PGN - NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Condiciones para que tachaduras enmendaduras y repi

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Deben demandarse la totalidad de los actos definitivos/NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-La oportunidad para formular las reclamaciones ante las autoridades electorales precluye una vez efectuada la declaración de elección En el asunto en examen se tiene que el apoderado judicial de la parte demandante demandó la nulidad de la elección de Ediles de la Localidad de Suba, con fundamento en una causal objetiva, en concreto la que consagra el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo en su numeral 2º, conforme a la cual las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas «Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación» y estructura su pretensión de nulidad con fundamento en lo siguiente: que se presentan diferencias entre los formularios E-14 y E-24, la cual fue titulada por el demandante de la siguiente manera: “Apocrificidad por contener datos inexactos entre los E-14 y los E-24; además señaló como hecho soporte de la pretensión la realización de escrutinios por la Comisión Escrutadora sin contar con los formularios E-14 o haber realizado el escrutinio teniendo para el efecto formularios E-14 mutilados o incompletos, el cargo lo describe el demandante como sigue: «Las mesas que a continuación se relacionan carecen delos E-14 y en otros casos aparecen mutilados e incompletos». Esta causal de nulidad, conforme a las nuevas prescripciones de orden constitucional que se introdujeron como regulatorias del proceso electoral por sucederse en el curso del

proceso, no es anterior ni posterior, es concomitante; para efectos de ser demandadas en nulidad en sede judicial deben ser puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de la declaratoria de la elección y esta exigencia se consideró como requisito de procedibilidad y de conformidad con ella : Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral». En el caso presente se tiene que el actor manifiesta haber sometido al conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades con el fin de acreditar el requisito de procedibilidad y así lo entendió el a-quo, por ello su decisión de fondo. No obstante lo anterior, esta Delegada considera que incurrió en error el juez de primera instancia por cuanto la reclamación del demandante fue objeto de decisión expresa por las autoridades electorales, las cuales, conforme al Auto número 030 del 23 de noviembre de 2011, determinaron rechazar las solicitudes y reclamaciones relacionadas con Juntas Administradoras Locales y este auto ha debido ser igualmente demandado, pues solo así se cumple con el presupuesto de demanda en forma, como ello no acontece así, en consideración de esta Agencia del Ministerio Público la decisión no ha debido ser de fondo, pues lo que se imponía era declarar de manera oficiosa la excepción de inepta demanda. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Condiciones para que tachaduras

enmendaduras y repisados configuren falsedad/NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Causal por falsedad del registro En lo que atañe con las tachaduras, enmendaduras y repisados hallados en los registros, tales anomalías no son constitutivas per se de la causal de nulidad 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo; tan sólo en la medida en que se demuestre que la tachadura, el borrón, o el repisado corresponde a una treta o ardid encaminado a alterar el resultado final de la elección se entiende estructurada la falsedad.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co …En el escrito de apelación el actor insiste en la existencia de las diferencias que señaló en la demanda entre los resultados que se incorporaron por los jurados de votación en el formulario E-14 y los que se incorporaron en el E-24 elaborado por las Comisiones Escrutadoras. Para esta Delegada el análisis que el a-quo ha efectuado de la causal que señala el demandante como sustento de su pretensión de nulidad no merece reproche alguno ni en lo en fáctico como tampoco en lo jurídico. No obstante lo anterior, esta Delegada reitera lo que ha señalado la H. Sala en sus distintas providencias para que estas diferencias que se suceden entre los formularios E14 y E-24 estructuren la causal 2ª de nulidad del artículo 223 del Código Contencioso

Administrativo. …De conformidad con este pronunciamiento no llama a duda que las diferencias que se suceden entre el formulario E-14 y el E-24 pueden ser constitutivas de nulidad por incorporar elementos cuantitativos falsos en los registros; sin embargo, como se dirá seguidamente, no toda diferencia per sé configura la falsedad o apocrifidad en el registro electoral, para que ello suceda así se requiere que la diferencia sea una invención fabulosa, atribuible a la obra humana y que no tenga razón o fundamento alguno que la justifique. Por último, no bastará demostrar la ausencia de motivación en la diferencia sino que esta es determinante del resultado electoral, porque si las diferencias que se establecen no logran alterar el resultado de la elección; si este se mantiene no habrá lugar a la declaratoria de nulidad, ya que ello no tiene sentido, porque el principio de eficacia del voto le impide al operador anular toda la votación por razón de la existencia de una diferencia que no genera alteración alguna del resultado final, que es lo que acontece en el caso en examen. En efecto, el a-quo encuentra que las diferencias se suceden en 27 de las mesas señaladas por el demandante, además que las mismas carecen de fundamentación, pero al considerar el último de los presupuestos concluye que estas diferencias resultan inanes para los efectos propuestos por cuanto no tienen la capacidad de alterar el resultado electoral. CAUSALES DE RECLAMACION-No puede alegarse como causal de nulidad del acto electoral La falta del mínimo de las dos firmas que se exigen en los E-14 – Actas de los Jurados de Votación-, es un hecho que está consignado en el artículo 192 del Código Electoral como

causal tercera de reclamación en el proceso administrativo electoral, y es un aspecto que no puede esgrimirse en sede judicial, como lo hizo el actor, según lo tiene establecido ya la reiterada jurisprudencia que sobre el tema ha desarrollado esa alta Corporación. Además de lo anterior observa este Despacho que la falta de firmas de los jurados de votación en las Actas de Escrutinio E-14 no se propuso en el escrito de demanda, este cargo solo se propone en el escrito en donde el apoderado judicial del demandante propone el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, lo cual no permite considerar su estudio. Estas irregularidades; ha enseñado la jurisprudencia de la H. Sección, no pueden proponerse en sede judicial como fundamento de la acción, ya que se trata de situaciones que deben ser formuladas en sede del escrutinio, ante las autoridades electorales a titulo de causal de reclamación. De manera reiterada en sus decisiones la H. Sección Quinta ha reiterado, que las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad de los registros electorales, por tal razón no pueden alegarse por vía jurisdiccional y ello se ha explicado en razón de que el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1998, suprimió las causales de reclamación como situaciones que dan lugar a la nulidad de

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las actas de escrutinio. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sólo puede ejercer control de legalidad sobre hechos que constituyen el sustento fáctico de las causales de reclamación, en forma mediata «…a condición de que las mismas hayan sido decididas durante el trámite administrativo electoral y la acusación respectiva dentro del proceso judicial se dirija contra dichas decisiones, pero no podrá discutirse por vía judicial la nulidad de las actas de escrutinio de las corporaciones electorales con fundamento en una causal de reclamación como lo es la falta de firmas en las actas de los jurados de votación». Lo anterior significa que las causales de reclamación electoral si bien no pueden constituir el sustento de una acción de nulidad de carácter electoral, no se quiere decir con ello que están por fuera del control judicial; no, estas causales se pueden llevar al proceso electoral por vía indirecta, demandando las decisiones que las autoridades electorales profieran frente a las reclamaciones que los testigos electorales, los candidatos o sus apoderados efectúen con fundamento en las causales de reclamación electoral. NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-El proceso no se vicia per se por falta de documentos para registro de resultados El actor manifiesta que el a-quo no tuvo en consideración los elementos probatorios allegados al plenario, puesto que de conformidad con ellos demostró que en algunas mesas de votación el E-14 correspondiente al escrutinio de Ediles no se encontraba en la bolsa en la cual se incorporan los distintos documentos electorales elaborados por los jurados de votación y que constituyen el soporte del escrutinio que realizan las Comisiones

Escrutadoras Auxiliares, Distritales o Municipales. Es cierto como lo afirma el actor que en algunas mesas de votación y de manera concreta en el puesto 1, mesa 124; en el puesto 25, mesas 12, 35 y 40 y en el puesto 27, mesa 65, este documento, al abrirse los documentos para efectos del escrutinio correspondiente no se encontró; pero ello no constituye la causal de nulidad que alega. En efecto, el actor, en aras de la prosperidad de su pretensión, desestimó lo que en realidad sucediera en el escrutinio y que fue objeto de constancia en el acta respectiva, omitió que los miembros de las Comisiones Escrutadoras al echar de menos los documentos suspendieron el escrutinio y los solicitaron a la Registraduría, procedimiento que es ajustado a Ley, pues de conformidad con el artículo 165 del Código Electoral «Cuando por cualquier circunstancia algún pliego o registro necesario para el escrutinio no estuviere a disposición de los miembros de la Comisión Escrutadora, éstos deberán solicitarlo al funcionario o corporación que lo haya recibido, el cual será remitido sin demora». Conforme al estudio que efectuara el a-quo la formulación del cargo por parte del actor resulta infundada por cuanto, si bien los documentos E-14 no estaban en la bolsa correspondiente a las mesas relacionadas, ello no implica considerar que se efectuara sin contar con los E-14, pues se solicitaron a la Registraduría, entidad a la cual se envía una copia de este documento.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. enero 23 de 2013 Concepto No. 007 Doctora

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 250002331000201200052 02

Radicado interno número: 20120052

Actor: Iván Díaz Tamayo Demandado: Ediles de la Localidad de Suba – Zona 11.

Contenido: Apelación de la sentencia de fecha 23 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de los

Ediles de la Localidad de Suba – Bogotá D.C., para el para el periodo 2012

• 2015.

Respetado señora Consejera: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a rendir concepto, y por ello, presento a consideración de la

H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y su pretensión El ciudadano Iván Díaz Tamayo, actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral demandó la nulidad del acto por medio del cual la Comisión Escrutadora Distrital declaró la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co elección de los Ediles de la Junta Administradora Local de la Zona 11 – Suba – Distrito Capital de Bogotá ,período 2012 – 2015.  Pretensiones Señaló como tal las siguientes: «1.- Que es nulo el acto denominado la declaratoria de elección efectuada y expedida por la comisión escrutadora distrital de la Registraduría distrital de Bogotá de fecha 26 de Noviembre de 2011 “Por medio de la cual se declara la elección de los EDILES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA del Distrito Capital de Bogotá D.C., para el período 2012 – 2015... etc. 2.- (…)»  Hechos de la demanda El apoderado judicial del demandante comenzó refiriéndose al proceso electoral llevado a cabo el 30 de octubre de 2011, y destacó que en la Localidad de Suba en lo atinente con el proceso de elección de ediles, éste estaba viciado por las irregularidades que se sucedieron en el mismo, e indica que ante esta situación interpuso una reclamación ante los miembros de la Comisión Escrutadora Distrital de Bogotá, corporación que mediante Auto 030 del 23 de noviembre de 2011 las rechazó in límine aduciendo como motivo o razón de su no decisión «el corto tiempo que tenían para la declaratoria». Culmina la exposición del supuesto fáctico de su pretensión manifestando lo

siguiente: «… en las mesas que relaciono a continuación se presenta la apocrificidad y la falsedad de los elementos con los que sirven para la elaboración del acto administrativo que declaró electo (sic) A LOS EDILES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUBA ZONA 11 DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, período constitucional 2012 – 2015 especialmente se presenta un claro aumente de votación injustificado para unos partidos y candidatos, situación esta que se demuestra por la información que existe en E-14 y en el E-24». Normas violadas – Concepto de la violación

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dentro del acápite de la demanda titulado “Normas violadas y concepto de la violación” indicó como transgredidas las siguientes: Los artículos 1º, 2º, 13, 29, 41 – 1, 237 y 265 de la Constitución Política Los artículos 174, 175, 176, 177, 181 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 223 numerales 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo. Sostiene el actor que el Consejo Nacional Electoral al decidir no aplicó el postulado que consagra el artículo 1º de la C.P. conforme al cual debe darse prevalencia al interés general; de igual manera señala que la Comisión Escrutadora Distrital no cumplió con el mandato de l a norma superior que le impone la obligación de garantizar la efectividad de los principios, derechos y

deberes consagrados en la Constitución; de la misma manera dice que esta corporación electoral desconoció el derecho de igualdad al no haber excluido mesas de votación contaminadas y permitir la elección de unos candidatos en detrimento de otros; en relación con la garantía del debido proceso señaló que la Comisión Escrutadora Distrital de Bogotá no aplicó este mandato superior; en relación con el artículo 41 numeral 1º, sostuvo que esta norma constitucional se desconoció porque al decidir sobre las reclamaciones presentadas «permitió que no se revisaran de manera correcta los documentos electorales permitiendo que se beneficiaran unos candidatos por la manera irregular como actuó». Indicó que el Consejo Nacional Electoral no cumplió en debida forma con sus funciones y permitió que «… siguieran vigentes registros, pliegos, actas y listas de resultados apócrifos y falsos, resultando estos en que con estos elementos se dictara la elección de los EDILES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE

SUBA – ZONA 11 – DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ».

Indicó el apoderado judicial de la parte demandante que no fueron consideradas las pruebas aportadas y presentada en tiempo y que el acto declaratorio de la elección demandada es contrario a derecho.  Sentencia de primera instancia

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Conforme a la decisión de primera instancia el a-quo consideró los siguientes cargos:  Apocrifidad por existir datos inexactos entre los formularios E-14 y E-24 y,

 Carencia en algunas de las mesas de votación de los formularios E-14 o E24 y encontrarse mutilados, incompletos o alterados por tachaduras o enmendaduras. En relación con el primero de los cargos el a-quo adelanta un estudio de los casos en que el demandante lo soporta y concluye que no está llamado a prosperar por lo siguiente: «De acuerdo con estos resultados, las curules se mantienen, de manera que la diferencia entre los votos consignados en los formularios E-14 y E24 no alteran los resultados electorales». Respecto del segundo cargo estudiado por el a-quo concluye como a continuación se indica: «De acuerdo con lo consignado por las comisiones, se advierte que los formularios E-14 y E-24 se encontraban en buen estado, razón por la cual los escrutinios se pudieron realizar sin novedad, razón por la cual este cargo tampoco está llamado a prosperar».  Recurso de apelación El actor interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y señaló como argumentos de inconformidad, entre otros, los siguientes:  Que el estudio adelantado por el Tribunal en relación con el cargo formulado por las diferencias existentes entre el E-14 y el E-24 presenta inconsistencias.  Que está demostrada la existencia de diferencias que configuran la causal de nulidad por apocrificidad y que estas mutan la realidad electoral.  Que la sentencia reconoce que en algunas de las mesas de votación la afirmación que hace sobre la carencia de los formularios E-14 y E-24 es

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co cierta, porque fue necesario suspender el escrutinio hasta que aparecieron los documentos electorales faltantes.  Que las tachaduras, enmendaduras y borrones de los tarjetones electorales fueron demostrados en debida forma y así lo reconoce la sentencia impugnada.  Que igualmente se encuentra plenamente demostrado que se computaron formularios E-14 con menos de dos firmas.

Luego de lo anterior concluye:  Que la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 223 está demostrada en debida forma, por cuanto existen alteraciones aritméticas a favor de unos partidos o movimientos en detrimento de otros como el partido de su representado;  Que esta apocrifidad muta la realidad electoral.  Que en los actos intermedios se presenta apocrificidad, en especial en las actas elaboradas por la Comisión Escrutadora Distrital

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de estado – Sección Quinta-, por razón de la impugnación que por vía del recurso de apelación se realizó contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, calendada a 23 de agosto de 2012, mediante la cual determinó denegar las pretensiones de la demanda de contenido electoral,

incoada por intermedio de representante judicial por el ciudadano señor Iván Díaz Tamayo, por medio de la cual pretendía se declarara la nulidad del acto de elección de los Ediles de la Zona 11 – Localidad de Suba – Bogotá D.C., período 2012 – 2015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Consideraciones previas 1ª. Ineptitud de la demanda - La pretensión de la demanda de nulidad electoral no comprendió todos los actos que se han debido demandar Se recuerda que conforme a lo señalado en el auto admisorio de la demanda el aquo entendió que el requisito de procedibilidad se encontraba agotado en el caso en estudio y por ello procedió a admitir la demanda y en ese entendido decidió de fondo las pretensiones que propusiera el demandante. En el asunto en examen se tiene que el apoderado judicial de la parte demandante demandó la nulidad de la elección de Ediles de la Localidad de Suba, con fundamento en una causal objetiva, en concreto la que consagra el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo en su numeral 2º, conforme a la cual las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas «Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación» y estructura su pretensión de

nulidad con fundamento en lo siguiente: que se presentan diferencias entre los formularios E-14 y E-24, la cual fue titulada por el demandante de la siguiente manera: “Apocrificidad por contener datos inexactos entre los E-14 y los E-24; además señaló como hecho soporte de la pretensión la realización de escrutinios por la Comisión Escrutadora sin contar con los formularios E-14 o haber realizado el escrutinio teniendo para el efecto formularios E-14 mutilados o incompletos, el cargo lo describe el demandante como sigue: «Las mesas que a continuación se relacionan carecen delos E-14 y en otros casos aparecen mutilados e incompletos». Esta causal de nulidad, conforme a las nuevas prescripciones de orden constitucional que se introdujeron como regulatorias del proceso electoral por sucederse en el curso del proceso, no es anterior ni posterior, es concomitante; para efectos de ser demandadas en nulidad en sede judicial deben ser puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de la declaratoria de la elección y esta exigencia se consideró como requisito de procedibilidad y de conformidad

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co con ella «Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de

procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral». En el caso presente se tiene que el actor manifiesta haber sometido al conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades con el fin de acreditar el requisito de procedibilidad y así lo entendió el a-quo, por ello su decisión de fondo. No obstante lo anterior, esta Delegada considera que incurrió en error el juez de primera instancia por cuanto la reclamación del demandante fue objeto de decisión expresa por las autoridades electorales, las cuales, conforme al Auto número 030 del 23 de noviembre de 2011, determinaron rechazar las solicitudes y reclamaciones relacionadas con Juntas Administradoras Locales y este auto ha debido ser igualmente demandado, pues solo así se cumple con el presupuesto de demanda en forma, como ello no acontece así, en consideración de esta Agencia del Ministerio Público la decisión no ha debido ser de fondo, pues lo que se imponía era declarar de manera oficiosa la excepción de inepta demanda. La afirmación que efectúa esta Agencia del Ministerio Público se sustenta en la decisión que se profirió en esa H. sección y que se transcribe a continuación: «El proceso electoral, tal como se concibió originalmente en el Código Contencioso Administrativo, si bien tenía por objeto juzgar la legalidad de los actos administrativos electorales, se caracterizaba, entre otras cosas y a diferencia de lo que ocurría con la generalidad de procesos dirigidos a controlar la legalidad de actos administrativos, porque los interesados en su formulación no estaban obligados a acudir previamente a la administración

pública para advertirle de la materialización de posibles irregularidades constitutivas de nulidad, pues en ejercicio de su derecho fundamental “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (Art. 40 C.P.), bien podían acudir en demanda directa ante esta jurisdicción, como así lo consagró expresamente el artículo 227 ibídem, al prescribir sobre el punto: “Artículo 227.- Posibilidad de ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos.” (Negrillas de la Sala) Sin embargo, dado la creciente complejidad de las demandas electorales, cada vez más voluminosas en información electoral a verificar, y con el propósito de hacer más expedito el proceso electoral, que según el artículo 14 del Acto Legislativo 01 de 2003, modificatorio del artículo 264 Superior, debe fallarse en un año si el negocio es de primera instancia, o en 6 meses si es de

única, se expidió el Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2009, con cuyo artículo 8 se adicionó el numeral 7 al artículo 237 Constitucional, provisto igualmente del parágrafo en que se consagró el requisito en mención, en estos términos: “PARÁGRAFO.- Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”. Según esta disposición, no hay duda que el proceso electoral, cuando se instaura para juzgar la legalidad de actos de elección popular, con fundamento en la ocurrencia de irregularidades en el proceso de votación o en el escrutinio, debe cumplir con el “requisito de procedibilidad” consistente en que allí, durante los escrutinios y ante las respectivas autoridades electorales, sean planteadas y sometidas a examen de esas autoridades, las mismas anomalías que luego se quieran llevar al conocimiento de la jurisdicción. (….) Por otra parte, en cuanto a si la implementación del requisito de procedibilidad impone al demandante la carga de demandar, junto con el acto de elección, los actos proferidos por las autoridades electorales para despachar las solicitudes presentadas en tal sentido, dirá la Sala que así es, puesto que así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de esta Sección en casos análogos.

En efecto, si bien el artículo 229 del C.C.A., señala que en el proceso electoral “deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios” , como sí sólo debiera demandarse ese acto, también debe tomarse en cuenta que según el artículo 227 ibídem, son demandables en el proceso electoral “los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de los ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos” . De armonizar estos preceptos concluye la Sala que bajo los efectos del Acto Legislativo 01

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de 2009, se hizo más evidente la necesidad de demandar tanto el acto de elección, como las decisiones administrativas proferidas por las autoridades electorales para agotar el requisito de procedibilidad, pues con ellas es posible que se asuman decisiones modificatorias de los registros electorales, lo cual es uno de los eventos que a título enunciativo trae el artículo 227 en cuestión. No puede calificarse a las decisiones administrativas proferidas por las

autoridades electorales para agotar el requisito de procedibilidad, como meros actos de trámite o como cómputos o escrutinios intermedios, ya que no son ni lo uno ni lo otro, corresponden a verdaderos actos administrativos, en atención a que albergan decisiones con incidencia directa en los derechos políticos de los candidatos, bien porque para unos contribuyen a consolidar su derecho a acceder a un cargo o corporación pública de elección popular, o ya porque para otros se erige en la razón que impide el acceso a los mismos. Tampoco podría pensarse que su control de legalidad podría adelantarse a través del control que se hace sobre el acto que declara la elección, ya que según ha enseñado la experiencia y de acue