PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - Inhabilidad por sanción disciplinaria de destituci

Bogotá D.C. mayo de 2005 Concepto No. 081 / 2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla

E. S. D.

Referencia: 760012331000200400026 03

Expediente número: 3811

Actor: Procuraduría Regional Valle del Cauca y otro Asunto: Apelación sentencia de fecha 14 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaro la nulidad de la elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández, como Concejal del Municipio de Cali, para el periodo 20042007.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda La señora Gloria Edith Ramírez Rojas, en su condición de ciudadana y Procuradora Regional del Valle presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, previos, los trámites del proceso electoral, la Corporación efectuara las siguientes declaraciones: “PRIMERA: Se disponga la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor JOSÉ IGNACIO MUÑOZ, como CONCEJAL del Municipio de Santiago de Cali, contenido en el formulario E-26 AG, proferido el 21 de Noviembre de 2003 por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, por cuanto se encuentra inhabilitado para ejercer dicho cargo.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la cancelación de su credencial como Concejal de Santiago de Cali, para el periodo 2004-2007, y en su lugar se declare que la curul de concejal vacante debe ser ocupada conforme a las normas constitucionales y legales vigentes para este

proceso electoral. A.- Hechos La actora refirió que mediante Resolución numero 029 del 12 de Agosto del 2003, proferida por la Procuraduría Provincial de Cali y confirmada en segunda instancia mediante la Resolución número 076 del 21 de Octubre del 2003 de la Procuraduría Regional del Valle, fue sancionado disciplinariamente el doctor José 1 Ignacio Muñoz Fernández, con destitución del cargo de Director Nacional y Regional de Comercialización de Energía de la Gerencia de Energía de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP – y sanción accesoria de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de tres años; no obstante lo anterior el señor José Ignacio Muñoz Fernández se inscribió como candidato al Concejo Municipal de Santiago de Cali, dignidad para la cual resultó elegido y así fue declarado por la Comisión Escrutadora Municipal. B.- Normas violadas y concepto de violación La demandante indica como disposiciones presuntamente transgredidas las siguientes:  El artículo 43, numeral 1o de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.  El artículo 36 de la Ley 734 de 2002 Como concepto de violación la actora manifestó que el acto de elección del señor José Ignacio Muñoz F., conculcó el artículo 43 numeral 1 de la Ley 136 de 1994(Modificado por el artículo 40 de la ley 617 de 2000) por que el elegido se encontraba sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación, además, inhabilitado para ejercer funciones públicas por el término de

tres años según Resolución numero 029 del 12 de Agosto del 2003, proferida por la Procuraduría Provincial de Cali, la cual se confirmó en segunda instancia por la Procuraduría Regional del Valle; señaló que también se configuró la causal de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo denominada violación de la ley, en cuanto que el acto demandado infringió la norma en que debió fundarse; causal de nulidad que puede ser alegada en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, pues el acto declaratorio de la elección es de naturaleza administrativa y no escapa a que sea objeto de juzgamiento por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, considerando para el efecto las causales generales de nulidad de los actos administrativos. 2 1.1 Suspensión provisional La demandante solicito la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández como Concejal del Municipal de Santiago de Cali, considerando que era notoria la violación del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000. 1.2. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, admitió la demanda y ordeno las notificaciones de ley; en el mismo auto declaró la suspensión provisional del acto de elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández como Concejal del municipio de Santiago de Cali. Esta decisión fue apelada y resuelta por el H. Consejo de Estado, que determino revocando la decisión del a-quo considerando que el demandante no acompañó

copia debidamente autentica e íntegra del acto cuya nulidad se pretendía; dicha irregularidad fue posteriormente subsanada. Posteriormente el Tribunal, una vez subsanada la demanda, procede a admitirla y decreta la suspensión provisional con los mismos argumentos anteriores, este proveído igualmente fue apelado por el demandado y decidido por el H. Consejo de Estado, que en esta oportunidad decidió confirmar el auto dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que decretó la suspensión provisional del acto que declaro la elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández como Concejal del Municipio de Santiago de Cali para el periodo 2004-2007, considerando para el efecto que, para la fecha de la elección las resoluciones que imponían la sanción mencionadas no se encontraban suspendidas y por tanto resultaba obligatoria su observancia. 1.3Contestación de la demanda El señor José Ignacio Muñoz Fernández, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda, aceptando y reprochando algunas afirmaciones sobre los hechos y oponiéndose a las pretensiones de la demanda; afirmó que para el día 3 14 de enero de 2004, fecha de presentación de la demanda era de conocimiento de la Procuraduría que el Juzgado 15 Civil del Circuito, desde el 7 de noviembre del 2003, había proferido fallo en primera instancia, en la tutela instaurada en contra de la Procuraduría, como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable y se le tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y a

elegir y ser elegido y que en dicho fallo se ordeno la suspensión de los efectos de las Resolución numero 029 del 12 de Agosto de 2003, hasta tanto se resolviera por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra los actos sancionadores; informa que este fallo de tutela fue notificado a la Procuraduría el 10 de Noviembre del 2003 y el mismo fue oportunamente impugnado por la entidad, encontrándose dicha impugnación en tramite para la fecha en que se había presentado la demanda de la referencia. En cuanto a las normas violadas afirmó el accionado, que no es cierto que se encontrara incurso en la causal de inhabilidad señalada en la demanda, por cuanto que para la fecha de la declaratoria de le elección, noviembre 21 de 2003 y de posesión en el cargo enero 1°, las sanciones impuestas por la Procuraduría se encontraban suspendidas por virtud del fallo de tutela proferido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali, decisión que le fue notificada a la demandante el 10 de Noviembre del 2003 Asimismo señaló que “Al citar la demandante como fundamento de esta acción, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el tramite que se le debió dar a la misma, es el de una acción de simple nulidad, en razón de que la supuesta norma violada, numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (Modificado por el artículo 40 de la ley 617 de 2000), esta tipificada como causal de nulidad

electoral, en el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo”. Como medios de defensa propuso las excepciones de inepta demanda, prejudicialidad y la innominada. 4

2. Demanda instaurada por el ciudadano señor Gilberto Gonzalo Acosta Acosta El señor Gilberto Gonzalo Acosta Acosta, por intermedio de apoderado judicial presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que, previos, los trámites del proceso electoral efectuara las siguientes declaraciones:  Declarar la Nulidad de la elección del señor JOSE IGNACIO MUÑOZ FERNÁNDEZ, como Concejal de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca  Como consecuencia de la anterior decisión, disponer la cancelación de la Credencial de Concejal expedida y entregada al Sr. JOSE IGNACIO MUÑOZ FERNÁNDEZ y en su lugar disponer o decretar la elección como Concejal de Santiago de Cali a quien hubiere obtenido la siguiente mayor votación dentro de la Lista No. 41 por el “Movimiento Popular Unido” al Concejo Municipal de Cali, con la consiguiente expedición y entrega de la credencial de Concejal respectiva, en este caso al demandante al doctor GILBERTO GONZALO ACOSTA

ACOSTA, identificado con cédula No. 2.447.101 de Cali por ser quien sigue en votación dentro de la lista 41 por el Movimiento Popular Unido para el Concejo Municipal de Cali”. A . Hechos Manifestó que el señor José Ignacio Muñoz Fernández, estando vinculado como servidor de la administración municipal, fue inscrito como candidato al Concejo del

municipio de Santiago de Cali y que para el año 2000 la postulación e inscripción como candidato al Concejo Municipal constituía falta disciplinaria, razón por la cual fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación con sanción de destitución y que los actos sancionadores se encuentran debidamente notificados y ejecutoriados, debiendo ser obligatoriamente ejecutados y cumplidos y por tal razón se encontraba inhabilitado el elegido Concejal. B . Normas violadas y Concepto de violación El actor cito como fundamento de su pretensión las siguientes disposiciones:  Los artículos 223 numeral 5º, 226 y 227 del Código Contencioso  La Ley 136 de 1994, artículo 40 numeral 3 y artículo 51 literal f y artículo 63 5 Como concepto de violación la demandante manifestó que para la fecha de las elecciones (26 de octubre de 2003), el señor José Ignacio Muñoz Fernández, no reunía las calidades constitucionales y legales para ser electo por cuanto desde el 21 de octubre del 2003 estaba inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Agregó que según lo dispuesto en el Código Nacional Electoral una vez sea declarada esta vacancia por inhabilidad debe ordenarse que la misma sea suplida según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente y en el orden que se haya reordenado la lista, por ser una lista con voto preferente, de lo que se concluye que el señor Gilberto Gonzalo Acosta Acosta dentro de la Lista 41 es el segundo en orden de inscripción lo cual le permitiría acceder a dicha curul.

C . Suspensión provisional El actor solicito la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo en el escrito de ampliación de demanda, indicando como fundamento de su solicitud el artículo 60 D.E. 2304/89; la Ley 96 de 1985 y el artículo 230 del Código Contencioso administrativo. 2.1. Admisión de la demanda El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordeno hacer las notificaciones de ley; en el mismo auto dispuso que no se tendrá en cuenta la petición de suspensión solicitada por el actor en el escrito de ampliación de la demanda “ ... por cuanto la misma hace parte de la decisión de fondo”. 2.2.- Contestación de la demanda El señor José Ignacio Muñoz Fernández, por intermedio de su apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la misma; afirmó que el señor José Ignacio Muñoz Fernández presentó oportunamente su renuncia al cargo de Director de Comercialización de Energía de Empresas Municipales de Cali EIC, lo cual ocurrió el 29 de julio del año 2000, además. 6 Afirmó que como al momento de los escrutinios (Octubre 28 a Noviembre 21 de 2003) las sanciones impuestas al demandado se encontraban suspendidas por decisión contenida en un fallo de tutela, dictado por un Juez Constitucional, no resultaba aplicable, ni se ha violado lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 223 del Código Contencioso administrativo. 2.3. Excepciones Propuso las excepciones de ineptitud de la demanda y prejudicialidad

3. Acumulación de Procesos Electorales

El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca decretó la acumulación de los procesos electorales.

4. Alegatos de conclusión La agente de la Procuraduría como parte demandante afirmó que mediante la acción de nulidad electoral se pretende la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor José Ignacio Muñoz, como Concejal, argumentando que la existencia de sanción disciplinaria e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de tres años, lo hacía inelegible .

A su vez el apoderado del señor Gilberto Gonzalo Acosta Acosta, manifestó que el Ingeniero José Ignacio Muñoz Fernández fue sancionado disciplinariamente mediante resolución No. 029 del 12 de Agosto de 2003, que dichas sanciones están incorporadas al proceso y constituyen plena prueba de la existencia de la inhabilidad, concluyendo que el demandado no puede acceder a ningún. Manifestó que el hecho de que el sancionado hubiera incoado acciones de tutela que a la postre resultaron negadas y una demanda de nulidad contra las resoluciones que impusieron las sanciones, no lo habilitaba para ejercer el cargo. 7 A su vez, la procuraduría Judicial Veinte ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca rindió el concepto respectivo. Primeramente se refirió a las excepciones y dijo en relación con la ineptitud de la demanda que no debe prosperar porque “ el Acto declarativo de elección de Concejal tiene un sujeto pasivo determinado y es directamente el afectado por la declaratoria que haga la jurisdicción contenciosa. De allí que es el encartado

dentro de este trámite procesal, señor José Ignacio Muñoz Fernández, quien tiene el mayor interés en las resultas del proceso; desconocer tal naturaleza y calidad conllevaría a una posible vulneración del principio del Debido Proceso”. En cuanto a la de prejudicialidad al igual que la anterior consideró que no debe prosperar porque el acto administrativo “ ... tiene vida jurídica independiente como también sus atributos cuales son la presunción de legalidad, el privilegio previo de ejecución oficiosa y la vocación judicial”. En definitiva, cada acto poseedor de tales atributos goza de aplicación y ejecución inmediata, conllevando consecuencias jurídicas propias e individuales”. En cuanto a la “innominada” tampoco debe prosperar porque no se vislumbra ninguna anomalía que permita su declaratoria dentro del respectivo trámite procedimental. En cuanto al asunto de fondo consideró que al haberse logrado comprobar dentro del plenario, que al momento de su elección el señor José Ignacio Muñoz Fernández se encontraba incurso en causal de inelegibilidad por estar inhabilitado por tres años para desempeñar cargos públicos, las pretensiones de los accionantes deberían prosperar.

5. Fallo del Tribunal El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia de primera instancia determinó anular el acto por medio del cual se declaró la elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández como Concejal del Municipio de Santiago de Cali.

Anotó el Tribunal que el artículo 40 de la Ley 617 determina en forma simple que quien se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas esta 8 inhabilitado para inscribirse como candidato o ser elegido Concejal Municipal y es

éste el caso en el que se encuentra el señor José Muñoz Fernández, quien para la fecha de los comicios se encontraba incurso en la inhabilidad primera de éste artículo. 2.9.- Apelación del Fallo El Consejo de Estado por medio de auto de fecha 5 de Mayo de 2005 admitió el recurso de apelación, interpuesto por el demandado, señor José Ignacio Muñoz Fernández, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El apoderado de la parte demanda considera como argumento del recurso de apelación la decisión contenida en el proveído del 22 de febrero del 2005 proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, decisión que para nada se relaciona con los actos sancionadores que configuraron la inhabilidad. En efecto, la decisión contenida en este proveído, revoca integralmente el fallo sancionador proferido por la Comisión Especial Disciplinaria del 12 de julio del 2004, en tanto que la causal de inhabilidad por la cual se declaro la nulidad de la elección se deriva de las sanciones que impusiera la Procuraduría General de la Nación, mediante la Resolución 29 del 12 de agosto del 2003, proferida por la Procuraduría Provincial de Cali y la Resolución número 76 del 21 de octubre del 2003, emanada de la Procuraduría Regional del Valle. La decisión de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública alude a un hecho y a una investigación distinta a la que motivo la sanción de destitución y la consiguiente inhabilidad.

II-CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO.

Como en el asunto en examen se propuso por parte del apoderado de la parte demandada la excepción de inepta demanda, la prejudicialidad y solicito, bajo la denominación de excepción innominada, que se reconocieran las que de oficio 9 resultaren procedentes, este Despacho, de manera previa considerara las excepciones propuestas. Inepta Demanda El apoderado de la parte opositora no es claro al manifestar la excepción propuesta, ni la ubica de manera precisa dentro de las que taxativamente señala el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, como fue modificado por el Decreto Ejecutivo 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 46. Sostiene que es inepta la demanda porque “al demandado se le declaro electo como miembro de una corporación pública, Concejo de Santiago de Cal, por lo cual no es a él, a quien se debió demandar sino contra el acta que declaro la elección de dicha corporación”. La excepción no está llamada a prosperar y frente al escrito de demanda impetrada por la representante de la Procuraduría, carece de fundamento el hecho en el que se funda la excepción. En efecto, el libelo es claro en indicar en el acápite de pretensiones que se solicita la nulidad del “acto” por medio del cual se declaro la elección, ajustándose la demandante a lo prescrito en el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, que señala que “Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara”, acto que fue posteriormente allegado al

plenario. Ahora bien, como no se demanda el acto en su totalidad, sino solo en cuanto declaró la elección de uno de los concejales, resulta pertinente indicar de cuál de los elegidos es que se predica la nulidad. En cuanto a la supuesta indebida acumulación de pretensiones que se infiere del argumento referido que la acción se fundamento en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, y no obstante se se solicito que se llene la curul del señor José Ignacio Muñoz Fernández, olvidando, que el citado artículo, se refería a una acción de simple nulidad (Que es el tramite que se le debió dar a la misma), que no genera el restablecimiento de derechos, por lo cual no puede ser posible que se provea la vacante que se llegare a producir, en el caso hipotético de que las pretensiones prosperen, el argumento no enerva la acción incoada ni se 10 puede predicar de la demanda que instaurara la representante de la Procuraduría, pues en ella no se efectúa esta petición. El que no se haya citado la norma que resulte pertinente no es causal de excepción, ni hace inepta la demanda, la consecuencia de una indebida señalización del fundamento jurídico de la acción y de la pretensión, las asume el actor. Prejudicialidad o suspensión de este Proceso de Nulidad Electoral Dijo el apoderado de la parte opositora que las pretensiones de la demanda de nulidad electoral de la elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández, se sustento en la aplicación de la sanción que le fue impuesta por la Procuraduría Provincial de Cali y la Regional del Valle del Cauca en contra del demandado, las

cuales al momento de presentación de la demanda de la referencia se encontraba transitoriamente suspendidas por fallo de tutela. Si bien a la fecha de contestación de esta demanda, la sala Civil del Tribunal Superior de Cali, declaró nulo lo actuado por el Juzgado XV Civil del Circuito de Cali, que negó en primera instancia la tutela impetrada, decisión oportunamente apelada; también es cierto que la acción de nulidad y restablecimiento formulada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se encuentra en tramite, por lo cual se solicita, se declare la suspensión del tramite de la acción de la referencia. Esta petición resulta improcedente en el trámite del contencioso de nulidad electoral, en donde dada la brevedad de los términos y la naturaleza de los asuntos sometidos a decisión no permite condicionar la decisión definitiva de los mismos a lo decidido en otros procesos, la remisión que autoriza el artículo 267 a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, se halla condicionada a que la disposición procesal sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo y el proceso electoral que impone para su decisión un trámite célere es incompatible con la figura de la prejudicialidad. En relación con la excepción innominada, por cuya virtud solicitó declarar oficiosamente las resultaren probadas en el transcurso del proceso, aunque no haya sido solicitada, no se observa que se presente hecho exceptivo alguno. 11 EL ASUNTO DE MERITO Los actores en el asunto en examen fincan su pretensión de nulidad del acto de

elección demandado, en el hecho de que el elegido Concejal, el señor José Ignacio Muñoz Fernández, se encontraba inhabilitado por razón de la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría General de la Nación, que a titulo de pena principal le señaló como pena disciplinaria la destitución en su condición de Director Nacional y Regional de Comercialización de energía de las Empresas Públicas Municipales de Cali EMCALI, EICE ESP, cargo en el que cometió el hecho disciplinable y además le inhabilitó para el ejercicio de cargo públicos por el término de tres (3) años, este hecho, manifestaron al unísono los demandantes hacia que el elegido se encontrara incurso en la causal de inhabilidad que consagra el artículo 40 numeral 1º de la Ley 617 del 200, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994. La norma cuya transgresión es señalada por los demandantes es del siguiente tenor: “Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o dsitrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”. 1

Señalan los demandantes que encontrándose vigente la inhabilidad para el desempeño de cargos, el señor José Ignacio Muñoz Fernández no podía ser

inscrito como candidato al concejo ni ser elegido tal, como aconteció, porque de serlo su elección se hace anulable en sede judicial, dado que es contraria al ordenamiento jurídico. Se encuentra debidamente acreditada la sanción impuesta al elegido Concejal; para tal efecto se allegaron copias debidamente autenticadas de los siguientes actos:  Copia de la Resolución número 29 del 12 de agosto del 2003, proferida en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Cali, por medio 1 El aparte en negrillas es el que consideran como fundamento jurídico de la pretensión incoada los actores 12 de la cual se sanciona disciplinariamente al doctor José Ignacio Muñoz Fernández, en su condición de Director Nacional y Regional de Comercialización de energía de las Empresas Municipales de Cali EMCALI, EICI ESP, con destitución del cargo a título de sanción principal y a titulo de sanción accesoria se le inhabilito para ejercer cargos públicos por el término de tres años contados a partir de la ejecutoria de la providencia.  Copia de la Resolución número 76 del 21 de octubre del 2003, proferida por la Procuraduría Regional del Valle, por medio de la cual confirmó integralmente la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Provincial de Cali, contenida en la Resolución 29 del agosto 12 de 2003.  Copia de la diligencia de notificación personal de la decisión de segunda instancia, llevada a cabo el 22 de octubre del 2003.  Copia de la constancia sobre la ejecutoria de la decisión definitiva emanada de la Procuraduría Regional del valle.

 Certificado de antecedentes disciplinarios que dan cuenta de la imposición de la sanción disciplinaria de destitución y de la correlativa inhabilidad para el desempeño de cargos, vigente hasta el 22 de octubre del 2006. Argumentó el apoderado de la parte opositora que la inhabilidad alegada por los demandantes no se configura en el caso en examen, por cuanto que, las decisiones de la Procuraduría fueron suspendidas por orden del Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali – Valle del Cauca – al decidir la acción de tutela interpuesta por el elegido Concejal y ampararle los derechos que indicó en su memorial como conculcados por la administración, decisión que se calenda en Cali a 7 de noviembre del 2003. Frente a esta decisión no es posible concluir en el sentido en que lo hace el apoderado judicial de la demandada por cuanto que los efectos de la decisión no operan retroactivamente, ex tunc, sino a futuro, ex nunc. Así las cosas, la decisión de tutela, sin consideración a las vicisitudes que a futuro se presentaron en el trámite de la misma, no tenía la aptitud jurídica para enervar la fuerza vinculante de los actos sancionadores proferidos por la Procuraduría General de la Nación y como esta primera decisión se profiere cuando ya se 13 había dado la elección, el 26 de octubre, el efecto de la decisión no cobija a los actos que sirvieron de fundamento a la decisión de nulidad. Ahora bien, la causal de inhabilidad señala que no podrá ser inscrito ni elegido concejal quien se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones

públicas, y debe entenderse que se encuentra en tal situación el servidor público que haya sido sancionado por acto debidamente ejecutoriado, esa regla se impone y deduce a favor del investigado como garantía que deviene del instituto del debido proceso. Ahora bien en tratándose de las sanciones disciplinarias el Código Único Disciplinario regula lo atinente a la ejecutoria de las decisiones en el artículo 199, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 119. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar ésta o la sesión donde se haya tomado la decisión, sino fueren impugnadas. Las decisiones que resuelven los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente”. Se destaca que en la redacción de la norma, el legislado incurrió en una impropiedad en el segundo inciso en donde hizo similares, en donde utilizando inadecuadamente el sentido y alcance de los términos, consideró sinónimos ejecutoria y firmeza de los actos administrativos sancionadores y sus efectos; impropiedad ésta que quedó salvada por virtud de las decisiones proferidas por la

H. Corte Constitucional, en las cuales precisó que en materia disciplinaria se aplica la regla según la cual las decisiones de segunda instancia mediante las cuales se resuelven los recursos de apelación y queja quedan ejecutoriadas, no con la simple suscripción de la misma, sin con su notificación.

Siendo así las cosas y dado que de conformidad con la copia autentica de la diligencia de notificación personal obrante en el plenario, en donde se indica que el contenido de la decisión de segunda instancia se notificó al implicado el 22 de octubre del 2003, se tiene entonces que el elegido Concejal al momento de la elección, la que se sucede el 26 de octubre del 2003, efectivamente se encontraba incurso en causal de inhabilidad y por ende su elección se hace anulable. 14 La causal de inhabilidad señalada por los demandantes dice relación a la interdicción para el ejercicio de funciones públicas y se encuentra en este estado el servidor público que sea inhabilitado como consecuencia de la imposición de una sanción disciplinaria debidamente ejecutoriada, que es lo que acontece en el sub examen, en donde el elegido Concejal del Municipio de Santiago de Cali, señor José Ignacio Muñoz Fernández, se encontraba inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas desde el día siguiente a la notificación personal del acto que en segunda y definitiva instancia confirmo la decisión de primera instancia que sancionada con destitución al señor Muñoz Fernández y le señaló como sanción accesoria la inhabilidad para el desempeño de cargos públicos por el término de tres (3) años.

III. CONCLUSION De conformidad con lo anteriormente señalado esta Agencia del Ministerio Público le solicita de manera respetuosa a la H. Sección Quinta que confirme la decisión proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca por medio de la cual declaró nulo el acto de elección del señor José Ignacio Muñoz Fernández , como Concejal del Municipio de Santiago de Cali (Valle del Cauca)

para el período 2004 – 2007. De los Honorables Consejeros, Cordialmente,

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 15