PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Cargos con autoridad administrativa

Bogotá D.C., 10 de Agosto de 2.004 Concepto No. 103 / 2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. REINALDO CHAVARRO BURITICA

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 630012331000200400800 02

Radicado interno número: 3859

Actor: RICARDO AUGUSTO LÓPEZ GONZÁLEZ Y OTROS Asunto: Apelación sentencia de fecha 3 de Mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad contra el acto de elección de la señora RUTH CECILIA VILLADA GUERRERO, como Alcaldesa del Municipio de Circasia, para el periodo

2004-2007.

I. ANTECEDENTES 1.1 La demanda del ciudadano Javier Hurtado Arias El señor Hurtado Arias, en nombre propio y en ejercicio de la pretensión pública de carácter electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Quindío para que, previos los trámites del proceso correspondiente, se efectuaran las siguientes declaraciones: “PRIMERO: Que la señora RUTH CECILIA VILLADA GUERRERO, mayor de edad y vecina de Circasia, Quindio; estaba inhabilitada para ser inscrita candidata y elegida como Alcaldesa de Circasia, en las elecciones del pasado doce (12) de septiembre del año dos mil cuatro (2004), de acuerdo con lo previsto por el numeral 4º, de la Ley 617 del 2000.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior se declare la nulidad de

la elección de la señora RUTH CECILIA VILLADA GUERRERO, como 1 Alcaldesa de Circasia, para el período constitucional 2004-2007, hecha por la comisión escrutadora Municipal, según acto administrativo expedido el día catorce (14) de septiembre último, y se ordene la cancelación de la respectiva inscripción.

TERCERO: Que se comunique esta sentencia conforme a la ley” A) Hechos El actor refirió que el doce (12) de septiembre de 2004 se celebraron las elecciones de alcalde en el municipio de Circasia, declarándose elegida a la señora RUTH CECILIA VILLADA GUERRERO, para el período 2004-2007. Que la elegida alcaldesa se encontraba inhabilitada para inscribirse y ser elegida, porque su hermano Marco Aurelio Villada Guerrero, se desempeñó como Presidente del Concejo de dicho municipio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil tres (2003), ejerciendo en dicho cargo autoridad política y administrativa. Para el efecto, presentó un listado de resoluciones en que las que no sólo intervino como ordenador del gasto, sino que realizó traslados presupuestales y reconoció honorarios.

B) Normas violadas y concepto de violación En el cuerpo de la demanda, se enlistaron como vulneradas las siguientes disposiciones:  Constitución Política artículo 312, inciso 2o  Ley 136 de 1994, artículo 95, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, artículo 188 ibídem. Como concepto de violación, el demandante manifestó que hubo evidente

violación de las normas arriba citadas y señaló que para el caso en estudio, el hermano de la elegida alcaldesa en su condición de Presidente del Concejo Municipal ejerció autoridad administrativa, toda vez que entre otras funciones 2 actúo como nominador, ordenador del gasto e hizo nombramientos. De igual manera, señaló que ejerció autoridad civil porque como presidente de dicha corporación tuvo facultades no solamente sobre la colectividad con sus decisiones, sino sobre el alcalde del municipio y sobre sus subalternos; apoyó sus argumentos en la sentencia del Consejo de Estado del 14 de septiembre de 2001, en la que se señaló que “... los concejales, considerados aisladamente, no ejercen función administrativa, civil, política o militar; que no obstante se discute si el presidente del Concejo municipal ejerce tal función...”. En ese orden de ideas, el actor consideró que la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, se encontraba inhabilitada tanto para inscribirse, como para ser elegida alcaldesa del Municipio de Circasia, toda vez que su hermano se desempeñó como Presidente del Concejo Municipal de esa localidad. 1.2 Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto del nueve (9) de noviembre de 2.004, admitió la demanda y ordenó las notificaciones del rigor. (fol. 154) 1.3 Contestación de la demanda La señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo (fls. 157 a 162). Admitiendo

algunos hechos como ciertos y negando otros, indicó que la supuesta vulneración del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 -modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000invocada por el actor carecía de valor jurídico y fundamentos fácticos, toda vez que el último artículo de la Ley 617, lo derogó expresamente; que la norma establecía el vínculo con funcionarios que hayan ejercido autoridad, civil, política, administrativa o militar dentro de los doce meses anteriores inhabilitaba para ser elegido o designado alcalde del mismo municipio. 3 Apoyó sus argumentos en algunos señalamientos del Consejo de Estado, en los que se afirma que los concejales y demás miembros de las corporaciones públicas son servidores públicos, calificados como “miembros de las corporaciones públicas” de elección popular con régimen legal y reglamentario propio; que tanto los diputados como los miembros de las demás corporaciones públicas, como son los congresistas y los concejales municipales y distritales, no tenían la calidad de funcionarios públicos, porque no tenían ni desempeñaban funciones públicas de manera individual y porque no estaban investidos de autoridad, jurisdicción, ni mando que distinguen al funcionario público. De igual manera, citó un fallo del Tribunal Administrativo del Quindío de 25 de agosto de 2004 en la que señaló que “...los miembros de las corporaciones públicas, como son los concejales, son servidores públicos, pero no empleados públicos...”. Frente a las demás normas citadas como vulneradas por el demandante señaló que carecían de relevancia frente a sus pretensiones y que solo conducían a la

no existencia de inhabilidad por parte de la demandada. Finalmente solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda. 1.4 Tercero interviniente El señor Joaquín Emilio González López, obrando en nombre propio, presentó escrito y como tercero interviniente, coadyuvó las pretensiones de la demanda, con base en los artículos 235,146 y 181 numeral 7º del Código Contencioso Administrativo, señaló que al ser declarada electa como Alcaldesa del Municipio de Circasia – Quindío la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, para el período del 13 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2007, se presentaba la inhabilidad descrita en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 que preveía las inhabilidades para ser elegido alcalde: 4 “Artículo 95: Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital ... 4º Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente o de parentescos hasta el segundo grado de consanguinidad... con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio...”. En este orden de ideas, arguyó que los supuestos para configurar la inhabilidad se encontraron probados los hechos esgrimidos, toda vez que:  La calidad de hermanos entre la elegida alcalde del Municipio de Circasia y el Concejal del mismo municipio, se probó a traves de los registros civiles de nacimiento, los cuales fueron aportados en el acápite de

pruebas.  La calidad de funcionario de un Concejo Municipal fue definida en la Sentencia No. C-222 de 1999 de la Corte Constitucional y para el caso en estudio se demostró en el acápite de pruebas numerales 1.7 y 2.3  El ejercicio como Presidente del Concejo Municipal de Circasia del señor Marco Aurelio Guerrero, dentro de los doce meses anteriores a la elección de su hermana como alcaldesa, se demostró en el acápite de pruebas numerales 1.7 y 2.3  Como presidente de dicha corporación ejerció autoridad política, civil y administrativa, las cuales inherentes a las funciones de su cargo, apoyó sus argumentos en varias sentencias del Consejo de estado relacionadas con el concepto de autoridad administrativa. Finalmente, solicitó que se declara la nulidad de la elección de la elegida alcaldesa del municipio citado y solicitó la práctica de pruebas para el esclarecimiento de los hechos. 2.1 La demanda instaurada por el ciudadano RICARDO AUGUSTO LÓPEZ GONZÁLEZ (fls 1-20) 5 El señor Ricardo Augusto López González, actuando en nombre propio, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Quindío para que, previos los trámites del proceso electoral, se efectuaran las siguientes declaraciones: “1º- Que es nulo el acta de DECLARATORIA DE ELECCIÓN, por medio de LA CUAL LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE CIRCASIAQUINDIO (Firmada por LILIAN PATRICIA LÓPEZ ESCUDERO y RAÚL VILLAMIL LONDOÑO), declaró la elección de la señora RUTH CECILIA

VILLADA GUERRERO, como ALCALDESA ELECTA del Municipio de Circasia – Quindío, para el período Constitucional comprendido entre 13 de Octubre de 2004 y el 31 de Diciembre de 2007, como consta en el acta de declaratoria de elección de fecha 14 de Septiembre de 2004, cuya copia del original autenticada adjunto (Formulario E-26). 2º- Que como consecuencia de lo anterior, se cancele la respectiva credencial, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Circasia – Quindío, el día 14 de Septiembre de 2004, y cuya copia autenticada anexo (Formulario E27)”. A) Hechos Que el día 12 de Septiembre de 2004 se llevaron a cabo las elecciones de alcalde popular del municipio de Circasia (Quindío) para el periodo constitucional comprendido entre el 13 de Octubre de 2004 y el 31 de Diciembre de 2007, en donde resultó electa la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, inscrita y avalada por el movimiento político Colombia Viva, según lo manifestado por el actor, se encontraba inhabilitada según lo dispone el numeral 4° del artículo 37 de la Ley 617 del año 2000 (Que modificó el artículo 95 de la ley 136 de 1994), por tener vínculo en segundo grado de consanguinidad con su hermano, señor Marco Aurelio Villada Guerrero, quien se desempeñó como concejal del municipio de Circasia (Quindío), dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, exactamente hasta el 31 de Diciembre de 2003, quien por su investidura ejerció

autoridad política y administrativa en el mismo municipio. Adicionalmente, dicho concejal se desempeñó como presidente de dicha corporación desde el mes de mayo hasta el 31 de Diciembre de 2003, con las atribuciones otorgadas por el artículo 28 de la Ley 136 de 1994 a las mesas directivas, ya a la ordenación del 6 gasto y autonomía presupuestal otorgada en el párrafo tercero del artículo 110 del Decreto número 111 de 1996, que conforma el estatuto orgánico de presupuesto. Al tenor de los artículos 223 numeral 5°, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, procedería la nulidad de la declaratoria de elección y la cancelación de la respectiva credencial: Por consiguiente, al tratarse de un acto administrativo de una elección popular, como en éste caso de un alcalde popular, según la ley y la jurisprudencia, éste se notificara en audiencia pública. Añadió que en el acápite de pruebas de la demanda relató que adjuntó copia autenticada de la declaratoria de elección y la copia autenticada con la nota de entrega personal de la respectiva credencial, para cumplir el mandato del artículo 136 numeral 12 del C.C.A. B) Normas violadas y concepto de violación El actor indicó las disposiciones presuntamente transgredidas por la conducta del accionado. Este consideró que se violaron las siguientes normas:  Artículo 2º de la Constitución Política  El numeral 4° del artículo 37 de la ley 617 de 2000 (Que modificó el artículo 95 de la ley 136 de 1994).  Literal e) del artículo 71 de la ley 201 de 1995

 El numeral 5° del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Dijo el demandante que, de conformidad con las normas arriba señaladas, la alcaldesa electa del municipio de Circasia (Quindío), señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, se encontraba inhabilitada tanto para inscribirse como para ser elegida por cuanto era hermana del señor Marco Aurelio Villada Guerrero, Presidente del Concejo de dicho municipio quien se desempeñó como tal hasta el 31 de Diciembre de 2003, que tuvo la calidad de funcionario (Según sentencia 222 de 1999, de la Corte Constitucional), es decir que, como desempeñó el cargo dentro 7 los doce meses anteriores a la elección de su hermana (Ruth Cecilia Villada Guerrero), ésta se encontraba inhabilitada. Señaló que en la doctrina de la Corte Constitucional y en la legislación del Régimen Político y Municipal, los concejos municipales desempeñan funciones de control político a la Administración Pública municipal y, en consecuencia, autoridad política de origen doctrinario constitucional, también resaltó que las Corporaciones administrativas de elección popular de los entes territoriales, como lo son la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal, la ley les atribuyó la función de control político de los actos de las administraciones respectivas. Finalizó su escrito afirmando que, con la elección de la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, no se respetaron los fines esenciales del Estado, entre otros garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; comprendiendo que los Concejales como miembros de una

corporación política, adquieren funciones públicas, vulnerándose la norma sobre inhabilidades para ser Alcalde, por el grado de consanguinidad con su hermano Marco Aurelio Villada Guerrero, al haber sido éste concejal en el mismo municipio hasta el 31 de Diciembre de 2003, incluyendo la función de presidencia de la Corporación con la atribución de ordenador del gasto, y más grave aún, la facultad de ejecutar el presupuesto Municipal que integra el tesoro público. C) Solicitud de suspensión provisional En el mismo texto de la demanda, el actor solicitó que se decretara la suspensión provisional de los efectos del acto de elección, por existir manifiesta infracción de las disposiciones invocadas en el concepto de violación. Agregó que con la confrontación directa de los documentos públicos aportados en el acápite de las pruebas, se demostraba que la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero se encontraba inhabilitada por la investidura de Concejal de su hermano Marco Aurelio Villada Guerrero, tanto para inscribirse como ser elegida. 8 2.2 Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto de fecha 22 de Octubre de 2004, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor. En cuanto a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, consideró que no estaba llamado a prosperar, dado que no reunía los supuestos fácticos y jurídicos señalados en el artículo 152 del C.C.A., porque no se trataba de una inhabilidad o ineligibilidad clara, patente, flagrante, o manifiesta, observable con el simple cotejo de las normas y los documentos allegados al

expediente; que se requería de un juicioso análisis antes de fallar de fondo esta controversia electoral. (fls. 50-52) 2.3 Contestación de la demanda La señora Ruth Cecilia Villada Guerrero por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda en los mismos términos esbozados en la demanda interpuesta por el señor Javier Hurtado Arias (fls. 157 a 162), por lo que este Despacho omitirá su transcripción. 2.4 Tercero interviniente El señor Cesar Augusto Naranjo Nieto, obrando en nombre propio, presentó escrito, y como tercero interviniente coadyuvó las pretensiones de la demanda, señaló que al ser declarada la elección de Ruth Cecilia Villada Guerrero como Alcaldesa del Municipio de Circasia Quindío para el período comprendido entre del 13 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2007, se presentaba la inhabilidad descrita en el numeral 4º artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por lo que solicitó la nulidad de la elección. (fls. 5-57) Consideró que de conformidad con la norma arriba citada y las pruebas aportadas al plenario quedó demostrado que con la actividad desarrollada por su hermano 9 como Presidente del Concejo municipal, ejerció autoridad política, civil y administrativa, en el mismo escrito apeló la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío mediante la cual denegó la suspensión provisional del acto de elección de la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, por considerar que se dieron los presupuestos para que hubiera prosperado, el mismo fue concedido por el

Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto de 22 de noviembre de 2004. En escrito separado visible a folios 98 a 113 presentó la sustentación del recurso de apelación en los mismos términos esbozados al escrito de coadyuvancia e hizo un análisis detallado sobre el período en que el señor Marco Aurelio Villada Guerrero se desempeñó como Presidente del Concejo Municipal de Circasia Quindío y la fecha en que se produjo la elección de su hermana como Alcaldesa del mismo municipio. Así las cosas concluyó que el citado concejal ejerció autoridad política, civil y administrativa, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección de la citada alcaldesa. Apoyó sus argumentos en la sentencia del Consejo de Estado –Sección Quintade fecha 15 de julio de 2004 (MPH. María Nohemí Hernández Pinzón). El Consejo de Estado, mediante auto de diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005), confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío por medio del cual negó la suspensión provisional del acto de elección de la Alcaldesa de Circasia, Ruth Cecilia Villada Guerrero. (fls. 119-124)

3. Acumulación de procesos El Tribunal Administrativo de Quindío, mediante auto de 23 de febrero de dos mil cinco (2005), resolvió acumular los procesos electorales radicados bajo los números 786/2004 y 800/2004, cuyas demandas se dirigían en contra del acto de elección de la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero, como Alcaldesa del Municipio de Circasia Quindío (fols 120 a 122)

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4. Alegatos de conclusión El Tribunal Administrativo de Quindío, mediante auto de siete (7) de marzo de dos mil cinco (2005), corrió traslado para alegar de conclusión a las partes. (fol 126127) Tanto el coadyuvante César Augusto Naranjo Nieto, como el actor señor Javier Hurtado Arias y la alcaldesa elegida del Municipio de Circasia Quindío Ruth Cecilia Villada Guerrero presentaron sus escritos contentivos de alegatos, en idénticos términos en que presentaron su coadyuvancia, demanda y contestación de la misma, respectivamente. (fls. 128 a 150) Por su parte el Agente del Ministerio Público, dentro de la correspondiente oportunidad procesal, presentó sus alegaciones. Realizó una síntesis del trámite del proceso, e hizo una transcripción del contenido de los artículos 258 de la Constitución Política sobre el voto y el artículo 123 ibídem que hace referencia a que son servidores públicos los miembros de las corporaciones, entre otros; trajo a colación la sentencia de 23 de septiembre de 1999 del Consejo de Estado – Sección Quinta- (M.P. Roberto Medina López) que señaló que los miembros de las corporaciones públicas no son funcionarios públicos porque, de un lado no desempeñan funciones públicas de manera individual, y del otro, no están investidos de jurisdicción y mando, que distinguen al funcionario público. (153.163) Citó un concepto de la Procuraduría General de la Nación referente a los concejales en el que se indica que los mismos son servidores públicos, en la medida en que están sometidos disciplinariamente a las investigaciones que

adelante la Procuraduría. Sin embargo, afirmó que de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, los citados concejales no pueden tener la calidad de funcionarios públicos, al tenor de la ley fundamental. Hizo una transcripción de varias normas, entre ellas el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 sobre las inhabilidades para ser alcalde, de los artículos 188 a 190 de la 11 Ley 136 de 1994 relacionados con la autoridad civil, autoridad política y dirección administrativa respectiva, y afirmó que tampoco el Presidente del Cabildo está investido de ellas, por cuanto las funciones administrativas que desempeñó las ejerció a título de concejal, que de no ser así se presentaría una situación inhabilitante para los concejales directivos del cabildo y restantes miembros de esa corporación, en cuanto si aquellos tuvieran autoridad política o dirección administrativa que les atribuyen los apelantes no serian reelegibles para el Concejo, por efectos de la autoridad consagrada en el artículo 43, numeral 2º de la Ley 136 de 1994, lo cual llevaría a los concejales que no aceptaran cargo en la mesa directiva seis meses anteriores a la nueva elección de concejales. Expresó el Procurador Judicial que el concejo municipal es un organismo político por su origen, y sus funciones eran meramente administrativas; que quien oriente la administración municipal y fija las políticas de gobierno era el alcalde, en colaboración armónica con el concejo y el secretario de la alcaldía y los jefes de departamentos administrativos. Finalmente, arguyó que con los planteamientos arriba esbozados, para el caso en estudio, al hermano de la accionada no le eran aplicables ninguna de las

anteriores calidades, por lo que la elegida alcaldesa municipal no se encontraba inhabilitada para ser elegida. Apoyó sus argumentos en varias sentencias del Consejo de Estado, y solicitó al Tribunal denegar las pretensiones de la demanda.

5. Fallo del Tribunal El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante fallo proferido el 03 de mayo de 2005, denegó las pretensiones de la demanda. (fls. 174-181). El A-quo realizó un estudio minucioso sobre el tema propuesto, señalando que, de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, quedaron debidamente acreditados los

siguientes hechos: 12  La elección de Ruth Cecilia Villada Guerrero como alcaldesa del Municipio de Circasia Qundío el día 14 de septiembre de 2004, según copia auténtica del formulario E-27 que obraba a folio 9 del cuaderno de pruebas.  El vínculo de consanguinidad entre la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero y Marco Aurelio Villada Guerrero, a través de los registros civiles visibles a folios 12 y 13 del cuaderno No. 1.  La calidad de concejal y presidente del Concejo del señor Marco Aurelio Villada Guerrero entre el 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, además se desempeñó como presidente del concejo desde el mes de mayo hasta el 31 de diciembre de 2003, según constancia suscrita por la secretaria del concejo visible a folio 25 del cuaderno No. 2 De igual manera, el juzgador de instancia señaló que ni la calidad de concejal ni la

de presidente de dicha corporación implicaba autoridad civil, política o de dirección administrativa; para el efecto apoyó sus argumentos en la sentencia del Consejo de Estado de 19 de enero de 1996 (M.P. Amado Gutiérrez Velásquez), en la que señaló que: “...El Concejal por definición no es empleado público (art.312), como lo dice el artículo 123 de la Constitución Política, es un servidor público sujeto a responsabilidades (...) De lo previsto en los artículos 188,189 y 190 de la Ley 136 de 1994, atajaderos a lo que debe entenderse como autoridad civil y política, y dirección administrativa, además de señalar quienes la ejercen a nivel municipal, resulta que el concejal no es titular de aquellas ni de estas (...) Tampoco está investido de ellas el Presidente del Cabildo, por cuanto las funciones administrativas que desempeñan y en razón de esa dignidad, las ejerce a titulo de concejal (...)”. Añadió que lo descrito era suficiente para determinar que no se configuró la inhabilidad aludida por los actores. Destacó que la autoridad política y administrativa que los demandantes atribuyeron al concejal, correspondía a las funciones constitucionales del Concejo como corporación y no de las personas que lo integran. Así las cosas, dijo el fallador de primera instancia, que no se cumple con una de los supuestos esenciales de la inhabilidad; añadió que para que se configure la inhabilidad 13 citada era necesario que confluyeran los presupuestos de la misma. Citó para el efecto la sentencia de 5 de julio de 2002 del máximo juez de lo contencioso administrativo (expediente 2885, M.P. Darío Quiñones Pinilla), en la que se indicó

que para que se configure la inhabilidad invocada era necesario demostrar los supuestos contenidos en la misma. Finalmente, concluyó que la señora Ruth Cecilia Villada Guerrero no se encontraba inhabilitada ni para inscribirse, ni al momento de resultar elegida como alcaldesa del Municipio de Circasia Quindío.

6. Recurso de apelación El señor Joaquín Emilio González López, en su calidad de coadyuvante, interpuso recurso de apelación en contra del fallo del Tribunal, e insistió en los argumentos esbozados en su escrito de coadyuvancia y alegatos de conclusión de la primera instancia.

Se opuso a la totalidad de los argumentos en que se apoyó el a-quo, quien denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de la alcaldesa del Municipio de Circasia Quindío. El recurrente añadió que en la demanda se probaron y aportaron todos los documentos que configuraban la inhabilidad del numeral 4º. del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, y solicitó al Consejo de Estado que revocara dicha decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEPTIMA DELEGADA ANTA EL CONSEJO DE ESTADO Corresponde a esta Agencia del Ministerio Público rendir el concepto de rigor en el presente asunto, y dado que no observa vicio que lo afecte de nulidad, procede de conformidad.

14 Se ha demandado el acto que declaró la elección de la Ruth Cecilia Guerrero Villada como Alcaldesa del municipio de Circasia (Quindio) bajo el entendimientotanto los actores como el tercero interveniente así lo consideraron-, que la elegida

se hallaba incursa en causal de inelegibilidad porque su hermano, el señor Marco Aurelio Villada Guerrero, fungió como concejal y presidente de la Corporación dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, presupuesto fáctico que subsumieron dentro de lo prescrito en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, como fue modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. La norma que se ha señalado como conculcada por el acto cuya nulidad deprecaron los actores, es del siguiente tenor literal: “Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: “Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (...)

1. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio” (...)” Sostienen los actores y el tercero coadyuvante, que el Presidente del Concejo municipal ejerce autoridad en los términos señalados en la causal de inhabilidad

transcrita, toda vez que le correspondió aprobar el presupuesto que debía ejecutar la elegida Alcaldesa; así mismo que ordenó gastos, efectuó traslados presupuestales, reconoció el pago de honorarios a los concejales y dispuso el reajuste de los mismos, ordenó los pagos por concepto de incremento de sueldos personal de nomina y bajo ese entendido, la elección de la Alcaldesa había de ser declarada nula. 15 En relación con el concepto de autoridad, este Despacho reitera y acoge lo que sobre el particular ha dicho Consejo de Estado, así: “La autoridad es el poder o la potestad de mandar u ordenar, disponer, prohibir o sancionar, de conformidad con la Ley, dentro de los límites de la respectiva competencia. La autoridad pública general implica el ejercicio del poder público en función de mando, para una finalidad prevista en la ley y que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, faculta para el ejercicio de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública. Tener autoridad es gozar del ius imperii, estar revestido del Imperium. Y ciertamente no todos los empleados o funcionarios públicos, ni todos los que ejercen una función publica están revestidos del poder del Estado para decir el derecho u obligar a su cumplimiento o para mandar o disponer, con el respaldo de la fuerza pública”1 En relación con los cargos con autoridad administrativa, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esa Corporación, estableció lo siguiente: “b) Los cargos con autoridad administrativa son todos los que corresponden a la administración nacional, departamental y municipal, incluidos los órganos

electorales y de control, que impliquen poderes decisorios, de mando o imposición, sobre los subordinados o la sociedad. Tales son, por ejemplo, los cargos de Directores o Gerentes de Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de los Departamentos y Municipios; Gobernadores y Alcaldes; Contralor General de la República, Contralores Departamentales y Municipales; Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, miembro del Consejo Nacional Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil”. 2 Esta Procuraduría Delegada ha dicho, en torno al listado de cargos allí enunciados, que: “Este listado de cargos posee apenas un carácter enunciativo y ejemplificativo, razón por la cual el cargo con autoridad administrativa no se circunscribe a los allí indicados aun cuando de tales se permite inferir que se hallan investidos del ius imperii, es decir, de aquél poder del Estado para decir el derecho