio González Cuervo

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En cuanto al error del a-quo al señalar la causal de nulidad, para esta Delegada ello no es más que un error lapsus calami que no tiene trascendencia alguna y menos la que le pretende impregnar el apoderado de la demandada en su escrito; si se observa la sentencia en el capítulo titulado “consideraciones” en el numeral 2 en donde se indicó el problema jurídico a resolver, allí es claro el a-quo en establecer que el mismo estaba referido con la legalidad del acto y que se debía determinar conforme a lo establecido en la audiencia inicial al fijar el litigio “.. si el Concejo de Ibagué transgredió las normas constitucionales que rigen la convocatoria pública para la elección de Secretario General de dicha corporación pública, al omitir aplicarlas ante el vacio legal de preceptos que regulen el mentado procedimiento con observancia del principio del mérito; es decir, se examinará si el acto de elección del Secretario General del Concejo

Municipal de Ibagué para el período 2016, señora DORIS CAVIEDES RUBIANO, proferido por el Concejo de Ibagué en sesión plenaria del 07 de enero de 2016 se encuentra acorde a derecho” litigio en relación con el cual la demandada gozó de todas las garantías procesales que se han establecido en su favor, no se advierte vicio alguno que afecte el trámite surtido por desconocimiento de garantías o derechos a lo largo del proceso.

III. CONCLUSIÓN Con fundamento en las consideraciones que se han dejado expuestas, esta Procuraduría Delegada, le solicita a la Sección que confirme la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima adiada en Ibagué a los 15 días del mes de diciembre de 2016 por medio de la cual determinó: “DECLARASE LA NULIDAD del acto administrativo de elección de la señora DORIS CAVIEDES RUBIANO como SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, el cual fuera expedido por el Concejo de Ibagué en sesión plenaria celebrada el día 07 de enero de 2016, por la causal de nulidad señalada en el inciso 1° del artículo 275 de la Ley 1437, en consonancia con los razonamientos expuestos en parte motiva de esta sentencia”.

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De los señores Consejeros,

JUAN CLÍMACO JIMÉNEZ CASTRO

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado

JCJC/GASC

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