PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Casos en los que la suplantación de votantes es irr

Bogotá D.C., 18 de Noviembre de 2.005 Concepto No. 127/2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN

E. S. D.

Referencia: 230012331000301452 01

Expediente número: 3892

Actor: JANET CECILIA ESPITÍA PINZÓN Asunto: Apelación sentencia de fecha 8 de agosto de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor MILAD MIGUEL BARGUIL FLÓREZ, como alcalde del Municipio de Cereté, para el periodo

2004-2007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La señora Janet Cecilia Espitía Cortés, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la pretensión pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual planteó un trasteo de electores precisando detalladamente los casos visibles a folios 11 a 167 del expediente. En su mismo escrito visible a folios 167 y 168 y en la demanda de adición a folio 183 del expediente, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERA.- Que es nulo el Acto de Declaratoria de Alcalde Popular Municipal de CERETE – Córdoba, contendido en el Acta de Escrutinio de la Comisión Escrutadora Municipal (Formulario E-26 ZONAL) de Primero de noviembre de 2003, como resultado de las elecciones del 26

de octubre de 2003, para el período constitucional y legal de 2004 a 2007. “SEGUNDA. Que son Nulas, las Actas de Escrutinios de los jurados de Votación (Formulario E-14) de las siguientes mesas de Votación : CABECERA MUNICIPAL DE CERETE 1-. Los casos de ciudadanos que hubieren sufragado en las Mesas de Votación de la cabecera municipal de Cereté, así: ESCUELA URBANA DE NIÑAS DEL CENTRO : Mesas:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2 6,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,5 1,52,53,54,55,56,57 y 58.

COLEGIO NACIONALIZADO MARCELIANO POLO . MESAS 1,4,5,6,8 y 10.

ESCUELA MIXTA SANTA TERESA: Mesas de Votación 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15.

COLEGIO 24 DE MAYO: Mesas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10.

PUESTO CENSO: Mesas de Votación 1,3,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18 y 19

Corregimientos del Municipio de Cereté: mesas de Votación que se deben declarar nulas a saber:

CUERO CURTIDO: Mesas 1 Y 2

LOS VENADOS CAMPANITO: Mesas 1 y 2

MARTINEZ : Mesas 2,3 y 5

MATEO GÓMEZ : Mesas 3,4,5, y 7

SEVERA : Mesas 1,2,3 y 4.

TRES MARIAS : Mesas 1 “TERCERA. Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos escrutinios, se haga una Nueva Declaratoria de Elección de Alcalde Popular de Cereté, Córdoba, para el período Constitucional y Legal de 2004 a 2007. Se ordene expedir y realmente se expida la nueva Credencial de Alcalde Popular en reemplazo del anterior que debe ser cancelada y se comunique la anterior novedad a quienes deben conocerla, por oficios que deben librarse al Presidente del H.

Consejo Nacional Electoral, a los delegados del registrador en lo departamental, y en lo municipal, al Gobernador del departamento de Córdoba, y al Presidente del H. Consejo Municipal de Cereté.” A) Hechos En escrito que adicionó y corrigió la demanda (fls 182-206), la actora señaló que las elecciones para alcalde del Municipio de Cereté se realizaron el 26 de octubre de 2003, para el periodo 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre del 2007; que el escrutinio municipal se realizó entre el 28 de octubre y el 1º de noviembre de 2003; que al no ser interpuesto recurso de apelación alguno contra las Resoluciones, la Comisión Escrutadora de dicho municipio declaró legalmente alcalde popular municipal al ciudadano MILAD MIGUEL BARGUIL

FLÓREZ, acto administrativo cuya nulidad se impetraba, y pretendía demostrar para que fuera declarada por el Tribunal Administrativo. Que los cómputos de los votos emitidos, los registros electorales y el acto acusado, adolecían de graves, flagrantes y ostensibles violaciones al sistema electoral adoptados en la legislación vigente sobre la materia, pues durante los escrutinios se computaron pliegos viciados de nulidad contra precisas normas legales. Asimismo precisó como cargos, los que se relacionan a continuación:  Dejaron sufragar a ciudadanos no residente en Cereté  Trashumancia electoral o trasteo de votos  Cédulas pendientes por reclamar  Suplantación de electores  Anomalías registradas en el formulario E-14  Doble votación de jurados  Ciudadanos que sufragaron como jurados de votación sin figurar en el censo electoral de Cereté.  Personas nombradas como jurados de votación que estaban inhabilitadas para ejercer esta función  Ciudadanos que sufragaron como jurados de votación sin figurar en la Resolución No. 006 de 23 de octubre de 2003.  Diferencia existente entre formularios E-11 y E-14.  Ciudadano votando sin ser plenamente identificado  Formularios E-11 carecían de las correspondientes firmas de los Jurados de Votación. Finalmente, indicó las mesas de votación en que se cometieron dichas irregularidades. B) Normas violadas y concepto de violación La demandante indicó como normas violadas, las siguientes:  Artículo 316 de la Constitución Política.

 Código Contencioso Administrativo Causal 2ª del artículo 223; subrogado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988; artículos 84 y 228.  Código Electoral Artículos 134 y 135.  Código de Procedimiento Civil artículo 89  Artículo 76 del Decreto N° 2241 de 1986.  Ley 96 de 1985 artículo 65. Planteó que la serie de irregularidades cometidas por los jurados de votación y por la propia Comisión Escrutadora Municipal, que dieron lugar a la presente pretensión, constituyeron una clara, real y flagrante violación de las normas constitucionales referidas, encuadrándose dentro de las causales de nulidad de las actas de escrutinio contenidas en la causal segunda del Código Contencioso Administrativo. Con las inscripciones para votar en las elecciones del 26 de octubre de 2003 en la jurisdicción Municipal de Cereté y sus corregimientos, con cédulas de otros municipios, se concretó la llamada “Trashumancia electoral o trasteo de votos”; asi mismo, afirmó que los hechos irregulares ocurridos en esta contienda electoral eran de fácil demostración, pues solo bastaba confrontar la lista de Registro de Votantes, la Lista de Sufragantes, el Censo Electoral de los Municipios por el citados y el Acta de escrutinio de las mesas de votación de las mismas, para probar que hubo falsedad o apocrifidad, mutando así el resultado real, favoreciendo de esta forma al candidato MILAD MIGUEL

BARGUIL FLÓREZ.

2. Admisión de la demanda Por auto del cinco de diciembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Córdoba

admitió la demanda y dispuso las notificaciones de rigor (fol. 179). Posteriormente se adicionó la demanda, circunstancia que fue admitida con auto del diecinueve de enero de 2004 (fl.280).

3. Contestación de la demanda El señor MILAD MIGUEL BARGUIL FLÓREZ contestó la demanda, por conducto de su apoderado judicial, admitiendo algunos hechos como ciertos, y respecto de otros manifestó que no lo eran, que se atenía a lo que se probara en el proceso.

Respecto de las causales de reclamación esbozadas por la parte demandante, señaló que éstas debieron presentarse y dilucidarse en el proceso administrativo electoral y no podían formularse ahora como causales de nulidad electoral. Con relación a la designación de jurados de votación, afirmó que se hizo no solo a través del acto administrativo respectivo, sino a través del formulario E-2 utilizado por los Registradores Municipales y sus Delegados de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 48 del Código Electoral; añadió que el Registrador Municipal, a través del oficio No. 002 de 14 de enero de 2004, respondió un derecho de petición suscrito por él, en el que precisó el procedimiento utilizado para subsanar las falencias presentadas por la no concurrencia de algunos jurados de votación, se encuentra expresamente consagrada en el Ordenamiento Electoral. Sobre la presunta trashumancia referida por la demandante, sostuvo que se atenía a lo que se probara en el proceso y a lo sostenido por el Consejo de Estado. Frente a este aspecto, elaboró un listado detallado visible a folios 297 a

311, del expediente y con base en él pretendió desvirtuar los argumentos de la demanda. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones señalando: En primer lugar, que las mismas fueron presentadas de manera antitécnica en dos acápites; respecto de las Actas de Escrutinio dijo que eran totalmente confusas y sin soporte jurídico que permitiera deducir en que consistió la nulidad que se debió declarar; asimismo, que si existió irregularidad en el cómputo de votos, ésta debió elevarse en los términos del artículo 164 y 192, numerales 5 y 11 del Código Electoral. Sobre la presunta trashumancia electoral, arguyó que debió demostrarse, de manera que no se configuraba por las simples afirmaciones de la demandante, máxime cuando el Registrador Municipal extendió una constancia en la que señaló que nadie impugnó la inscripción de sufragantes de Cereté y que las mismas tampoco fueron anuladas por el Consejo Nacional Electoral, por tal motivo dicha inscripción gozaba de presunción de legalidad. Sobre la afirmación hecha por la demandante, relacionada con que el número de supuestos trashumantes que sufragaron sin residir en Cereté, que llegaba a 354, arguyó que esa cifra no llegaba a mutar el resultado electoral, pues el elegido Alcalde ganó las elecciones por un margen de 2.200 votos con relación al segundo de sus contrincantes. Sobre las Actas de Escrutinio de mesa, por supuestas irregularidades en el formulario E-14, la mayoría de ellas porque el presidente de la mesa no las firmó, o porque los jurados no lo hicieron o porque no se totalizaron los votos,

dijo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 154 y 192 del Código Electoral, dichas reclamaciones debieron hacerse en el tramite de los escrutinios de mesas, zonal, municipal o departamental que con relación a tal proceso electoral se adelantó desde el momento mismo de la terminación de las elecciones materia de estudio. Frente a la situación que se presentó con la cédulas de ciudadanía pendientes por entregar, de acuerdo con el acta aludida por el actor, advirtió que debió tenerse en cuenta que las cédulas pudieron haberse entregado el mismo día por el Registrador Municipal o sus Delegados. Sobre las supuestas irregularidades de los jurados de votación, señaló que éstos ejercieron su cargo en debida forma unos nombrados a traves de la Resolución No. 006 de 23 de octubre de 2003 y otros con base en actos administrativos verbales como lo corroboro el Registrador del Estado Civil Municipal de Cereté a través de la contestación al derecho de petición que él le hiciera. Respecto de los hechos de la corrección y adición de la demanda, el demando hizo alusión a cada uno de ellos en similares términos a los esbozados en la demanda e hizo un análisis detallado de las siguientes mesas de votación: No. ZONA PUESTO MESA E-11 E-14 E-24 1 1 1 5 179 180 179 2 1 1 8 193 194 193 3 1 1 9 176 177 177 4 1 1 18 190 194 194 5 1 1 19 229 227 229 6 1 1 25 201 198 198 7 1 1 26 188 190 190

8 1 1 29 200 201 199 9 1 1 32 210 213 213 10 1 1 37 187 189 187 11 1 1 41 177 178 179 12 1 1 46 197 196 196 13 1 1 50 164 165 165 14 1 1 51 170 173 178 15 1 1 54 143 145 145 16 1 1 55 146 145 145 Indicó que en algunos casos se subsanaron las inconsistencias presentadas y en otros no fueron considerados como irregulares. Propuso como excepciones las siguientes A) Carencia de fundamentos jurídicos y fácticos en las pretensiones desordenadas presentadas por el demandante.- Señaló que la parte demandante en sus consideraciones de hecho y de derecho no encajaban dentro de los presupuestos jurisprudenciales y doctrinarios que el Consejo de Estado ha desarrollado. Se refirió específicamente a que las suplantaciones que originan falsedad o apocrifidad deben ser de tal magnitud, que incidan en el resultado electoral, que para el caso en estudio no existió soporte fáctico: B) Las inconsistencias entre el número de sufragantes y el número de votos no daba lugar a que se efectuara un nuevo escrutinio. A pesar de que resultara probada la misma, no daría lugar a practicar nuevos escrutinios porque la diferencia no mutaría el resultado electoral C) Las inconsistencias, suplantaciones, irregularidades y apocrifidades también se presentaron en otras mesas de votación Solicitó la nulidad de las mesas de votación que se relacionan a continuación, por considerar que se presentaron algunas causales de nulidad consagradas

en el artículo 223-2-5 del Código Contencioso Administrativo. No. Zona Puesto Mesa 1 1 1 43 2 1 1 47 3 1 2 3 4 1 2 7 5 1 2 9 6 90 1 2 7 90 1 4 8 90 1 5 9 90 1 6 10 90 1 15 11 99 6 1 12 99 6 2 13 99 6 3 14 99 9 1 15 99 9 4 16 99 9 6 17 99 9 7 18 99 13 1 19 99 13 2 20 99 13 6 21 99 21 1 22 99 21 2 23 99 21 3 24 99 21 4 25 99 21 5 26 99 21 6 27 99 23 1 28 99 23 2 29 99 23 3 30 99 23 4 31 99 23 5 32 99 23 6 Dicha solicitud la hizo en ejercicio del derecho de contradicción y en amparo al principio de igualdad, con el fin de que se excluyeran las mesas citadas del cómputo general de la votación.

4. Coadyuvancias El señor Guillermo Raúl Rhenals Nova presentó escrito por medio del cual coadyuvaba las pretensiones de la demanda, reiterando en su integridad los argumentos propuestos por la parte actora.

Por su parte, Carlos Camargo Assis se presentó como tercero opositor a las pretensiones de la demanda. Inicialmente solicitó la suspensión del proceso, por la muerte del apoderado del accionante; allegó certificaciones de residencia

suscritas por el Inspector de Policía de Cereté y solicitó la práctica de pruebas.

5. Alegatos de Conclusión Mediante auto de nueve de noviembre de dos mil cuatro, el Tribunal Administrativo de Córdoba corrió traslado a las partes para que alegaran en conclusión. (fl. 959) El demandante presentó sus alegatos y reiteró los cargos de suplantación que alteraban la realidad procesal mediante la adición de factores cuantitativos y cualitativos ficticios por parte de jurados de votación, en abierta violación del artículo 114 del Código Electoral; también hizo referencia a lo concerniente a resultados consignados en los registros electorales E-11 y las actas de escrutinio de los jurados de votación E-14, los que diferían respecto del total de ciudadanos que votaron y del total de votos del formulario E-14.

Así mismo, reiteró como tercer cargo la trashumancia electoral que violaba el artículo 316 de la Constitución Política y la Ley 163 de 1994 artículo 4. Como cuarto cargo señaló cuando el número de sufragantes de una mesa de votación excedió el número de ciudadanos que podían votar en ella, que en la mesa 6 del puesto 1 zona 1, se encontró que en el espacio para colocar los nombres de los jurados de votación aparecían los nombres, apellidos y número de cédulas de ciudadanía de 7 ciudadanos, lo cual comportaba una doble votación Hizo referencia al quinto cargo, e indicó que la votación de personas que no podían hacerlo por no aparecer en la lista de sufragantes y votantes sustentado el cargo en los artículos 85 y 114 del Código Electoral; añadió que los jurados

de votación adicionaron irregularmente la lista de sufragantes, que solo podían hacerlo mediante autorización del Registrador Municipal, con el formulario E12. También se refirió al sexto cargo, esto es, los sufragantes cuyas cédulas de ciudadanía no estaban aptas para votar, porque de acuerdo con las resoluciones Nos. 98 de 2002 y 471 de 2003 las, cédulas de ciudadanía No. 78.030.029 expedida a nombre de Eurlys Portillo Luna y la No. 30.685.689 expedida a nombre de Jiménez Jiménez aparecían en el Archivo de Identificación dadas de baja, y aparecieron sufragando en la mesa No. 2, puesto 33, zona 99. Con relación al séptimo cargo -Jurados Designados votaron sin ser residentes en Cereté-, citó un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, M.P. Jaime Araújo Rentería, radicado 4622 de 1º de noviembre de 2000, en el que se señaló que los jurados de votación, por ese solo hecho, no estaban autorizados para sufragar en la mesa de votación en donde ejercían su función. En punto de la octava impugnación, relativa a la intervención de jurados de votación sin la correspondiente designación, que se incorporó en los registros electorales o actas de escrutinio de esas personas que elaboraban y firmaban los documentos electorales con evidentes ingredientes apócrifos con lo cual se vulneró el contenido del artículo 48-3, 101 del Código Electoral y 251 de la Ley 4 de 1913 y el artículo 9 de la Ley 02 de 1992, en la que se establece que en

ningún caso la Registraduría Nacional del Estado Civil, podrá crear mesas de votación especiales y consentirles la actuación como jurados de votación a personas que no se les había atribuído esas funciones. En punto del noveno cargo -Ciudadanos que se inscribieron en el municipio de Cereté y que aportaron en el formulario E-3 direcciones de otros municipios-, señaló que eran aplicable los argumentos consignados respecto de la trashumancia electoral. Frente a la doble votación de jurados, citó el contenido del artículo 391 del Código Penal que tipificaba como voto fraudulento el que vote mas de una vez; así mismo señaló que “Cuando los jurados de votación ejerciten el derecho al sufragio, dice el artículo 101 del Código Electoral, lo harán en la mesa donde cumplan sus funciones”. Argumentó que con dicha actuación se vulneró el contenido de los artículos 258 de la Constitución Política, 1º, 83 inciso 3 y 144 del Código Electoral y 391 del Código Penal. Respecto de las cédulas no entregadas y cuyos titulares aparecían sufragando, indicó que para efectos de la votación por mandato del artículo 114 del Código Electoral, se requería que los inscritos en el registro de votantes E-11 acreditaran, con la presentación de la cédula de ciudadanía ante los funcionarios electorales, su identidad y su condición de ciudadanos titulares del derecho político. Con relación al cargo duodécimo - Ausencia de la firma de los jurados de votación en los formularios E-14-, señaló que en algunos formularios se presentó ausencia total de firmas y en otros no se encuentran firmados por el

mínimo exigido por la ley, transgrediendo el contenido del artículo 192, numeral 3º del Código Electoral, norma esta que fue modificada inicialmente por el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990, y posteriormente, por el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, que señaló que las actas de votación serían válidas cuando estén firmadas al menos por dos jurados. Finalmente, afirmó que de todo lo anterior se infería que eran falsos o apócrifos los registros de las actas de escrutinio acusadas en las mesas de votación que funcionaron el 26 de octubre para la elección del Alcalde Municipal de Cereté. El demandado reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, sosteniendo que los cargos formulados por la parte demandante no debían prosperar, pues su elección se ajustó a las normas constitucionales y legales y que fue la población quien lo eligió como primera autoridad del municipio de Cereté. Finalmente analizó los cargos formulados por la parte demandante, controvirtiendo cada uno de ellos, y apoyando su posición en citas jurisprudenciales y doctrinarias. El coadyuvante, en su escrito de conclusión, insistió en las consideraciones planteadas en la coadyuvancia y alegatos de conclusión de la parte demandante; solicitó se declarara nulo el acto de elección del señor Milad Miguel Barguil Flórez como Alcalde Municipal de Cereté para el período 20042007, por cuanto los documentos que sirvieron de base para la formación del acto administrativo resultaron ser falsos o apócrifos.

El Procurador 33 Judicial en Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, concluyó que bajo el rigor del análisis particular y concreto de los cargos imputados ninguno de ellos alcanzaba el mérito de prosperar. Sobre las excepciones propuestas por el demandado relacionadas con la carencia de fundamentos jurídicos y fácticos en las pretensiones desordenadas y las inconsistencias entre el número de sufragantes y el número de votos que no daban lugar a que se efectuara un nuevo escrutinio, señaló que estos dos cargos se relacionaban directamente con los cargos imputados, razón por la cual haría su pronunciamiento en el análisis y la decisión de fondo. Respecto de la tercera excepción relacionada con las inconsistencias, suplantaciones, irregularidades y apocrifidades que se presentaron también en otras mesas, indicó que era improcedente e inaceptable, por cuanto el derecho de contradicción no se extendía hasta el punto de tolerar o aceptar que el demandado formulara nuevos hechos pida pruebas para demostrarlos y formule nuevos hechos, puesto que se estaría planteando una contrademanda. De igual manera, realizó un análisis detallado de cada uno de los cargos planteados por el demandante y señaló que las pruebas aportadas al proceso no eran idóneas, por lo que se debían desestimarse para acreditar los fines perseguidos por ellas; que algunas de las acusaciones solo tenían el relieve de causal de reclamación y no constituían motivo de nulidad, lo que permitía llegar a la conclusión que los cargos planteados no se encontraban demostrados. Respecto a la trashumancia electoral analizó cada medio de prueba aportados

y solicitados por el demandante para demostrar dicha irregularidad, concluyendo que no se logró desvirtuar la presunción de residencia electoral como tampoco se demostró, por la falencia probatoria del formulario E-11, que los incriminados como presuntos trashumantes hubiesen votado en los comicios electorales del 26 de octubre de 2003.

6. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Córdoba, en providencia del 8 de agosto del 2005, denegó las suplicas del libelo e indicó que las excepciones propuestas no estaban llamadas a prosperar, porque las mismas no tenían cabida en el procedimiento contencioso administrativo; pero que, de conformidad con lo expresado por el Consejo de Estado, serían analizadas como una razón de impugnación para determinar si había demanda en forma y establecer si el asunto debía ser resuelto de fondo. Sobre el tema acogió en su integridad los planteamientos esbozados por el Ministerio Público.

Basó sus decisiones en doce cargos planteados por el demandante, así: Cargo 1.- Dejaron de sufragar ciudadanos que no residían en jurisdicción del Municipio de Cereté Para el a-quo el hecho planteado por el demandante en el que señaló que cinco ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio en el municipio de Cereté, pese a no residir en la jurisdicción del mismo, constituyó un caso típico de trashumancia electoral el cual analizó en el segundo cargo. Cargo 2.- Trashumancia electoral, trasteo de votos o expresión de la voluntad democrática artificial Señaló que la nulidad electoral por trasteo electoral se circunscribía al análisis

fáctico de las condiciones necesarias para su configuración; fue así como hizo una valoración de las pruebas aportadas al expediente, las que en su criterio no tuvieron la claridad suficiente para declarar nulos los resultados electorales; no encontró demostrado que los presuntos trashumantes fueron irregularmente inscritos, que efectivamente votaron, ni que el número de votos invalidara el resultado final del escrutinio; así las cosas consideró que la pretensión resultaba inocua y no estaba llamada a prosperar. Cargo 3.- Cédulas pendientes por reclamar Señaló que el cargo no estaba llamado a prosperar, pues si bien el demandante aportó en su totalidad los elementos probatorios para establecer si hubo personas que sufragaron con cédulas que aún no habían sido entregadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, éstos carecían de valor probatorio por cuanto fueron allegados en fotocopia simple, sin autenticar y los que se encontraron autenticadas eran insuficientes para realizar el cotejo respectivo; asimismo el acta de cierre de entrega de cédulas de ciudadanía por parte de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Cereté se encontraba en original, pero la relación de cédulas no reclamadas se encontraba en copia simple, careciendo de valor probatorio. 4.- Suplantación de Electores. El Tribunal Administrativo de Córdoba realizó un cotejo en relación con los cargos formulados y determinados por el demandante y el tercero coadyuvante; en este sentido consideró que no estaban llamados a prosperar, pues para determinar si eran verdaderas suplantaciones se requería de la confrontación de los formularios E-11 o Lista de registro de Votantes de cada una de las

mesas de votación denunciadas con el cupo numérico asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en ese orden de ideas reiteró que como el formulario E-11 se allegó en copia sin autenticar carecía de plena validez, lo cual impidió al Tribunal realizar el análisis correspondiente. 5.- Anomalías registradas en el Formulario E-14 tales como formularios sin la firma del presidente de la mesa, sin totalizar el número de votos, carentes de firma, con una sola firma. Al respecto indicó que los cargos imputados por el actor constituyeron meras reclamaciones administrativas que debieron adelantarse ante la Comisión Escrutadora de Cereté, pruebas éstas que no figuraban dentro del expediente para poder acudir a la jurisdicción electoral; así las cosas, el cargo no estaba llamado a prosperar; añadió que las causales que originan la nulidad de las actas de escrutinio eran taxativas y las causales de reclamación no habían sido consagradas como tales, por lo que no podían alegarse de manera extensiva en el proceso electoral. 6.- Doble votación de jurados, por cuanto hubo cinco (5) personas que votaron en las mesas donde se encontraban registrados, y a su vez, lo hicieron en las mesas que actuaron como jurados. Arguyó el A-quo que para analizar este cargo, se requería verificar sí las personas se encontraban designadas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil como jurados de votación y luego realizar la comprobación de tal irregularidad en el formulario E-11, insistiendo que para el caso en estudio los documentos aportados al expediente no fueron autenticados, lo cual

impedía la prosperidad del cargo. 7.- Que 107 ciudadanos que sufragaron como jurados de votación sin figurar en el censo electoral de Cereté. Dijo que para la demostración de este cargo se requería el análisis y cotejo de algunos documentos electorales, tales como la resolución por medio de la cual se nombraba a los jurados de votación, los formularios E-10 y E-11; añadió nuevamente que dichos documentos fueron aportados, los primeros en original pero sin la firma del funcionario público competente para su expedición y los demás en copia sin autenticar, careciendo de plena validez, lo cual no hacía posible analizar el cargo enunciado. 8.- Que se designaron como jurados de votación a dos personas que estaban inhabilitadas para ejercer esta función. El Tribunal compartió la posición adoptada por el Ministerio Público, en la que planteó que la ley no había establecido inhabilidades para ejercer el cargo de jurado de votación; añadió que el demandante tampoco manifestó si ellos ejercieron su derecho al sufragio; que para su demostración se requería el cotejo de los formularios E-10, E11 y el acto administrativo que los nombró jurados de votación, documentos éstos que no constituían plena prueba debido a la informalidad de los mismos, por lo que el cargo tampoco prosperaba. 9.- 38 personas que sufragaron como jurados de votación sin figurar en la Resolución No. 006 de 23 de octubre de 2003 Indicó que no se allegaron los documentos probatorios necesarios para establecer la veracidad del cargo planteado y los que figuraban en el expediente se anexaron en fotocopia simple, situación ésta que hacía que el

cargo formulado tampoco prosperara. 10.- Diferencia entre los registros de los formularios E-11, E-14 y E-24. Señaló que para que se pudiera verificar la irregularidad planteada para su demostración y comprobar que efectivamente se produjo la alteración o simulación de la verdadera voluntad popular en el formulario E-11 con respecto a los formularios E-14 o Actas de Jurados de Votación y formulario E-24, como quiera que el primer documento se aportó en fotocopia simple, carecía de validez, en consecuencia el cargo no prosperaba, porque la Sala no podía realizar el cotejo correspondiente. 11.- Que un ciudadano voto en la Mesa No. 11 del Puesto Censo que no fue plenamente identificado, ya que apareció votando SIBAJA FERRER y 12.- Formularios E-11 en su mayoría carecían de las correspondientes firmas de los jurados de votación. Reiteró respecto de estos dos cargos que no estaban llamados a prosperar porque se aportó el formulario E-11 en fotocopia simple. Finalmente, con relación a las razones esbozadas por el tercero interviniente como apoyo probatorio de la oposición a la demanda, precisó que este aportó una cantidad de certificaciones expedidas por el Inspector de Policía de Cereté relacionada con la verificación de la residencia de un número de trashumantes que no figuraban dentro del caso en estudio; añadió que si bien las certificaciones fueron expedidas por una autoridad administrativa, la labor del Inspector de Policía fue de simple verificación y su obligación solo se dirigió a la comprobación de la vecindad de un ciudadano catalogado por el demandante como un trashumante electoral.

Asi mismo, adujo que la comparencia del tercero opositor fue posterior al término de fijación en lista, por lo que las pruebas aportadas y solicitadas por este no fueron valoradas por la Instancia, por cuanto la actuación del tercero debió ceñirse a los términos de la demanda.

7. Recurso de apelación La demandante Janet Cecilia Espitía Garcés interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primer grado, a través de su apoderado, en el que insistió en sus