PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - La falta de posesión de los miembros de la comisión

Bogotá D.C. Febrero 4 de 2.003 Concepto No. 010/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. DARÍO QUIÑONES PINILLA

E. S. D.

Referencia: Expediente número 3053

Actor: RICARDO MAYORQUÍN HERNÁNDEZ Y OTROS Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 9 de Agosto del 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor Justo Guzmán Olaya, como Alcalde Municipal de El Espinal (Tolima), para el período 2001 -2004.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda instaurada por los ciudadanos Ricardo Mayorquín

Hernández y Vicente Mayorquín Hernández Los señores Ricardo Mayorquín Hernández y Vicente Mayorquín Hernández, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, solicitaron de la justicia contencioso administrativa que se efectuaran los siguientes pronunciamientos: 1. “Que se declare la nulidad del acto administrativo, por medio del cual se declaró elegido al señor JUSTO GUZMÁN OLAYA, como alcalde del municipio de El Espinal Tolima, por el período 2001 a 2004, contenida en el formulario E-26 AG, del ACTA DE ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA ALCALDE, de fecha 30 de octubre de 2001, que contiene el resultado de la elección 28 de octubre de 2.001 de la

REGISTRADURÍA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DEL ESPINAL

TOLIMA. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

ORGANIZACIÓN ELECTORAL. 2. “Que se declare la cancelación de la CREDENCIAL de la Comisión Escrutadora Municipal, de la Registraduría Especial del Estado Civil de fecha 30 de octubre de 2.001, que declara a JUSTO GUZMÁN OLAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 2.310.760 expedida en el Guamo Tolima, como Alcalde elegido del municipio de El Espinal, para el período comprendido entre el 2.001 al 2.004, contenida en el formato E-27 de la ORGANIZACIÓN ELECTORAL.

Registraduría NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. ESPINAL.

Igualmente, pidió que se excluyeran del cómputo general de votos los depositados en favor de la causa política del elegido alcalde, además que, como consecuencia de lo anterior, se ordenara la práctica de un nuevo escrutinio. A) Hechos de la demanda Luego de referirse a algunos aspectos del debate electoral que culminó con la elección como alcalde del señor Justo Guzmán Olaya, los actores precisaron que era inelegible por cuanto a la fecha de la elección tenía más de sesenta y cinco (65) años de edad, circunstancia que de conformidad con las normas vigentes constituía un impedimento para el ejercicio de la función. B) Normas de derecho y concepto de la violación Señalaron los actores, como normas fundantes de su pretensión, las siguientes:  Los artículos 230, 237, 238 de la Constitución Política. 2  El numeral 5° del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

 El artículo 31 del Decreto Ley 2400 de 1968.  El artículo 122 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973.  El artículo 2° de la Ley 27 de 1992. Como concepto de la violación expresaron que el señor Justo Guzmán Olaya, al ser elegido alcalde y contar con más de sesenta y cinco (65) años de edad al momento en que ocurrió su elección, se desconoció flagrantemente el contenido del artículo 2° de la Ley 27 de 1992 que desarrolló el artículo 125 de la Carta Política y determinó la extensión de las normas que rigen en el orden nacional al municipal, dentro de ellas las que señalan la edad de sesenta y cinco (65) años como edad de retiro del servicio. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima, el 4 de diciembre del 2001, los demandantes corrigieron la demanda. C) Solicitud de suspensión provisional En escrito adicional solicitaron la suspensión provisional del acto demandado.

2. Admisión de la demanda Por auto del 29 de noviembre del 2001, el Tribunal Administrativo del Tolima, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley, y denegó la suspensión del acto acusado aduciendo que los actores se limitaron “... a citar las disposiciones que el Consejo tuvo en cuenta al anular con otro acto administrativo similar, pero omitió por completo la expresa sustentación exigida por el numeral 1° del artículo últimamente mencionado. Por otra parte, y en lo atinente a la exigencia de la infracción manifiesta, tampoco se advierte porque aunque el artículo 2° de la Ley 27 de 1992 incorpora los Decretos Leyes 2400 y

3074 de 1968, la Ley 13 de 1984 y la Ley 61 de 1987 como normas que regulan el régimen de administración de personal civil para ser aplicadas a las entidades territoriales, el artículo 87 de la Ley 443 de 1998, hizo expresa derogatoria de aquella Ley 27 de 1992 y si bien en su inciso 2° mantuvo los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968 para aplicárselo a los empleados que 3 presten sus servicios en las entidades territoriales como es el caso de los alcaldes, con relación a estos es preciso que se entre en el fondo del asunto mediante estudios jurídicos tal como lo hizo el Consejo de Estado en el fallo para concluir si hubo efectivamente la transgresión a normas de este Decreto ...” El señor Daniel Alberto Manjares pidió que se le tuviera como tercero interviniente, y manifestó oponerse a las pretensiones de la demanda. De manera particular, solicitó al H. Consejo de Estado que mantuviera en firme la decisión proferida por el Tribunal que denegó la suspensión provisional.

3. Apelación del auto admisorio y decisión Los actores interpusieron recurso de apelación contra el auto admisorio de la demanda, pero sólo en cuanto se denegó la suspensión provisional del acto acusado, recurso concedido mediante proveído de 20 de febrero del 2002.

El H. Consejo de Estado –Sección Quinta-, a través de providencia del 19 de abril 19 de 2002, decidió el recurso de apelación y determinó confirmar el auto objeto de impugnación, proferido por el a-quo, en cuanto negó la suspensión

provisional del acto demandado. Dijo la H. Corporación que compartía el criterio del Tribunal, en el sentido que el acto demandado no constituía una reproducción de otro declarado nulo por lo que no resultaba pertinente la aplicación del artículo 158 del Código Contencioso Administrativo; así mismo, dijo que la solicitud de suspensión provisional no reunía los requisitos que se exigen para la procedibilidad de la solicitud, toda vez que, no se sustentó “... el concepto de violación manifiesta de las normas superiores invocadas, sino que se limita a citar las que sirvieron de fundamento a la sentencia de nulidad electoral referida en la demanda...”.

4. La demanda del señor Félix Eduardo Martínez Ramírez

4 Este ciudadano, actuando en su propio nombre, demandó en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral el acto administrativo por medio del se declaró la elección del señor Justo Guzmán Olaya, como alcalde del municipio de El Espinal (Tolima), para el período 2001 – 2004. En su escrito reiteró los fundamentos de hecho y de derecho que se indicaron en la demanda a la que se hizo referencia en forma antecedente; de igual manera, solicitó la suspensión provisional del acto demandado. Igualmente, el señor Daniel Alberto Manjarrez solicitó que se le reconociera como tercero interviente que se oponía a las pretensiones de la demanda.

5. Admisión de la demanda Mediante proveído del 4 de diciembre del 2001, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda, ordenó las notificaciones de rigor y denegó la

suspensión provisional, argumentando que no se observaba prima facie, clara y ostensiblemente, la violación de las normas señaladas en pro de la suspensión. La decisión anterior fue impugnada por vía del recurso de apelación, que, de conformidad con el artículo 223 inciso final del Código Contencioso Administrativo -en concordancia con el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil-, fue declarado desierto, toda vez que la parte demandante no consignó lo necesario para la expedición de las copias.

6. La demanda formulada por el señor Rodolfo Martínez Sendoya El indicado ciudadano demandó la nulidad del acto que declaró la elección del señor Justo Guzmán Olaya, como Alcalde del municipio de El Espinal (Tolima).

Sostuvo en el libelo que el acto era nulo porque los miembros de la Comisión Escrutadora no se posesionaron en el cargo, omisión que determina que los actos expedidos o suscritos por ellos no podían tener una significación válida para el derecho. 5 Como normas en las que fundó su pretensión, el demandante indicó el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto consideró que el acto demandado fue expedido por funcionarios sin competencia, porque no habían tomado posesión del cargo; el artículo 122 de la Carta Política, toda vez que los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal entraron a ejercer la función sin agotar la ritualidad de la posesión y juramento La anterior demanda fue admitida por el a-quo mediante auto del 7 de diciembre del 2001.

7. Contestación de la demanda En los procesos se contestó el libelo por el demandado, a través de apoderado

judicial. En su escrito, que reproduce en idénticos términos en los procesos correspondientes a las acciones instauradas por los ciudadanos Félix Eduardo Martínez Ramírez y Ricardo Mayorquín Hernández y otro, destacó que los regímenes de excepción son de carácter restrictivo; así mismo se refirió a la decisión del H. Consejo de Estado por medio de la cual se determinó la nulidad del acto de elección del alcalde del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) la cual, según su decir, se fundó en una norma que no se encontraba vigente, toda vez que, la Ley 27 de 1992, fue derogada por el artículo 87 de la Ley 443 de 1998. A continuación dijo que “Dicha sentencia además aplica una disposición contenida en dicha ley derogada (hoy disposición rescatada en la Ley 443 de 1998 en su mismo artículo 87) pero debe tenerse en cuenta la unidad de materia de dicha disposición que desde su mismo titulo se refiere a las normas de carrera administrativa, es decir tiene aplicación restrictiva exclusivamente a los funcionarios que ingresen o sean ascendidos mediante concurso, debidamente inscritos en carrera administrativa o a los empleos de libre nombramiento y remoción citados en el Art. 5° de la misma disposición en cita (ley 443/98) que excepciona en forma expresa a los servidores que accedan al servicio público mediante la elección popular o los de período fijo conforme a la Constitución y la Ley y a las funciones que deban ser ejercidas 6 por las Comunidades Indígenas conforme a su legislación y a los trabajadores oficiales”.

Más adelante, señaló que “Como conclusión de esta parte diremos, que el Consejo de Estado en la sentencia del 7 de septiembre de 2001, aplicó no solo una disposición derogada, sino que aun cuando hubiera aplicado el Art. 87 de la Ley 443/98, estaría aplicando normas de carrera administrativa a funcionario de elección popular, desconociendo la especialidad de las leyes que rigen las calidades para ser alcalde y las inhabilidades, normas de carácter especial que prevalecen sobre la general que se aplicó en forma equivocada por el Consejo de Estado y que la demanda pretende se aplique en el caso sub examine”. En su escrito, manifestó que el Consejo de Estado –Sección Quintadesconoció pronunciamientos de la Corte Constitucional, señalando de manera especial las sentencias C-351 del 9 de agosto de 1995 y del 6 de noviembre de 1997, expediente D-1638, en las que se dijo que la edad de sesenta y cinco años como causal de retiro del servicio no se podía extender a todos los empleados, menos a los de elección popular que asumen el cargo mediante un acto de expresión de la voluntad soberana que determina su elección para un período fijo. Así mismo, manifestó que de aceptarse la tesis sentada por la H. Corporación – Sección Quinta – al decidir el asunto del alcalde del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) se conculcarían principios constitucionales y legales como el de racionalidad, el de coherencia interna del ordenamiento – principio de eficacia del texto a interpretar; el estado social de derecho, etc. En el proceso que originó la acción instaurada por el ciudadano Martínez

Sendoya, contestó la demanda y manifestó que no existe causal para declarar la nulidad pretendida, por cuanto la posesión de los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal que el demandante echaba de menos no era requisito para asumir esa función, razón por la cual eran competentes y sus actos válidos. 7 En la parte final de su escrito propuso la excepción de inepta demanda porque, afirmó, existe incongruencia y contradicción entre las normas indicadas como violadas y el concepto de la violación, por cuanto inicialmente citó unas normas como fundamento de la pretensión y, luego, al explicar el concepto de la violación, manifestó que resultaban inaplicables.

8. Acumulación de procesos A través de providencia calendada el 18 de abril de 2002, el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó la acumulación de los procesos.

9. Alegatos de conclusión Los demandantes, señores Vicente Mayorquín Hernández y Ricardo Mayorquín Hernández presentaron su alegato respectivo, reiterando en su escrito que la edad de sesenta y cinco años (65) años constituía un impedimento para ser elegido alcalde; igualmente defendieron la aplicación de las disposiciones de la Ley 443 de 1998 al asunto sub-examine. Por último, refirieron que la vía de hecho a que aludió la sentencia de tutela de la H. Corte Constitucionalproferida en el caso del alcalde del municipio de Vigía del Fuerteno se presentaba en el debate de marras.

10. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia de 9 de agosto del 2001, el Tribunal Administrativo del Tolima determinó negar las pretensiones de la demanda.

En relación con el cargo planteado por el demandante señor Rodolfo Martínez Sendoya, relacionado con la falta de posesión de los miembros de la Comisión Escrutadora, remitiéndose a pronunciamiento que sobre el punto en forma anterior ya había efectuado el propio Tribunal, manifestó que debía observarse: “… que los miembros de las Comisiones Escrutadoras Municipales son servidores públicos de los que menciona la disposición o simples ciudadanos pero, tratándose de los primeros no es que se esté ante un nuevo cargo sino 8 una función adicional que legalmente se le asigna precisamente por ser Juez, Notario o Registrador de Instrumentos Públicos y en tal calidad es que actúa y siendo así, mal puede exigírsele acto de posesión que solo es para cuando se va a ingresar al ejercicio del cargo y ellos ya están en actividad”. En cuanto al fundamento de la acusación de los otros demandantes, cuyo cargo estaba relacionado con la edad de sesenta y cinco (65) años como impedimento para el acceso a los cargos de elección popular, el Tribunal, acogiendo lo dicho por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-357 de agosto 5 de 1995, y en la decisión de la acción de tutela impetrada por el ciudadano Servando Córdoba Córdoba -sentencia T-254 del 11 de abril del 2002-, concluyó que la disposición citada por los actores como transgredida no resultaba aplicable a los cargos de elección popular.

11. Apelación de la sentencia de primera instancia Los demandantes Mayorquín Hernández apelaron la decisión de primera instancia, bajo el entendido que la prohibición de acceder a la función pública derivada de la edad de sesenta y cinco años continuaba vigente, en su criterio.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

1. Aspecto preliminar De manera antecedente a la consideración del fondo del asunto, esta Delegada se referirá a la excepción de ineptitud de la demanda, propuesta por el apoderado de la parte pasiva en la relación jurídico-procesal iniciada por demanda del señor Rodolfo Martínez Sendoya, la que derivó de la incongruencia que dijo existía entre las normas señaladas como transgredidas y la explicación del concepto de la violación de las normas, porque “...ya que si bien cita como normas violadas algunas disposiciones de la Ley 4ª de 1913, 9 después el mismo accionante las descalifica y dice que no deben tenerse en cuenta”.

Las excepciones previas no son de recibo en tratándose del procedimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no tienen trámite incidental alguno, tal y como lo tiene definido, de tiempo atrás, la jurisprudencia del Consejo de Estado, con base en la regulación legal sobre la materia. No obstante lo anterior, resulta posible plantear ese tipo de anomalías como excepciones de mérito, en tanto se consideren como impedimentos procesales, debiendo ser decididas en la sentencia que dirima el litigio propuesto por el demandante. Ahora bien, en el caso presente el hecho planteado por la parte opositora no constituye propiamente una excepción que corresponda a la de naturaleza previa que ha planteado, por cuanto la incongruencia que reprocha no corresponde a una ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales

o por indebida acumulación de pretensiones. Si el demandante se equivoca en la señalización de las normas que considera violadas o si no es claro en la explicación de la violación – e, incluso, incurre en contradicciones entre la cita de la norma y su explicación-, como asegura el demandado del opositor, las contingencias de estas eventualidades las asume directamente el actor y se reflejaran en la decisión, pues si las normas que se citan son aplicables al caso y el concepto de violación es claro, entendible, de seguro que existe una mayor probabilidad de que se produzca una sentencia favorable a las pretensiones, lo cual no acontecería en el caso contrario. Por tal razón, el reparo formulado como excepción no está llamado a prosperar.

2. La demanda instaurada por el ciudadano Rodolfo Martínez Sendoya Nulidad de la elección por falta de posesión de los miembros de la

Comisión Escrutadora 10 Afirmó el demandante que el acto que declaró la elección del Alcalde del municipio de El Espinal (Tolima) se encontraba viciado de nulidad porque había sido expedido irregularmente, en tanto que los miembros de la Comisión Escrutadora carecían de competencia para declarar la elección no podían ejercer la función en debida forma, pues, según el argumento del demandante, la posesión y el correspondiente juramento constituían requisitos sine qua non para ejercer adecuada y válidamente los cargos públicos. Sobre este aspecto, el Ministerio Público, en el trámite de nulidad contra el acto de elección del alcalde del municipio de Lérida (Tolima), sostuvo que “... en relación con los servidores de la Rama Jurisdiccional designados

por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para conformar las distintas Comisiones Escrutadoras, la formalidad de la posesión para ejercer las funciones electorales no constituye una fundamental y necesaria exigencia como lo afirmó el demandante por cuanto, pues si bien es cierto que esta función no es la que corresponde de manera ordinaria y continua a la jurisdicción, no lo es menos que se asigna a sus funcionarios por mandato expreso de la Ley, correspondiendo su ejercicio en cada evento electoral con ocasión de la designación del Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial, sin atender más consideraciones ni exigencias. Basta la sola designación como integrante de la Comisión Escrutadora para entender que el funcionario de la rama Judicial se encuentra habilitado para el ejercicio de la función electoral”.

Y más adelante se agregó: “Por otra parte, no obstante el rango constitucional de que se halla investido el acto de posesión como escrutador, cuando se ha omitido no genera la nulidad de los actos expedidos por el funcionario. Esta formalidad de la posesión se consagró en la Constitución de 1886

(artículo 66), en términos idénticos a los que señaló la Carta de 1991 en el artículo 122 inciso segundo, y en vigencia de la primera fueron expedidas normas como las señaladas por el a-quo que de manera 11 expresa dispusieron que la “omisión del cumplimiento de cualesquiera de los requisitos que se exigen para la posesión, no invalidará los actos del empleado respectivo, ni lo excusa de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”. Además, el artículo 252 del Código de Régimen Político y Municipal, en su

inciso segundo, dispuso que “Las irregularidades de la diligencia de posesión y aún la omisión de tal diligencia no anulan los actos del empleado respectivo, ni lo excusan de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”. Además, el Consejo de Estado al decidir el asunto, en la sentencia de 26 de abril de 2002 -expediente radicado bajo el número de orden 2844-, señaló que el cargo no procedía por cuanto la formalidad de la posesión constituía requisito para el ejercicio de un cargo público, pero no para ejercer funciones públicas transitorias. Lo anterior resulta razón suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda, y así lo pido el Ministerio Público.

2. La demanda instaurada por los ciudadanos Ricardo Mayorquín Hernández, Vicente Mayorquín Hernández y por el ciudadano Félix Eduardo Martínez Ramírez Las pretensiones anulatorias que estos ciudadanos formularon contra el acto de elección del alcalde del municipio de El Espinal (Tolima) tienen en común el cargo en el cual se fundan, que está relacionado con la edad de sesenta y cinco (65) años como impedimento para ser elegido alcalde.

Esta Procuraduría Delegada, en relación con la edad de sesenta y cinco (65) años como hecho impeditivo de la elección popular de los alcaldes y generador de la nulidad de la misma, dijo en el caso de la elección del alcalde del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia) lo siguiente: 12 “El demandante pretende la nulidad de la elección del señor Servando Córdoba Córdoba como Alcalde del municipio de Vigía del Fuerte

(Antioquia), considerando para el efecto que la edad de retiro forzoso constituye una inhabilidad para ejercer el cargo. Las normas indicadas por el demandante disponen: “ARTÍCULO 31 (Decreto 2400 de 1968): Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años, será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones para los empleados públicos. Exceptúase de esta disposición los empleados señalados en el inciso 2° del artículo 29 de este Decreto”. “ARTÍCULO 122. (DECRETO 1950 DE 1973): La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo para los empleados señalados en el inciso segundo del artículo 29 del decreto 2400 de 1968, adicionado por el 3074 del mismo año.” Si bien las disposiciones que indicó el actor consagran que todo empleado que cumpla la edad de retiro forzoso debe ser retirado del servicio, ella no es aplicable a los alcaldes, servidores que desde la vigencia del Acto Legislativo número 1 de 1986 son elegidos por el voto popular y directo de los ciudadanos. El Acto Legislativo número 1 fue desarrollado por la Ley 78 de 1986 y en ella se señalaron como calidades para ser elegido alcalde 13 “... ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o de la correspondiente área

metropolitana, durante el año anterior a la fecha de su inscripción como candidato” La disposición citada sólo consideró la edad para efectos de aspirar a ser elegido y señaló un límite mínimo de 18 años; edad a partir de la cual se adquiere la condición de ciudadano y por ende los derechos inherentes a la misma de elegir y ser elegido, sin embargo nada estableció en relación con la edad de sesenta y cinco (65) años como edad de retiro forzoso o impedimento para aspirar a ser elegido. Igual tratamiento legislativo se sentó en la Ley 136 de 1994 que en relación con las calidades para ser alcalde en el artículo 86 señaló que “Para ser elegido alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época”. De igual manera esta norma nada dispuso en relación con la edad como causal de retiro del servicio, y ello se explica en la medida en que por razón de su origen corresponde al ciudadano elegir a la persona que considere la más idónea para regentar los destinos locales, sin que la Ley se oponga a su libre, soberana y autónoma determinación. El tema en particular fue considerado por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-351/95 que fue citada por igual por las partes y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y allí se señaló que de la edad de retiro forzoso quedarían exceptuados aquellos servidores públicos de elección popular, “ para los cuales se establezca un período fijo, como

es el caso del presidente y vicepresidente, de los miembros de los cuerpos colegiados, de los gobernadores o de los alcaldes”, entendiendo como razón suficiente para excluirlos de la regla general “... que no cabría determinar una edad de retiro forzoso para aquellos ciudadanos 14 que por voluntad popular, expresada en las urnas, acto por excelencia a través del cual se expresa la soberanía del pueblo, sean elegidos para un período fijo ya que mediante ese hecho el pueblo directamente está manifestando su deseo de que esa persona –el elegidoy no otra, ocupe el cargo correspondiente y lo desempeñe durante todo el período previamente señalado en la Carta Política”, argumentos que se acogen plenamente por este Ministerio Público que en aras de la brevedad omite transcribir por estar consignadas de manera extensa en el plenario “.1 Destaca este Despacho que los supuestos tanto fácticos como de derecho que motivaron el concepto son los mismos que plantearon los actores en el asunto en examen. El Consejo de Estado, al decidir el referido asunto, revocó la decisión objeto de apelación y declaró la nulidad del acto de elección, considerando que la edad de sesenta y cinco (65) años con los que contaba el ciudadano Servando Córdoba Córdoba al momento de la elección constituía “... un impedimento legal para ejercer un cargo público y por lo tanto su elección se halla viciada de nulidad en los términos del artículo 228 del C.C.A.” Señaló en la misma sentencia que “Cabe aclarar que no se trata en este caso de la aplicación de la edad de retiro forzoso, como lo entendió el Tribunal de

Antioquia, que conforme lo ha señalado la Corte Constitucional no opera en tratándose de cargos de elección popular, en razón de que se trata de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas para que el elegido ejerza el cargo por un determinado periodo; se trata de un impedimento por razón de la edad para ejercer la función pública, previamente establecido en la ley, de obligatoria observancia tanto para los electores como para los elegidos y cuyo desacato acarrea la nulidad de la elección (artículo 228 C.C.A.). Sin embargo, ese fallo fue objeto de acción de tutela, que revisó la Corte Constitucional a través de la sentencia T-254 de abril 11 de 2002. Allí el máximo juez constitucional ordenó la suspensión de su ejecución, preservando 1 Procuraduría General de la Nación – Séptima Delegada ante el Consejo de Estado. Concepto número 001-31. Expediente número 2585. Julio de 2001. 15 el derecho del elegido alcalde del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), mayor de sesenta y cinco (65) años de edad a permanecer en el cargo. En aras de unificar las posiciones jurisdiccionales, el Ministerio Público, amparado en la tesis precedentemente expuesta y anterior al pronunciamiento constitucional, le solicita respetuosamente al Consejo de Estado –Sección Quintaque reconsidere su tesis actual, para señalar que la edad de sesenta y cinco años no constituye impedimento para ser elegido alcalde municipal por voto popular.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con lo anteriormente señalado, este Despacho, le solicita al H.

Consejo de Estado – Sección Quinta -, que confirme la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual denegó la pretensión de nulidad de la elección del señor Justo Guzmán Olaya, como Alcalde Municipal de El Espinal (Tolima). De los Honorables Consejeros, cordialmente,

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 16