PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Períodos típicos y atípicos

Bogotá D.C. Agosto 9 de 2.004 Concepto No. 041/2004 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. DARIO QUIÑONES PINILLA

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3386

Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Asunto: Apelación de la sentencia de 15 de abril de 2.004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual decretó la nulidad parcial del acto de elección del señor Raúl José Coronel Gil, como Alcalde del Municipio de Becerril

(Cesar), para el período 2.004-2.007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El doctor Jesualdo Villero Pallares, en su condición de Procurador Regional del Cesar, actuando en representación de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Contencioso

1 Administrativo del Cesar para que, previos los trámites del proceso electoral, se efectuaran las siguientes declaraciones: “PRIMERA: Se disponga la nulidad parcial del acto por medio del cual se declaró la elección de Alcalde del Municipio de Becerril (Cesar), contenido en el formulario E-26 AG, proferido el día 28 de octubre de 2.003 por los Miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, en cuanto determinó que la elección se declaraba para un período de 4 años comprendida entre el 2.004 y 2007. “SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la corrección del acto por medio del cual se declaró la elección y se determine que

el período del alcalde de dicho municipio, de conformidad con el artículo 7º del Acto Legislativo No. 2 de 2.002 se efectúa para el período que se comprende del 8 de noviembre de 2.003 hasta el 4 de junio de 2.005, como también se efectúe idéntica modificación respecto de la credencial expedida”. A) Hechos El actor refirió que el período del alcalde del municipio de Becerril venció el 7 de noviembre de 2.003, y que el 26 de octubre del mismo año se llevaron a cabo elecciones para alcalde, para las cuales fue inscrito como candidato el señor Raúl José Coronel Gil, quien resultó elegido, y así lo declaró la Comisión Escrutadora. Esta autoridad electoral indicó, además, como periodo del alcalde el comprendido entre los años 2.004-2.007, hecho dejó de lado lo establecido en el artículo transitorio del Acto Legislativo 002 del 2002. B) Normas violadas y concepto de la violación El Procurador Regional del Cesar citó como normas violadas las siguientes: 2  Los artículos 1º, 2º y 3º del Acto Legislativo 02 del 2.002.  La Resolución No. 1653 del 20 de marzo del 2.003 proferida por el Consejo Nacional Electoral.  La Circular de 5 de noviembre del 2.003, expedida por el Ministro del Interior y de Justicia. Como concepto de la violación expresó que el acto cuya nulidad se demandaba desconoció el artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de 2.002, que señala que “todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del

presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2.003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2.007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2.007. ....”. La finalidad del Acto Legislativo, según el demandante, era la de acabar con los períodos personales de los alcaldes y gobernadores, para convertirlos en períodos institucionales y uniformes, estableciendo un régimen de transición que unificaba los períodos. En el mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución No. 01653 de 20 de marzo de 2.003 les señaló a los Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los Registradores Municipales y Distritales que, con posterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 02 de 2.002, el período de los gobernadores y alcaldes que se inicien entre la vigencia del Acto Legislativo y el 31 de diciembre del 2.003 se determinaba dividiendo por dos el tiempo que transcurría desde su posesión hasta el 31 de diciembre de 2.007. Que en el Acta de declaratoria de la elección y de la respectiva credencial debía dejarse consignado el período para el cual era elegido el mandatario. Este acto administrativo, además de las dependencias que 3 se integran a la Organización Electoral en el ámbito territorial, se le comunicó además al Ministro del Interior; al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los Gobernadores y Alcaldes del

territorio nacional. En el caso bajo examen, el actor manifestó que el período del alcalde del municipio de Becerril resultaba atípico, dado que su iniciación y culminación no se presentaba de acuerdo con la generalidad establecida en la norma, en tanto que el mandato del anterior alcalde vencía en noviembre del 2.003, y no el 31 de diciembre de 2004, como acontecía con los casos de período normal. Por tal razón, afirmó, al elegirse al mandatario local para un periodo que se encontraba entre la vigencia del Acto Legislativo 02/02 y el 31 de diciembre de 2.003, no podía entenderse que había sido elegido para un período ordinario de 4 años, sino para el equivalente a la mitad del tiempo que faltare para llegar a 31 de diciembre de 2.007; es decir, que se elegía para un período de 18 meses y 27 días, que era justamente la mitad del período que faltaba para llegar a 31 de diciembre de 2.007, tal y como lo preceptuaba el referido Acto Legislativo. No obstante todo lo anterior, advirtió que la Comisión Escrutadora Municipal declaró la elección por un período de 4 años, haciendo caso omiso de la norma constitucional y de la Resolución del Consejo Nacional Electoral, configurándose la causal de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, denominada violación de la ley. 4

2. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, mediante auto del 1º de diciembre del 2.003, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

3. Contestación de la demanda

El señor Raúl José Coronel Gil contestó la demanda, por conducto de apoderado judicial, y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones. Afirmó inicialmente que la Constitución Política de Colombia consagró el concepto de soberanía popular, que se traducía en la expresión de la voluntad de elegir a las autoridades que rigen los destinos públicos de los poderes del Estado. Bajo ese entendido, los ciudadanos del municipio de Becerril, en ejercicio de la soberanía de la que son depositarios, ejercieron el derecho político de elegir, votando por candidatos a la Alcaldía municipal para un período de cuatro (4) años, comprendido entre el 1º de enero del 2.004 y el 31 de diciembre del 2.007. Que para el caso en estudio, dicha elección había recaído en el señor Raúl Coronel Gil, quien obtuvo la mayoría de votos y a quien se le entregó la credencial que lo habilitaba como alcalde, para un período de cuatro (4) años. Hizo un recuento sobre los antecesores en el cargo de alcalde, manifestando que el señor Yonny Amaya Amaya había sido inscrito como candidato a la alcaldía de Becerril (Cesar) y elegido para el período comprendido ente el 1º de enero de 2.001 a 31 de diciembre de 2.003, pero que con base en un concepto del Consejo Nacional Electoral tomó posesión del cargo con una antelación de un (1) mes y veintitrés (23) días, al presentarse falta absoluta del anterior mandatario, cuando en dicho evento, el

5 Gobernador debió encargar hasta el vencimiento del período del elegido. Así las cosas, indicó que el señor Amaya fue un gobernante de facto y que su período efectivamente vencía el 31 de diciembre de 2.003, período que nunca fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso; así las cosas, el período para el cual fue elegido se comprendía entre el año 2.004 y el 2.007. Propuso las excepciones de inepta demanda por falta de designación de las partes y falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que consideró que no era a él a quien debía demandarse, pues éste no fue quien expidió el acto acusado, sino la Comisión Escrutadora Municipal de Becerril.

4. Alegatos de conclusión Las partes dentro del término presentaron escrito de alegatos, reiterando las consideraciones esbozadas en la demanda y su contestación respectivamente.

5. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 15 de abril del 2.004, declaró la nulidad parcial del acto de elección del señor Raúl José Coronel Gil como Alcalde del Municipio de Becerril para el período 2.004 a 2.007, fijando como período del referido mandatario, el comprendido entre el 8 de noviembre del 2.003 y el 4 de diciembre de 2.005. El Tribunal se pronunció con respecto a las excepciones propuestas por el demandado, manifestando que no prosperaban toda vez que lo 6 demandado por la vía de la acción pública electoral era la elección del alcalde y no la elección de Raúl Coronel Gil, y que las pretensiones estaban encaminadas a que se

modificara el período y no a la realización de nuevas elecciones. Seguidamente, el juzgador de primera instancia precisó que el artículo 314 de la Constitución de 1991 señalaba a los alcaldes un período de 3 años, sin indicar la fecha de su iniciación, vacío que fue llenado por la Ley 136 de 1.994 cuando estableció en su artículo 85 que éste se iniciaba el 1º de enero siguiente a la fecha de la elección, norma que fue declarada inexequible por la H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-448 del 18 de septiembre de 1997, en tanto consideró que el período de los alcaldes era personal. Dicha Ley había establecido, igualmente, el procedimiento para llenar las vacancias absolutas, teniendo en cuenta el tiempo que faltare para concluir el período, dando la posibilidad al Presidente o al Gobernador de encargar alcalde mientras se realizaba la correspondiente elección; disposición que también fue declarada inconstitucional. Señaló el a-quo que antes de la expedición del Acto Legislativo 02 del 2.002, el período de los alcaldes era individual y que en este caso éstos correspondían a un período atípico, por no corresponder al período de los demás alcaldes de Colombia, quienes iniciaban sus períodos el 1º de enero siguiente a la fecha de la elección. Dijo que para el caso en estudio, estaba demostrado que en las elecciones realizadas el 29 de octubre del 2.000 fue elegido como alcalde del municipio de Becerril el señor Yonnys Amaya Amaya para el período 2.000-2.003, tomando posesión el 8 de

noviembre de 2.000, por presentarse falta absoluta del alcalde anteriormente elegido, teniendo en cuenta el período personal que se había determinado en la sentencia de la 7

H. Corte Constitucional C-488/97. Que las elecciones para reemplazarlo se realizaron el 26 de octubre de 2.003, y en ellas resultó elegido el ciudadano señor Raúl José Coronel Gil, para el período 2.004-2.007, quien debía posesionarse el 8 de noviembre de 2.003, que era cuando terminaba el período individual de tres (3) años del anterior alcalde.

Para el Tribunal resultó claro que dicho evento se enmarcaba dentro de los parámetros previstos en el Acto Legislativo 02 del 2.002, pues se trataba de un periodo atípico, por razón de culminar entre la fecha de entrada en vigencia de ese acto y el 31 de diciembre de 2003, por lo cual el periodo del alcalde de Becerril quedaría comprendido entre el 8 de noviembre del 2.003 y el 4 de diciembre del 2.005, por lo que decretó la nulidad parcial del acto y determinó fijar el período del alcalde como atrás se señaló.

6. Recurso de apelación La parte demandada apeló el fallo de primera instancia, y en sus argumentaciones insistió en que se inscribió como candidato a la alcaldía para el período 2.004-2.007, que resultó elegido, y que la credencial expedida por la Organización electoral, lo fue para dicho período. Que no podía el Tribunal entrar a modificar el período del alcalde de Becerril, toda vez que éste, por disposición constitucional era institucional, y que si bien

era cierto que existía un régimen de transición en el Acto Legislativo 02 de 2.002, no resultaba aplicable porque su elección no se produjo con posterioridad al 29 de octubre de 2.000 ni antes de la vigencia del acto legislativo, sino que se efectúo dentro del proceso normal y general del 26 de octubre de 2.003, de manera que su período no era atípico o especial, y culminaba el 31 de diciembre de 2.007. 8

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO En el asunto en cita objeto de examen se ha demandado la nulidad parcial del acto de elección del Alcalde del municipio de Becerril (Cesar), porque en él se declaró elegido el señor Raúl José Coronel Gil para un período de cuatro años -comprendido entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre del 2007cuando, según el demandante, el período ha debido determinarse de conformidad con lo preceptuado en el artículo

transitorio del Acto Legislativo No. 2 del 2002, que consagró un régimen de excepción previo a la unificación e institucionalización de los períodos que consagró la referida reforma constitucional.

1. De las excepciones propuestas La parte demandada propuso la excepción de ineptitud de la demanda por falta del cumplimiento del requisito consagrado en el numeral 1º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y la denominada “Falta de Legitimación en la causa por pasiva”.

El primero de los argumentos de defensa, propuesto como excepción por el opositor, como se refiere a una de aquellas denominadas previas, se analizan y consideran como

impedimento procesal. 9 Sostuvo el excepcionante que la demanda carece del requisito consagrado en el numeral 1º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el cual, en la demanda se debe hacer la designación de las partes y de sus representantes, exigencia que omitió el actor . Este argumento no está llamado a prosperar, toda vez que tal requisito no se impone en la forma rigorosa como lo propone el apoderado de la demandada. En efecto, en el presente asunto dada la naturaleza de la acción propuesta, de simple nulidad de contenido electoral, la pretensión se caracteriza por lo siguiente: i) la puede ejercer cualquier ciudadano; ii) no hay lugar a obtener o solicitar el restablecimiento de un derecho lesionado por cuanto que el actor lo que persigue con el ejercicio de la acción es el restablecimiento del orden jurídico que cree ha sido desconocido con la expedición del acto cuya nulidad se depreca; iii) en él puede intervenir cualquier persona en calidad de parte para prohijar u oponerse a las pretensiones de la demanda; iv ) no se impone determinar la parte demandada por cuanto, si bien, la decisión le puede afectar en cuanto titular del derecho emanado del acto el control de legalidad opera sobre el acto; v) no impone vincular al demandado y por tal razón no se ha señalado la notificación personal del auto admisorio de la demanda como requisito esencial del trámite; vi) por último, porque de conformidad con las normas que regulan el proceso electoral, la obligación que tiene el actor es la de identificar plenamente el acto por medio del cual se declaró la elección y cuya nulidad demanda.

El segundo de los argumentos dice relación con el hecho de que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto que no ha debido demandarse al elegido dado que no existe argumento que permita atacar su elección y además porque no fue el autor del acto. 10 Como se dijo atrás, la pretensión de nulidad de contenido electoral puede ser propuesta y ejercida por cualquier ciudadano y tiene como finalidad el preservar la legalidad que se cree conculcada con el acto que declara la elección, éste es el que constituye el objeto de la demanda y no la persona que haya sido elegida o designada como lo entiende el apoderado de la parte demandada, excepcionalmente y solo cuando se propone como un contencioso subjetivo en el que se peticiona el restablecimiento del derecho se impone designar y vincular la parte que por pasiva se vincula en la relación litigiosa. Como en el sub examen se trata de una pretensión de simple nulidad electoral en donde no se impone trabar la litis con la vinculación del autor del acto, que bien podrá intervenir en la defensa de la legalidad del mismo, pero cuya vinculación al proceso no es exigencia para adelantarlo. Al actor le basta, como se dijo, identificar e individualizar el acto cuya nulidad demanda.

2. Consideración preliminar A manera de introducción al asunto de fondo, considera este Despacho pertinente referirse a la posesión de los alcaldes, específicamente al término dentro del cual debe realizarse la misma, porque de ella, en vigencia de la norma constitucional, devenía la determinación del período del alcalde y el entendimiento que hiciera la H. Corte

Constitucional del carácter personal de los períodos de los burgomaestres elegidos popularmente y que generaron en diversos municipio del país periodos individuales, propios, distintos a aquellos de la generalidad, los que se denominarán atípicos. 11 A) Del momento en que debe realizarse la posesión de los alcaldes elegidos popularmente No obstante que la Ley determinó la fecha en la que se debía llevar a cabo la elección de alcaldes: “se realizarán en el último domingo del mes de octubre” - regla general-, ello no implica ni imponía una coincidencia forzosa de las elecciones y fechas de posesión de todos los alcaldes del país, pues por sentencia de la H. Corte Constitucional los períodos de los alcaldes eran personales y no institucionales, y en todos los casos de vacancia definitiva en el cargo se imponía una nueva elección por voto popular. Este hecho generó la problemática de lo que se ha dado en denominar “períodos típicos y atípicos”; entendiendo por los primeros aquellas vigencias de los mandatos de los alcaldes en los que la fecha de la elección y la de posesión del elegido son coincidentes con los señalados por el ordenamiento jurídico, y por los segundos aquellos que por razón de diversas circunstancias generaron una propia y diferente fecha de elección, como también de iniciación y terminación del período del elegido -que no coincidía con el general, era como se indicó especial y excepcional-. Ahora bien, el principio general que rige en materia de la posesión de los alcaldes es que ha de efectuarse en forma inmediata al vencimiento del período del alcalde que se

reemplaza. Su fundamento es claro: no debe existir solución de continuidad en el primer cargo del municipio. Sólo, por excepción, la posesión se puede presentar por fuera de esta regla general, en un termino distinto; además, porque, por disposición constitucional, el período es de tres (3) años – término que no puede ser modificado ni por ley, ni por acto administrativo, y menos por el capricho del elegido que se niega a asumir la función para la cual se le designó por voluntad popular-. Así, al funcionario 12 que se le vencía el período le corresponde hacer dejación del cargo y a quien se elige para su reemplazo asumir el mismo, inmediatamente. Este sistema ha operado desde la vigencia del Acto Legislativo 1 de 1983 y, en especial, de las Leyes 78 de 1986 y el Decreto 1001 de 1988, normas que desarrollaron la elección popular de alcaldes que se había consagrado en la reforma constitucional que incluyó la elección popular de alcaldes; así mismo, allí se señaló que “Los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos para períodos de dos (2) años, el día que fije la Ley...”. A su vez, en la Ley 78 se estableció que los alcaldes tendrán un período de dos años que se iniciaría el 1° de junio siguiente a la elección, fórmula que se reiteró en el Decreto número 1001 de 1988, en donde se dispuso que “Los Alcaldes electos que inicien período se posesionarán el 1° de junio siguiente a su elección”. Excepcionalmente dicha fecha de posesión no se cumple cuando “... de acuerdo con

los casos establecidos en la Ley, sean elegidos después de principiado el período o designados o encargados por el Presidente de la República, Gobernador, Intendente o Comisario”, en estas hipótesis los alcaldes “... se posesionarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la declaratoria de la elección o de la comunicación de su nombramiento según sea el caso”. A raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991, el período de los alcaldes se modificó, en tanto que se amplió a tres años y en el Artículo Transitorio 19 de esta codificación superior se dispuso que los alcaldes elegidos en 1992 “ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994”; así mismo, el artículo 85 de la Ley 136 de 13 19941, inciso segundo, prescribía que “Los alcaldes tendrán un período de tres (3) años que se iniciará el primero de enero siguiente a la fecha de su elección...” La aseveración sentada ab initio, según la cual la posesión ha de efectuarse en forma inmediata al vencimiento del período del alcalde que se reemplaza, se corrobora si se consideran todas y cada de las posesiones de los alcaldes elegidos para un período de los denominados típicos, es decir, de aquellos en los que es coincidente de manera general y uniforme la fecha de elección y el inicio del período. En efecto, la generalidad indica que todos los alcaldes elegidos el 26 de octubre para el período 2004–2007, asumieron la función el 1° de enero de 2004, ratificándose el enunciado según el cual la

posesión se impone de manera inmediata al agotamiento del periodo del alcalde que se reemplaza, que ocurría el 31 de diciembre de 2003. Esta regla de inmediatez en la posesión se ha de cumplir igualmente para el caso de los alcaldes cuyo período es atípico, pero, como es apenas obvio, no operara a partir del 1º de enero, sino a partir del día siguiente al fenecimiento del período del alcalde que se reemplaza; es más, éste no puede continuar en el ejercicio de la función porque, como atrás se señaló, por disposición de la Carta Política, su período es de tres (3) años –término que no puede ser modificado ni por ley, ni por acto administrativo, y menos por el capricho del elegido que se niega a asumir la función para la cual se le designó por voluntad popular-. Así, se reitera, al funcionario que se le vence el período 1 Norma declarada inexequible mediante sentencia C-448 de septiembre 18 de 1997. El argumento de la declaratoria es que el período no necesariamente ha de iniciar el 1° de enero por cuanto que en los eventos en que se presente vacancia en el cargo, cualquiera sea la causa que lo motive, se impone la elección popular del reemplaza; dijo la H. Corte que “ la fijación de fechas por parte de la Ley en las elecciones es legítima siempre y cuando se entienda que ella es una regla general, pero que no implica una coincidencia forzosa de las elecciones y fechas de posesión de todos los alcaldes del país” 14 le corresponde hacer dejación del cargo y a quien se le elige asumir el mismo en forma

inmediata. El Decreto 1001 de 1988 contempló excepciones frente a la inmediatez de la posesión, para unos particulares y precisos eventos: “...Los que de acuerdo con los casos establecidos en la ley, sean elegidos después de principiado el periodo o designados o encargados por el Presidente de la República, Gobernador, Intendente o Comisario, se posesionarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la declaratoria de la elección o a la comunicación de su nombramiento, según sea el caso”. Si bien se trata de una disposición anterior a la Carta Política de 1991, y por ende dictada para un esquema precedente y distinto, las hipótesis planteadas no corresponden al de los alcaldes atípicos. La disposición se refiere a los alcaldes designados o encargados, y a aquellos elegidos en fechas diferentes de las generales. Y se dice que no pueden aplicarse, porque los alcaldes con periodos atípicos fueron elegidos en la misma fecha general (26 de octubre), pero sus mandatos se iniciaban cuando fenecieran aquellos de los burgomaestres anteriores. Resultaba imposible, pues, que se posesionaran dentro de los diez días siguientes a la elección, porque los periodos de sus predecesores terminaron entre el mes de octubre después de la elección y fines de diciembre del 2003. 15 Los alcaldes elegidos el 26 de octubre de 2003, para atender alcaldías de municipios con periodo atípico, según lo previsto en el Acto Legislativo No. 002 de 2002 en aquellos eventos en que los periodos de los mandatarios locales terminaran entre la fecha de promulgación de la reforma constitucional (7 de agosto de 2002) y el 31 de

diciembre de 2003, debían posesionarse a más tardar el día siguiente de la finalización del periodo de su antecesor. Aquellos alcaldes cuyos períodos resultaban por razón de las circunstancias, atípicos, que no se posesionaron en el cargo inmediatamente vencido el periodo del burgomaestre que se reemplazaba, su comportamiento no puede ser entendido sino como un ardid encaminado a eludir la aplicación del Acto Legislativo 02/2002 y, por ende, evitar subsumir su período en lo dispuesto por la Norma Constitucional, habida consideración que el mismo ya no sería de cuatro (4) años comportamiento que no puede ser de recibo, ni puede enervar los postulados de la norma constitucional que estableció su periodo; es más, dado que el período de estos alcaldes -que como se indicó será equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar a 31 de diciembre de 2007, como se trata de un periodo institucional y no personal, éste se determinara desde el momento de la terminación del período del que se reemplaza y dilatar el acto de posesión es un actuar que va en detrimento del elegido, toda vez que esto hará que el período real y efectivo de ejercicio en el cargo se aminore.

3. Del asunto de mérito En el proceso electoral llevado a cabo el 26 de octubre del 2003, específicamente en el caso de los alcaldes, existían en el territorio de la Nación algunos municipios con 16 periodos que se encontraban por fuera del sistema institucional (1º de enero como fecha de iniciación de mandatos), y que se hallaban, por lo tanto, sujetos al régimen

excepcional y transitorio del artículo séptimo del Acto Legislativo No. 2 de 2002. Se destaca que uno de los aspectos fundamentales de esta enmienda constitucional fue organizar en forma definitiva la institucionalización de los periodos de cuatro años de gobernadores y alcaldes a partir del primero de enero de 2008. La norma Constitucional dispuso perentoriamente que: “ Artículo 7o. La Constitución Política tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor: “ARTICULO TRANSITORIO: Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus periodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un periodo que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007....” (El subrayado y destacado son ajenos al texto) A partir de la vigencia de este acto reformatorio de la Constitución Política, Acto Legislativo número 2 de 2002 -el 7 de agosto del 2002-, fecha de publicación en el Diario Oficial número 44893, el carácter personal del período de los alcaldes quedó abolido y pasó a ser INSTITUCIONAL, con el agregado de que tanto sus inicios como la finalización de los mismos quedaba señalado de manera clara y concreta. Así se desprende al efectuar una interpretación armónica de las disposiciones del Acto Legislativo 2 del 2002, en especial y para el caso de los alcaldes del artículo 3° modificatorio del artículo 314 de la Constitución Política en concordancia con inciso

tercero del artículo transitorio ibídem. 17 El carácter INSTITUCIONAL DEL PERIODO impone considerar que su iniciación y terminación no depende el acto de posesión del elegido, como acontecía en tratándose del periodo de carácter PERSONAL, en donde el periodo de tres (3) años comenzaba a surtirse a partir del momento de la posesión en el cargo por parte del elegido alcalde. A partir de la vigencia del Acto Legislativo 2 del 2002, el período de cuatro (4) años se inicia y termina dentro del perentorio término señalado por la Constitución; para los casos en los que no se presentaba situación que modificara el período, períodos típicos, los alcaldes elegidos lo serían por el término de cuatro (4) años contados a partir del 1° de enero del 2004 y hasta el 31 de diciembre del 2007; para aquellos casos exceptuados de la generalidad, periodos atípicos, el período se determinaría de conformidad con el artículo transitorio y serán unificados todos los períodos sin excepción a partir del 1° de enero del 2008. El constituyente, con este sistema proyecta la institucionalidad de todos los periodos de los mandatarios regionales, con el fin, entre otras cosas, de unificar los calendarios electorales y normalizar un régimen diferente; así se desprende de los términos del penúltimo inciso del artículo transitorio que a la letra dice: “En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del

país, PARA PERIODOS INSTITUCIONALES DE CUATRO AÑOS, QUE SE

INICIARAN EL 1° DE ENERO DEL AÑO 2008”.

Dado que las normas en conjunto constituyen un todo armónico, es por ello que no es admisible que se aprecien y consideren aisladamente como si se tratara de ínsulas, cada una independiente y sin relación entre sí, por cuanto ello podría conducir a vaciar de contenido las normas y a generar un caos social y jurídico. Las disposiciones deben considerarse dentro del contexto general, deben ser correlacionadas entre sí e 18 interpretadas sistemáticamente, con un efecto útil, que no puede ser otro distinto al que quiso el legislador, o en este caso el constituyente derivado. Al expedir el Acto Legislativo 2 del 2002, el Congreso, conocedor de la problemática que existía en relación con los períodos de los alcaldes