PGN - NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL - Efectos de la falta de notificación

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Vicios en la elección del rector del Infotep de San Juan del Cesar NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Efectos de la falta de notificación/ FALTA DE NOTIFICACIÓN-Si bien no es causal de nulidad si genera vicios de ilegalidad Conforme quedó precisado en el escrito de corrección de la demanda el actor demandó la nulidad del Acuerdo número 11 del 16 de agosto de 2011, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira, por medio del cual determinó «Designar como Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional para el período 2011 - 2015». …De acuerdo con los antecedentes, por medio de la Resolución número 127 del 17 de mayo de 2011, la cual es allegada al plenario en copia simple, se convocó y reglamentó la elección para conformar la terna de la cual se ha de designar el rector de la institución educativa. El acto de convocatoria fue expedido con fundamento en el Acuerdo 010 de 2010, disposición que según lo manifestado por el demandante no se encontraba vigente para ese momento y que según lo señalado por él solo entró a regir a partir del 23 de mayo de 2011, además, dice que la Resolución 127 del 17 de mayo de 2011, acto de contenido general, no fue publicada en el Diario Oficial, no obstante que de conformidad con la ley y los estatutos se imponía agotar esta formalidad. Lo que el actor afirmó en su poco clara demanda es cierto en tanto que no fue publicada

en el Diario Oficial la Resolución 127 de 2011, pero no así en cuanto a lo relacionado con el Acuerdo 010 de 2010. La prueba recaudada a instancias de la H. Consejera ponente corrobora que el acto de convocatoria nunca fue publicado, así se desprende de lo indicado por el Vicerrector de la institución educativa en el oficio obrante a folio 339 del plenario. …En consideración de esta Agencia del Ministerio Público la pretensión de nulidad se encuentra llamada a prosperar y respetuosamente así lo solicitará pues como se ha definido por esa H. Sección en la sentencia que será objeto de transcripción por este Despacho para fundamentar la petición, la falta de notificación de los actos administrativos de contenido general si bien no es causal de nulidad de los mismos si generan en los que se expidan con fundamento en ellos vicio de ilegalidad …Se concluye que en el caso presente el acto por medio del cual se procedió a nombrar como director del Infotep al demandado ha de ser declarado nulo por cuanto que la Resolución 127 del 17 de mayo de 2011, por medio de la cual se efectuó la convocatoria y se reglamentó el proceso de elección para conformar la terna de la cual el Consejo Directivo del establecimiento educativo, no fue publicada en debida forma y da al traste con el derecho fundamental del debido proceso y las garantía procesales. PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 1 Bogotá, D.C., 23 de abril de 2014 Concepto No. 018 Doctora

LUCY JEANNETE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000201100059 00

Radicado interno número: 20110059

Actor: Hernando José Daza Plata Demandado: Luis Alfonso Pérez Guerra Contenido: Nulidad del Acuerdo No. 011 de 16 de agosto de 2011, expedido por el Consejo Directivo del Infotep de San Juan del Cesar, por medio del cual se designa al señor Luis Alfonso Pérez como rector del Infotep de San Juan del Cesar .

Respetada señora Consejera: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo. IAntecedentes 1.- La demanda El señor Hernando José Daza Plata, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto administrativo proferido por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional –Infotep – del municipio de San Juan del Cesar – La Guajira -, designó al seño Luis Alfonso

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 2 Pérez Guerra, como Rector de esa institución educativa para el período 20132015.  Pretensiones de la demanda En el escrito por medio del cual subsanó las deficiencias de la demanda precisó como tales las siguientes: Primera: Declarar nulo el acto administrativo, Acuerdo No. 011 del 16 de agosto de 2011, por medio del cual el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP, del Municipio de San Juan del CesarGuajira, designó al señor LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA, como Rector de esa institución educativa, para el período 2011 a 2015.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, se declare la no elección del señor LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA, como Rector de esa institución educativa, para el período 2011 a 2015.

Tercera: (…)»  Hechos de la demanda El supuesto fáctico enunciado por el demandante se refiere a lo siguiente:  A la naturaleza jurídica del Instituto, conforme a la cual se trata de una institución educativa del orden nacional, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente adscrito al Ministerio de educación, que conforme a la Ley 30 de 1992 está dotado de autonomía administrativa que le permite regirse por sus propias autoridades y sus propios estatutos.  Que son órganos de dirección y representación del Instituto el consejo superior, el consejo académico y el rector.

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como fundamento del ejercicio de su acción es el siguiente: 2.- Contestación de la demanda Conforme a lo señalado en el auto del 2 de febrero de 2012 «No se tiene por contestada, ya que el escrito respectivo.. » fue presentado extemporáneamente, el 27 de enero de 2012, cuando el término de fijación en lista había ya transcurrido (ver folios 173 y 174).

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y bajo la consideración de que las excepciones propuestas no serán objeto de estudio por haber sido propuestas de manera extemporánea como quedo ya indicado, no observando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto de rigor que le corresponde.

Conforme quedó precisado en el escrito de corrección de la demanda el actor demandó la nulidad del Acuerdo número 11 del 16 de agosto de 2011, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira, por medio del cual determinó «Designar como Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Código 0151 Grado 03 al señor LUIS ALFONSO PÉREZ GUERRA .., para el período 20112015». Conforme a los antecedentes obrantes en el plenario esta Delegada considera que el problema jurídico planteado por el actor se contrae a determinar si el acto de nombramiento está o no ajustado a ley, la cual considera se ha transgredido por cuanto que el proceso de escogencia de la terna de la cual se designaría el rector de la institución educativa se reguló por una norma que no resultaba aplicable por cuanto que no había sido publicada en el Diario Oficial. De acuerdo con los antecedentes, por medio de la Resolución número 127 del 17 de mayo de 2011, la cual es allegada al plenario en copia simple, se convocó y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 5 reglamentó la elección para conformar la terna de la cual se ha de designar el rector de la institución educativa. El acto de convocatoria fue expedido con fundamento en el Acuerdo 010 de 2010, disposición que según lo manifestado por el demandante no se encontraba vigente para ese momento y que según lo señalado por él solo entró a regir a partir del 23 de mayo de 2011, además, dice que la Resolución 127 del 17 de mayo de 2011, acto de contenido general, no fue publicada en el Diario Oficial, no obstante que de conformidad con la ley y los estatutos se imponía agotar esta formalidad. Lo que el actor afirmó en su poco clara demanda es cierto en tanto que no fue

publicada en el Diario Oficial la Resolución 127 de 2011, pero no así en cuanto a lo relacionado con el Acuerdo 010 de 2010. La prueba recaudada a instancias de la H. Consejera ponente corrobora que el acto de convocatoria nunca fue publicado, así se desprende de lo indicado por el Vicerrector de la institución educativa en el oficio obrante a folio 339 del plenario; en él se dijo por parte de esta autoridad del centro de educación lo siguiente: «… mediante el presente oficio doy cumplimiento al auto emitido por la Secretaría de esta Honorable Sección de fecha 31 de enero de 2014 y radicado en esta entidad en día 12 de febrero de la presente anualidad, donde solicita certificación del medio de difusión utilizado junto con la fecha, mediante el cual se publicó la resolución No. 127 del 17 de mayo de 2011, en caso de haberlo hecho en el diario oficial informe el número y fecha del respectivo ejemplar. De acuerdo a dicho requerimiento, es mi deber manifestar que estos actos nunca se han publicado en el Diario Oficial, ni en este periodo ni mucho menos en períodos anteriores, el medio de difusión utilizado fue el radial realizado por el Director del Informativo regional de la Guajira de la Emisora radio Impacto Popular y en las carteleras del INFOTEP» En consideración de esta Agencia del Ministerio Público la pretensión de nulidad se encuentra llamada a prosperar y respetuosamente así lo solicitará pues como se ha definido por esa H. Sección en la sentencia que será objeto de transcripción por este Despacho para fundamentar la petición, la falta de notificación de los

actos administrativos de contenido general si bien no es causal de nulidad de los

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 6 mismos si generan en los que se expidan con fundamento en ellos vicio de ilegalidad toda vez que como se señaló en el antecedente al que se alude «..uno es el efecto de la falta de publicación de los actos administrativos de carácter general respecto de su validez, que como se vio es ninguno pues se habla de ineficacia, y otro es el efecto de esa omisión respecto de la validez de los actos de contenido particular y concreto expedidos con base en los mismos, que como se verá es en lo que no atinan la defensa y el agente del Ministerio Público. Recuerda la Sala en este momento, que dentro de las causales de nulidad de los actos administrativos se halla la de expedición irregular, consagrada en el artículo 84 del C.C.A. (Mod. Dto. 2304/1989 Art. 14), en estos términos: “Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.” (Se imponen negrillas) Es evidente que la expedición irregular se vincula directamente con el derecho al debido proceso, que si bien es un postulado de gran abstracción en el plano constitucional, es la piedra que soporta los distintos procedimientos administrativos y judiciales, impregnándolos de postulados como la competencia funcional de la autoridad, la preexistencia de normas y por supuesto la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, que para el sub lite es lo más relevante». 1 La sentencia aludida estudió el tema relacionado con la obligatoriedad de publicidad de los actos administrativos de contenido general y de los efectos derivados de la inobservancia de esta ritualidad en relación con los actos que en forma ulterior fueran expedidos teniendo como fundamento el no publicado, en ella se hizo una reseña normativa de las normas que imponían la obligación de publicación y se concluyó que la falta de la misma acarrea la nulidad de los actos que se hayan expedido teniendo como soporte la norma no publicada. 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta - 6 de agosto de 2009 - Consejera Ponente doctora: María Nohemí Hernández Pinzón Expediente: 110010328000200900005-00 Demandante: Karol Mauricio Martínez Rodríguez Demandado: Rector Universidad Surcolombiana – Hernando Ramírez Plazas

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 7 Es claro que la sentencia a la cual se refiere esta Delegada no consideró la situación a la luz de la normatividad que consagró la Ley 1437 de 2011, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto que dicha norma sólo entró en rigor por expresa disposición, a partir del dos 2 de julio del año 2012, hecho que no le resta el carácter de precedente pues el tema del deber de publicación de los actos administrativos, con algunas variaciones que no resulta del caso estudiar por no ser aplicable la norma, sigue la regla general que se consideró en el antecedente, vale decir que «Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso». La sentencia que se trae como sustento de la solicitud de declaratoria de nulidad del acto demandado señala: Son actos administrativos de carácter general aquellos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo mismo referidos a una pluralidad indeterminada de personas, a todas aquellas que se encuentren comprendidas en tales supuestos. Desde luego que la indeterminación no resulta del mayor o menor número de los destinatarios del acto, sino de la circunstancia de que no aparezcan determinados, y por ello puede existir un acto general referido, en los hechos, solo a algunas pocas personas o a ninguna; y, viceversa, puede existir un acto individual referido a muchas personas concretamente determinadas.

Pues bien, la Universidad Nacional de Colombia, según lo establecido en el artículo 1.º del decreto 1.210 de 1.993, es un ente universitario autónomo, del orden nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial, y en razón de ese régimen especial, dice el artículo 3.º del mismo decreto, es una persona jurídica autónoma, con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos. Siendo así que la Universidad Nacional es entidad del orden nacional, que integra la estructura del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 113 de la Constitución y 40 de la ley 489 de 1.998, los actos administrativos de carácter general que expida, para regir, deben publicarse en el Diario Oficial, y en ello no se establecieron excepciones. Entonces, según lo expuesto, los acuerdos 13 de 1.999 y 1 de 2.000 expedidos por el Consejo Superior Universitario, que son actos de carácter general, deben publicarse en el Diario Oficial para su vigencia y oponibilidad.” 2[5] 2[5] Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 24 de julio de 2001. Expediente: 1100103280002000002602 (IJ-018). Actor: Germán Barriga Garavito. Demandado: Universidad Nacional de Colombia. En el mismo sentido se

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8 Podría sostenerse contra lo dicho por la Sala hasta el momento, que el régimen de autonomía reconocido constitucional3[6] y legalmente4[7] a las universidades, las exime del deber de publicar sus actos administrativos de carácter general en el Diario Oficial y que ello encuentra respaldo, además, en la propia Ley 489 de 1998 puesto que su artículo 40 prescribe: “El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes.” (Subraya la Sala) Esta norma demuestra que el régimen de autonomía de las universidades oficiales prima sobre las regulaciones de la Ley 489 de 1998, incluido por supuesto su artículo 119 que consagra el deber de publicar en el Diario Oficial los actos administrativos de carácter general; esto es, que la norma especial debe primar sobre la norma general. Sin embargo, como se trata de una materia sujeta a reserva legal y en virtud a que a la fecha no ha sido expedida la ley que desarrolle para las mismas el deber y la forma en que deben publicarse sus actos, es claro para la Sala que esos entes universitarios deben regirse por los dictados del artículo 43 del C.C.A., en la forma como fue modificado por el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, es decir hacer la publicación en el Diario Oficial. Tampoco pueden eximirse las universidades oficiales del deber legal de publicar sus actos administrativos de carácter general en el Diario Oficial,

alegando que ello puede suplirse con la respectiva publicación en su dominio.co o en su página Web, pues con toda claridad señala el artículo 7 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o pueden consultar las sentencias proferidas el mismo día, por la Sala Plena, dentro de los Expedientes IJ-020, IJ-021 e IJ022. 3 [6] Así lo consagra el artículo 69 Superior al decir: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”. 4 [7] A nivel legal la Ley 30 de 1992 desarrolló ese régimen de autonomía de las universidades en disposiciones como estas: “Artículo 28.- La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos

para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Artículo 29.- La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. PARÁGRAFO.- Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).”

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de eficacia frente al acto acusado? Tanto la defensa como el Procurador Séptimo Delegado coinciden en señalar que la falta o defectuosa publicación de los Acuerdos 039 y 040 de 2008, expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, no puede invalidar el acto acusado, puesto que ello es presupuesto de eficacia y no de validez. Para la Sala esa posición es parcialmente cierta. Como quedó demostrado en el apartado anterior, la obligatoria publicación de los actos administrativos de carácter general en el Diario Oficial sirve “para efectos de su vigencia y oponibilidad” (Ley 489/1998 Art. 119 par.). Es decir, que su eficacia o fuerza vinculante respecto de terceros depende de que se publiquen en ese medio oficial de difusión, lo que de llegarse a omitir no afecta la validez de esos actos administrativos de carácter general, pues se trata de una circunstancia posterior a la formación del acto, que simplemente lo hace inoponible respecto de terceros. Así lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación: “No obstante lo anterior, como lo ha venido sosteniendo esta Corporación reiteradamente, el requisito de la publicación frente a los actos administrativos de carácter general atiende generalmente a su eficacia, es decir, a que produzcan efectos jurídicos y sean obligatorios para los particulares, sin que la carencia de dicha exigencia dé lugar a su declaratoria de nulidad, pues la misma debe sustentarse en aspectos intrínsecos del acto relativos a su validez. Excepcionalmente el problema de publicidad puede incidir en la validez del acto, lo que no sucede en el

asunto sub examine, en el cual la publicidad conduce únicamente a la inoponibilidad del mismo”6[9] (Resalta la Sala) Y ese también ha sido el parecer de la Corte Constitucional, en cuya doctrina se ha expresado: “En consecuencia, estos actos administrativos sin publicar (aquí alude a los actos administrativos de carácter general) no son obligatorios para los particulares, lo cual no significa que la publicación sea requisito de validez, sino condición de oponibilidad. En efecto, la falta de promulgación de un acto administrativo de carácter general no es causal 5[8] Esta tesis ya fue sostenida por la Sección Quinta en su fallo del 25 de octubre de 2007. Expediente: 11001032800020600192-00 (4147). Actor: Germán Guevara Ochoa. Demandado: UPTC., puesto que allí se precisó: “la publicación de los actos administrativos en los medios electrónicos, en virtud del artículo 7 de la Ley 962 de 2005 tiene fines meramente informativos y en ningún modo reemplaza o sustituye la obligación legal de publicarlos en el diario oficial”. 6 [9] Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera. Sentencia del 18 de diciembre de 1997.

Actor: Luis Mario Duque. Demandado: Director de Catastro Municipal de Cali.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 10 de nulidad; produce la falta de oponibilidad del acto a los particulares, o

la no obligatoriedad del mismo.”7[10] (Negrillas de la Sala) Sin embargo, uno es el efecto de la falta de publicación de los actos administrativos de carácter general respecto de su validez, que como se vio es ninguno pues se habla de ineficacia, y otro es el efecto de esa omisión respecto de la validez de los actos de contenido particular y concreto expedidos con base en los mismos, que como se verá es en lo que no atinan la defensa y el agente del Ministerio Público. Recuerda la Sala en este momento, que dentro de las causales de nulidad de los actos administrativos se halla la de expedición irregular, consagrada en el artículo 84 del C.C.A. (Mod. Dto. 2304/1989 Art. 14), en estos términos: “Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.” (Se imponen negrillas) Es evidente que la expedición irregular se vincula directamente con el derecho al debido proceso, que si bien es un postulado de gran abstracción en el plano constitucional, es la piedra que soporta los distintos procedimientos

administrativos y judiciales, impregnándolos de postulados como la competencia funcional de la autoridad, la preexistencia de normas y por supuesto la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, que para el sub lite es lo más relevante. Como ya se podrá advertir, es de suma importancia que los funcionarios públicos observen íntegramente todos y cada uno de los pasos y deberes establecidos para la formación de un acto administrativo, ya que de inobservarse parcial o totalmente el procedimiento, el producto de esa actuación administrativa llegará al mundo jurídico viciado de nulidad, entre otras cosas porque detrás de esa causal de nulidad más que un desconocimiento a un artículo o inciso de una norma jurídica, hay una infracción a la voluntad popular cuando la norma desatendida proviene del Congreso o a la voluntad de la administración pública si la fuente normativa reposa en cualquier disposición de rango jerárquicamente inferior. Sin embargo, dado que errare humanum est, y como quiera que es factible que en el giro ordinario de la administración pública los servidores públicos incurran en algunos desaciertos procedimentales, ha establecido la jurisprudencia de esta Sección que la irregularidad debe ser trascendente, es decir que se trate de “aquellas [imprecisiones] que implican una violación del 7[10] Corte Constitucional. Sentencia C-957 del 1º de diciembre de 1999.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 11 debido proceso”8[11] o de las inconsistencias que sean “capaz de alterar, con la suficiente gravedad, la transparencia del proceso de selección o electoral de que se trate, en cuanto afecta de manera determinante el resultado del mismo”9[12]. En otras palabras, el error cometido por la administración debe poder catalogarse como una Irregularidad Sustancial, adjetivo que viene a determinar su alcance, en la medida que se requiere de la afectación de un principio constitucional o legal de suma importancia para la transparencia del procedimiento de escogencia. Pues bien, en los términos en que fue modificado el artículo 43 del C.C.A., por el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, en lo que respecta al deber y a la forma de publicar los actos administrativos de contenido general, es claro que