PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - Carácter rogado de la justicia contenciosa adminis

Bogotá D.C. Diciembre 9 de 2.005 Concepto No. 131 / 2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. REINALDO CHAVARRO BURITICA

E. S. D.

Referencia: 08001231000200302681 01

Expediente número: 3904

Actor: NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO y Otra Asunto: Apelación Sentencia de fecha 5 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de los señores concejales del municipio de Candelaria, para el periodo 2004-2007

I. ANTECEDENTES 1.1 La demanda del señor NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO El señor Martinez Bolaño, en ejercicio de la pretensión anulatoria electoral formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual solicitó se efectuaran las siguientes declaraciones: “Primera.- Que es nulo el Acta General de fecha Noviembre 4 de 2003, proferido por la Comisión Escrutadora Departamental del Atlántico, suscrita por los señores…, en su condición de escrutadores y como secretarios los señores…, mediante la cual se hace la declaratoria de elección de los Concejales Municipales de Candelaria Atlántico, señores :

1 Pedro Claver Cabrales Guido – Germán Agustín Fonseca Rodríguez – Aníbal Segundo Hemer Bojanini – Eudaldo Rafael Pacheco Morales – Jaime Alfonso Vásquez Mercado – Jader Yan Bolívar Cueto – Luís Carlos Valencia Domínguez – Jim Nelson Muñoz Fonseca

– Eberto De J. Reales Rodríguez – Pablo Melquíades Domínguez Bolívar – Miguel Enrique Rojano Bocanegra; para el periodo Constitucional 2004 – 2007. “Segunda.- Que como consecuencia de lo anterior también son nulos los registros electorales de los jurados de votación, que más adelante se acusan y que se hubieren computado durante el proceso de los escrutinios con violación del sistema electoral determinado en la Constitución y las leyes de la República; y que finalmente se ordene practicar y efectivamente se practique un nuevo escrutinio por parte de esa Corporación, únicamente Concejo Municipal de Candelaria Atlántico, con base en los pliegos y registros que no se declaren afectados de nulidades virtud de este proceso. “Tercera.- Que, con base en los resultados de los nuevos escrutinios, se haga una nueva declaración de elección para Concejo Municipal de Candelaria Atlántico periodo 20042007, se ordene expedir y efectivamente se expidan nuevas credenciales de Concejales en reemplazo de las anteriores que deben ser canceladas y anuladas, y que las anteriores novedades se comuniquen por último a quienes debe conocerlas, mediante oficios que deberán dirigirse y enviarse al Presidente del Concejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil , a sus delegados para el Departamento del Atlántico, Presidente Concejo Municipal de Candelaria. “4.- (Sic) Como resultado de las irregularidades que adelante plantearé solicito a los honorables Magistrados decretar la nulidad de los formularios E-11 Registro de Votantes, y consecuencialmente se excluyan del escrutinio total las mesas No. 2 del Corregimiento

de Carreto Candelaria y la No. 10 de la cabecera municipal de Candelaria. “Como consecuencia de lo anterior se ordene realizar nuevos escrutinios, una vez realizados, se haga una nueva declaratoria de elección de concejo Municipal de Candelaria, se ordene expedir y efectivamente se expidan nuevas credenciales en reemplazo de las anteriores que deben ser anuladas y remplazadas. A) Hechos Señaló el accionante que en las elecciones del 26 de octubre de 2003, en el municipio de Candelaria (Atlántico) existieron irregularidades en los registros de Votantes E-11, como borrones, tachaduras, enmendaduras, alteraciones, voto fraudulento, 2 favorecimiento de voto fraudulento, suplantación de electores, las cuales constituyeron una violación al proceso electoral. Que en el corregimiento de Carreto, jurisdicción de Candelaria, sufragaron ciudadanos que habían sido excluidos mediante Resolución N° 5340 del 24 de septiembre de 2003, emanada del Consejo Nacional Electoral, por la cual se dejó sin efecto la inscripción de cédulas en el municipio de Candelaria, en razón a que estos ciudadanos no eran residentes, no nacidos, ni sus cedulas fueron expedidas en Candelaria (Atlántico) y que sin embargo los jurados de mesa permitieron que votaran en la mesa 2 del corregimiento de Carreto y 10 de la cabecera municipal. Que, igualmente, en la mesa 2 del Corregimiento de Carreto hubo fraude electoral, porque el jurado de dicha mesa permitió que sufragaran ciudadanos ficticios cuyos

números de cédula registrados en el E-11 no correspondían a esos ciudadanos, lo cual constituía una suplantación al elector, voto fraudulento y favorecimiento de voto fraudulento a los concejales elegidos. Situación que obligaba declarar nulos los Registros electorales E-11 mesa N° 2 Carreto – Candelaria Atlántico, y, consecuentemente, ordenar la exclusión de dicha mesa y por ente la realización de nuevos escrutinios. Igual situación planteó con la mesa 10 de la cabecera municipal de Candelaria, en donde el número de 268 votantes aparecían registrados en E-11 al Concejo Municipal de Candelaria, pero de acuerdo con los escrutinios de mesa, municipales y departamentales, fueron contabilizados más votos físicos depositados en la urna y que ascendían a 275, permitiendo concluir que la conducta de electores y jurados se adecuaba a los tipos penales 391-392 del Código Penal Colombiano que sancionaba el voto fraudulento respectivamente; los electores por votar más de una vez y el jurado por 3 permitir tales conductas. Agregó que sufragaron en esta mesa 10, ciudadanos ficticios ya que la identificación o número de cédula de ciudadanos registrados en el E-11 no correspondían a los titulares de la misma. Relacionó cuarenta y tres (43) nombres y cédulas, para que el Tribunal Administrativo del Atlántico solicitara a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificación especificando nombres, apellidos y lugar de expedición, con la finalidad de demostrar que en la mesa 2 del Corregimiento de Carreto y la mesa 10 de la Cabecera municipal

de Candelaria, se suplantaron a esos ciudadanos. Que del cotejo entre el E-11 y la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se establecería el fraude en que se incurrió, circunstancia ésta que conllevó a la alteración de los resultados de las elecciones en el municipio de Candelaria. Que en la mesa 10 citada, aparecían en el Registro de Votantes varios tachones, borrones, enmendaduras y alteraciones las cuales no fueron aclaradas, como tampoco se dejó constancia de estos hechos anómalos al final de dicho registro, siendo obligación de jurados para la validez de los mismos. Que en esta misma mesa votaron los señores: Martínez De la Hoz Emery del Socorro C.C. N° 22.486.139, Pulido Medina Manuela esperanza C.C. N° 22.486.316, Valencia Salas Berta C.C. 22.485.877 quienes fueron excluidos mediante Resolución 5340 de septiembre 24 de 2003. B) Normas violadas y concepto de violación La parte demandante indicó como normas violadas  Constitución Nacional Artículo 316 4  Código Penal Colombiano Artículos 391 - 392  Código Contencioso Administrativo : Artículos 223 numeral 2° modificado por el artículo 65 de la Ley 96 de 1985, subrogado a su vez por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988; Señaló que la falsedad y el carácter de apócrifo se caracterizaba por presentar como cierto algo, bien mediante maniobras engañosas para lograrlo o bien hacerlo aparecer como verdadero, a pesar de fundarse en una base fabulosa e incierta. Además, que

cuando sufragaban ciudadanos que no podían hacerlo, por haber sido dejadas sin efecto las inscripciones mediante un acto administrativo, de aplicación inmediata, se tenían como apócrifos los votos consignados en las mesas número 2 del Corregimiento de Carreto y la número 10 de la cabecera municipal de Candelaria, por lo que las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mismas eran falsas, configurándose la nulidad planteada. Sustentó lo anterior en jurisprudencia del Consejo de Estado, citando la sentencia del 17 de mayo de 1990 (Expediente E-0345, M.P. Dr. Jorge Penen Deltieure), en donde se precisaron las nociones de falsedad y apocrifidad, así como la sentencia de fecha 10 de diciembre de 1998 (Expediente No. 2121 Sección Quinta, M.P. Dr. Antonio Saade Márquez) 1.2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 26 de enero de 2.004, inadmitió la demanda por no haberse presentado debidamente autenticado el acta que se demandaba, razón por la cual se dio un término de cinco (5) días para subsanar. 5 Corregida la demanda se admitió y se dispusieron las notificaciones de rigor, mediante auto del 27 de febrero de 2004. 1.3 Contestación de la demanda Se guardó silencio por parte de los demandados. 2.1 Demanda de la señora CLARIZA STELLA MARTINEZ CANTILLO La señora MARTINEZ CANTILLO, obrando en nombre propio y en ejercicio de la pretensión pública de anulación electoral formuló demanda, por medio de la cual solicitó

se efectuaran las siguientes declaraciones: “1.- Que son nulos los actos de la Comisión Escrutadora departamental del Atlántico de noviembre 4 del 2003, mediante la cual se declaró la elección de los Concejales Municipales de Candelaria Atlántico, señores : Pedro Claver Cabrales Guido – Germán Agustín Fonseca Rodríguez – Aníbal Segundo Hemer Bojanini – Eudaldo Rafael Pacheco Morales – Jaime Alfonso Vásquez Mercado – Jader Yan Bolívar Cueto – Luís Carlos Valencia Domínguez – Jim Nelson Muñoz Fonseca – Eberto De J. Reales Rodríguez – Pablo Melquíades Domínguez Bolívar – Miguel Enrique Rojano Bocanegra; para el periodo Constitucional 2004 – 2007, tal como consta en las Actas de Escrutinio general cuyas copias autenticadas anexo a esta acción. “2.- Que como consecuencia de lo anterior también son nulas los Registros Electorales de los Jurados de Votación, que más adelante se acusan y que se hubieren contabilizado durante los escrutinios del Municipio de Candelaria en las Mesas N° 234 (sic) de Carreto y en la Cabecera Municipal de Candelaria Atlántico. “3.- Que como resultado de las irregularidades presentadas en las mesas N° 2, 3, 4 de Carreto y 10 de Candelaria se declaren nulas las actas de registros de votantes de las mesas 2, 3, 4 de Carreto y 10 de la Cabecera Municipal de Candelaria y se ordene excluir del escrutinio general la votación de estas mesas 6 “3.- (sic) Que una vez declaradas las nulidades de los Registros de votantes E-11 de las

mesas N° 2, 3, 4 de Carreto y la 10 de la Cabecera Municipal de Candelaria y excluida la votación se (sic) las mismas, se proceda un nuevo escrutinio declarando la nulidad de as credenciales expedidas a los demandados, ordenándose su cancelación y la expedición de las nuevas a los candidatos que resulten elegidos en el nuevo escrutinio como resultado del escrutinio de las mesas que no se declaren afectadas en razón a las nulidades y exclusión que se decrete en este proceso. “4.- Que, con base en los resultados de los nuevos escrutinios, se haga una nueva declaración de elección para Concejo Municipal de candelaria atlántico periodo 2004 a 2007, se ordene expedir y efectivamente se expidan nuevas credenciales de concejales.” A) Hechos Esta demanda hizo relación a los mismos hechos que refirió el señor NELSON AUGUSTO MARTINEZ BOLAÑO, con la única salvedad de que la demandante Clariza Stella Martínez indicó que en la mesa 10 de la Cabecera Municipal de Candelaria, votaron los señores Martínez De la Hoz Emery del Socorro C.C. N° 22.486.139, Pulido Medina Manuela Esperanza C.C. N° 22.486.316, Valencia Salas Berta C.C. 22.485.877, quienes fueron excluidos mediante Resolución 5340 de septiembre 24 de 2003, pero que las dos primeras nombradas fueron habilitadas para votar por el señor Registrador Municipal, sin que existiera acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que lo autorizara. B) Normas violadas y concepto de violación

Señaló que se violaron claras normas previstas en la Constitución y la ley concretamente Código Contencioso Administrativo, Artículo 223 numeral 2°, haciendo 7 referencia a falsedad o apocrifidad de los elementos que hayan servido para su formación de las actas de escrutinio de los jurados de votación. La actora indicó igualmente un artículo 391 y lo transcribió “El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección, plesbicitoo (sic) referendo, consulta popular o revocatoria del mandato”. Dijo que resultaba incuestionable que en el proceso de elecciones en el Municipio de Candelaria (Atlántico) se dieron casos bochornosos como eran la suplantación de personas, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento y que, consecuencialmente, esas conductas alteraron el resultado electoral, razón más que suficiente para incoar la demanda. 2.2 Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 18 de diciembre de 2.003, admitió la demanda y dispuso las notificaciones de rigor. Dos días después de la admisión, la demandante presentó escrito de corrección de la demanda, la cual se tuvo como corregida en auto del tres ( 3 ) de marzo de 2004. 2.3 Contestación de la demanda No hubo pronunciamiento sobre el particular. 8

3. Acumulación de demandas El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del siete (7) de junio de 2005,

resolvió acumular los procesos electorales radicados bajo los números 08-001-23-3102-2003-2681-00-4070-D y 08-001-23-31-006-2003-2689-00-H, en los cuales figuraban como demandantes Nelson Augusto Martínez Bolaños y Clariza Stella Martínez, respectivamente, y cuyas demandas se dirigían en contra del acto de elección del Concejo Municipal de Candelaria (Atlántico). (fol. 2 a 4 cuad. N° 6)

4. Alegatos de conclusión Luego de concluido el periodo probatorio, el Tribunal Administrativo de Atlántico corrió traslado para alegar de conclusión, mediante auto del 8 de julio de 2005.

El Señor Nelson Augusto Martínez Bolaño presentó escrito de alegato final, manifestando que al plenario se arrimaron pruebas documentales que eran la base fundamental para establecer la veracidad de las afirmaciones realizadas en los hechos de la demanda aludida, y con los cuales ampliaba los argumentos de la demanda; relacionó 2 ciudadanos excluidos del censo electoral mediante la resolución 5340 que votaron sin ser habilitados en la Resolución 5774; así mismo citó casos de los que difieren en nombres y/o apellidos relacionados en el registro de votantes E-11 con los reportados por el sistema nacional de identificación, hizo alusión a las tachaduras, borrones y enmendadoras observados en el formulario E-11 de las mesas acusadas. Señaló que era incuestionable que la falsedad generadora de la nulidad de las mesas que había solicitado fueran excluidas del cómputo general, alteraba el resultado 9

electoral, pues tenían la magnitud cuantitativa suficiente para modificar el resultado del mismo. Precisó el caso del señor Eberto Reales Rodríguez quien en las mesas 10 de Candelaria y 2, 3,4 de Carreto sumaba 83 votos fraudulentos, que restados al total contabilizado por la Comisión Escrutadora quedaría con 118 votos válidos, lo que variaría cuantitativamente la votación final. Reiteró que la elección acusada descansaba sobre la base de una falsa motivación pues los motivos que sirvieron de fundamento para elaborarlo se sustentaron con base en elementos y documentos afectados de falsedad. Por su parte, para el Procurador 14 Judicial en lo Administrativo de Barranquilla quedó demostrado que en el municipio de Candelaria en las elecciones para corporaciones populares territoriales, hubo muchas irregularidades de no poca monta que consistieron en votos de personas excluidas del censo electoral por trasteo de votos, votos falsos por suplantación de electores y enmendaduras, tachones, borrones y alteraciones de nombres y apellidos de los sufragantes, las cuales, pero que pese a estar demostradas, no conducían por sí mismas a configurar las causales de nulidad alegadas en las demandas, porque para ello se requería que, una vez se interpretara la causal contenida en el art. 223.2 del C.C.A. -que contenía el denominado principio de transparencia y se armonizara con el principio de la eficacia del voto-, surgiera una alteración del resultado electoral, en conclusión, que tal falsedad tuviera la suficiente entidad y magnitud cuantitativa que tuviera el efecto de cambiar el resultado de la

elección que fue declarado con el acto administrativo cuya nulidad se pretendía. Que como en el presente caso no surgía de la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado la modificación del resultado electoral, porque el número de 10 votos fraudulentos era mínimo, no procedía la anulación de aquel, ya que anulando los mismos , se mantendría la misma elección.

5. Fallo del Tribunal En sentencia del 5 de septiembre de 2005 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de las demandas acumuladas. Señaló que si bien era cierto estaba plenamente demostrado que en la mesa N° 10 de Candelaria (Atlántico) dos (2) ciudadanas sufragaron en las elecciones para elegir concejales de dicha municipalidad, estando excluidas del censo electoral, y que en el formulario E-11 de aquella aparecían borrones y tachaduras, también lo era que el total de votos fraudulentos no alteraban el resultado de la votación total del Concejo. Por lo tanto, la Sala, en aras de efectivizar el principio de eficacia del voto, entendió que los cargos alegados y probados por la demandante no estaban llamados a prosperar, postura que coincidía con el pensamiento jurisprudencial de la Sección Quinta del Consejo de Estado en los expedientes acumulados 2980, 2982 y 2989, con ponencia del Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá, al que hizo referencia.

6. Recurso de apelación El 11 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió recurso de apelación interpuesto por el señor Nelson Augusto Martínez Bolaño contra el fallo del 5

de septiembre de 2005, recurso que fue admitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del11 de noviembre de 2005. 11 El apelante sustentó su recurso reiterando lo dicho en su escrito de alegato de conclusión, insistiendo que erraba el Tribunal al considerar que aun anulando los votos fraudulentos se mantendría la misma elección, porque no era acorde a la realidad, pues si se procedía a la anulación de las mesas acusadas el resultado electoral variaba, tal como lo había demostrado en las observaciones hechas en su escrito, toda vez que al declararse la nulidad de las mesas de su contendor, señor Eberto Reales Rodríguez se le deberían descontar los votos de las mesas demandadas, y así mismo variaría la votación total con respecto a otros ciudadanos.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no observando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto de rigor que le corresponde, en el presente asunto el cual se encuentra en trámite de segunda instancia ante esa alta Corporación.

1. Respecto del proceso iniciado por demanda instaurada por el ciudadano NELSON A. MARTINEZ BOLAÑO Este Despacho de manera precedente a la consideración y análisis del asunto de fondo, quiere destacar los aspectos referidos con los límites que le impone al juzgador el carácter rogado de la justicia de lo contencioso administrativo, por cuya virtud solo debe considerar el análisis y estudio de los supuestos fácticos y jurídicos señalados por

12 el actor en el escrito de demanda, el cual fija el marco del debate y debe ser considerado por las partes que intervengan en él. Sobre este puntual aspecto esta Procuraduría Delegada se remite al precedente jurisprudencial señalado por la Sección Quinta y que a continuación se cita: “Esta jurisdicción, en punto del control de legalidad de los actos administrativos, incluidos los de contenido electoral por supuesto, se rige por lo normado en el artículo 137 del C.C.A., en cuyo numeral 4º se precisa que la demanda debe contener “Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” (Resalta la Sala); esto es, corre por cuenta de la parte accionante indicarle al operador jurídico cuáles fueron las normas jurídicas que en su opinión resultaron vulneradas con la expedición del acto cuestionado, deber que resulta razonable en la medida que la legalidad de un acto administrativo depende de un sinnúmero de normas, que van desde aspectos formales hasta puntos sustanciales, sin excluir desde luego la competencia que ha de tener el funcionario que lo expida. Fue esa la razón, entre otras, que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para declarar la exequibilidad condicionada de dicho precepto, condicionamiento que no da la razón al apelante, puesto que el examen de legalidad de los actos administrativos puede desbordar el marco normativo dado en la demanda solamente si se advierte la violación o amenaza de violación de un derecho fundamental. Así discernió la Corporación: “La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han

puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador, dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación. En efecto: Si el acto administrativo, como expresión de la voluntad de la administración que produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada. Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que tenga que buscar oficiosamente la posible causal de 13 nulidad de los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la limitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas

violadas y el concepto de la violación”1 Además, el principio de la congruencia, entrelazado con el derecho fundamental al debido proceso que incluye la garantía de la defensa, obligan al juzgador a realizar el examen de constitucionalidad ceñidos al preciso marco normativo indicado por el accionante en su demanda, ya que solo así se garantiza el derecho de defensa del accionado, cuyos argumentos defensivos deben estar encaminados a desvirtuar los cargos esgrimidos en su contra; admitir que al momento de fallar se pueda acudir a disposiciones jurídicas frente a las cuales la parte demandada no tuvo la oportunidad de pronunciarse y defenderse, sería tanto como prohijar un fallo incongruente y atentatorio de los derechos fundamentales del accionado, a quien por obvias razones no se le dio la oportunidad de defenderse contra lo desconocido, contra argumentos que únicamente vino a conocer con el fallo de instancia. Si bien la demanda puede ser sometida a interpretación para aclarar puntos oscuros o dudosos, por virtud de la hermenéutica no se puede mudar su contenido, menos para adicionarle causales de nulidad o inhabilidad que en su momento no fueron invocadas. Esa interpretación debe ser fiel al objeto y causal de la misma, no puede servir de excusa para patrocinar reformas o adiciones a la misma, omitiendo los pasos inherentes a tales trámites, donde siempre se permite al sujeto pasivo de la relación jurídicoprocesal defenderse de los nuevos cargos que en su contra pueden formularse a través de esas enmiendas procesalmente permitidas” 1 Ahora bien, el ciudadano indicado en la referencia demandó la nulidad del acto de

elección de los Concejales del Municipio de Candelaria (Atlántico), considerando para el efecto los supuestos fácticos que a continuación se enuncian y que constituyen el 1 Corte Constitucional. Sentencia C-197 de abril 7 de 1999. M.P. Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Consejera Ponente dra. MARIA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN. Sentencia de 26 de agosto de 2004. Radicación Interna número

3435. Nulidad de la elección del Diputado a la Asamblea Departamental del Huila, señor LUIS ALFONSO

ESPAÑA ROJAS 14 marco del debate propuesto con el ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral:  En el Corregimiento de Carreto, mesa 2 y en la mesa 10 de la cabecera municipal, sufragaron ciudadanos que habían sido excluidos del censo electoral mediante Resolución Número 5340 del 24 de septiembre del 2003. Tales inscripciones se dejaron sin efecto porque los titulares de las mismas no eran residentes del municipio, ni nacidos, ni sus cédulas fueron expedidas en Candelaria.  En el Corregimiento de Carreto, mesa 2, se presentó la suplantación de sufragantes porque se permitió el ejercicio del derecho al sufragio de ciudadanos titulares de cédulas de ciudadanía cuyo numero no coincide con el de los titulares reales.  En la mesa 10 de la cabecera municipal el número de sufragantes –268no coincide con el total de votos que arrojo el escrutinio –275-.

 En la mesa 10 de la cabecera municipal se presentó suplantación de electores porque se permitió el ejercicio del derecho al sufragio de ciudadanos titulares de cédulas de ciudadanía cuyo número no coincide con el de los titulares reales.  En la mesa de votación número 10 de la cabecera municipal el formulario contentivo del Registro de Votantes presenta tachaduras y enmendaduras y alteraciones que no fueron aclaradas. 15  En la mesa 10 de la cabecera municipal se permitió que ciudadanos excluidos del censo electoral por orden de las autoridades electorales sufragaran (el actor enuncio tres (3) casos). Las irregularidades anteriormente descritas, fueron enmarcadas por el actor dentro de la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo que dice relación con la falsedad o apocrifidad del registro electoral o de los elementos que hayan servido para su formación. Esta Procuraduría Delegada circunscribirá el estudio y análisis al cargo referido con la suplantación de electores, que resulta siendo el único propuesto en debida forma, toda vez que precisó los nombres de los ciudadanos que fueron suplantados y la mesa de votación en la cual se sucedió la irregularidad. Los demás hechos irregulares señalados por el actor, esta Delegada omite su consideración habida cuenta que son propuestos con carácter general. Así acontece cuando el actor manifestó que en el Corregimiento de Carreto, mesa 2 y en la mesa 10 de la cabecera municipal, sufragaron ciudadanos que habían sido excluidos del censo electoral por no ser residentes del municipio o no haber nacido en

él o no haber sido expedida la cédula en la municipalidad, decisión que se concretó mediante Resolución Número 5340 del 24 de septiembre del 2003. Se considera que, para efectos de estudiar este cargo, el actor ha debido precisar los casos indicando el nombre de cada uno de los ciudadanos cuya inscripción fue anulada por el Consejo Nacional Electoral, como ello no acontece así, y la labor de precisión del asunto litigioso es ajena a la propia del juez, se concluye entonces en la improcedencia del cargo. 16 En cuanto dice relación con la diferencia existente entre el número de sufragantes, que dice no coincide con el total de votos que arrojo el escrutinio, hecho sucedido en la mesa 10 de la cabecera municipal, se tiene que resulta carente de fundamento lo afirmado por el demandante. En efecto, de conformidad con el escrutinio que realizó la Comisión Escrutadora Municipal, se indica que en la mesa cuestionada total de votos es de 275, incluido dentro de este guarismo 18 votos nulos y 9 tarjetas no marcadas. El resultado es discriminado de la siguiente manera: Votos válidos: 248

Votos nulos: 18

Tarjetas no marcadas: 9__ Total votos: 275

En relación con las tachaduras y enmendaduras del Registro de votantes que dice el demandante no fueron aclaradas, en consideración de esta Agencia del Ministerio Público, dicho supuesto no resulta configurador de la causal de nulidad indicada por el actor -y que se refiere a la falsedad o apocrifidad de los registrosporque no es demostrativo de una maniobra encaminada a alterar el resultado electoral; además, en

este formulario no se incorpora guarismo alguna que soporte el acto de elección. Este tipo de irregularidades de conformidad con el inciso final del artículo 163 del Código Electoral genera un recuento de votos. La norma aludida prescribe lo siguiente: “En el caso de las tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de votos; y si esas irregularidades no se advierten el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación, las cuales se exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los resultados de la votación de la respectiva acta” . 17 Por último considera este Despacho oportuno destacar que en