PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONCEJAL - La prosperidad de la causal de alteración sustanci

Bogotá, D.C. enero 28 de 2003 Concepto No. 007/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. REINALDO CHAVARRO BURITICÁ

E. S. D.

Referencia: Radicado número: 3031

Actor: ARTURO CAMARGO DE LA CRUZ Y OTRO Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 21 de junio de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección de los señores Concejales del Distrito Turístico de Santa Marta para el período 2001 – 2003.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de Arturo Camargo de la Cruz, Edinson González Escobar y Carlos Francisco Diazgranados Los ciudadanos Arturo Camargo de la Cruz, Edinson González Escobar y Carlos Francisco Diazgranados, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, solicitaron de la justicia contencioso administrativa que se realizaran las siguientes declaraciones: “PRIMERA: Que es nulo el Acto proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de fecha de noviembre 12 (sic) del 2000 a través de la cual hicieron la Declaratoria de elección de Concejales del Distrito de Santa Marta (Magd.), para el período constitucional y legal del 1o. de enero del 2001 al 30 de diciembre del año 2003.

Declaración contenida en el acto de elección de fecha noviembre 12 de 2000, que se acompaña con este escrito. “SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, igualmente se declaren nulas las actas o registros electorales contenidos en los

Formularios E-14, correspondientes a las mesas de votación de la Cabecera Distrital Zona 2, puesto 1, Escuela Parroquial El Carmen mesas números 4, 17, 22, 31; Zona 2 puesto 2 Concentración Escolar Los Almendros mesas 5, 7, 23, 29, 37, 40; Zona 3 puesto 1, Escuela Madre Mazzarello, mesas 2 y 10; Zona 3 puesto 2 Concentración Escolar Jacqueline Kennedy, mesas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 26 y 28; Zona 3 puesto 3 El Pando, mesas 5 y 6; zona 4, puesto 1, Concentración Rodrigo de Bastidas, mesas 4, 5, 28, 35, 36, 42; Zona 4, puesto 4, Colegio departamental Bachillerato La Paz, mesas 5, 8 y 12; Zona 5 puesto 1, Colegio Cooperativo de Gaira, mesa 22; Zona 5, puesto 2, Colegio Camilo Torres e Gaira (sic), mesas 1, 25 y 27; Zona 90 puesto 1, Censo Laura Vicuña, mesas 2, 16, 18, 54, 65, 66 y 87; Corregimientos: Zona 99, puesto 2 BONDA, mesas nos 1, 2 y 9; Zona 99 Puesto 4, CAMPANO, mesa número 1; Zona 99, puesto 13, MINCA, mesa número 2, diligenciados por los Jurados de Votación,

durante el proceso de los Escrutinios respectivos, en contradicción con nuestro sistema electoral adoptado en nuestra Constitución Política, y que como consecuencia de las anteriores decisiones se ordene la exclusión de las mesas antes citadas tanto de la cabecera como de los Corregimientos, se cancele la elección y se haga un nuevo escrutinio Distrital y con base en ello se declare la elección de Concejales para el período constitucional y legal de enero 1o de 2001 al 30 de diciembre de 2001. “TERCERA: Que una vez efectuado lo anterior se comunique la anterior novedad a quienes deban conocerla, por sendos oficios que deberán librarse al Presidente del Honorable Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, a sus Delegados en el Departamento del Magdalena, al Presidente del H. Tribunal 2 Administrativo del Magdalena, al Alcalde Distrital de Santa Marta y a todas las demás autoridades que deban conocer esta nueva situación”. A) Hechos Luego de referir aspectos relacionados con el debate electoral, tales como la fecha de su realización, el número de mesas instaladas en el Distrito de Santa Marta y su distribución, señalaron que en las mesas enunciadas en la pretensión segunda del libelo se sucedieron hechos graves que alteraron la verdadera voluntad popular y constituyeron un atentado contra la democracia popular, tales como los que seguidamente se enuncian: i) suplantación del elector, ya que las personas que aparecían como aptas para votar no lo hicieron y en su lugar resultaron sufragando personas diferentes; ii) que un jurado de votación apareció votando con una cédula de

la cual no es titular; iii) ciudadanos que no se encontraban incorporados en el censo electoral votaron, y iv) ciudadanos que sufragaron con cédulas falsas. B) Normas violadas y concepto de la violación Los actores invocaron como causal de nulidad la señalada en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo e indicaron como normas conculcadas los artículos 13, 29, y 258 de la Constitución Nacional y la Ley 163 de 1994. Sostuvieron que las personas que sufragaron no podían ejercer el derecho de elegir y ser elegidos por cuanto no se encontraban incorporadas en el Censo Electoral, por lo que al sufragar ejercieron fraudulentamente el derecho, prevalidos de la complicidad de los jurados de votación, los que fueron designados en el mismo día de las elecciones, porque las autoridades electorales encargadas del proceso omitieron comunicar con debida antelación la designación de los jurados de votación, lo que consideran 3 como “... una clara maniobra de alterar el resultado de la votación, amerita sin lugar a equívocos que esas mesas de votación deben excluirse del cómputo general de votos”. A folios 8 a 12 relacionaron los números de las cédulas de ciudadanía en los que consideraron que se presentaron las irregularidades denunciadas y en el anexo 1 que se acompañó a la demanda, los casos que fueron indicados como anómalos por los actores.

2. Admisión de la demanda Por auto del 15 de diciembre del 2000, el Magistrado conductor del proceso admitió la demanda, ordenó las notificaciones de Ley y dispuso que se publicara el edicto por dos veces en un diario de amplia circulación en el

Distrito de Santa Marta; así mismo reconoció personería a los actores.

3. Contestación de la demanda A) Por el apoderado judicial del elegido Concejal señor Guillermo Rueda Vesga Por conducto de apoderado judicial el citado Concejal contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En relación con los supuestos de hecho señalados por los demandantes, los signados bajo los números de orden 1 y 2 dijo que eran ciertos, no así los números 3, 4, 5, que fueron calificados de falsos.

En relación con el concepto de la violación señaló que “....no precisa la cobertura del cargo pretendido, se pierde en la amplitud de los acontecimientos electorales, incluyendo en su formulación los actos preparatorios, el debate electoral, los escrutinios y el acto administrativo que declaró la elección de Concejales en el Distrito de Santa Marta, impresión ésta, que no permite direccionar o identificar claramente si la falsedad o 4 apocrifidad aludida se refiere a todos estos eventos, en que consisten las suplantaciones? ¿cual es el porcentaje que incidió?” B) Por el elegido Concejal señor José Cardiles Hernández El elegido Concejal, actuando en su propio nombre, contestó la demanda, manifestó su oposición a las pretensiones en ella contenidas y le solicitó a la Corporación que las denegara; sostuvo que no podía declararse nulo un acto ajustado a derecho; además, señaló que los simples errores o equivocaciones no podían tenerse como constitutivos de la causal 2ª de nulidad del artículo 223 del código Contencioso Administrativo.

4. La demanda impetrada por el ciudadano Humberto Díaz Costa

El ciudadano indicado en la referencia, por conducto de apoderado judicial, demandó la nulidad del acto por medio del cual las autoridades electorales declararon la elección de Concejales en Santa Marta -Distrito Cultural y Turístico-. Las pretensiones del actor fueron del siguiente tenor: “I. Que se declare la nulidad del Acto Administrativo de fecha 12 de Noviembre del 2000, expedido por los Delegados del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró la elección de los Concejales del Distrito de Santa Marta para el período 2001 al 2003, y ordenó la expedición y entrega de credenciales a los elegidos. “II. Que también son nulos los registros electorales, o actas de escrutinio formularios E-11, E-14, E-24, E-26, Actas General de Escrutinio Registraduría Auxiliar, Acta General del escrutinio Distrital de Santa Marta, de jurados de votación o de cualquier otra corporación, que más adelante se acusan (ver Hecho 7), que se hubieren computado durante el proceso de escrutinios con violación del sistema electoral determinado en la Constitución y leyes de la República; que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene la exclusión de las mesas (ver Hecho 5 7), se cancele la elección y se haga practicar y efectivamente se practique un nuevo escrutinio para Concejales de la circunscripción electoral de Santa Marta para el periodo 2001 al 2003, escrutinio que deberá practicarse solamente con base en los registros y pliegos que no se declaren afectados de nulidad en virtud de este proceso, y previa rectificación de los errores aritméticos que se comprueben judicialmente

o exclusión de los registros o actas que, conforme a la ley, no debieron computarse, y con base en ello se declare la elección de nuevos Concejales para el período en mención, se expidan las nuevas credenciales. “III. Que una vez efectuado lo anterior se comunique la novedad a quienes deban conocerla, por sendos oficios que deberan librarse al Presidente del Honorable Consejo Electoral, al registrador Nacional del Estado Civil, a sus Delegados en el Departamento del Magdalena, al Presidente del Honorable Tribunal Administrativo del Magdalena y a todas las demás autoridades que deban conocer de esta nueva situación” A) Hechos de la demanda La parte demandante manifestó que el resultado electoral le fue adverso a su representado por razón de las irregularidades que se sucedieron en el curso del debate electoral, en el que se recurrió a maniobras engañosas para alterar la definición del certamen popular. Dijo que presentó en su oportunidad varias reclamaciones con fundamento en las diferencias existentes entre los formularios E-11 y E-14, reiterando este hecho más adelante cuando dijo que “No coincide el número de sufragantes en el E-11 con el número total de votos registrados en el E-14, E-24, ni con el Acta de la Comisión Auxiliar...”. Sostuvo que se presentó “intercambio de votos entre varios candidatos, para favorecer a otros, es decir que los votos que tiene un candidato en el E-14 son colocados a otro en el E-24 y viceversa, alterando lo escrito en el E-14...”; indicó que se presentó error en el registro de los guarismos en el E-24; que se presentaron casos de suplantación de

electores; así como tachaduras y enmendaduras en muchos de los 6 formularios E-14; igualmente se presentan casos de E-14 suscritos por uno solo de los jurados de mesa. A partir del folio 6 del plenario, parte final, y hasta el folio 33, relacionó los casos y las mesas de votación en que los hechos anómalos tuvieron ocurrencia. B) Normas violadas y concepto de la violación Indicó como normas conculcadas las siguientes:  Los artículos 29 y 40.1 de la Carta Política;  los artículos 1.3, 114, 134, 163, 166, 169, 170, 172 del Decreto 2241 de 1986;  los artículos 5 y 7 de la Ley 163 de 1994. Como causales de nulidad invocó las consagradas como 2ª y 3ª en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Señaló que las circunstancias referidas en el hecho número 7 de la demanda contenían todas las inconsistencias fraudulentas con las cuales se modificaron de manera sustancial los resultados electorales que, en su sentir, resultaban contrarios a lo consagrado en el artículo 1 del Código Electoral en la medida en que los resultados contienen una falsa afirmación que distorsiona la realidad de las votaciones. El demandante precisó que los formularios E-11, E-14, E-24 y el Acta General de Escrutinio deberían coincidir en su contenido, lo que no aconteció en el caso de las elecciones de Santa Marta, en donde el E-24 no guarda relación con los documentos que le sirven de soporte ni con el Acta de Escrutinio.

En acápite especial, en la parte final del escrito de demanda, el actor solicitó la suspensión provisional del acto acusado.

5. Admisión de la demanda

7 Mediante proveído del 25 de abril del 2001, el Tribunal Administrativo del Magdalena, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de Ley y denegó la solicitud de suspensión provisional, considerando para el efecto que “... no hay una sustentación suficiente tendiente a demostrar, con una sencilla comparación o confrontación y sin muchas elucubraciones la violación de normas superiores. Es que ni siquiera se mencionan estas”.

6. Contestación de la demanda A) Por el elegido Concejal señor Orlando José Cardiles Hernández Actuando en su propio nombre, el ciudadano aludido en la titulación contestó la demanda, expresó su oposición a las súplicas del libelo y pidió su desestimación, aduciendo para ello que el acto de elección de los Concejales era un acto ajustado a la Ley. Destacó que el candidato número 330 “.. fue el que más reclamaciones presento (sic) ante las distintas comisiones escrutadoras y tuvo todas las oportunidades en las distintas zonas, preservándose su derecho a la defensa tal como reza en las distintas resoluciones emanadas de las comisiones”.

En cuanto al supuesto fáctico que indicara el actor en su libelo, admitió como ciertos los signados bajo los números de orden 1, 2 y 3; en cuanto a los hechos 4 y 5, fueron desconocidos y pidió su comprobación; con relación al hecho 6, dijo que el candidato número 330 tuvo todas las oportunidades

para presentar las reclamaciones y que prueba de ello es que el mismo demandante admite que así lo hizo, “... pero otra cosa muy distinta eran (sic) que prosperaran. Verbo y gracia como aquella reclamación temeraria y tendenciosa manifestando que el suscrito tenía a una hermana como jurado de votación en una mesa, falseando la verdad y reclamando causales que no existieron....”. Con relación al supuesto fáctico identificado con el número siete del libelo, indicó que era totalmente falso y explicó que los simples errores o equivocaciones no podían ser considerados como falsedad o apocrifidad. 8 B) Por el elegido Concejal señor Daniel Sánchez Marmolejo Por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda, se opuso a sus peticiones y afirmó que los hechos en que ésta se basaba eran solo inferencias o hipótesis esbozadas por el demandante de lo que él cree que pudo haber ocurrido en el proceso electoral. Admitió como cierto el hecho 1 de la demanda; los números 2, 3 y 6 dijo que no le constaban y solicitaba su prueba; frente a los hechos 4 y 5, los señaló como falsos y en relación con el 7 exigió su prueba. Manifestó el defendido que el demandante confundió los conceptos de falsedad y apocrifidad, porque le dio a los errores cometidos por los jurados de mesa tal connotación. C) Por el elegido Concejal señor Juan Carlos Palacio Salas Por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda; en relación con los hechos admitió solo como cierto el número 1 del libelo y en cuanto a los demás dijo que no le constaban o solicitó la prueba de los mismos.

En cuanto al fundamento jurídico de la demanda y el concepto de la violación desarrollado por el demandante, sostuvo que ninguna de las disposiciones señaladas como fundantes de la pretensión fue conculcada por los miembros de la Organización Electoral; así mismo dijo que la causal 2ª de nulidad del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, no se estructuraba pues, por el contrario, las personas que ejercieron su derecho a elegir lo hicieron en forma legítima y legalmente habilitadas por la Organización Electoral. Por último destacó que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha sostenido que los hechos constitutivos de causal de reclamación electoral se deben proponer en sede del procedimiento gubernativo en las oportunidades que señala la Ley y que en sede judicial no resulta posible alegarlas o plantearlas como de nulidad. 9

7. Acumulación de procesos Por auto del 30 de noviembre del 2001, se ordenó la acumulación de los procesos radicados en el Tribunal bajo los números de orden interno 0938 y 0940 del 2000, acciones impetradas por los ciudadanos Arturo Camargo de la Cruz y otros y Humberto Díaz Costa, respectivamente.

8. Alegatos de conclusión A) Del apoderado judicial del elegido Concejal señor Daniel Sánchez Marmolejo Este opositor manifestó que, de acuerdo con las pruebas testimoniales recaudadas, el debate electoral se desarrolló en completa normalidad. Las afirmaciones de los actores fueron infundadas y lo que éstos pretenden es que el Juzgador incurra en error; así mismo, afirmó que los formularios E14 correspondientes a las mesas de votación de la Zona 3, Puesto 2, Colegio

Jacqueline Kennedy se encuentran debidamente diligenciados por los jurados de votación y en la mayoría de los casos se presentó recuento de votos, hecho éste que garantiza la transparencia del proceso de escrutinios de los jurados de mesa; dijo que si bien era posible que los formularios E-11 incluyeran irregularidades, pero éstas por si solas no constituían causal de nulidad, pues lo que apenas develan son descuido o negligencia de los jurados en el cumplimiento de su función. Luego, señaló, con fundamento en jurisprudencia de la H. Corporación, que para la prosperidad de la pretensión con fundamento en la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo se requería la demostración de la existencia de la falsedad o apocrifidad de manera plena y no con base en inferencias o hipótesis; además, dijo, la acción fraudulenta ha de ser de tal magnitud que el total de votos altere el resultado de la elección, para terminar concluyendo que, como no se demostraron en el plenario los hechos fundantes de la pretensión, se debían desestimar las pretensiones de la demanda. 10 En escrito posterior, presentado luego de haberse decretado la acumulación de procesos, el apoderado del Concejal señor Daniel Sánchez Marmolejo presentó nuevamente alegato de conclusión reiterando lo ya dicho y del cual se da cuenta en forma precedente. B) Del elegido Concejal señor Orlando José Cardiles Hernández El opositor Cardiles Hernández afirmó que la acción incoada no estaba llamada a prosperar por carencia de la prueba fundamental que hubiere demostrado los supuestos de hecho en que los actores fincaron sus

súplicas: el Formulario E-11. Refirió que “Es deducirse de simple lógica que al no presentarse dentro del término probatorio los documentos solicitados por la parte actora, para poderlo cotejar con los formularios E-10, Y EL CENSO ELECTORAL. Le es imposible por la trascendencia del documento A LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA hacerlo sobre suposiciones, indicios, o falsedades emitir juicio cuando ella actúa rogadamente”, más adelante en su escrito de alegato se plantea el siguiente interrogante: “¿ Es de preguntarse entonces si la lista de votantes o formularios E-11, no han sido allegados dentro del proceso como documentos fundamental, trascendental e importante, necesario, es de suponer que lo presentado por los demandantes en la zona 03 puesto 02 mesa 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 21, 26, 28, de la concentración Jacqueline Kennedy, son puras suposiciones, indicios, falsedades, imaginaciones que en el proceso contencioso electoral no le es dable”. Tras citar jurisprudencia del Consejo de estado manifestó que la causal de nulidad invocada imponía la demostración plena, concreta y operante de los sistemas de maquinación fraudulenta utilizados para alterar el resultado de las mesas de votación. Estos argumentos fueron por él reiterados en el proceso correspondiente a la pretensión iniciada por el ciudadano Humberto Díaz Costa. 11 C) Del señor Humberto Díaz Costa Precisó que no pretendía plantear en sede judicial como causales de nulidad de la elección las que se establecieron como motivos de reclamación en el

proceso electoral, las que se proponen en su trámite ante las autoridades electorales. Luego de hacer referencia al nuevo criterio jurisprudencial sobre la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, el cual transcribe, dijo que “Precisamente el punto 7 de los hechos de la demanda narra con claridad meridiana todas y cada una de las acciones realizadas para falsear la verdad de los resultados electorales y encaja a plenitud en el concepto inicialmente transcrito, reitero, no estamos en presencia del llamado error aritmético que hace relación a una equivocación al sumar los votos, sino a hechos fraudulentos, maniobras engañosas que alteraron sustancialmente el resultado electoral y de ahí que se configuraron como apócrifas o falsas al modificar las sumas reales, variaron, modificaron, distorsionaron la realidad electora (sic), desconociendo de paso la pureza del sufragio, la voluntad de los votantes depositada en las urnas y con tales actos se violó el artículo primero del decreto 2241 de 1986 que reza: El objeto de este código es perfeccionar el proceso y las organizaciones electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y autentica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de la voluntad del elector expresado en las urnas”. Acto seguido reiteró el énfasis en que los formularios E-11, E-14, E-24, E-26, relacionados en el hecho 7 de su demanda presentaban incongruencias y diferencias entre sí.

9. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Magdalena, luego de considerar todas y cada

una de las mesas de votación señaladas por los demandantes, declaró la nulidad del acto de elección de los Concejales del Distrito Turístico de Santa Marta y ordenó excluir del cómputo los votos depositados en la mesa número 9, zona 3, Puesto -Concentración Jacqueline Kennedy-. 12 La decisión a la que arribó el a-quo se fundó en la consideración según la cual, luego de efectuado el cotejo correspondiente entre el Formato E-11 y el Censo Nacional Electoral remitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, logró establecer que el 40% de los votos depositados en la mesa se habían depositado en forma fraudulenta “... habida consideración de que en el formato E-11 se hace constar que fueron depositados doscientos veintiséis sufragios. En tal virtud se impone la inferencia de que deba declararse nula la votación registrada en esta mesa puesto que el número de votos que han de ser tenidos como espurio es de tal magnitud que, a no dudarlo, resulta determinante en el resultado de la elección como en efecto así se hará constar adelante”.

10. Recurso de apelación La sentencia fue recurrida en apelación por los señores Luis Alberto Jimeno Peña, Edinson Enrique González y Guillermo Rueda Vesga, recurso que fue admitido por el Consejo de Estado mediante autos de 6 de septiembre del 2002 y 24 de octubre de la misma anualidad.

A) Del señor Edinson González Sostuvo que la decisión no se basó en las pruebas legal y oportunamente solicitadas, porque no se allegaron al plenario las fotocopias auténticas de la

investigación por fraude electoral que cursaba en la Fiscalía; seguidamente solicitó que modificara “ ...la decisión en el sentido de adicionar el fallo apelado, en el numeral 2 de la aparte resolutoria, en cuanto no se descontaron todas las mesas en que se adulteró la votación, pues no practicó la prueba solicitada por el señor HUMBERTO DÍAZ COSTA, en relación a traer a este plenario el expediente de la Denuncia por el Delito de FRAUDE ELECTORAL (ADULTERACIÓN), presentado por el ciudadano EDINSON GONZALEZ, pues de haberse tenido en cuenta todas las pruebas solicitadas en oportunidad procesal, en la parte resolutiva de la providencia se hubiera descontado del computo todas las mesas cuyos votos se 13 encontraban adulterado, cambiando radicalmente con esto el acto genera del escrutinio E-26”; a continuación en acápite titulado “Pruebas solicitadas” efectúa una relación de pruebas que pretende sean decretadas en esta instancia. B) Del señor Guillermo Rueda Vesga El elegido concejal Guillermo Rueda Vesga solicitó que se revocara la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, que se preserve incólume el acto de elección. Afirmó que la decisión del Tribunal, según la cual, debe excluirse del escrutinio general el registro correspondiente a la mesa número 9, de la zona 3, puesto 2, Concentración Escolar -Jacqueline Kennedy-, debe ser revocada porque los formularios E-11 considerados por el Tribunal no son documentos auténticos; según el apelante se trata de documentos aportados

en copia simple, que se allegaron al proceso sin cumplir las formalidades indicadas en los artículos 251, 252, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil; consideró el apelante que su argumento constituye la “Razón jurídica que nos conduce a concluir que existe un error de derecho en concederle al formulario E-11, de la mesa 09 de la zona 3, puesto 2 “Concentración escolar Jacqueline Kennedy”, un valor de convicción que legalmente no tiene, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil aplicable; por lo que creo conveniente traer a colación lo manifestado por el H. Consejo de Estado, en sentencia de Abril 4/80 M.P., Carlos Betancourt (sic) Jaramillo, “Es claro que la ley le da a las copias un valor probatorio similar al del documento original, pero, como es obvio, la diligencia que dá (sic) fé (sic) de que la copia de que se sella corresponde al documento original o a una copia debidamente autenticada, debe ser cumplida directamente por el funcionario autenticante, sin que pueda suplirse con la adjunción de una simple copia con la atestación original referida. En otros términos, toda copia debe tener un sello de autenticación propia para poder ser 14 valorada como el documento original” (Resaltado y cursiva del texto citado). A continuación consideró el acervo probatorio que le restaba valor probatorio a las copias anexadas al plenario, toda vez que, según el entender del impugnante, estos documentos ponen en duda el carácter de documentos auténticos de los arrimados al expediente y que fueron los considerados por

el a-quo para efectos del fallo. C) Del señor Humberto Díaz Costa Como motivos de inconformidad con la sentencia proferida por el a-quo, indicó los siguientes: Que no se podía confundir la falta absoluta de firmas de los formularios E-11 por parte de los jurados de votación con la causal de reclamación de que trata el numeral 3º del artículo 192 del Código Electoral; que los documentos sin firmas son inexistentes por cuanto carecen de uno de los elementos esenciales; siendo así, la certificación que registran los jurados de votación en la parte final del formulario E-11 es anónima, y en consecuencia la ausencia absoluta de firma encaja dentro de la causal 2ª de nulidad del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo “....ya que fueron tomados como cierto unos registros y unas actas de escrutinio que no existen, lo cual constituye a todas luces una falsedad”. En cuanto al cargo formulado en la demanda por suplantación de votantes, que el a-quo en algunos casos desestimó por falta de pruebas y en otros los consideró insignificantes pues no alteraban el resultado de la elección, señaló que el Tribunal nada hizo para practicar unas pruebas que había decretado, hecho que según el apelante se demuestra con el auto del 8 de junio de 2001, por medio del cual el Tribunal manifestó que aplazaba la práctica de la inspección judicial que se solicitó y que tenía como fin que fueran examinados los formularios E-11 y E-14; esta conducta lo privó de la posibilidad de probar en primera instancia los hechos constitutivos de las suplantaciones; en relación con aquellos casos en que se probó la

suplantación pero que el Tribunal no las tuvo en cuenta porque no eran de 15 tal magnitud que alteraran en resultado de la elección dijo que “ es claro que el tribunal partió del error de analizar individualmente cada mesa y su sola injerencia en el resultado final, como si la elección de un candidato a cualquier corporación dependiera de una sola mesa de votación, olvidando por completo que es la sumatoria de todas las mesas la que determina la elección, e igualmente en el mismo sentido, es la sumatoria de los vicios de todas las mesas la que puede llegar a alterar los resultados...”. En apoyo de su razonamiento se remitió a la aclaración de voto que efectuará la Magistrada Martha Isabel Castañeda Curvelo. En cuanto a los casos en los que no fue registrado el nombre del sufragante por los jurados de la mesa, dijo que no resultaba de recibo “que el tribunal justifique semejantes anomalías en la falta de ilustración de los electores....”. Sostuvo que este vicio, que fue desechado por el Tribunal “... basado en la falta de ilustración del jurado de votación no tiene respaldo frente a las claras disposiciones legales que exigen la identificación del votante, para que así el voto sea legítimo y legalmente válido”; por último, en relación con la falsedad de los registros dijo que el Tribunal desconoció la jurisprudencia que sobre el particular elaboró la Sección Quinta del Consejo de Estado, según la cual, en el proceso electoral la nulidad fundada en la falsedad no tiene porque comprender la demostración del elemento volitivo del agente para deducir su configuración, por cuanto para la configuración de causal alegada, poco

importa que dichas falsedades sean atribuibles a título de culpa o dolo a quien las realice, es suficiente la verificación objetiva del vicio para que se genere la nulidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto correspondiente.

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1. Sobre la demanda instaurada por los ciudadanos Arturo

Camargo de la Cruz, Edinson González Escobar y Carlos Francisco Diazgranados A) Primer cargo: Suplantación Electoral Los actores de la referencia demandaron la nulidad del acto de elec