PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - No configuración de inhabilidad por desempañar carg

Bogotá D.C. Agosto 31 de 2.004 Concepto No. 54/2004 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. FILEMON JIMÉNEZ OCHOA

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3439

Actor: LUIS ANTONIO RAMÍREZ MALDONADO Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 13 de mayo de 2.004, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de la señora Argenida Ibarra Gómez como Alcaldesa del Municipio de Santiago, para el período 2.004-2.007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Luis Antonio Ramírez Maldonado, obrando en su propio nombre, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander para que, previos los trámites del proceso electoral, se efectuaran las siguientes declaraciones: “PRIMERA: Honorables Magistrados solicito que se declare la NULIDAD del ACTA DE ELECCION DE LOS VOTANTES PARA LA ALCALDÍA DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, de fecha 28 de octubre de 2.003, 1 respecto de la elección llevada a cabo el día domingo 26 de octubre de 2.003, proferida por los escrutadores –MAGDALENA GARCÍA RIVERA y RICARDO LEON QUINTERO Latorre (sic), siendo secretaria TERESA IBARRA LINDARTEadscritos a la organización electoral de la Registraduría Nacional del Estado

Civil, según consta en el formulario E-26 AG en el cual se declara elegida ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER ARGENIDA IBARRA GÓMEZ para el período 2.004-2.007.

SEGUNDA: Honorables Magistrados solicito que como consecuencia de la

declaratoria de NULIDAD DEL ACTA DE ESCRUTINIO DE LOS VOTANTES PARA LA ALCADÍA DEL MUNIIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER, de fecha 28 de octubre de 2.003, respecto de la elección llevada a cabo el día domingo 26 de octubre de 2.993, se ordene al señor Presidente del Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, a los Delegados del Departamento Norte de Santander, al Registrador del Municipio de Santiago Norte de Santander, al señor Gobernador de Norte de Santander y al señor Presidente del Consejo de Estado, determinar el procedimiento legal para suplir la vacante temporal mientras dure la suspensión provisional del cargo que se solicita.

TERCERA: ...Que....... se ordene realizar el proceso de las elecciones populares para proveer definitivamente el cargo de alcalde del MUNICIPIO DE SANTIAGO,

NORTE DE SANTANDER.

CUARTA: ... Que..... se ordene la practica de un nuevo escrutinio, señalando para tal efecto el día y la hora.

QUINTA: ...que,..... se expida la Credencial a quien resulte electo en el nuevo escrutinio que se convoque y se realice por la autoridad competente.” A) Hechos El actor refirió que el 26 de octubre del 2003 se realizaron en todo el territorio Nacional

elecciones para escoger Gobernadores, Alcaldes y miembros de las corporaciones públicas. Que para la alcaldía del municipio de Santiago -Norte de Santanderfue 2 inscrita como candidata la señora Argenida Ibarra Gómez, quien resultó elegida para el período 2.004-2.007, según consta en Acta de Escrutinio del 28 de octubre de 2.003. Arguyó el actor que la señora Argenida Ibarra Gómez, en el año 2.002, se desempeñó como Tesorera del Municipio, ejerciendo autoridad civil, política y administrativa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1.994, en cuanto ejerció poder público en función de mando y coacción, que obligaba al acatamiento a los particulares o gobernados, al haberle sido otorgadas facultades para recaudar los impuestos, tasas y multas establecidas en el presupuesto anual del municipio y las gestiones de cobro oportuno y transparente, el manejo de los recursos provenientes de la Nación en calidad de transferencias, mediante la utilización de cuentas especiales o normales de carácter financiero o bancario para la administración municipal en desarrollo de su actividad pública. Más adelante, señaló que según informes financieros y económicos correspondientes al año 2.002, rendidos por la señora Argenida Ibarra Gómez como Tesorera a la Contraloría General del Departamento, se demostró que ésta se desempeñaba como Jefe del Presupuesto municipal y que era la persona que certificaba las disponibilidades

presupuestales para comprometer los recursos en el municipio. Así las cosas, sostuvo que la señora Argenida Ibarra Gómez se encontraba inhabilitada, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 372o de la ley 617 de 2.000, que señala que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: “2.- Quien dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa ...”; situación que cobijaba a la elegida alcaldesa, 3 quien renunció al cargo de Tesorera municipal con tan solo 3 meses y 10 días de anterioridad a la inscripción de su candidatura. Que esa inhabilidad se encontraba corroborada además por el concepto rendido por el Consejo Nacional Electoral, con ponencia del doctor Guillermo Mejía Mejía, de mayo 20 del 2.003, en el que se decía que la señora Ibarra Gómez se encontraba inhabilitada para ser elegida alcaldesa. B) Normas violadas y concepto de la violación El actor citó como normas violadas las siguientes:  Los artículos 40, 265, 314 y 316 de la Constitución Política.  Los artículos 95, 188, 189, y 190 de la Ley 136 de 1.994.  El artículo 37 de la Ley 617 de 2.000 Como concepto de la violación expresó que el acto de elección de la señora Ibarra Gómez violaba de manera manifiesta la Constitución y la Ley, y que ésta, al permitir la

postulación de su nombre como candidata a la Alcaldía del municipio de Santiago para las elecciones del 26 de octubre del 2.003, era consciente de su inhabilidad. Sostuvo que la conducta de la elegida Alcalde atentaba contra el interés público o social. Bajo ese entendido señaló que se observaba desde un principio que la intención de la aspirante se dirigía a la obtención de beneficios personales en contraposición del 4 interés general y, en perjuicio de los ciudadanos que le brindaron de buena fe su respaldo. Por otra parte, el actor manifestó que se configuraba la causal de nulidad de la elección prevista en el numeral 5o del artículo 223 y en el artículo 228 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que le fueron computados votos a la señora Argenida Ibarra Gómez, cuando era cierto y claro que no reunía las condiciones constitucionales y legales para ser electa. Como sustento del cargo, transcribió apartes jurisprudenciales, de la sentencia C-617 de 1.997 sobre inhabilidades e incompatibilidades y su extensión en el tiempo y la sentencia C-546/93. C) Solicitud de suspensión provisional El actor, en el mismo escrito de la demanda, solicitó la suspensión provisional del acto demandado, considerando que el acto era contrario a la Constitución y a la ley.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 11 de noviembre del 2.003, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley, y denegó la suspensión provisional. A este respecto consideró que la medida no reunía los requisitos

establecidos en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, al no haberse sustentado de modo expreso. 5

3. Escrito de Coadyuvancia La Doctora Marisel Sarmiento Torres, actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la Nación, en su condición de Procuradora Regional de Norte de Santander, presentó escrito de coadyuvancia solicitando la nulidad de la declaratoria de la elección como Alcaldesa del Municipio de Santiago de la señora Argenida Ibarra Gómez, para el período 2.004-2.007, contenido en el formulario E-26 AG proferido el 29 de octubre de 2.003 por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal.

Adujo la interviniente que dentro de la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal de Santiago (Acuerdo 018 de 7 de diciembre de 2.002), se encontraba el cargo de Tesorero Municipal, dependencia encargada de administrar y salvaguardar los bienes y recursos financieros del municipio, que fue desempeñado por la señora Argenida Ibarra Gómez hasta el mes de abril de 2.003. Que esta señora fue inscrita como candidata a la alcaldía municipal de Santiago para el período 2.004-2.007, encontrándose inhabilitada de conformidad con el numeral 21 del artículo 95 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2.000. Que el 26 de octubre de 2.003 se llevaron a cabo los comicios electorales en el municipio de Santiago, resultando elegida la señora Ibarra Gómez, quien según lo

manifestado, ejerció como empleada pública, autoridad civil o administrativa en el respectivo ente territorial, en los términos de los artículos 188 y siguientes de la Ley 136 de 1.994, dentro del año anterior a su elección, tipificándose la causal aludida. 6

4. Contestación de la demanda La señora Argenida Ibarra Gómez contestó la demanda por conducto de apoderado judicial, y se opuso a todas y cada una de las pretensiones señaladas en el libelo.

Admitió unos hechos como ciertos y otros los negó. Aclaró que la señora Argenida Ibarra no se encontraba “inscrita” como Tesorera según Acuerdo 018 expedido por el Concejo Municipal, sino que ocupaba el cargo de Tesorera, que era cosa diferente a la afirmada por el actor. En todo caso, señaló que el referido Acuerdo utilizaba expresiones que no correspondían a las verdaderas funciones que ejercía su prohijada, como era el caso del vocablo administrar, que conllevaba la voluntad de determinar en qué se iban a gastar o invertir los dineros, función que en el municipio sólo ejercía el Alcalde Municipal. Así mismo señaló que los gastos de la oficina de la Tesorería, como la compra de útiles y papelería se efectuaban directamente por la Alcaldía. De otra parte, indicó que la función de control interno se encontraba igualmente mal determinada, ya que en la realidad se trataba de una especie de autocontrol en el cumplimiento de los procedimientos y reglas que señalan la ley y los actos administrativos; autocontrol que no le otorgaba al cargo de Tesorera jurisdicción o

mando ni el estatus de autoridad, como sería el requerimiento de pago a los contribuyentes, o la celebración de acuerdo de pagos, que son los que conllevan un proceso de jurisdicción coactiva, asignadas al Alcalde de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1.994. Así mismo, en la nómina de personal, no figuraba persona distinta a la señora Ibarra Gómez como adscrita a ese despacho. En síntesis, adujo que no ejerció autoridad política, civil o administrativa, y que el hecho de presentar informes financieros a los órganos de control o certificar las 7 disponibilidades, era una función propia de las tesorerías que constituyen actos de mero trámite para la ordenación del gasto que llevan los alcaldes; que el cargo de Tesorero no podía asimilarse para efectos de la configuración de la causal, a la de Secretario de Despacho o Jefe de Departamento Administrativo, que poseían municipios de mayor envergadura por disposición legal o de acto administrativo.

5. Alegatos de conclusión Las partes presentaron dentro del término sus escritos de alegatos, reiterando las consideraciones de la demanda, la coadyuvancia y contestación del libelo, respectivamente.

6. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 13 de mayo de 2.004, denegó las pretensiones de la demanda. En primer lugar consideró que las inhabilidades debían entenderse e interpretarse con un criterio restrictivo, criterio bajo el cual analizó los cargos, manifestando que dentro del proceso se encontraba

demostrado que la señora Ibarra Gómez fue nombrada para ejercer el cargo de Tesorera Pagadora en el municipio de Santiago Norte de Santander, mediante Decreto 003 de enero 1 de 2.001, y que presentó renuncia del mismo el 25 de abril de 2003, fecha en la que igualmente le fue aceptada. Que fue inscrita como candidata a la Alcaldía de dicha municipalidad, período 2.004-2.007, para las elecciones a celebrarse 8 el 26 de octubre de 2.003, resultando elegida y así declarado por la Comisión Escrutadora Municipal. Luego el Tribunal realizó una trascripción de los artículos 37-2 de la Ley 617 de 2.000, y de los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1.994, e indicó que para establecer si se configuraba o no la causal, era necesario que se demostraran los siguientes supuestos:  Que el elegido hubiere ejercido un cargo que le diera la calidad de empleado público.  Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección.  Que el cargo desempeñado implicara el ejercicio de jurisdicción o autoridad civil o política, o administrativa, o militar, o que el cargo le permitiera intervenir como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos.  Que el cargo se hubiere desempeñado o el contrato se hubiere ejecutado en el municipio parta el que fue elegido alcalde. Así las cosas, señaló que las pruebas arrimadas al proceso demostraban que la señora

Ibarra Gómez se desempeñó como empleada pública dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección; que analizada las funciones asignadas a la Tesorera del municipio según Acuerdo 018 de diciembre 7 del 2.002, no tenía el poder de mando para exigir obediencia por medio de la fuerza o coacción; que si bien era cierto que se le asignó la función de recaudar los impuestos, tasas y multas establecidas en el presupuesto anual del municipio, debiendo realizar las gestiones de cobro, se trataba 9 de una gestión de carácter persuasivo, toda vez que de conformidad con el numeral 6º del literal d, del artículo 91 de la Ley 136 de 1.994 la facultad de cobro coactivo la tenía el alcalde, quien la puede delegar en la Tesorería; hecho que no se encontraba acreditado. Además de ello, señaló que mediante escrito dirigido a la Alcaldía, la tesorera solicitó la reglamentación del Acuerdo 018 del 2.002 en lo relacionado con los mecanismos de acuerdos de pago con los contribuyentes, a lo cual el alcalde le respondió que éstos se realizarían directamente por el Despacho del Alcalde, así como los cobros coactivos. Por otra parte, sostuvo que tampoco se demostró que la Tesorera nombrara o removiera subalternos, ni que los tuviera, al no allegarse la planta de personal de la Alcaldía. En cuanto al ejercicio de autoridad política señaló que era la ejercida por los Alcaldes, los Secretarios de la Alcaldía, y los Jefes de los Departamentos

Administrativos, cargos que no se podían asimilar al de la Tesorera.

7. Recurso de apelación La Procuradora Regional de Norte de Santander presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, considerando que se encontraban configurados los supuestos de la norma inhabilitante, toda vez que el cargo de Tesorero tenía funciones que implicaban dirección administrativa, como era el recaudo de impuestos, tasas y multas establecidas en el presupuesto anual del municipio, contempladas en el artículo 3º del Acuerdo 018 de 2.002.

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no observando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que le corresponde.

En el asunto sub-examine, el actor y la coadyuvancia consideraron que la elegida Alcaldesa del Municipio de Santiago (Norte de Santander) resultaba inelegible para la época de la elección por encontrarse incurso en causal de inhabilidad, dado que, dentro del año anterior a la elección, se desempeñó como Tesorera del Municipio y que, en ejercicio de este destino, desarrolló actividades que comportan el ejercicio de autoridad. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en su decisión de primera instancia, concluyó que los argumentos de la demanda y de la coadyuvancia no estaban llamados a prosperar y, luego de efectuar el análisis funcional del cargo de Tesorero Municipal, concluyó en indicar que de dicho cargo no era predicable el ejercicio de autoridad civil,

por cuanto no ejercía el poder de mando para exigir obediencia mediante la coacción o el uso de la fuerza; que la función de cobro coactivo estaba asignada por disposición legal al Alcalde; que no podía nombrar ni remover subalternos, así las cosas la causal de inhabilidad no era predicable. La decisión anterior fue objeto de impugnación por vía del recurso de apelación por la Procuradora Regional, para quien la causal de inelegibilidad en la elegida Alcaldesa no esta llamada a dudas y se encuentra demostrada debidamente, conclusión a la que 11 arribó con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 44 de 1990 y la decisión contenida en la sentencia C-545 de 1993. Así mismo, lo hizo la parte actora para quien de igual manera la causal de inelegibilidad se encontraba debidamente acreditada. En el asunto en examen, la demanda de nulidad de la elección de la Alcaldesa del municipio de Santiago (Norte de Santander) y la intervención de la coadyuvante versan sobre la existencia de una causal de inhabilidad que le hacía inelegible, derivada del hecho que la elegida se desempeñó como Tesorera Municipal, cargo que lleva anejo el ejercicio de autoridad administrativa, subsumiendo el hecho dentro del presupuesto del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, como se encuentra modificado por el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, disposición cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:

“Artículo 95. Inhabilidad para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (...)

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”

(...) 12 Se encuentra debidamente probado que la elegida Alcaldesa del municipio de Santiago (Norte de Santander), señora ARGENIDA IBARRA GOMEZ, se desempeñó Tesorero – Pagador – Nivel 1 de la Alcaldía de Santiago, cargo para el cual se le nombró por medio del Decreto Municipal número 003 del 1 de enero del 2001 y que lo ejerció hasta el 25 de abril del 2003, fecha en la cual, por medio del Decreto número 011 de la misma fecha, le fue aceptada la renuncia presentada “... al cargo de tesorera Municipal, Grado 07 de la actual planta de personal del Municipio.” La inhabilidad en la que se dijo que se encontraba la elegida Alcaldesa establece la prohibición de ejercer el cargo dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, hecho que resulta claro e incontrovertible en el evento objeto de estudio, pues entre la fecha de elección y la de renuncia apenas transcurrieron siete meses aproximadamente, para hacer relevante que se encontraba dentro del termino durante el cual la Ley le prohibía desempeñar cargo alguno de aquellos que inhabilitaban, al

tenor de lo prescrito en el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, modificatorio del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. La causal de inelegibilidad invocada requiere para su configuración el desempeño de cargos a los cuales les sea inherente el ejercicio de jurisdicción o de autoridad civil, administrativa o militar, haciéndose necesario precisar el alcance que debe dársele a cada uno de estos conceptos. Por ello, se impone determinar primeramente el significado del término “autoridad”, para luego indicar si la demandada ejerció funciones que implicaran el ejercicio de autoridad administrativa, que es el aspecto que se adujo en la demanda como generativo de la inhabilidad. Retoma y reitera este Despacho lo ya dicho por el Consejo de Estado: 13 “La autoridad es el poder o la potestad de mandar u ordenar, disponer, prohibir o sancionar, de conformidad con la Ley, dentro de los límites de la respectiva competencia. La autoridad pública general implica el ejercicio del poder público en función de mando, para una finalidad prevista en la ley y que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, faculta para el ejercicio de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública. Tener autoridad es gozar del ius imperii, estar revestido del Imperium. Y ciertamente no todos los empleados o funcionarios públicos, ni todos los que ejercen una función publica están revestidos del poder del Estado para decir el derecho u obligar a su cumplimiento o para mandar o disponer, con el respaldo de la fuerza pública”1 En relación con los cargos con autoridad administrativa, la Sala de Consulta y Servicio

Civil de esa Corporación, estableció lo siguiente: “b) Los cargos con autoridad administrativa son todos los que corresponden a la administración nacional, departamental y municipal, incluidos los órganos electorales y de control, que impliquen poderes decisorios, de mando o imposición, sobre los subordinados o la sociedad. Tales son, por ejemplo, los cargos de Directores o Gerentes de Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de los Departamentos y Municipios; Gobernadores y Alcaldes; Contralor General de la República, Contralores Departamentales y Municipales; Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, miembro del Consejo Nacional Electoral y Registrador Nacional del Estado Civil”. 2 Esta Procuraduría Delegada ha dicho en torno al listado de cargos enunciados que: “Este listado de cargos posee apenas un carácter enunciativo y ejemplificativo, razón por la cual el cargo con autoridad administrativa no se circunscribe a los allí indicados aun cuando de tales se permite inferir que se hallan investidos del ius imperii, es decir, de aquél poder del Estado para 1 Consejo de Estado - sentencia de diciembre 3 de 1.982. Expediente Número 872. Consejero Ponente Dr. JOAQUÍN VANIN TELLO. 2 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil - Consejero Ponente Dr. HUMBERTO MORA OSEJO. Concepto de noviembre 5 de 1.991. Radicación Número 413 14 decir el derecho u obligar a su cumplimiento o para mandar o disponer, con el respaldo de la fuerza pública”.

Ahora bien, puede decirse que la Ley 136 de 1994 precisó los conceptos de autoridad civil, política y militar, pero omitió hacerlo en relación con la autoridad administrativa, señalando sí la acepción de “dirección administrativa”. No obstante lo anterior, por vía de la jurisprudencia que ha elaborado esa alta Corporación, a través de su Sala Plena, se dijo que el concepto de autoridad civil comprendía el de autoridad administrativa: “... Con esta perspectiva, el concepto de autoridad civil no resulta excluyente sino comprensivo de la autoridad administrativa que relacionada con las potestades del servidor público investido de función administrativa, bien puede ser, y por lo general es al mismo tiempo autoridad civil. En otros términos, si bien los conceptos de autoridad militar y jurisdiccional tienen contornos precisos, los linderos se dificultan tratándose de la autoridad política, civil y administrativa. Entendida la primera como la que atañe al manejo del Estado y se reserva al Gobierno (art. 115 C.P.) y al Congreso (art. 150 ibídem) en el nivel nacional, no queda duda que la autoridad civil es comprensiva de la autoridad administrativa sin que se identifique con ella, pues entre las dos existirá una diferencia de género a especie. Una apreciación distinta conduciría a vaciar completamente el contenido del concepto autoridad civil, pues si ella excluye lo que debe entender por autoridad militar, jurisdiccional, política y administrativa no restaría prácticamente ninguna función para atribuirle la condición de autoridad civil. Por consiguiente, la determinación de si un servidor público ejerce o no autoridad civil debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su

cargo”. 3 Por lo demás, el concepto legal de autoridad civil se consagró en el artículo 188 de la Ley 136 de 1994 en los siguientes términos: 3 Sentencia de la Sala Plena del H. Consejo de Estado de 1 de febrero de 2000 citada por la H. Sección Quinta. Consejero Ponente doctor ROBERTO MEDINA LÓPEZ. Radicado número 2634. 15 “ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL: Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con la facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia por sí o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.

Y en el artículo 190 ibídem, en relación con la noción de Dirección Administrativa se indicó: “ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir

comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias” De lo anterior puede concluirse sin inconveniente que al ejercicio de la autoridad administrativa no solo le es inherente la nota caracterizadora de la autoridad, es decir, el ius imperii, sino igualmente la “dirección administrativa”. Que en el ámbito de lo 16 municipal “... la ejercen el alcalde, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondiente servicios municipales”. Así mismo, quedan comprendidos dentro de la noción de dirección administrativa aquellos empleados oficiales “...autorizados para celebrar contratos o convenios, ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente a los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias” . Como atrás se señaló, sin embargo, será la función asignada al empleo la que determinará en forma particular si le resulta inherente al cargo el ejercicio autoridad

administrativa o no. Al plenario se allegó una copia del Acuerdo 018 del 2002, “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO”, en donde se precisó, en relación con la Tesorería, lo siguiente: “ARTICULO TERCERO: La Tesorería Municipal será la dependencia encargada de administrar y salvaguardar los bienes y recursos financieros que maneje el Municipio bajo la orientación del Señor Alcalde Municipal. Tendrá como función específica s, (sic) entre otras, las siguientes: 17  Recaudar los impuestos, tasas y multas establecidas en el presupuesto anual del municipio. Para ello deberá realizar gestiones de cobro oportuno y transparente.  Informar por todos los medios disponibles en el Municipio sobre los deberes de los contribuyentes y la obligatoriedad de los habitantes del Municipio de cancelar oportunamente sus compromisos tributarios de carácter Municipal o de cualquier orden que por mandato de la ley deban recaudarse en la tesorería Municipal.  Manejar los recursos provenientes de la nación en su calidad de transferencias mediante la utilización de cuentas especiales o normales de carácter financiero o bancario para la administración Municipal en el desarrollo de su actividad pública.  Cancelar oportunamente las obligaciones y pasivos adquiridos pro la administración Municipal.  Establecer mecanismos y Acuerdos de pago con los contribuyentes morosos, para el adecuado recaudo de rentas Municipales.  Diseñar y distribuir formatos para el cobro de los impuestos, tasas y multas que le permitan al contribuyente identificar y pagar oportunamente

sus obligaciones.  Realizar funciones de control interno dentro de la dependencia, en cuanto a procedimientos, agilidad en los procesos y transparencia en el actuar de sus funciones.  Las demás funciones que le determinen los Acuerdos Municipales y le establezca el Señor Alcalde Municipal y que se enmarquen dentro del cumplimiento de su misión institucional”. De las funciones asignadas, encuentra este Despacho que el Acuerdo, no obstante su presunción de legalidad es inaplicable en relación con la asignación de funciones cuya titularidad por expresa disposición de ley corresponde al Alcalde, como es el caso de la jurisdicción coactiva, que implica la facultad de cobro coactivo de las obligaciones de los particulares en favor de la Alcaldía, la cual de conformidad con el artículo 91, letr