PGN - NULIDAD DE ELECCION DE ALCALDE - Supuesta inhabilidad por intervención en gestión de

Bogotá D.C. febrero 7 de 2.003 Concepto No. 011/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. MARIO ALARIO MENDEZ

E. S. D.

Referencia: Expediente número 3064

Actor: CARLOS ALBERTO FRANCO HURTADO Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual denegó las súplicas de la demanda de nulidad del acto de elección del señor

Francisco Javier Gómez Castaño como Alcalde Municipal de Filadelfia (Caldas), para el período 2002 -2005.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Carlos Alberto Franco Hurtado, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, solicitó que mediante sentencia ejecutoriada se hicieran las siguientes declaraciones: “1.- Que se declare la nulidad del ACTA PARCIAL DE ESCRUTINIO DE LOS VOTOS PARA ALCALDE DE FILADELFIA contenida en el formulario E-26 AG de fecha 16 de abril de 2002 emanada de la Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la cual se declaró elegido Alcalde del Municipio de

1 Filadelfia en las elecciones celebradas en este municipio el día 14 de abril de 2002, al señor FRANCISCO JAVIER GOMEZ CASTAÑO para el período constitucional 14 de junio de 2002 a 13 de junio de 2005; y del ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO MUNICIPAL de fecha 16 de abril de 2002 y suscrita por la misma Comisión Escrutadora;

“2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene la cancelación de la respectiva credencial expedida a nombre del señor FRANCISCO JAVIER GOMEZ CASTAÑO como Alcalde del Municipio de Filadelfia (Caldas); “3.- Que se comuniquen las anteriores decisiones a las autoridades que deban cumplirla: Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y Gobernación de Caldas”. A) Hechos El actor refirió que el día 14 de abril del 2002, se llevó a cabo la jornada electoral en el Municipio de Filadelfia (Caldas), la cual culminó con la elección como Alcalde para el período 2002 - 2005 del señor FRANCISCO JAVIER GOMEZ CASTAÑO, tal como lo corrobora el acta de escrutinio final suscrita el 16 de abril de 2002. Señaló en su demanda que el elegido alcalde, en su condición de médico cirujano, el 2 de agosto del 2000, celebró contrato de trabajo en la modalidad de término indefinido con la E.P.S. DE CALDAS S.A., Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, el que se dio por terminado el día 1 de agosto del 2001, es decir, ocho (8) meses y catorce (14) días antes de efectuarse las elecciones, y cinco (5) meses, veintiún (21) días antes de haber inscrito su candidatura; además, dijo que no obstante haberse dado por terminado el contrato, las funciones que venía cumpliendo -las cuales se resumían a las de auditor médico, revisión de cuentas médicas, auditorías de campo para revisión de historias clínicas y

2 presentación de informes a la subgerencia de servicios-, continuaron prestándose a su antiguo empleador a través de la firma Cooperativa Multiactiva de Trabajo del Nuevo Milenio “Coopmilenio”, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios. El actor resaltó que, aunque en el contrato entre el demandado y la E.P.S. DE CALDAS S.A., figura como lugar de ejecución del mismo la ciudad de Manizales, de la certificación otorgada por el Director del Hospital San Bernardo de Filadelfia (Caldas), se colige que se desempeñaba como médico auditor de campo en todos los municipios del departamento con los cuales la E.P.S. había contratado la prestación de los servicios medicohospitalarios a sus afiliados a través de las I.P.S. locales, siendo éste el caso del municipio de Filadelfia y su hospital San Bernardo. Así mismo, afirmó que los reportes de cuentas glosadas que la E.P.S. de CALDAS S.A., a través de su auditor médico, remitía a los gerentes de los Hospitales locales, eran prueba fehaciente de que la ejecución y cumplimiento del contrato suscrito por el demandado con su empleador, se efectuaba en el municipio de Filadelfia, hecho que enmarcó dentro del numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000; además, tal circunstancia le reportaba al señor Gómez Castaño una posición privilegiada con respecto a otros candidatos a la Alcaldía que no contaban con elementos para influir en el electorado, máxime cuando se encontraron pacientes pertenecientes al SISBEN que por su condición

socioeconómica eran más vulnerables a las exigencias políticas que con fines electorales podían hacerles para garantizarles su permanencia en el régimen subsidiado y su atención médico-hospitalaria en la única I.P.S de la localidad. El actor indicó que el Hospital San Bernardo del Municipio de Filadelfia fue transformado por medio del Acuerdo número 003 de enero 19 de 1999, en una Empresa Social del Estado, como categoría especial de entidad pública municipal, descentralizada, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, hecho que la colocaba en la esfera de 3 dependencia municipal política y administrativamente de las autoridades locales. Así mismo, el actor expuso que la candidatura del hoy alcalde, fue cuestionada ampliamente por algunos medios de comunicación escritos y radiales, así como por distintos sectores de la comunidad, pues era de público conocimiento su vinculación con la E.P.S. de CALDAS S.A., en donde ejercía con notoriedad y frecuencia sus funciones de auditor médico en el Hospital San Bernardo. Tan incontrovertibles eran los hechos constitutivos de la posible inhabilidad, que el propio candidato formuló consulta ante el Consejo Nacional Electoral en los siguientes términos: “... muy respetuosamente les solicito informarme acerca de la inhabilidad e incompatibilidad para acceder al cargo de Alcalde por voto popular. Así mismo pedir concepto jurídico específicamente en los siguientes asuntos. “1. Dentro de mi labor como médico auditor de una E.P.S. pública y ejerciendo funciones de mi cargo, el pasado 20 de junio del año en curso realicé una glosa de una cuenta del hospital del municipio donde

tengo aspiraciones políticas. ¿puede este hecho, de acuerdo con la ley generarme alguna inhabilidad? “2. Cuál es el plazo que estipula la ley para la renuncia de un funcionario público o privado con aspiraciones al cargo de alcalde por voto popular, y si estos términos cuentan desde el término de la elección o desde la inscripción de la candidatura”. “Cabe anotar que mi contrato a término indefinido como médico auditor finalizó el pasado primero de agosto del año en curso y según el calendario electoral dichas elecciones se llevarán a cabo el día 14 de abril del año 2002, es de anotar que en los actuales momentos sigo desempeñando las labores de Auditor Médico en la misma E.P.S., pero por medio de una cooperativa (Bolsa de Empleo) llamada Macro”. El Consejo Nacional Electoral, por intermedio de su Presidente Dr. Luis Felipe Cabal y del Magistrado ponente Dr. Juan Clímaco Jiménez, concluyó que tal inhabilidad: “1o. ... se configuraría puesto que la ley es muy clara al establecer el término de doce meses anticipados a la fecha de inscripción... Ahora, 4 como quiera que el contrato se venía ejecutando y finalizó el pasado 1 de agosto de 2001 y dado que las elecciones se efectuarán el 14 de abril de 2002, resulta lógico concluir que aún no ha transcurrido el plazo de ley. Por otra parte este tipo de contratos en que las partes conciertan para que sus prestaciones se sucedan indefinidamente en el tiempo, es decir, que se renuevan día con día hasta que se presente

alguna causal para que éste termine, permitiría concluir que para determinar la inhabilidad de (sic) podrá tomar el último día de trabajo como de iniciación y terminación del mismo. “2o. Otro aspecto a tener en cuenta es el contrato celebrado con la bolsa de empleos y que se ejecuta actualmente. De suyo de trata (sic) de un contrato de carácter privado, lo que a simple vista no genera inhabilidad alguna. Sin embargo, la prestación del servicio por parte del consultante, lo coloca en una posición privilegiada frente a los demás candidatos a la Alcaldía Municipal, toda vez que mediante el contacto con los potenciales electores a diferencia de los demás candidatos quienes no se encuentran en esta situación, ya que el contrato se está desarrollando actualmente en el mismo municipio al cual (sic) aspira a ser alcalde. Ahora bien, por tratarse de una entidad contratante (EPS) con una firma privada, la que a su vez contrató los servicios del médico auditor, ciudadano que venía al frente del cargo, resulta claro que continúa al frente del mismo lucrándose de su actividad bajo la figura de una contratación indirecta que involucra dineros oficiales, en franca posición dominante con relación a otros aspirantes”. Manifestó el actor, que el demandado no acogió el concepto emitido por esta autoridad electoral e inscribió su candidatura, hecho ante el cual, el 15 de febrero de 2002, la Presidenta del Concejo Municipal, señora Marben Janneth Orozco, solicitó al Registrador Municipal del Estado Civil la revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual el señor Francisco Javier Gómez Castaño inscribió su candidatura a la alcaldía de

Filadelfia. El mencionado funcionario estimó que no era procedente la revocatoria directa por cuanto al momento de la inscripción de las candidaturas no se está profiriendo acto administrativo alguno, siendo la inscripción un acto preparatorio del proceso electoral. Finalmente recalcó que era tan evidente la intención que tuvo el señor Gómez Castaño de utilizar su vinculación laboral con la E.P.S. de CALDAS S.A. y sobre todo la gestión de negocios que adelantó ante el Hospital San Bernardo de Filadelfia, con finalidad política y como arma de campaña electoral, que su programa de gobierno tuvo como eje central la salud, al punto que su frase de campaña fue “Para Filadelfia lo más SALUDABLE”. 5 B) Normas violadas y concepto de la violación El actor señaló como norma violada el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en las partes que a continuación se transcriben: “Artículo 95. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (...) “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal, o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. ... (subrayas fuera de texto). Y señaló, como concepto de violación, el quebrantamiento de la norma mencionada de diferentes maneras: a) Señala la norma la inelegibilidad de “quien dentro del año anterior a la

elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal”, circunstancia plenamente comprobada al ser el Hospital San Bernardo del Municipio de Filadelfia una Empresa Social del Estado del orden municipal. En cuanto a la intervención en la gestión de negocios ante estas entidades del orden municipal, está igualmente probado que el demandado gestionó de manera directa negocios en interés de su empleador, pues todos los formularios de la forma ACCG-01 (R-CM-01-01) contienen relación de pacientes en los cuales la I.P.S. contratista proporcionó atención médica ambulatoria u hospitalaria en una proporción o costo que desbordaba los topes del P.O.S. en ambos regímenes, lo cual significa que el demandado gestionó ante esta la corrección de cuentas que afectaban los intereses de aquella. b) Señala la norma violada “... o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros...”. La 6 circunstancia de haber celebrado contrato de trabajo con la E.P.S. de CALDAS S.A., de la cual es accionista el municipio de Filadelfia, contrato que se celebró en interés propio, inhabilitó al demandante, pues indudablemente para la fecha de elección, 14 de abril de 2002, se encontraba incurso en la prohibición de haber intervenido en la celebración de negocios “dentro del año anterior a la elección” ya que el contrato finalizó el 1 de agosto de 2001 y habían transcurrido solo ocho (8) meses y catorce (14) días desde su desvinculación con la entidad estatal. c) Indicó que la norma señala “... siempre que los contratos deban

ejecutarse o cumplirse en el respectivo Municipio...”, lo cual se corrobora con el material probatorio aportado, pues el lugar real de ejecución y cumplimiento del contrato no fue la ciudad de Manizales como aparece en el encabezado del contrato sino que su cobertura comprendía todos los municipios del departamento con los cuales la E.P.S. DE CALDAS S.A., había suscrito contrato para la prestación de los servicios médicos y hospitalarios, incluyéndose por tanto el municipio de Filadelfia. Finalmente, el actor solicitó la suspensión provisional de los actos demandados, fundado en los argumentos antes expuestos y en que se cumplían los requisitos señalados en los artículos 152 y 238 del C.C.A.

2. Admisión de la demanda Mediante providencia del 2 de mayo del 2002, el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y decretó la suspensión provisional del acto acusado.

La decisión del Tribunal sobre la suspensión provisional fue objeto de apelación para ante el H. Consejo de Estado, entidad que, mediante proveído del 5 de julio del 2002, revocó la medida provisoria, señalando que ésta medida cautelar procedía cuando fuere manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la solicitud, que se advierta por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos 7 con la solicitud y no como resultado del examen de cualesquiera pruebas, lo cual no se evidenciaba en el asunto de autos.

3. Contestación de la demanda El demandado, por intermedio de apoderado, manifestó su oposición a las pretensiones señaladas en el libelo, limitándose a afirmar en la mayoría de

los hechos que se atenía a lo que resultare probado en el proceso, como también que en las respectivas oportunidades procesales se pronunciaría sobre ellos. Adicionalmente, presentó recurso de apelación con relación a la resolución de la suspensión provisional del acto demandado.

4. Tercero interviniente El señor Ariel Valencia Mejía manifestó que se oponía a las peticiones de la demanda y apeló el auto que decretó la suspensión provisional del Acta Parcial de Escrutinio en la elección del Alcalde del Municipio de Filadelfia.

Consideró que la infracción de las disposiciones que se citan como vulneradas no fue manifiesta, pues en el caso bajo estudio se pretendió demostrar con fotocopia simple la existencia del contrato celebrado entre el doctor Francisco Javier Gómez Castaño con la E.P.S. DE CALDAS S.A., el que tuvo vigencia entre el 2 de agosto de 2.000 y el 1º de agosto de 2.001, y fue ejecutado en la ciudad de Manizales, tal y como consta en el encabezado de la misma. Para el tercero interviniente, además de no observarse la manifiesta infracción, el susodicho contrato no fue ejecutado en el municipio de Filadelfia, toda vez que, según los términos contractuales, éste se circunscribió a la realización de auditorias de las cuentas presentadas en Manizales, entre otras, la del Hospital Local de Filadelfia I.P.S., cuyas cuentas desglosadas, autorizaciones etc, fueron elaboradas todas en la ciudad de Manizales. 8 Transcribió apartes de la sentencia del Consejo de Estado del 14 de Agosto

de 1.995 (radicado 1347, M.P. doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía), en la que se señaló que la inhabilidad se cuenta a partir de la fecha de celebración del contrato, sin que pueda extenderse temporalmente más allá; que en el mismo sentido lo expresan las sentencias de septiembre 28 de 2.001, expediente 2646; de octubre 5 de 2.001, expediente 2651; que bajo ese entendido, tampoco se configuraría la inhabilidad alegada, según la cual no había transcurrido un año entre la fecha de terminación del contrato y la elección del aspirante como alcalde de Filadelfia, pues ésta se cuenta desde el día 2 de agosto de 2.000, y no desde la fecha de terminación como se pretende hacer valer. De igual forma, el señor José Guillermo Suárez solicitó que se le reconociera como tercero interviniente, opositor a las pretensiones de la demanda; interpuso recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional del Acta Parcial de Escrutinio de votos para Alcalde, manifestando que la E.P.S. de Caldas S.A., el 20 de agosto de 1.996 se constituyó como sociedad anónima, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, razón por la cual quienes prestaban sus servicios eran considerados trabajadores oficiales, vinculados mediante contratos de trabajo, sometidos al régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo, entendido bajo el cual el señor Francisco José Gómez era un servidor del Estado empleado en una empresa Industrial y Comercial del orden departamental, vinculación que se encontraba fuera de la orbita del

municipio de Filadelfia. De igual forma, señaló que los documentos anexados por el demandante no probaban que el señor Gómez Castaño hubiere intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal, ni con el hospital San Bernardo E. S. E. de Filadelfia, ni con entidad alguna del orden municipal; y que el auditaje de documentos en nada se parecía a la gestión de negocios que era el hecho inhabilitante; así mismo, afirmó que el contrato de la E.P.S. de Caldas con el Hospital San Bernardo de Filadelfia, Empresa Social del 9 Estado del orden municipal, es un contrato de los denominados interadministrativos, donde los beneficiarios son las entidades del Estado.

5. Alegatos de Conclusión Tan sólo el tercero interviniente, señor ARIEL VALENCIA MEJÍA, presentó alegato de conclusión, en el cual insistió que los documentos presentados por la parte demandante no tenían valor probatorio, por no haber sido expedidos conforme lo establece el artículo 254 del C.P.C.; reiteró, igualmente, el hecho de que el contrato celebrado entre la E.P.S. de Caldas y el Dr. Francisco Javier Gómez Castaño era un contrato indefinido para ser ejecutado en la ciudad de Manizales, suscrito el 2 de agosto del año 2.000; que el demandado no ejecutó labores en el municipio de Filadelfia, y que entre sus labores le correspondía realizar auditoría mecánica -revisión de cuentas médicas-, presentadas por hospitales públicos y privados de varios municipios, entre ellos el Hospital de Filadelfia Caldas, pero sin que nunca ejecutara labores en dicho municipio, tesis que igualmente sustenta con los

pronunciamientos del Consejo de Estado aludidos en sus anteriores escritos.

6. Fallo de Primera instancia El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2.002, denegó las pretensiones de la demanda. Destacó el Tribunal que el artículo 40 constitucional establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, siempre que dichos derechos no estuvieren limitados por la presencia de las causales de inhabilidad y de incompatibilidad, las que debían ser abordadas para su interpretación con criterios restrictivos, criterio que había sido expuesto por el Consejo de Estado.

10 Así las cosas, señaló que la inhabilidad contenida en el artículo 37-3 de la Ley 617, aplicable al caso en cuestión por disposición del artículo 86 ibídem, disponía: “1) término de inhabilidad: un año anterior a la elección (la elección se realizó el 14 de abril de 2.002); 2) gestionar en ese lapso negocios en el municipio donde se elige; 3) celebrar en el mismo lapso contrato estatal, el que debe ejecutarse o cumplirse en el municipio de la elección. Para el caso en cuestión, el año comenzaba a correr el 14 de abril de 2.001, fecha en la que el Dr. Francisco Javier Gómez laboraba como trabajador de la E.P.S. de Caldas S.A., en virtud del contrato suscrito el 2 de agosto de 2.000 a plazo indefinido y terminado el 1º de agosto de 2.001; contrato en el que se especificó que la obligación del trabajador era la de prestar el

servicio como auditor médico y, cuyo lugar de ejecución era la ciudad de Manizales. En el mismo contrato, se dispuso la revisión de cuentas médicas, auditorias de campo para revisión de historias clínicas, presentación de informes a la subgerencia de servicios; y en su condición de auditor médico debía realizar labores de auditoria médica a todas y cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red de servicios de la entidad. En el mismo documento se indicaba que a partir del mes de agosto de 2.001 el demandado se encontraba vinculado laboralmente a la firma COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO DEL NUEVO MILENIO “COOMILENIO”, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios. Más adelante, señaló que la EPS de Caldas es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, y que de conformidad con la acepción de gestión de negocios, las glosas o intervenciones que sobre las cuentas de los distintos municipios del departamento, entre ellas el Hospital de Filadelfia realizaba el Dr. Francisco Javier Gómez, en estricto sentido no podía decirse que realizaba una gestión sin mandato, ya que existía el contrato de trabajo que lo vinculaba con la E.P.S. de Caldas S.A., y en su nombre realizaba dicha actividad. Para el Tribunal, la mera circunstancia de 11 auditaje no implica la gestión de negocios, pues otorgarle ese alcance tan extenso al termino implicaba cercenar los derechos políticos derivados del artículo 40 Constitucional. Por último, el juez de primera instancia sostuvo que el contrato de trabajo suscrito entre la E.P.S., y el elegido alcalde lo fue para ser ejecutado en la

ciudad de Manizales y que el auditar cuentas del hospital de Filadelfia por los contratos que este suscribió con la E.P.S., con lugar de ejecución en el municipio de Filadelfia no significaba que el contrato del demandado se ejecutaba o cumplía en esa municipalidad, ya que no podía confundirse la modalidad contractual laboral con la inhabilidad del artículo 37 de la Ley 617 que estaba referido con los contratos Estatales.

7. Recurso de apelación Inconforme con la decisión proferida en primera instancia, el demandante interpuso recurso de apelación para que el fallo fuera revocado. Afirmó que lo que debía esclarecer todo debate contencioso era la realidad material, dejando de lado los aspectos formales. Dijo que en el caso en examen, esa realidad enseña que el contrato laboral suscrito entre la E.P.S. de Caldas y el elegido alcalde del municipio de Filadelfia, doctor Gómez Castaño no podía tener como lugar de ejecución la ciudad de Manizales, no obstante que así rezaba el contrato; además, una parte significativa de la labor asignada al galeno estaba relacionada con el Hospital San Bernardo de

Filadelfia. Discrepó del fallo de primera instancia en cuanto que allí se consideró que la gestión de negocios tenía la significación de un cuasicontrato y que las actividades del médico, en estricto sentido, no podían considerarse como una gestión sin mandato, por cuanto existía el contrato de trabajo que lo vinculaba con la E.P.S.; dijo que la actividad del elegido alcalde le permitía beneficiarse del servicio prestado por cuanto a el le competía su

autorización. 12 El recurrente afirmó que la designación por parte de la E.P.S. del doctor Gómez Castaño para que realizara su actividad en el municipio de Filadelfia tenía un fin político, que le permitió conocer a los usuarios y además lo colocó “justamente en el escenario témporo-espacial de una contienda electoral, para la cual el Dr. Gómez Castaño, siendo Auditor de la E.P.S. de Caldas en Filadelfia, ya tenía claro que iba a participar en ella; prueba indiscutible de lo cual la constituye la consulta que él mismo elevó ante el Consejo Nacional Electoral” y que “... la cláusula general de inhabilidad contenida en el artículo que alegamos como transgredido, se endereza justamente a precaver la indebida utilización de un cargo público, cuyo ejercicio parcial o total, temporal o prolongado, en un Municipio específico, le otorgue a un ciudadano que aspire a ser elegido Alcalde, ventajas o beneficios de los que no disponen sus contrincantes” A renglón seguido manifestó: “Qué mejor ejemplo de un cargo que posibilite ventajas o beneficios injustos e inequitativos, que el que desempeña un médico que tiene en sus manos autorizar o negar tratamientos médicos que inciden decisivamente en la calidad de vida, en el estado de salud e incluso en la misma conservación de la vida de sus potenciales electores”; reiteró que el contrato celebrado entre la E.P.S. y el doctor Gómez Castaño, lo fue en primera medida en interés propio del galeno y además en beneficio de la entidad para la cual laboraba; por ultimo cuestionó la forma como se realizó el cómputo del término por parte del Tribunal de lo que dijo que “Querer

reducir el ámbito de aplicación de la inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 95 referido, al mero momento de suscripción del contrato, como equivocadamente lo ha venido sostenido la Sección Quinta del H. Consejo de Estado, es no solamente confundir la celebración con suscripción, o celebración con firma, sino además y lo que es más preocupante, desvirtuar la finalidad de la norma, su contenido deontológico”. El apoderado de la parte opositora presentó escrito en el que solicitó al Consejo de Estado que se confirmara la decisión objeto de impugnación y reiteró que la inhabilidad alegada no se configura; entre sus argumentos, 13 desatacó el escaso valor probatorio del acervo documental allegado al plenario, pues de casi todo, según su decir, no es posible “.... denominarse documento, en el sentido jurídico del vocablo, comenzando por el contrato de servicios profesionales sobre el cual se edificó la supuestas inhabilidades” por su carencia de autenticidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida se procede por este Despacho a rendir el concepto que le corresponde.

Se demandó la nulidad de la elección del Alcalde del municipio de Filadelfia (Caldas), señor Francisco Javier Gómez Castaño, con el argumento de que se encontraba incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, modificatorio del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. La norma que señala el demandante como transgredida con el acto de

elección del elegido Alcalde dispone: “Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así: “Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. “...” 2) “...” 3) Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en 14 la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio” “....” El demandante argumentó la configuración de la causal inhabilitante en que el señor Gómez Castaño suscribió un contrato de trabajo con la Entidad Promotora de Salud de Caldas S.A. E.P.S. de Caldas S.A., en cuya virtud y por razón de las obligaciones derivadas de la relación laboral ejecutaba actividades como auditor médico, las que comprendían el Hospital San Bernardo del municipio de Filadelfia (Caldas).

De conformidad con la norma que señaló el demandante, en relación con los hechos descritos en la demanda, los supuestos configuradores de la causal son los siguientes:  La intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal, o  la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas

de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.  Lo anterior, dentro del año anterior a la elección. El Tribunal consideró la gestión de negocios invocada por el demandante a la luz de la definición que consagra el Diccionario de La Real Academia Española, según la cual ésta es un “cuasi contrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño” , noción que 15 corresponde a la jurídica de agencia oficiosa de que trata el Código Civil en su artículo 2304, de conformidad con la cual “La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios, es un contrato (sic) por el cual el que administra sin mandato los bienes de alguna persona, se obliga para con esta, y la obliga en ciertos casos”, ubicando la gestión de negocios de que trata la causal de inhabilidad dentro de la concepción de cuasicontrato, es decir, como aquellas “... obligaciones que se contraen sin convención, nacen de la ley o del hecho voluntario de las partes”. Así las cosas, el a-quo concluyó que “.... en estricto sentido no puede decirse que realizaba una gestión sin mandato, pues existía el contrato de trabajo que lo vinculaba con la E.P.S. de Caldas... ”, acepción que para este Despacho no corresponde a la que debe atender el operador en el marco de la inhabilidad, pues es claro que a la luz de la noción semántica o jurídica señalada por el juzgador de primer grado, jamás se

configuraría la inhabilidad. La gestión de negocios a que se refiere la inhabilidad está referida a toda aquella actividad que se realiza con la finalidad de consecuc