PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Anulación y exclusión de votos por parentesco de ju

Bogotá D.C. Agosto 4 de 2.004 Concepto No. 037/2004 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. DARIO QUIÑONES PINILLA

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3393

Actor: CARLOS HUMBERTO ROJAS JOVEN Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 13 de abril de 2.004, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección del señor Eder Enrique España, como Alcalde del Municipio de Palestina, para el período 2.004-2.007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Carlos Humberto Rojas Joven, obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Huila para que previos, los trámites del proceso electoral, se efectuaran las

siguientes declaraciones: 1 “PRIMERA. Declarar nulo el acto administrativo electoral por medio del cual se declaró la elección del señor EDER ENRIQUE ESPAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.232.165 de Pitalito, como Alcalde de Palestina Huila para el período comprendido entre el 01 de enero de 2.004 y el 31 de diciembre de 2.007, contenido en el Acta Parcial de escrutinios de los Votos para Alcalde, Formulario E-26 AG. “SEGUNDA. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 007 del 29 de septiembre de 2.003, y la Resolución 1/1 del 22 de Octubre de 2.003, por las

cuales se designaron jurados de votación en Palestina Huila, para elecciones del 26 de octubre de 2.003, en cuanto a la designación como jurados de votación a los señores HUGO COY OVALLE y MARINA COY OVALLE. “TERCERA. Declarar nula la votación obtenida por el señor EDER ENRIQUE ESPAÑA en las mesas de votación números 11 y 12 en las elecciones de alcalde del Municipio de Palestina, realizadas el 26 de octubre de 2.003. “CUARTA. Como consecuencia de la anterior declaración, disponer la realización de nuevos escrutinios municipales en Palestina Huila, con el objeto de que se realice un nuevo computo de votos para Alcalde y se decrete la elección de quien hubiere obtenido la mayor votación, con la siguiente expedición y entrega de la credencial respectiva”. A) Hechos El actor indicó que el 26 de octubre del 2.003 se realizaron elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de juntas administradoras locales; que en el municipio de Palestina (Huila) fueron inscritos los señores Eder Enrique España, Carlos Humberto Rojas Joven y Epifanio Arias Narváez, como candidatos a la alcaldía de dicha municipalidad, resultando elegido el primero de los 2 nombrados con 1.298 votos, seguido de Carlos Humberto Rojas Joven con 1.287 votos y Epifanio Arias Narváez con 688 votos. Dijo el actor que, el señor Eder Enrique Peña tenía vinculo matrimonial con la Señora Ana Gilma Coy Ovalle, desde el 3 de enero de 1.997, y que los hermanos de ésta,

Marina Coy Ovalle y Hugo Coy Ovalle se desempeñaron como jurados de votación en las elecciones del 26 de octubre del 2.003, en las mesas de votación números 11 y 12 respectivamente, en donde se obtuvo el siguiente resultado: Candidato Mesa No. 11 Mesa No. 12 Eder Enrique España 113 109 Carlos Humberto Rojas 88 87 Epifanio Arias Narváez 67 46 B) Normas violadas y concepto de la violación El actor citó como norma violada el artículo 223 numeral 6º del Código Contencioso Administrativo, que contempla la nulidad de las Actas de Escrutinio de los Jurados de Votación: “Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición.”. 3 Con fundamento en lo prescrito en la disposición citada como fundamento de su pretensión sostuvo que al anularse los 222 votos obtenidos por el candidato Eder Enrique España en las mesas en las que oficiaron como jurados de votación sus cuñados, las números 11 y 12, su votación se reduciría a 1.076 votos, superándolo el señor Carlos Humberto Rojas Joven con 1.287 votos.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, mediante auto del 25 de noviembre

del 2.003, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

3. Contestación de la demanda El señor Eder Enrique España contestó la demanda por conducto de apoderado judicial, y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones. Afirmó que no estaba incurso en ninguna causal de inhabilidad para ser elegido y declarado electo alcalde del municipio de Palestina. Sostuvo que si bien era cierto que contrajo matrimonio con la señora Ana Gilma Coy Ovalle y que de dicha unión nacieron varios hijos, desde hacía aproximadamente 2 años y medio no convivían, rompiéndose el vínculo afectivo, cohabitacional y de ayuda mutua, que constituía el elemento sustancial y connatural de todo matrimonio, a pesar de la existencia formal del vínculo. Así las cosas, señaló que no existía el supuesto parentesco alegado por el actor entre los señores Hugo y Marina Coy Ovalle, quienes se desempeñaron como jurados de votación, y el elegido alcalde, toda vez que el presunto vinculo marital del cual se desprendía el supuesto parentesco 4 no era ciertamente existente en la medida en que la jurisprudencia aceptaba la tesis de que la simple separación de hecho que no va acompañada de la correspondiente acción judicial genera consecuencias sustanciales que quebranta las barreras de los formalismos exegéticos, como ocurre en el presente caso, en el cual la señora Ana Gilma Coy Ovalle convivía con otra persona.

Por otra parte, señaló que, de conformidad con la jurisprudencia, debía dársele prelación a la realidad sobre la formalidad, más aún, si se tenía en cuenta que la causal

de nulidad invocada buscaba evitar que personas que comparten vínculos de afecto con quienes aspiren a cargos públicos, dirijan sus acciones a favorecer a éstos; circunstancias que no se configuran en el caso estudiado, dado el rompimiento del vinculo afectivo y de hecho entre el demandado y la señora Ana Gilma Coy. Por último, arguyó que la realidad rompía la hipótesis planteada en la norma, ubicándose en el plano de la interpretación, la cual debe basarse en hechos verificables; realidad de la que el alto Tribunal Constitucional sostuvo que en detrimento de la seguridad jurídica se pasa a un segundo plano por debajo del principio de justicia, que es el fin último y primordial de nuestro Estado Social de Derecho.

4. Alegatos de conclusión La parte demandada, en su escrito de alegatos, manifestó que a través de los diferentes testimonios recibidos dentro del proceso, de los cuales transcribió apartes, se logró probar que la relación de parentesco entre los señores Hugo y Marina Coy

5 Ovalle y era meramente formal como quiera que desde hace varios años no compartía vida marital con la señora Ana Gilma Coy Ovalle. Por su parte, el actor insistió en la configuración de la causal de inhabilidad alegada, manifestando que el articulo 47 del Código Civil define el parentesco por afinidad como el que: “existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer”. Es decir, que el rompimiento del vínculo afectivo no rompe el de parentesco que se establece, y ni siquiera el divorcio tiene la capacidad de romper el parentesco por afinidad que existe entre una persona que ha estado casada o no y los consanguíneos legítimos del marido o la mujer.

5. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia de 13 de abril de 2.004, declaró la nulidad del Acta Parcial de Escrutinio de votos para Alcalde del señor Eder Enrique España, para el período 2.004-2.007, declarando la nulidad de los votos obtenidos por el demandado en las mesas 11 y 12, ordenando la realización de un nuevo escrutinio.

Sostuvo el Tribunal que dentro del proceso se encontraba acreditado mediante documentos públicos, el parentesco del demandado y los señores Hugo y Marina Coy Ovalle, hermanos de su cónyuge; la certificación de haberse nombrado como jurados de votación a éstos, y la elección del señor Eder Enrique España. 6 De conformidad con dicho acerbo probatorio, el Tribunal concluyó que la intervención de los jurados de votación, parientes en segundo grado de afinidad del candidato Eder Enrique España, tipificaba la causal de nulidad descrita en el numeral 6 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Señaló, igualmente, que si bien era cierto que existía un presunto rompimiento del vinculo afectivo entre los cónyuges, éste solo desaparecía por el divorcio o la muerte, tal y como lo preveía el artículo 152 del Código Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 1a de 1.976, a su vez modificado por el artículo 5º de la Ley 25 de 1.992. Por otra parte, señaló que en relación con la disolución del vínculo, el artículo 160 del Código Civil, señalaba que éste operaba con la sentencia ejecutoriada que decretaba el

divorcio, cesando los efectos civiles del mismo; y que la separación de cuerpos, no disolvía el vínculo del matrimonio. Así las cosas, sostuvo que el vínculo parental por afinidad si bien se deriva del matrimonio civil o eclesiástico, aún la disolución del vínculo ya sea por muerte real o presunta o por divorcio judicialmente decretado, no rompía en ningún caso el vínculo de parentesco, tal y como lo establece el artículo 47 del Código Civil. En todo caso, señaló que no era el vínculo matrimonial del candidato sino el parentesco que ostentan los jurados de votación con el alcalde elegido en segundo grado de afinidad la que configura la causal invocada. Por último, el Tribunal se inhibió de pronunciarse en relación con la nulidad de los actos administrativos que designaron los jurados de votación, ya que configuraban una ineptitud formal de la demanda, y porque la decisión que se vaya a adoptar en relación con el demandado, en nada afecta a las personas que como jurados de votación intervinieron en la contienda electoral. 7

6. Recurso de apelación La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y criticó la interpretación exegética y gramatical realizada por el Tribunal, quien en su sentir, olvidó los aspectos axiológicos y teleológicos de la norma invocada.

Para el efecto, citó autores que expresaban las nuevas tendencias constitucionales y la forma cómo el juez debía efectuar la interpretación de la norma como garante de los derechos constitucionales. En los demás aspectos, reiteró las consideraciones ya

esbozadas en la contestación de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO No observando vicio que afecte de nulidad el trámite surtido, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto de rigor que le corresponde.

Se demandó la nulidad de la elección del Alcalde del municipio de Palestina (Huila), señor Eder Enrique España, con fundamento en la causal 6ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. La causal que invocó el actor es del siguiente tenor: “Artículo 223. Modificado Ley 96/85, ARTÍCULO 65 Y Ley 62/87, artículo 17. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: 8 (...) “6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o el primero civil. En este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición”. De conformidad con la norma en cita, la relación de afinidad, en el segundo grado, es causal de anulación de los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se hubiera violado esta disposición. Dijo el actor que en el caso sub-examine los votos depositados en favor del candidato a la Alcaldía del municipio de Palestina (Huila), señor Eder Enrique España, en las mesas

11 y 12, debían ser anulados porque la prohibición establecida en la causal 6ª fue violada, toda vez que en dichas mesas de votación actuaron como jurados de votación la señora Marina Coy Ovalle y el señor Hugo Coy Ovalle, hermanos de la señora Ana Gilma Coy Ovalle, quien es a su vez cónyuge del elegido Alcalde, configurándose así la causal de nulidad de las Actas de Escrutinio de los Jurados de Votación y la correspondiente exclusión de los votos depositados en estas mesas de votación en favor del elegido alcalde. De conformidad con los medios de prueba allegados al plenario se tiene lo siguiente:  Se encuentra debidamente acreditado el matrimonio celebrado entre el señor Eder Enrique España y la señora Ana Gilma Coy Ovalle, según Registro Civil de Matrimonio identificado con el numero serial 1135684 de la Oficina de Registro Municipal de Palestina (Huila). 9  A su vez, se encuentra demostrado en debida forma que la señora Ana Gilma Coy Ovalle, es hermana de Hugo Coy Ovalle y Marina Coy Ovalle, hijos todos ellos de los mismos padres: Julio Martín Coy y Alba Marina Ovalle Mosquera. Lo anterior acredita en debida forma la relación de afinidad existente entre el señor Eder Enrique España y los señores Coy Ovalle, alegado en favor de la pretensión de nulidad que ha sido incoada, la cual descansa sobre la demostración de la existencia de un vínculo de afinidad, derivado fundamentalmente del matrimonio llevado a cabo entre el señor España y la señora Coy. El artículo 47 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 47. Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer”. La afinidad se entiende como la relación que existe entre una persona y los consanguíneos de otra a quien ha conocido carnalmente, lo que hace que se tenga como nota caracterizadora, que no desaparece ni fenece por la disolución del matrimonio o por la suspensión de la vida en común. Es imperecedero, en cierta medida eterno. La norma hace referencia al hecho de estar o haber estado unidos por matrimonio. 10 Para los efectos electorales, resulta forzosa la anulación de los votos cuando entre un jurado de votación y un candidato que resulte elegido, existan vínculos derivados de un matrimonio o de parentesco dentro de los grados señalados en la Ley, sin que el operador pueda adentrase en la realización de consideraciones encaminadas a determinar la existencia o no de una vida en común de quienes se predica el surgimiento del parentesco por afinidad, porque estos aspectos no son relevantes en el debate, ni son los que generan la relación. Para efectos de configurar la causal de nulidad alegada, no basta acreditar la

existencia de una relación de afinidad. Además, se impone comprobar que los parientes fungieron como jurados de votación y que participaron en el proceso de escrutinios en las mesas en las que se solicita la anulación de los votos depositados en favor del candidato elegido con inobservancia del mandato de la causal 6ª de nulidad electoral del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Ello es así pues, como lo dispone la norma, la causal se configura cuando en el escrutinio se ha inobservado el cumplimiento de la disposición. Al proceso se allegaron en debida forma los siguientes documentos:  Copia de la resolución número 007 del 29 de septiembre del 2003, expedida por el Registrador Municipal del Estado Civil de Palestina (Huila) en la que se designa al señor COY OVALLE HUGO como Jurado de Votación en calidad de Vocal Suplente en la mesa número 12 de la Zona 00, Puesto 00.  Copia de la resolución número 1/1 del 22 de octubre del 2003, expedida por el Registrador Municipal del Estado Civil de Palestina (Huila), Por la 11 cual se nombran unos reemplazos de los jurados de votación en el Municipio de Palestina –Huilapara los Comicios Electorales del 26 de octubre de dos mil tres (2003)” en la que se designa a la señora COY OVALLE MARINA como Jurado de Votación en calidad de Presidente Suplente en la mesa número 11 de la Zona 00, Puesto 00.  Copia del Formulario E-11 – Lista y Registro de Votantescorrespondiente a la mesa de votación 12 de la zona 00, puesto 00, del

municipio de Palestina, en donde se aprecia que el señor Coy Ovalle Hugo aparece registrado como votante en el espacio reservado para anotar el nombre de los jurados de votación que ejercen el derecho al sufragio en la mesa en la cual han sido designados; así mismo en la parte final de este Formulario en donde los jurados de votación certifican sobre los nombres y apellidos, números de cédula, el total de ciudadanos que sufragan en la mesa, aparece en el espacio reservado para la firma de los Jurados de Votación en el correspondiente al Vocal, escrito en forma legible el nombre del señor Hugo Coy Ovalle (ver folio 39).  Por el contrario, no aparece documento que acredite la actuación en el proceso de escrutinios de la señora Marina Coy Ovalle. En efecto, en el Formulario E-14 correspondiente a la mesa de votación número 11 no registra la firma de quien haya fungido como Presidente Suplente, allí se relaciona la correspondiente al Presidente que resulta ilegible; la del Vicepresidente, igualmente ilegible y la del Vocal en donde se aprecia el nombre de Mauricio Parra Varela. 12 Así las cosas, con fundamento en el acervo probatorio considerado, se puede afirmar sin hesitación alguna que está debidamente demostrado el supuesto de hecho consagrado en la causal de nulidad esgrimida, en relación con la participación del señor Hugo Coy Ovalle, en el proceso de escrutinios correspondiente a la mesa de votación número 12. En relación con la señora Marina Coy Ovalle, como atrás se indicó, no se acreditó en debida forma su participación en el escrutinio. En efecto, la Resolución en la cual

consta su designación como Presidente Suplente de la mesa de votación, sólo es demostrativa del hecho de haber sido designada jurado de votación, nada más; pero se reitera, ello no acredita su participación en el proceso de escrutinios que les corresponde a los miembros del Jurado de Votación realizar, y la causal de nulidad en los términos en que se ha señalado, se entienden configurada cuando en la elección o en el escrutinio se ha inobservado la disposición. La declaración de la testigo electoral, señora María Eusneris Contreras, que obra en el plenario, en consideración de esta Procuraduría Delegada no es demostrativa de la participación de la señora Marina Coy Ovalle en el proceso de escrutinios, y si bien la declarante manifestó que le constaba haberla visto en la mesa de votación número 12 ello no impone concluir en el sentido de que participó en el proceso de escrutinios; su presencia en la mesa de votación bien pudo obedecer a otras razones, igualmente válidas; además la declarante manifestó que actuó como testigo electoral en la mesa número 11 en representación del Partido Conservador, al cual pertenece el candidato derrotado, hecho éste que le resta credibilidad a la declaración rendida pues es claro que la misma se encuentra afectada por el interés que como militante del Partido derrotado se presume le es inherente y por virtud del cual tiende a desfigurar la realidad o a acomodar su versión a los propósitos de la pretensión incoada. 13 En relación con la declaración rendida por la señora Edid Paramero Meza, considera este Despacho que tampoco es demostrativa del hecho pretendido como supuesto de

la pretensión, esto es la participación de la señora Marina Coy Ovalle en el proceso de escrutinio de los votos depositados en la mesa de votación número 11. Lo único que permite inferir es la presencia de la señora en la mesa de votación sin que sea puntual en inferir su participación en el proceso de escrutinios, que es lo proscrito por la causal 6ª y que se ha establecido con el fin de garantizar “... la imparcialidad y la igualdad de trato jurídico en el escrutinio, de tal forma que los hechos que permitan favorecer o perjudicar al candidato en cualquiera de las instancias donde se cuentan los votos válidos, afecta la veracidad del resultado electoral “ (negrillas no corresponden al texto que se cita). 1 De conformidad con lo anteriormente señalado, esta Agencia del Ministerio Público considera que la anulación y consecuente exclusión de votos solo resulta procedente en relación con la mesa de votación número 12, en donde, sin duda alguna, la participación del “cuñado” del elegido Alcalde Municipal en el proceso de escrutinios de los votos depositados en dicha mesa resulta incontrovertible. Disiente, así, esta Procuraduría respetuosamente de la decisión proferida por el a-quo, quien concluyó en ordenar la exclusión de los votos depositados a favor del elegido Alcalde en las mesas números 11 y 12 de la cabecera municipal, pues lo único procedente es respecto de esta última. Así las cosas, se tiene que en la mesa número 12 se depositaron en favor del elegido Alcalde un total de 114 votos y éstos por darse la circunstancia fáctica descrita en el

1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo -_Sección Quinta-. Consejero ponente: Doctor Darío Quiñones Pinilla, Sentencia de 3 de mayo del 2002. Expediente número 2841 14 numeral 6º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo deben ser anulados y excluirse del cómputo general. Ahora, como la diferencia entre el elegido y el candidato que le siguió en votación es de solo once (11) votos, la exclusión de los sufragios escrutados con inobservancia del mandato del numeral 6º del artículo 223 modifican el resultado final de la elección, se impone concluir en el mismo sentido del a-quo y ordenar la anulación de estos votos, su exclusión del cómputo, la realización de un nuevo escrutinio y la declaratoria a que hubiere lugar. Además de todo lo anterior, se destaca por esta Agencia del Ministerio Público, que la conformación de las listas de jurados de votación, así como todos los demás actos electorales en general son por esencia públicos y en tal virtud se presumen conocidos por la comunidad en su conjunto e individualmente por los participantes como candidatos en los debates electorales. Igualmente que la existencia del vinculo de afinidad con los hermanos de quien es su cónyuge, sin que importe la condición especial a que se aludió a lo largo del debate según la cual no hay vida marital común, no puede ser desconocida de quien se predica; de igual modo, que el principio según el cual se presume que la ley es conocida de todos, se aplica con un mayor rigor a quien participa en una contienda electoral y propone su nombre a un electorado para efectos

de ser elegido por voto popular, de este candidato se presume un conocimiento mayor o superior al del común de las personas de las normas electorales y como es apenas obvio de las consecuencias que se derivan de su inobservancia, dentro de las normas de contenido electoral, se presume el conocimiento por parte del candidato del artículo 151 del Código Electoral, de conformidad con el cual “Los candidatos a corporaciones públicas, sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil, no podrán ser jurados de votación, miembros de las comisiones escrutadoras o secretarios de éstas, dentro de la respectiva circunscripción electoral” y 15 que la persona que no se declare impedida por estar incurso en alguna de las situaciones que expresa la prohibición puede ser objeto de recusación; igualmente, no puede resultar ajeno al conocimiento del candidato, las consecuencias derivadas de la inobservancia del precepto legal. Así las cosas, es claro que el elegido Alcalde conoció del hecho de la designación de sus parientes como jurados de votación y, en tal virtud, ha debido poner la situación en conocimiento de las autoridades electorales y solicitar la exclusión de los mismos; al omitir la reclamación que resultaba pertinente, la conducta omisiva lo hace merecedor de los efectos que de ella se deriven, además, que la negligencia no puede alegarse en su propio favor; otra razón para concluir en el sentido del a-quo es la referida con el conocimiento de la normatividad electoral, que como se indicó atrás se presume en grado mayor en el elegido o por lo menos superior al común de las personas, por lo que, como se indicó, ha debido dirigirse a la autoridad que efectuó la designación de

los Jurados de Votación y poner en conocimiento la designación ilegal de éstos para que de este modo su aspiración política no fuera posteriormente objeto de cuestionamiento. Sobre este punto en concreto, y en un evento similar al que ahora es objeto de examen, el Consejo de Estado -Sección Quintaseñaló lo siguiente: “... la designación de los miembros de las Comisiones Escrutadoras Municipales es un acto público que se presume debe ser conocido, en especial, por quienes puedan resultar afectados con él. Por ende, ese acto debió ser conocido por el demandado y, por lo tanto, la propia negligencia no puede alegarse en su favor. De otra parte, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 151 del Código Electoral la persona que no se declare impedida por estar incurso en cualquiera de las inhabilidades que allí se señalan –dentro de ellas se encuentra la 16 inhabilidad por parentesco que se estudiadebe ser objeto de recusación y. Como consecuencia de ello, puede ser sancionada. En consecuencia no es válido exonerar de la carga del control de la inhabilidad al candidato a elección popular y trasladar esa obligación al Estado o a cualquier ciudadano que, en principio, no conocen las relaciones familiares. Por ultimo, porque la causal de nulidad de los votos que consagra el artículo 223 numeral 6º, del Código Contencioso Administrativo, es independiente de la culpa del candidato o del escrutador pues consagra un hecho que se verifica objetivamente” 2 De acuerdo con lo que se expresó, esta Procuraduría Delegada considera que los argumentos del apelante, de conformidad con los cuales reclama que el operador se

aparte de la literalidad de la norma y atienda a las nuevas concepciones jurídicas, según las cuales el encargado de aplicar la Ley debe atender al papel garante y protector del Estado y dejar de lado el criterio exegeta y literal al interpretar la norma, no resulta válido, máxime cuando las normas que señalan la inhabilidad y la relación de afinidad (art. 47 Código Civil) no atentan contra los postulados constitucionales, ni contra el catálogo axiológico de la Cara Política.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con lo anteriormente expresado, este Despacho solicita al Consejo de Estado -Sección Quintaque confirme parcialmente la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto declaró la nulidad de los votos depositados en la mesa de votación número 12, no así en relación con la mesa 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla, sentencia del 3 de mayo de 2002, exp. No. 2841. 17 número 11, en la cual de conformidad con los argumentos señalados no se probó en debida forma el supuesto de la causal de nulidad del numeral 6º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo; en cuanto a los demás aspectos consignados que se confirme la decisión de primera instancia objeto de la presente impugnación.

De los Honorables Consejeros,

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 18