PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONGRESISTAS - Improcedente causal de inhabilidad por parente

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C. 7 de mayo de 2007 Concepto N° 027/2007 Doctor

REINALDO CHAVARRO BURITICA

Consejero Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000200600051 00

Radicado Interno número: 3980 (acumulados) Actor: Francisco Wilson Córdoba López Asunto: Nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó, para el período 2.006-2.010.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado para presentar alegatos de conclusión, como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia a continuación presento a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I-ANTECEDENTES

1. La demanda instaurada por el ciudadano Francisco Wilson Córdoba López Radicado interno número 3980

El ciudadano señalado en la referencia, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, actuando por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido, solicitó que se aplicara la excepción de 1 inconstitucionalidad y se inaplicara el Decreto 4767 del 30 de diciembre del 2005, por ser esta disposición manifiestamente inconstitucional, en defecto de esta inconstitucional norma solicita que se aplique directamente el artículo

176 de la Constitución Política.

Solicitó como pretensiones: i) que se declare nula el Acta de declaración de la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó, expedida por la Comisión Escrutadora Departamental – Delegados del Consejo Nacional Electoral; ii) que como consecuencia de lo anterior se ordene un nuevo escrutinio; y, iii) que se declare la elección del señor Francisco Wilson Córdoba, como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó.

Considera esta Agencia del Ministerio Público, en aras de la economía y dado que el asunto que propone el actor ha sido objeto de innumerables decisiones, que no es del caso hacer mayores señalamientos sobre el curso de esta acción. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, resulta procedente emitir el respectivo concepto de rigor. Destaca este Despacho que en cuanto a la demanda que se ha incoado, en anteriores oportunidades ya ha efectuado pronunciamientos, por ello en este 2 caso, con la venia de la H. Sala, se considera pertinente manifestarle que dado que se repetirían los argumentos expresados al emitir concepto de fondo dentro de las demandas de nulidad de Representantes a la Cámara de los Departamentos de Huila, Nariño, Cauca, Caquetá, Atlántico, Antioquia, Risaralda, y otros, cuyos supuestos de hecho y de derecho son idénticos a

los planteados en este proceso, se remite los argumentos expresados en los anteriores conceptos. Además, tales planteamientos han sido también objeto de análisis por parte de esa Corporación en decisiones como las de 14 de diciembre de 2006, mediante las cuales se resolvieron las demandas incoadas contra los actos por medio de los cuales se declaró la elección de los representas a la Cámara por los Departamentos de Caquetá y Antioquia (Expedientes 4024 y 4054) y la incoada contra el Decreto 4767 del 30 de diciembre de 2005, Radicado interno 3975-4032, sentencia de 14 de diciembre del 20006, entre otras; oportunidades en las que con fundamento en una profunda argumentación han sido desestimados. Con fundamento en los antecedentes jurisprudenciales a los que se ha hecho referencia y como no se encuentra motivo que permita su variación, esta Delegada solicita de manera respetuosa a la H. Sala que ellos se apliquen igualmente al caso ahora motivo de examen y desestime los argumentos de la demanda que fue instaurada por el ciudadano denegando las pretensiones deprecadas en la misma.

2. Demanda instaurada por el ciudadano Gustavo Adolfo

Prado Cardona 3 El ciudadano a que se alude en la referencia, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó.

Solicitó como pretensiones: i) que se declare nula la Resolución número 013 del 23 de marzo del año 2006; ii) el Acta General de Escrutinios; y, iii) el Acta

Final de Escrutinios o formulario E-26, por medio de los cuales los Delegados del Consejo Nacional Electoral, realizaron el escrutinio general de los votos para la Cámara de Chocó e igualmente declararon la elección de los Representantes a la Cámara por esta circunscripción electoral. Considera esta Agencia del Ministerio Público, en aras de la economía y dado que el asunto que propone el actor ha sido objeto de innumerables decisiones, que no es del caso hacer mayores señalamientos sobre el curso de esta acción. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Dado que los argumentos que señala el demandante del acto de elección de Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó, al igual que en el caso anterior ya han sido considerados y no han sido prósperos para los fines de las acciones de nulidad de contenido electoral que ha incoado esta Agencia del Ministerio Público solicita a la H. Sala, respetuosamente que reitere la jurisprudencia que en torno a los argumentos propuestos en la demanda ha elaborado y dado que no existen motivos que hagan viable variar el antecedente, proceder con base en ellos a denegar las pretensiones que propone para el 4 caso de la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó. 3.- La demanda formulada por el señor HIGINIO MOSQUERA LOZANO Radicado interno número 3989 El ciudadano Higinio Mosquera Lozano, en nombre propio, en ejercicio de la

acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, para que previos los trámites del respectivo proceso, se efectuaran las siguientes declaraciones: “1°. Que se declare la nulidad parcial de la resolución Nro. 013 de marzo 23 de 2006, del Consejo Nacional Electoral y del Acta General de Escrutinios Departamentales correspondiente a las elecciones de Congreso de la República celebradas el 12 de marzo de 2006, en cuanto declara elegido al Doctor Odón Horacio Sánchez Montes De Oca como Representante a la Cámara por el Departamento del Chocó para el periodo constitucional 2006 / 2010, conforme lo dispone el artículo 229 del C.C.A. En consecuencia: 2° Que se declare la nulidad de la elección del Doctor Odón Horacio Sánchez Montes de Oca como Representante a la Cámara por el Departamento del Chocó, para el periodo constitucional 2006/2010 al tenor del artículo 228 del C.C.A. y se anulen los votos depositados a favor del candidato inhábil Doctor Odón Horacio Sánchez Montes De Oca, y como consecuencia de lo anterior estos se excluyan del computo electoral y se realicen nuevos escrutinios. 3° Que se cancele la respectiva credencial al Doctor Odón Horacio Sánchez Montes De Oca, como Representante a la Cámara por el Departamento del Chocó para el período constitucional 2006 / 2010, al candidato que resulte electo. 4° Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se expida la nueva credencial como Representante a la Cámara por el Departamento del Chocó, para el periodo Constitucional 2006 / 2010, al candidato que

resulte electo.” a.) Hechos 5 Señalo el demandante que el señor Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, fue elegido, en las elecciones del 12 de marzo de 2006, como Representante a la Cámara por el Departamento del Chocó para el periodo 2006/2010; dijo igualmente que el citado señor Sánchez Montes de Oca, era hijo del señor Rafael Horacio Sánchez Hinestroza y de la señora Luz Maria Montes de Oca García, y que son sus hermanas las doctoras Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca y Orlene Sánchez Montes de Oca, según constaba en el registro civil y en el certificado de fe de bautismo que aportó. Señaló que el elegido Representante a la Cámara, estaba inhabilitado conforme a lo preceptuado en el artículo 179.5 de la Constitución Política, por cuanto que, dentro del año anterior a la elección y aún a la fecha de la misma, las hermanas del representante elegido, habían desempeñado cargos en los cuales ejercieron autoridad civil, política y administrativa dentro de la misma circunscripción electoral en donde se desarrollaron las elecciones. Sostuvo que la dra. Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, desde el 11 de junio de 1999 presta sus servicios en el cargo de Subgerente de Servicios Asistenciales en la Empresa Social del Estado “Hospital Departamental San Francisco de Asís”, una Empresa Social del Estado del orden departamental, creada por medio de la ordenanza Nro. 021 de agosto 10 de 1997, de la Asamblea Departamental del Chocó; a cuyo cargo están asignadas las

funciones señaladas en el Acuerdo 045 de 1999 del 24 de diciembre. Agregó que dentro del año anterior a la elección del Representante a la Cámara, la Doctora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca se desempeñó en varias oportunidades como Gerente encargada del Hospital Departamental San Francisco de Asís, citando las resoluciones de fechas 6 junio 27 de 2005, Resolución 1334 del 29 de agosto de 2005, Resolución 1293 del 11 de agosto de 2005, Resolución 1487 del 30 de septiembre de 2005 y Resolución N° 0245 del 15 de enero de 2006. En cuanto a la doctora Orlene Sánchez Montes de Oca, el demandante señaló que nueve (9) meses antes de las elecciones del 12 de marzo, laboró al servicio del Departamento del Chocó, desempeñando el cargo de Secretaria de Educación Departamental, en la que tiene bajo su responsabilidad la orientación y toma de decisiones a nivel departamental de todas las políticas en materia educativa y cultural que se desarrollan en ese nivel territorial, señaló las funciones inherentes al precitado cargo (folios 130 a 133 del cuaderno principal). Agregó que mediante Ordenanza Nro. 0096 del 2002 a la Secretaria de Educación y Cultura del Chocó se le otorgaron facultades para actuar como ordenadora del gasto y como consecuencia de lo anterior la Doctora Orlene Sánchez Montes de Oca, en uso de sus atribuciones legales, de sus funciones y ejerciendo la autoridad civil, política y administrativa, investida de ella, celebró contratos de suministro con diferentes casas comerciales de la ciudad; nombraba, trasladaba,

disciplinaba y removía al personal docente. b) Normas violadas y concepto de la violación El demandante citó como norma vulnerada el artículo 179 numeral 5, de la Carta Política, argumentando que ese artículo consagraba de manera taxativa las circunstancias que le impiden a una persona ser congresista, circunstancias insubsanables. Dijo igualmente que el artículo 179-5 de la Constitución Política desarrollaba el principio de la igualdad electoral y buscaba impedir ventajas derivadas del parentesco, de las relaciones conyugales o de hecho con funcionarios que ostentaran cierto poder dentro del Estado, y que obtuvieran su elección como congresistas con violación del principio de igualdad electoral. Que se trataba de salvaguardar la plena 7 igualdad de los contendientes e impedir que determinadas circunstancias operen desde el poder para inclinar la libre opción electoral a favor de un candidato y en detrimento de otro. Que era sabido que la referida inhabilidad obedece a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. Que la Dra. Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca se desempeñaba antes, durante y después de la realización de las elecciones donde resulto electo su hermano, como Subgerente de Servicios Asistenciales de la ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, cargo en el que ejerció autoridad civil, política y administrativa dentro de la circunscripción donde se produjo la elección del señor Odón Horacio Sánchez M. Señaló que la ley 136 de 1994 en su artículo 188 consagraba el concepto de autoridad civil en los siguientes términos: “Autoridad Civil. Para los efectos de lo previsto en esta ley se entiende

por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia por si o por delegación. 3 Sancionar a sus empleados con suspensiones, multas o destituciones.

Artículo 190 Dirección Administrativa Esta facultad además del alcalde la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de deptos (sic) administrativos y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades admitidas (sic) especiales, como superiores de los correspondientes servicios mupales (sic) También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondo municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y 8 suspenderlas, trasladar horizontal y verticalmente los funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nuevas sedes al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y a quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar la faltas disciplinarias” Según el actor, se colegía que la funcionaria Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, se encontraba investida de autoridad civil y política, y así mismo ejercía cargo con dirección administrativa como Subgerente de de Servicios Asistenciales que desempeñaba el día de las elecciones en las

cuales resultó electo el doctor Odón Horacio Sánchez Montes de Oca. Agregó el actor que en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado ha señalado que para configurar la causal de inhabilidad del artículo 179.5 era menester la conjunción de cuatro elementos: “a. Que exista y se pruebe el parentesco de consanguinidad con el candidato dentro del tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. b. Que el consanguíneo del candidato electo ejerza autoridad civil o política al momento de la elección c. Que se encuentre en el cargo al momento de la realización de la elección. d. Que la circunscripción en la cual el consanguíneo del candidato ejercer la autoridad civil o política coincida territorialmente con el lugar en donde se realizó la elección.” C) Solicitud de suspensión provisional En el escrito de corrección de la demanda, la parte actora solicitó la suspensión provisional del acto acusado, de conformidad con el artículo 152 9 y s.s. del C.C.A., por cuanto señala que el elegido Representante a la Cámara, señor Odón Horacio Sánchez Montes de Oca, era inelegible por incurrir en violación al régimen de inhabilidades, pues desconoció el numeral 5° del artículo 179, que esa petición no requería de un estudio de fondo, pues solo bastaba con confrontar las pruebas aportadas y las solicitadas, para determinar que se había incurrido en una violación clara, ostensible, flagrante y manifiesta del ordenamiento jurídico.

2. Admisión de la demanda El Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, mediante auto del 5 de mayo del 2006, inadmitió la demanda por no

aportar los documentos relacionados con la declaratoria de elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Choco y cuya nulidad deprecaba el demandante; seguidamente le concedió 5 días para su corrección; en forma posterior, una vez corregida la demanda, la Sala admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la elección del señor Odón Horacio Sánchez Montes de Oca como Representante a la Cámara por el Departamento de Chocó, para el periodo 2006-2010, por encontrar que no surgía de manifiesto la violación de la norma superior invocada.

3. Contestación de la demanda Mediante apoderado judicial, el señor Odón Horacio Sánchez Montes de Oca dio contestación a la demanda. La parte demandada manifestó que se oponía a las pretensiones de la demanda por carecer de soporte jurídico las tres primeras y por ser improcedente la cuarta de ellas; sobre los hechos admitió algunos como ciertos, en otros, señaló que se atenía a lo que se 10 probara en el proceso y de otros, dijo que eran apreciaciones subjetivas del actor.

En síntesis, el argumento de la defensa se encamina a demostrar que la apreciación del demandante no correspondía al ordenamiento constitucional invocado, pues de acuerdo con lo expresado por la H. Sección en la providencia de mayo 25 del 2006, a diferencia de otras causales de inhabilidad que consagra el mismo artículo 179 de la Carta, el precepto constitucional en el numeral 5° estaba redactado en términos de actualidad o tiempo presente en relación con la elección del pariente, afín o cónyuge, y

que para que se configurara la inhabilidad era menester, además del parentesco entre el elegido y el funcionario o funcionarios administrativos, que se ejerciera un cargo de autoridad civil o política, ninguno de los cuales ejercían o ejercieron las doctoras Sánchez Montes de Oca, y además que el cargo se esté ejerciendo, por los parientes en el momento de la elección del demandado. Que nada de ello se había dado, razón por la cual la causal de nulidad no se configuraba y las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar. Que en cuanto al alegado ejercicio de funciones delegadas en la Secretaria de Educación del Departamento del Chocó, cargo ocupado por una de las parientas del demandado, se indicó que esa delegación de funciones desapareció desde el 28 de mayo de 2004, casi con dos años de anterioridad a la fecha de las elecciones en donde resultó electo como Representante el señor Odón Horacio Sánchez Montes de Oca, por lo cual esa circunstancia no tenía incidencia alguna en esta contención. Finaliza indicando que para el caso de los congresistas las inhabilidades son las previstas en el artículo 179 de la Carta Política, en manera alguna las disposiciones de la ley 617 de 2000, por lo que los pronunciamientos del 11 Consejo de Estado, Sección Quinta, en relación con Diputados, no tienen aplicación en este evento.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Como en el asunto en examen no se advierte vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el

concepto que le corresponde. El demandante ha considerado que el señor Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, no podía aspirar a ser candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Departamento del Chocó ni menos ser elegido como tal, por cuanto que se encontraba incurso en la causal de inhabilidad que refiere el numeral 5º del artículo 179 de la Carta Política, norma cuyo tenor literal es como a continuación se transcribe: Artículo 179. - No podrá ser congresistas: (…)

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. (…) Las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, 5º, y 6º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La Ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contempladas en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5º”. De conformidad con el libelo, el actor deriva la inhabilidad en el elegido Representante, del hecho de ser éste, hermano de dos funcionarias del Departamento del Choco, una de ellas, la doctora Siris del Carmen Sánchez 12 Montes de Oca, Subgerente de la Empresa Social y Departamental del Estado E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís y la otra, la

doctora Orlene Sánchez Montes de Oca, Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Chocó, cargos en los que dijo, ejercieron autoridad en los términos que la misma se ha establecido por el Constituyente como causal de inhabilidad para quien aspire a ser congresista. La causal de inhabilidad le impone al actor –onus probandi incumbit actorisla demostración de los siguientes supuestos:  1. La calidad de elegido congresista  2. La existencia de un vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil,  3. Con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política  4. Que el funcionario se encuentre en el ejercicio de la función para el momento de la elección. En el sub examen la condición de congresista del señor Odín Horacio Sánchez Montes de Oca está plenamente demostrada. El segundo de los presupuestos, como atañe con el estado civil de las personas, debe ser demostrado de conformidad con lo señalado en el Decreto 1260 de 1970, en especial conforme lo dispuesto en el artículo 105, disposición que reza lo siguiente: “Artículo 105.- Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. 13 En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante

de la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo 100”. Sobre el particular se tiene lo siguiente: i) a folio 23 y con la demanda se acompañó Registro Civil de Nacimiento de Adín (sic) Horacio Sánchez Montes de Oca, hijo de Rafael Sánchez y de Luz Montesdeoca (sic); ii) a folio 24 del plenario obra acta eclesiástica expedida por el Sacerdote Jarmith Knuth Díaz, Parroquia de San Francisco de Asís, que no permite considerar el vínculo, dada la exigencia de Ley para de mostrar estos hechos del estado civil; en forma posterior se subsana la deficiencia probatoria y a instancias de la solicitud que hiciera la Magistrada Ponente doctora María Noemí Hernández Pinzón, el Notario Primero del Circulo de Quibdó remite certificado del respectivo registro civil de nacimiento de Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, en donde se indica que es hija de Sánchez Rafael Horacio y Montes de Oca Luz del Carmen; iii) certificado expedido por el Notario Primero del Circulo de Quibdó en el que indica que en el libro de Registro de Nacimientos se encuentra asentado el nacimiento de Orlene Sánchez Montes de Oca, hija de Sánchez Hinestroza Rafael y Montes de Oca Luz. De conformidad con lo anteriormente señalado se encuentra demostrado el segundo de los presupuestos. Ahora bien, señala el demandante que las citadas ciudadanas, hermanas del elegido Representante como se encuentra debidamente acreditado, se desempeñaron en cargos públicos a los cuales les era inherente el ejercicio de autoridad, así: La señora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, como Subgerente de la E.S.E. Hospital Departamental de San Francisco de Asís y,

la señora Orlene Sánchez Montes de Oca, como Secretaria de Educación del Departamento del Chocó. 14 La vinculación al servicio público de las funcionarias que inhabilitarían al elegido Representante por su parentesco se encuentra acreditada así:  En el folio 29 del plenario se encuentra certificado expedido por el Jefe de la Oficina de Talento Humano del Departamento del Chocó, en el que se da cuenta de lo siguiente: “Que la Dr. (sic) ORLENE SANCHEZ MONTESDEOCA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.291.839 de CALI, laboro al servicio del Departamento del choco, desempeñando el cargo de SECRETARIA DE EDUCACION desde el 1 de enero de 2004, hasta el 1 de junio de 2005”  En el folio 37 del plenario se encuentra constancia expedida por el Jefe de la Sección de Recursos Humanos de la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís, en el que se indica que la señora Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, presta sus servicios a la Empresa desde el 11 de junio de 1999 y a la fecha de la expedición de la certificación, 27 de marzo del 2006, se encontraba desempeñando el cargo de Subgerente de Servicios Asistenciales. Las inhabilidades, como limitantes del ejercicio de derechos, para el caso derechos de carácter fundamentales, son taxativas, de estricto derecho y no puede el intérprete aplicar la analogía o extender el sentido de las disposiciones, para comprender dentro de ellas casos que la norma no ha establecido. Ahora bien, como quedó advertido, la prosperidad de la pretensión de

nulidad con fundamento en la causal de inhabilidad consignada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, impone al actor demostrar que el funcionario que ejerce la función de la cual se deriva el ejercicio de autoridad y que tenga vínculo o parentesco con el elegido 15 congresista que le causa la inhabilidad, debe encontrarse en ejercicio del cargo al momento de la elección del congresista, por cuanto que, la causal no establece un término de inhabilidad y la inflexión verbal utilizada en la norma, conjugada en presente de subjuntivo, impone considerar una actividad presente con significación de posibilidad, así se debe entender cuando la norma indica: “ejerzan autoridad civil o política”. Interpretada así la norma -al operador jurídico la regla de hermenéutica no le permite considerarla de otra manerael fin de la misma se torna inane, por cuanto que posibilita evitar que la inhabilidad se configure renunciando de manera previa a la elección del candidato y dentro del interregno anterior ejercer influencia en el electorado; sin embargo, este no es problema del operador, ese fue el deseo del Constituyente, así quedó plasmado en la norma y de ese contexto literal no es posible sustraerse. En ese entendido, y dado que la elección se llevó a cabo el 12 de marzo del 2006, la situación del elegido Representante no puede considerarse en relación con la Dra. Orlene Sánchez Montes de Oca, quien como atrás se indicó prestó sus servicios al Departamento del Choco, desempeñando el cargo de Secretaria, hasta el 1 de junio de 2005, es claro que a la fecha de la

elección ya había hecho dejación del cargo y la inhabilidad resultaba imposible de configurarse. Queda por hacer el estudio de la inhabilidad alegada frente a la situación de la Dra. Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca, quien presta sus servicios en el Hospital San Francisco de Asís, Empresa Social del Estado, entidad en la cual a 27 de marzo del 2006 se encontraba laborando en el cargo de Subgerente de Servicios Asistenciales. 16 La inhabilidad de que trata el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, se refiere a dos de las manifestaciones que asume la autoridad, la civil y la política. La segunda de las indicadas, la política, comprende exclusivamente a aquellos cargos que atañen con el manejo del Estado, del Departamento o del Municipio y comprenden al Presidente de la República, a los Ministros, a los Directores de Departamento en el orden nacional y al Gobernador y Alcalde y los Secretarios de Despacho en el nivel descentralizado territorialmente, nominación que no corresponde al cargo desempeñado por la Dra. Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca. Así las cosas el examen se realizará referido con el concepto autoridad en la modalidad de civil. Se ha dicho en torno al concepto autoridad lo siguiente: “La autoridad es el poder o la potestad de mandar u ordenar, disponer, prohibir o sancionar, de conformidad con la Ley, dentro de los límites de la respectiva competencia. La autoridad pública general implica el ejercicio del poder público en función de mando, para una finalidad prevista en la ley y que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, faculta para el ejercicio de la compulsión o de la

coacción por medio de la fuerza pública. Tener autoridad es gozar del ius imperii, estar revestido del Imperium. Y ciertamente no todos los empleados o funcionarios públicos, ni todos los que ejercen una función publica están revestidos del poder del Estado para decir el derecho u obligar a su cumplimiento o para mandar o disponer, con el respaldo de la fuerza pública”1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado ha sostenido que la autoridad civil es un concepto genérico de autoridad dentro 1 Consejo de Estado - sentencia de diciembre 3 de 1.982. Expediente Número 872. Consejero Ponente Dr. JOAQUÍN VANIN TELLO. 17 del cual queda comprendido el de autoridad administrativa como especie según se desprende de los siguientes planteamientos: “La autoridad civil confiada a un servidor público por razón de sus funciones consiste en la potestad de mando, de imposición, de dirección que se ejerce sobre la generalidad de las personas. Su expresión puede ser diversa y puede consistir en competencias reglamentarias, o de designación y remoción de los empleados, o en potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de sanciones distintas, o de control que comporte poder de decisión sobre los actos o sobre las personas controladas. “Por lo tanto la determinación en cada caso concreto de si un servidor público ejerce o no autoridad civil, debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su cargo y así se podrá establecer el tipo de poderes que ejerce y las sujeciones a las cuales quedan sometidos los particulares. Si dichas potestades rev