PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Prueba idónea para la demostración de suplantación

Bogotá D.C. Enero 27 de 2.006 Concepto No. 05/2006 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 23001233100020030145601

Radicado Interno número: 3906

Actor: DAVID JORGE CHEJNE NADER Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 6 de octubre de 2.005, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante el cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor Ferney Adel Bertel Rojas, como Alcalde del Municipio de Buenavista, para el período 2.005-2.007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor David Jorge Chejne Neder, en ejercicio de la pretensión de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Córdoba para que, previos los trámites del respectivo proceso, se efectuarán las siguientes declaraciones: “1.- Que es nulo el acto declaratorio de la elección de alcalde municipal de Buenavista, Córdoba, contenido en el Acta de Escrutinio (Formulario E-26 AG) de la Comisión Escrutadora de éste municipio, de veintiséis (26) de octubre del presente año (2003), mediante el cual se declaró alcalde electo del municipio de Buenavista, Córdoba, al ciudadano Ferney Adel Bertel Rojas, como resultado de 1 las elecciones del veintiséis (26) de octubre del año mencionado (2003) para el período constitucional 2.004-2.007.

“2.- Como consecuencia de la anterior declaración se ordene y practique un nuevo escrutinio únicamente para Alcalde Popular del Municipio de Buenavista, Córdoba, para el período constitucional 2.004-2.007; escrutinio que deberá practicarse exclusivamente con base en los registros electorales que no se declaren afectados de nulidad en virtud del presente proceso, correspondientes a la elección del veintiséis (26) de octubre del año que transcurre (2003). “3.- Que son nulas las Actas de Escrutinio de los jurados de votación (Formulario E-14) de las siguientes mesas del municipio de Buenavista, Córdoba, así: Zona Urbana: Mesas de votación números 1,2,4,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20, de la Zona 00 puesto 00.

Corregimientos: Mesas de votación números 1,2 y 3 del Corregimiento de Villa Fátima.

Mesas de votación números 1 y 2 del Corregimiento de Nueva Estación Mesas de votación números 1 del Corregimiento del Viajano Mesas de votación números 1 del Corregimiento de Mejor Esquina. “4.- Que con base en los resultados que se obtengan en el escrutinio correspondiente, se haga una nueva declaratoria de elección de acalde popular de Buenavista, Córdoba, para el período constitucional del 2.004-2.007, se ordene expedir y realmente se expida la nueva credencial de alcalde popular en reemplazo de la anterior que debe ser cancelada y se comunique la anterior novedad a quienes deban conocerla, por oficios que deben librarse al Honorable

Consejo Nacional Electoral, a los Delegados del Registrador del Estado Civil en el Departamento de Córdoba, al Gobernador de este Departamento y al Honorable Concejo Municipal de Buenavista, Córdoba.” 2 A) Hechos Refirió el actor que el 26 de octubre de 2.003 se llevaron a cabo elecciones en el municipio de Buenavista (Córdoba) para la escogencia de sus autoridades locales, para el período 2.004-2.007, resultado elegido como alcalde el señor Ferney Adel Bertel Rojas, y declarado así por la Comisión Escrutadora Municipal, el 2 de noviembre de 2.003. Que con antelación a la fecha de elección se efectuaron, entre el 9 y 23 de junio, las inscripciones de ciudadanos, verificándose en el municipio de Buenavista una afluencia masiva de 2.047 ciudadanos, de los cuales al menos el 90% votaron fraudulentamente, esto es, contraviniendo la prohibición contenida en el artículo 316 de la Constitución Política y los artículos 3 y 4 de la ley 163 de 1.994. Según el actor, las personas que votaron fraudulentamente en las elecciones del 26 de octubre para alcalde del municipio de Buenavista, no eran residentes de esa municipalidad, tal y como lo demostraban los formularios de lista de sufragantes de los años 1.997, 1.999 y 2000, en donde habían ejercido el derecho al sufragio en otros municipios. Igualmente manifestó que ciudadanos excluidos del censo electoral de Buenavista mediante Resolución No. 5570 del 17 de octubre de 2.003 del Consejo Nacional

Electoral sufragaron, pese a dicha prohibición. Más adelante, a folios 2 al 4 relacionó las personas excluidas del censo electoral y que votaron. Del folio 9 al 23 señaló los ciudadanos trashumantes, y del folio 23 al 29 los ciudadanos que fueron suplantados. 3 B) Normas violadas y concepto de la violación Como disposiciones violadas el actor citó los artículos 316 de la Constitución Política, el artículo 4º de la Ley 163 de 1.994, el artículo 223-2 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 1, 2, 12, 14, 142, 144, 160, 163 a 176 del Código Electoral. Como concepto de violación señaló que el artículo 223-2 del C.C.A. señalaba que serían nulas las actas de escrutinio cuando apareciera que el registro era falso o apócrifo, o falsos y apócrifos los elementos que hubieren servido para su formación; norma sobre la cual sustentó la acusación de las mesas relacionadas en la demanda, en las que sufragaron ciudadanos que no podían ejercer el derecho al voto, por no residir en la respectiva municipalidad, circunstancia que en sentir del actor mutó la verdad electoral. Sobre el particular trajo a colación apartes de la sentencia de enero 28 de 1.999 exp. 2125, M.P. dr. Mario Alario Méndez, en la que se dijo que sin perjuicio de que el Consejo Nacional Electoral declarare sin efecto la inscripción cuando comprobare que el inscrito no residía en el mismo municipio, no por ello podía entenderse autorizado

para votar a quien no se le dejó sin efecto la inscripción y no residiera en el municipio de que se trate. De igual forma, indicó que existía falsedad o apocrifidad de las actas en cuanto se permitió sufragar a ciudadanos que habían sido excluidos del censo electoral -mediante Resolución 5570 de octubre 17 de 2.003en el debate electoral para la alcaldía del municipio de Buenavista. De allí, que la práctica de incluir en los censos electorales municipales a personas que no residen en el lugar y escrutarlos junto con los votos de 4 los residentes, y que afectaba a los habitantes del municipio, violaba las disposiciones constitucionales. Transcribió igualmente apartes de la sentencia de diciembre 10 de 1998 del Tribunal Administrativo de Córdoba, en el que por hechos similares, se declaró la nulidad de la elección del señor Nicolás Manuel Álvarez Ortiz como alcalde del municipio de Purísima.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante auto de 20 de enero de 2.004, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

3. Corrección de la demanda Dentro del término para el efecto, el actor presentó escrito de corrección de la demanda, adicionando, en el acápite de las pretensiones, la petición de nulidad de las mesas 3, 5 y 8 de la zona urbana, y de la zona rural el corregimiento de El Paraíso. De igual manera, relacionó a folios 65 a 82 de la demanda los ciudadanos trashumantes y suplantados en las diferentes mesas de votación del municipio, haciendo alusión a la

falta de coincidencia entre los formularios E-11 y E-14 de la mesa No, 2, 3, 5, 7, 9, 13 y personas fallecidas que aparecieron votando, y personas que habían sido excluidas del censo electoral y que votaron. 5

4. Contestación de la demanda El señor Ferney Edel Bertel Rojas contestó la demanda, por conducto de apoderado judicial, y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones. Manifestó atenerse a lo que se probare dentro del proceso. Sostuvo que el actor confundió el verdadero alcance del concepto de residencia electoral, haciendo una errónea interpretación de los artículos 4º de la Ley 163 de 1.994 y 83 de la Ley 136 de 1.994.

Afirmó la defensa que en Colombia, la residencia electoral era aquella en donde se encontraba registrado el votante en el censo electoral, siendo claro, entonces, que residencia electoral no era donde viviere el votante, sino en donde se encuentra registrado para efectos del censo electoral. De otra parte, indicó que si bien el artículo 83 de la ley 136 de 1.994 permitía que para efectos electorales pudiera tenerse varias residencias, para la Corte, dicha norma quedó subrogada o derogada por el artículo 4 de la ley 163 de 1.994, con la cual la residencia electoral es una sola. No obstante, la reciente jurisprudencia del Consejo de Estado da una interpretación distinta a dichas normas, entendiendo que el artículo 4 de la ley 163 de 1.994 no ha subrogado el artículo 83 de la ley 136 de 1.994, sino que son prescripciones normativas que se complementan.

Luego de transcribir apartes de las sentencias aludidas, concluyó que pueden presentarse situaciones o eventos en los cuales la persona, a pesar de no residir (vivir) en el municipio donde se encuentra registrado en el censo electoral, puede votar en él. Afirmó, entonces, que en Colombia no votan solo los que solicitaron o llegaron a inscribir su cédula de ciudadanía por habitar o vivir en el respectivo municipio en aplicación de la norma del artículo 4º de la Ley 136 de 1.994, sino también aquel que se 6 encuentra registrado en el censo electoral y los ciudadanos que originariamente se les hallan expedido sus cédulas en un determinado municipio. Sobre el particular arguyó que el artículo 7º de la Ley 6a de 1.990 al derogar el artículo 76 del Código Electoral (Decreto2241 de 1.986), dispone: “A partir de 1.988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. “Permanecerá en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1.988 y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban mientras no sean canceladas o inscritas en otro lugar”. De ello coligió que los ciudadanos o cédulas por las que según el demandante se invalidaría la elección, sí podían votar porque se cumplía con las exigencias del artículo 4º de la Ley 163 de 1.994 y del artículo 183 de la Ley 136 de 1.994. Entre las razones expresadas, porque: i) Se encontraban registrados en el censo electoral de Buenavista,

teniendo entonces residencia electoral; ii) Si se encontraban allí, habían declarado vivir en el municipio de Buenavista en ese momento, presunción que no se desvirtuaba con el solo hecho de acreditar que su SISBEN no era de dicho municipio; iii) Aparecían en el censo del municipio, teniendo por ende residencia electoral, pues sus cédulas de ciudadanía son originariamente expedidas en el mismo, siempre han votado allí, y no han solicitado inscripción en otro municipio, siendo esta la situación que cobija a la mayoría de los votantes por los cuales se acusa la elección; en otros casos, se residía en el momento de la inscripción no solo porque vivían allí, sino porque ejercían habitualmente empleo, oficio, trabajo o negocio; iv) Muchos de los ciudadanos que se señalaron como presuntos trashumantes -y que se indican como nuevos inscritos-, no lo eran pues lo que ocurrió no fue una nueva inscripción sino una zonificación por redistribución en la geografía del municipio de varios ciudadanos, es decir, que se 7 abrieron nuevos sitios de votación en donde se inscribieron porque les quedaba más cerca de su lugar de habitación. En el caso de “El Paraíso” que había pasado de ser una vereda a un corregimiento, no se colocaban mesas de votación, habiendo sus ciudadanos votado en Buenavista en las pasadas elecciones, por lo que no hubo nueva inscripción sino reubicación o zonificación; v) Por último, señaló que el hecho de haber votado en las elecciones pasadas en otro municipio, no probaba la transhumancia, pues no existía prohibición constitucional, ni legal para cambiarse de domicilio.

En cuanto a otros aspectos de la demanda, destacó que los listados del SISBEN no siempre resultaban suficientes para probar la residencia electoral y que en el caso de los supuestos 547 transhumantes, también aparecían en el SISBEN del municipio Buenavista, presentándose una doble sisbenización, siendo el listado de mayor certeza probatoria el presentado por el demandado, es decir, los que indican que los ciudadanos están afiliados al SISBEN del municipio de Buenavista. De otro lado, señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no bastaba con señalar los ciudadanos no residentes en el municipio que sufragaron, sino que era necesario que el número de votos de esas personas alterara el resultado de la elección. En el presente caso, la diferencia entre el ganador y quien le siguió en lista no alteraba el resultado electoral, pues la diferencia fue de 278 votos, y de los ciudadanos enlistados como trashumantes 547 solo 305 están cobijados por la certificación expedida por el alcalde y listados del SISBEN, 305 ciudadanos de los cuales se demostró su residencia. En relación con la falsedad por las supuestas suplantaciones, adujo que no se trataba de suplantaciones sino que pudo existir una anotación equivocada del jurado en el listado de los votantes, anotando el nombre de la persona en un lugar distinto al que le 8 correspondía, pero que la persona supuestamente suplantada si hacía parte del censo electoral. Otro aspecto que dijo debía tenerse en cuenta era aquel de los desplazados por la violencia, quienes oportunamente inscribieron sus cédulas al no poder el Estado

garantizar su permanencia en los municipios de origen. Llamó la atención en el hecho de que las únicas mesas demandadas, fueron aquellas en donde el demandante perdía las votaciones con una ventaja considerable y citó casos especiales, como el de la esposa del electo alcalde, quien poseía un establecimiento comercial en el municipio, y la hermana y sobrina del mismo demandante, colocadas como trashumantes, pero que residían en esa municipalidad y otro sinnúmero de personas de las cuales tienen vínculos con el municipio.

5. Tercero interviniente El señor Agustín Segundo Barba López solicitó que se le tuviera como parte para prohijar las pretensiones de la demanda en las declaraciones hechos y pretensiones, las cuales reseñó de manera sintética.

6. Alegatos de conclusión La parte demandada, en su escrito de alegatos, reiteró las consideraciones esbozadas en la contestación de la demanda. Adujo que de los 245 ciudadanos que el actor señaló como trashumantes fueron enlistados igualmente en los que se relacionan en las fichas o listados del SISBEN para aumentar el presunto número de electores. Tampoco dichos 9 ciudadanos aparecen en la resolución del Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se dejó sin efecto la inscripción de ciudadanos.

De igual manera, insistió que, de acuerdo con la jurisprudencia invocada a lo largo de la defensa, no se configuraba la presunta trashumancia electoral, toda vez que aparecían testimonios en los que se señalaba que varios de los presuntos trashumantes eran trabajadores del municipio de Buenavista, o sus cupos numéricos correspondían a la Registraduría de Buenavista. Por su parte, el actor en su escrito de alegatos, a folios 383 a 427, destacó los nombres

de los presuntos trashumantes, así como las personas suplantadas en las mesas y puestos relacionados en la demanda. Dentro de su oportunidad, el agente del Ministerio Público presentó escrito de alegatos y solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda, toda vez que la cifra de los votos susceptibles de anulación, no tenían la magnitud de incidir en el resultado electoral. En efecto, después de efectuar un análisis de las pruebas obrantes al proceso, en relación con cada uno de los cargos invocados por el actor, indicó que en relación con el cargo de la trashumancia electoral, éstos no servían de sustento a dicha pretensión, pues tanto las certificaciones del Sisben, como las expedidas por el alcalde sobre no residencia, no constituían prueba de la residencia electoral. En relación con las personas fallecidas, señaló que el actor solo había logrado demostrar dos (2) de los casos señalados en la demanda, no así, los casos de diferencias entre los formularios E-11 y E-14, donde se advirtió que solo existía un mayor número de votos que votantes en una sola de las mesas censuradas, con un solo sufragio de diferencia. Que tampoco había probado el actor que, las personas que 10 no hacían parte del censo del 2000 y 2002 no se hubieran inscrito y sin embargo hubieran votado. De otra parte, el agente sostuvo que el cargo de suplantación tampoco estaría llamado a acogerse, toda vez que si bien la parte accionante logró demostrar que los cupos numéricos que determinó para cada una de las mesas impugnadas corresponden ciertamente a las personas que indica como subtitulares, en el expediente no militaba

evidencia alguna que permitiera precisar cual era el número de las respectivas cédulas de ciudadanía de los ciudadanos que se consideraban suplantados. En cuanto a la participación de personas que votaron dos veces, dijo que sólo se logró demostrar el caso de la señora Nereida Seiza Navarro, que sufragó en la mesa No. 2 de Nueva Estación en calidad de ciudadana y de jurado de votación, razón por la cual solicitó despachar parcialmente el cargo. De otro lado, indicó que se encontraba desvirtuado el cargo de que hubo participación electoral de personas que votaron utilizando cédulas inexistentes, ya que obraba dentro del expediente, certificación del Archivo Nacional de Identificación, que constatan que los cupos numéricos que figuran votando en las mesas 13,19 y 20 si existen. Finalmente, en cuanto a la participación de personas que no figuraban en el formulario E-10 y E-11, señaló que se imponía la nulidad de 4 votos depositados por los titulares de las cédulas enlistadas en la demanda, puesto que ciertamente no aparecían registradas para las elecciones del 2.003, y la invalidación de un voto de la mesa 2 del corregimiento de Nueva Estación. 11

7. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 6 de octubre de 2.005, denegó las pretensiones de la demanda manifestando que el número de irregularidades demostradas en el proceso, que fueron apenas 94, no alcanzaba a alterar el resultado electoral, toda vez que la diferencia existente entre el candidato ganador y el segundo en votación fue de 278 sufragios.

Adujo el Tribunal que la demanda se sintetizaban los siguientes cargos: i) La transhumancia electoral; ii) La suplantación de electores; iii) Personas que votaron con cédulas de personas fallecidas; iv) Personas que votaron con cédulas excluidas del censo electoral; v) Personas que votaron con cédulas que aún no había entregado la Registraduría; vi) Personas que votaron sin hacer parte del censo electoral; vii) Doble votación de personas y de jurados de votación; viii) Diferencias entre los formularios E11 y E-14. Respecto del primer cargo, señaló que la nulidad de una elección local, como consecuencia de la nulidad del voto por trasteo de sufragantes, se derivaba de la aplicación directa de la Carta y del principio de supremacía de la Constitución, que imponía la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía. Para ello era necesario demostrar que los inscritos no residían en el municipio, que votaron, y que los votos irregulares tuvieron incidencia en el resultado final. El Tribunal, luego de analizar el concepto de residencia electoral, indicó que en el caso en cuestión, el actor demandó la inscripción irregular de 2047 personas. Que dentro de las pruebas obrantes al proceso, se habían allegado certificaciones del alcalde en donde señalaba que un determinado número de ciudadanos no residían en esa 12 municipalidad, pero que dicho funcionario no estaba facultado para certificar que una persona no residía en un municipio, pues de conformidad con el artículo 82 del Código Civil y 333 numeral 4 del Código de Régimen Político y Municipal, solo podía certificar

la vecindad de una persona; que inclusive el artículo 4 de la ley 163 de 1.994 señalaba que la competencia para declarar la no residencia de un ciudadano correspondía al Consejo Nacional Electoral, a través de un procedimiento breve y sumario. Respecto de las pruebas testimoniales señaló que algunas versiones manifestaron que conocían a algunas personas como residentes del municipio de Buenavista al punto de detallar los lugares en donde habitaban, sus características físicas y el parentesco con algunos familiares, que hacían confiables las declaraciones. De otra parte, sostuvo que los registros del SISBEN no constituían plena prueba de la residencia electoral, en primer lugar, porque de acuerdo con la ley 100 de 1.993 artículo 156, los beneficiados del régimen subsidiado de seguridad social son los pertenecientes a la población más vulnerable, lo cual no incluye a las personas con capacidad de pago o quienes se encuentren empleados; luego no comprende a la generalidad de la población. En segundo lugar, porque solo pueden afiliarse las personas que residan en áreas definidas como de estratos 1 y 2, o como residentes de la zonas rurales, o que residan en municipios clasificados en las categorías 5 y 6 por la ley 136 de 1.994. Así las cosas, el registro en el Sistema de Información para la identificación de beneficiarios de subsidio (SISBEN), si bien es un indicio de que el afiliado habita en la localidad, no constituye plena prueba, denegando así las pretensiones del cargo de transhumancia. En cuanto a la suplantación de electores, el demandante sostuvo que en varias mesas de votación se presentó fraude electoral al aparecer sufragando nombre de ciudadanos,

13 que no correspondían al titular de la cédula de ciudadanía. Para analizar dicho cargo la Sala indicó que se daba la suplantación, cuando sin justificación al número establecido en el formulario aparecía como sufragante persona distinta a aquélla que válidamente se identificaba con dicho número sin consideración a que se sepa cual es el documento de identidad expedido al suplantador; es decir, que no se debe tener en cuenta que se encuentre o no acreditado el nombre y el número del suplantador. Así las cosas, señaló que podían tenerse como inválidos 32 votos depositados por personas no autorizadas para hacerlo en las casillas donde fueron registrados. Dicho cargo para el Tribunal estaría llamado a prosperar, en el evento de que sumados con otros que se llegaren a demostrar, se superase la diferencia alcanzada entre el candidato ganador y el que le siguió en votación. En relación al cargo de personas que votaron con cédulas de personas fallecidas, no aportó el actor la prueba sobre el fallecimiento de las mismas, a excepción de 2 de las cuales se incorporó mediante certificado de registro civil de defunción. En cuanto a las personas que votaron con cédulas excluidas del censo electoral señaló que el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 5570 de 17 de octubre de 2.003 dejó sin efecto 80 inscripciones, de las cuales de conformidad con los formularios E.-11 o Registro de Votantes, 46 de los relacionados por el actor se verificó que votaron a excepción de 2 que no figuran votando, siendo la aludida resolución de cumplimiento inmediato por constituir medidas de policía administrativa.

En cuanto a las personas que votaron y que aún la Registraduría no les había entregado las cédulas, obraba a folio 335 del expediente, una certificación de los Delegados de la Registraduría, en el cual se daba cuenta que los documentos 14 relacionados por el actor si fueron expedidas y podían ejercer legítimamente el derecho al voto. De las personas que sufragaron sin hacer parte del censo electoral y tampoco ser inscritas de los listado aportados por el demandante, sólo 4 resultaban anulables según el Tribunal, por no aparecer relacionadas en los formularios E-11 de la mesa 20 y 8. En cuanto al cargo de doble votación de personas y de jurados de votación el Tribunal señaló que estaba probado que la señora Tulia Rosa Benítez Ricardo votó en la mesa 9 del municipio de Buenavista y en la mesa 6 del municipio de Planeta Rica, pero que ese hecho irregular no demostraba la doble votación, al haberse ejercido en dos municipios distintos, hecho que no beneficiaba a ninguno de los candidatos. Respecto de la señora Nereida Seiza Navarro, que registró su voto en la mesa 2 del corregimiento de Nueva Estación e igualmente aparece relacionada en la casilla de los jurados, pero no fue aportado el formulario E-14 de dicha mesa para poder verificar la cantidad de votos depositados. Finalmente, en cuanto a las diferencias entre los formularios E-11 y E-14 sostuvo el Tribunal que una irregularidad como la planteada para su demostración requería que se demostrara la alteración en los formularios E-11, E-14 y E-24, los dos primeros

allegados al proceso, con los cuales no obstante no haberse aportado el formulario E24 realizó el cotejo de las mesas 2,3,5,7,9,13 y 18, anulando un total de 13 votos en aquellas mesas donde el número de sufragios es mayor al número de votantes. 15

8. Recurso de apelación El actor, inconforme con el fallo de primera instancia, interpuso recurso de apelación para obtener la revocatoria de la sentencia. Cuestionó cada una de las mesas sobre las cuales los declarantes dijeron que varias de las personas indicadas como trashumantes si residían en el municipio de Buenavista. Expresó que resultaba contradictoria su declaración con la manifestación expresada en los formularios E-3 de inscripción, en donde indicaron como lugar de residencia un sitio distinto al señalado por el deponente.

Igual consideración realizó respecto de las personas suplantadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO El asunto se encuentra en trámite de segunda instancia, por razón de la interposición del recurso de apelación para ante el Consejo de Estado en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección del señor Ferney Adel Bertel Rojas como alcalde del municipio de Buenavista para el período 2004 – 2007.

Verificados los presupuestos procesales y no observando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Publico a emitir el concepto de rigor que le corresponde.

16 Del escrito de demanda esta Procuraduría Delegada puede precisar que los cargos formulados en contra del acto de elección se pueden señalar como a continuación se enlistan: i) Participación en el proceso electoral de personas no residentes en el municipio –trashumancia electoral-; ii) Participación en el proceso electoral de personas excluidas del censo electoral por disposición del Consejo Nacional Electoral; iii) Suplantación de electores; iv) Ciudadanos fallecidos que fueron relacionados como sufragantes; La demanda inicial fue objeto de admisión por parte del H. Tribunal mediante proveído calendado a 20 de enero del 2004. En escrito posterior, el actor presentó reforma de la demanda y en ella propuso hechos nuevos no señalados en el escrito inicial de demanda, como fueron los referidos con lo siguiente: i) Diferencias en los guarismos registrados en los formularios E-11 y E-14; ii) Participación en el debate electoral ciudadano titulares de cédulas que no hacían parte del censo electoral del municipio en los años 2000 y 2002, que no fueron inscritas y votaron en las elecciones del 26 de octubre; iii) Doble votación de ciudadanos; iv) Votación de personas titulares de cédulas inexistentes; v) Titulares de cédulas que no figuran en el censo electoral del municipio y que sufragaron. Ahora bien, para efectos de delimitar el debate del litigio propuesto por la parte actora, esta Procuraduría Delegada se permite a continuación referir algunos aspectos que se consignaron al rendir el concepto de rigor en el proceso radicado bajo el número de orden interno 3893, nulidad de la acción del alcalde del municipio de Ciénaga de Oro y

que se identifica con el numero de orden 129/2005 del 16 de noviembre del 2005, que se refiere a algunos de los temas relativos al debate propuesto. 17

1. Consideración preliminar Este Despacho de manera previa al estudio del asunto de fondo, quiere destacar los aspectos referidos con i) los límites que le impone al juzgador el carácter rogado de la justicia de lo contencioso administrativo por cuya virtud solo debe considerar los supuestos fácticos y jurídicos señalados por el actor en el escrito de demanda, que es el que fija el marco del debate y el cual debe ser considerado por las partes que intervengan en él asunto litigioso; ii) los límites que se tienen en relación con la adición y corrección de la demanda, por cuya virtud no es posible que el actor prevalido de esta garantía procesal presente cargos nuevos o mute las pretensiones inicialmente señaladas en el libelo por medio del cual incoa la acción, toda vez que ello corresponde al ejercicio de una nueva acción que solo podría ser considerada siempre y cuando no haya operado la caducidad de la acción, contrario sensu deberá ser desestimado todo nuevo hecho, argumento o pretensión que no se relacione con la demanda inicial y iii) los límites a la intervención del tercero coadyuvante.

En el caso del tercero interveniente, en el proceso en examen se limita a coadyuvar las pretensiones de la demanda sin aportar elementos de juicio nuevos, se remite a la demanda inicial tanto en lo relacionado con las declaraciones como en lo atinente con el fundamento fáctico de las pretensiones.  El carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo

Sobre este puntual aspecto esta Procuraduría Delegada se remite al precedente jurisprudencial señalado por el Consejo de Estado –Sección Quinta-, y que con la venia de la Corporación a continuación se cita. 18 “Esta jurisdicción, en punto del control de legalidad de los actos administrativos, incluidos los de contenido electoral por supuesto, se rige por lo normado en el