PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONGRESISTAS - Impugnación de acto de llamamiento del segundo

Bogotá D.C., abril 27 de 2005 Concepto No. 053/ 2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dra. MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 3594

Actor: MARTHA CECILIA PRIETO AHUMADA Asunto: Nulidad del artículo 2º de la Resolución MD 1579 del 17 de agosto de 2004, por medio de la cual se nombró al señor FREDDY GARCÍAHERREROS RUSSI, como Representante a la Cámara, proferida por la Mesa Directiva de la

H. Cámara de Representantes.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La ciudadana Martha Cecilia Prieto Ahumada, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, solicitó de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que efectuara las siguientes declaraciones: “Primera .- Que es nulo el artículo 2º de la Resolución MD 1579 de 17 de agosto de 2004, proferida por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Representantes que dispone: “ARTÍCULO SEGUNDO: Llamar al doctor FREDDY GARCÍAHERREROS RUSSI, con cédula de ciudadanía 79.362.629 segundo inscrito en la lista Electoral que encabeza el doctor ZAMIR EDUARDO SILVA AMÍN por la Circunscripción electoral de Boyacá, para el período

1 Constitucional 2002-2006, para que tome posesión del cargo de Representante a la Cámara, de conformidad con la Constitución Política y la Ley 5ª de 1992, debido a que el doctor ZAMIR EDUARDO

SILVA AMÍN, mediante oficio fechado el 10 de agosto de 2004, radicado en la Secretaría General el 11 del mismo mes y año, solicita a la Mesa Directiva de la Corporación una Licencia sin remuneración por tres meses a partir del 1º de septiembre de 2004; en caso de su no aceptación se continuará el llamado a los demás integrantes de la lista.” Segunda.- Que se ordene la cancelación de la respectiva credencial. Tercera.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del llamado del señor FREDDY GEOVANNY GARCÍA HERREROS RUSSI para suplir la vacancia temporal dejada por el retiro del DR. SILVA AMÍN, como Representantes a la Cámara se llame a ocupar su curul al candidato que según el orden, en forma sucesiva y descendente corresponde a la misma lista electoral, es decir a quien ocupa el 3er. renglón de la lista. Cuarta.- Se ordene comunicar la respectiva sentencia al Señor Ministro del Interior y a la Honorable Cámara de Representantes. A) Hechos Refirió la actora que el doctor Freddy Geovanny García-Herreros Russi, fue inscrito en nombre del Partido Liberal Colombiano como candidato a la Asamblea del Departamento para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre del 2003; que resultó elegido Diputado y así declarado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral; que de esta dignidad tomó posesión en la sesión inaugural de la Asamblea y permaneció en la condición de Diputado hasta el 31 de diciembre del 2003.

Seguidamente, indicó que el doctor Zamir Silva Amín fue inscrito como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento de Boyacá, para el período constitucional comprendido entre el 20 de julio del 2002 al 19 de julio del 2006, resultando elegido. 2 Dijo la demandante que el elegido Representante a la Cámara, el doctor Zamir Silva Amín, solicitó una licencia sin remuneración por el término de tres meses, contados a partir del 1º de septiembre, la cual le fue concedida mediante la Resolución MD 1579 del 17 de agosto del 2004; que, además, se dispuso llamar al doctor Freddy García – Herreros Russi, decisión acusada en sede judicial, tomando posesión de la dignidad de Representante a la Cámara el 1º de septiembre del 2004. De estos hechos, concluyó la actora indicando que, sin lugar a dudas, el señor García-Herreros Russi, fue elegido Diputado a la Asamblea Departamental de Boyacá para el período comprendido entre el 1º de enero del 2001 y el 31 de diciembre del 2003 y que siendo Diputado en ejercicio participó como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Departamento de Boyacá para el período 2002 - 2006, integrando la lista encabezada por el candidato Zamir Silva Amín, en el segundo renglón; en la que si bien no fue elegido si obtuvo la vocación para ser llamado en la eventualidad de una vacancia absoluta o temporal del elegido el señor Silva Amín, existiendo coincidencia en los períodos de Diputado y Representante por cuanto que en su condición de Diputado estaba

investido a su vez de la vocación para ser llamado en los eventos de vacancia temporal o definitiva del elegido. B) Normas violadas y concepto de violación La ciudadana demandante indicó como disposición infringida el artículo 179 de la numeral 8º, como fue modificado por el artículo 10 del Acto Legislativo 1 del 2003; igualmente señaló como violado el artículo 95 ibídem. 3 Sostuvo que la disposición antes citada fue transgredida porque el señor García Herreros Russi permaneció investido de la dignidad de Diputado hasta el 31 de diciembre de 2003 y que en esta condición participó como candidato a la Cámara de Representantes para el período 2002 - 2006 por la circunscripción electoral del Departamento de Boyacá. En relación con la infracción del artículo 95 Superior, afirmó que el mandato contenido le impuso la obligación de no desbordar los límites de la Constitución a toda persona -incluidos los candidatos a las corporaciones públicas o a los cargos públicos-. Subsiguientemente, citó la demandante decisiones del Consejo de Estado y concluyó manifestando que, de conformidad con la “ ... evolución jurisprudencial contenida en los pronunciamientos antes reseñados, obliga a concluir, que para evitar el fraude a la Constitución Política, que se venía perpetrando por las personas no elegidas, llamadas a suplir vacancias temporales o absolutas, es preciso examinar la situación en que se encontraba el demandado en la fecha de la elección y declarar la nulidad del acto demandado por cuanto, como se deduce de lo expuesto en los hechos, el demandado

FREDDY GEOVANNY GARCÍA HERREROS RUSSI, se encontraba inhabilitado para el momento de la elección puesto que en aquel momento, era diputado en ejercicio a la Asamblea departamental de Boyacá, y de conformidad con las normas vigentes entonces, artículo 179 numeral 8º de la Constitución Política, debió renunciar previamente a la inscripción, para poder venir ahora a ocupar la vacante que ocasiona el retiro temporal del primer renglón de la lista”. 4 C) Solicitud de suspensión provisional En escrito independiente, la actora pidió se dispusiera la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, considerando como fundamento del pedimento, básicamente los argumentos propuestos en la demanda.

2. Admisión de la demanda Mediante auto del 10 de diciembre del 2004, el Consejo de Estado -Sección Quintaadmitió la demanda, ordenó las notificaciones que se imponen y denegó la petición de suspensión de los efectos del acto administrativo.

La decisión negativa fue sustentada en la inobservancia de los requisitos que exige para su prosperidad la solicitud de suspensión provisional, pues de la simple confrontación entre el acto acusado y la norma señalada como transgredida no surgía la violación denunciada.

3. Contestación de la demanda Por intermedio de apoderado judicial, el señor García-Herreros Russi dio contestación a la demanda.

Manifestó que se oponía a todas y cada una de las pretensiones de la actora, dado que carecían de fundamentos de hecho y de derecho. En relación con los hechos admitió algunos como ciertos, otros los rechazó y calificó de falaces e

impertinentes en relación con la pretensión incoada. 5 Consideró que la demanda resultaba inconexa e inconclusa y que las citas jurisprudenciales citadas por la demandante en auxilio de la prosperidad de la pretensión fueron interpretadas de manera parcializada y fuera de contexto. Luego de hacer referencia a pronunciamientos que sobre el particular ha efectuado el Consejo de Estado y relacionados éstos con los supuestos de hecho, manifestó que la pretendida inhabilidad no se configuraba pues “... en nada coinciden los períodos, puesto que son constitucionalmente diferentes....”. Seguidamente precisó que para el momento en que asumió la dignidad de Representante a la Cámara para suplir la vacancia temporal que se sucede por causa de la licencia no remunerada, ya no ostentaba la condición de miembro de la Asamblea Departamental de Boyacá, toda vez que se había despojado de la misma desde el 31 de diciembre del 2003, fecha de culminación del período para el cual había sido elegido Diputado, del cual, dice, ya no tenía que renunciar. Concluyó señalando que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar. Como mecanismos de defensa propuso las excepciones de “caducidad de la acción electoral”, “inexistencia de los elementos materiales y normativos para tipificación de violación del régimen de inhabilidades” y “cosa juzgada”.

4. Alegatos de conclusión Apenas la parte demandada se hizo presente en esta etapa procesal presentando sus respectivos alegatos.

6 En su escrito reiteró los argumentos que señalara al contestar la demanda, en los

que enfáticamente desconoció la existencia de la causal invocada en pro de la nulidad; así mismo, insistió en las consideraciones expresadas en relación con las excepciones.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

1. De las excepciones propuestas Como en el asunto a examinar la parte opositora propuso excepciones en aras de enervar la acción incoada, considera esta Agencia del Ministerio Público que resulta pertinente asumir el estudio de las mismas, previa la consideración del fondo del asunto propuesto por la demandante en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral.

A) Caducidad de la acción Según la parte demandada, en el caso sub-examen operó la caducidad de la acción. Sostuvo que el acto de llamamiento fue expedido el 17 de agosto del 2004 y que ese mismo día fue comunicado al señor García-Herreros Russi. Por lo tanto, el cómputo del término de veinte días (20) se surtía a partir del día siguiente, es decir el 18 de agosto y se extendía en el tiempo hasta el 14 de septiembre del 2004; como la demanda se presentó el 28 de septiembre de la misma anualidad, forzoso era concluir en la existencia de la caducidad de la acción. 7 De conformidad con lo establecido en el artículo 136, numeral 12 del Código Contencioso Administrativo “La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a

actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación” Sobre el punto ha dicho la H. Corporación: “Se trata según lo expuesto, de la notificación que se haga a todas las personas, que todas son titulares de la acción de nulidad electoral y están legitimadas para su ejercicio, y no de la notificación solo al elegido. Conforme a los artículos 182 – 184 –modificado por el artículo 14 de la ley 62 de 1988del Código Electoral, los resultados de los escrutinios deben ser leídos en voz alta y hacerse la declaración de elección en la diligencia correspondiente; y según el artículo 6º de la ley 163 de 1994, en audiencia pública se notifica la declaración, en audiencia pública se notifica la declaración de los resultados y proclama la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Entonces, los actos declaratorios de elecciones ciudadanas se profieren en audiencias públicas y en esas mismas audiencias se notifican. Y siendo así, a partir de la fecha en que se hagan la declaración de la elección y su notificación en el término de 20 días establecido para el ejercicio de la acción de nulidad electoral, conforme a lo establecido en el artículo 136, numeral 12, del Código Contencioso Administrativo. Ahora bien, cuando se trate no ya de elecciones ciudadanas sino de elecciones hechas por corporaciones públicas o por juntas, consejos o entidades colegiadas, si se hacen en sesiones públicas – como son de ordinario las que celebran el Congreso, según el artículo 144 de la Constitución, y las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales-, sus actos han de

entenderse notificados en la misma sesión en que se producen y declaran, y a partir de entonces, como acontece con los actos puramente declaratorios de elecciones que profiere la organización electoral, corre el término de 20 días establecido para el ejercicio de la acción de nulidad electoral” Ahora bien el precedente citado se refiere a los eventos en que la designación del servidor se realiza por vía de la elección, que en el caso en examen no resulta, 8 porque el acto acusado no refiere el señalamiento de persona por elección. Se trata de un llamamiento a ocupar la vacancia temporal que se produjo en el cargo de Representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Boyacá, motivada en la circunstancia de habérsele otorgado al elegido una licencia no remunerada por el término inicial de tres (3) meses; es decir, que se trata de un tipo de designación con carácter temporal, que no se somete al trámite de elección, fundada, eso sí, en la voluntad popular expresada en las urnas. De otro lado, el acto por medio del cual se otorga una licencia no remunerada a un Representante a la Cámara y se provee a su reemplazo -ordenando el llamamiento del segundo inscrito en la lista, por medio de la expedición de la Resolución número 1579 del 17 de agosto del 2004, como es del caso-, es de aquellos asuntos no considerados como sujetos a reserva para que se decidan de conformidad con lo prescrito en el artículo 85 del Reglamento del Congreso. En tal virtud, se dirá, que estas decisiones son tomadas se toman en sesiones públicas.

No obstante, ello no impone considerar que la notificación se surtió en la sesión misma en que se expidió el acto de llamamiento y que a partir del siguiente día corre el término de caducidad, pues se trata de un acto de carácter particular y subjetivo, expedido por una autoridad del orden nacional, que es susceptible de acción de nulidad, que tiene señalado un término de caducidad, razón por la cual se impone su publicación en el Diario Oficial. El Consejo de Estado, en un asunto análogo al que ahora se considera, sobre el particular señaló lo siguiente: “La oportunidad de la acción electoral en este caso ha sido aceptada desde el auto admisorio de la demanda (fl. 25) a la luz de la sentencia C-646 del 31 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional que en su parte resolutiva dice textualmente, en lo pertinente: 9 DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “...y no será necesaria su publicación” del parágrafo del artículo 95 del Decreto Ley 2150 de 1995, en el entendido de que los actos administrativos de carácter subjetivo de las autoridades del orden nacional, y especialmente aquellos a los que se refiere el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, cuya acción de nulidad tiene caducidad, se publicarán debidamente en el Diario Oficial o en otro medio oficial destinado para el efecto....” (subrayado fuera del texto) El parágrafo citado en la sentencia establece: “Parágrafo. Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será

necesaria su publicación” De manera que, conforme a la interpretación constitucional de la norma transcrita, los actos de elección o nombramiento de las autoridades del orden nacional, no obstante contemplar situaciones subjetivas, requieren publicación en el Diario Oficial. Lo anterior por cuanto los actos administrativos particulares ordinariamente constituyen la culminación de una actuación regulada por la ley, dentro de la cual está autorizada la intervención de terceros y que conforme al Código Contencioso Administrativo se notifican personalmente (artículos 44 y s.s.), para satisfacer los dos objetivos que se persiguen con la publicidad a saber, determinar la fecha de entrada en vigencia de sus decisiones, como también garantizar y facilitar que los ciudadanos legitimados para hacerlo puedan oponerse a ellas mediante los recursos y trámites legales; pero tratándose de actos electorales, que pueden ser controvertidos por cualquier ciudadano con el uso de la acción pública, la mera notificación no satisface este segundo objetivo, por lo que es necesario activar el mecanismo de la publicación, a partir de la cual se presumen conocidos por todos y quedan sometidos a la censura de la comunidad mediante el ejercicio de la acción de nulidad electoral, dentro del término de veinte días, vencido el cual opera la caducidad”. 1 Así las cosas, no obstante que la Resolución 1579 se expidió el 17 de agosto del 2004, en sesión pública, siguiendo el precedente jurisprudencial, como el acto 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Consejero Ponente: ROBERTO MEDINA LOPEZ. Octubre 24 de 2002. Radicado Interno No. 2833

10 acusado es de carácter particular y requiere de publicación en el Diario Oficial, el término de caducidad de la acción no corre a partir del día siguiente y hasta el 14 de septiembre de la misma anualidad, como lo entiende el opositor. Ahora bien, no aparece probado en el plenario la fecha en que el acto haya sido publicado en el Diario Oficial o en la Gaceta de la Cámara de Representantes. El opositor se limitó a señalar que había operado la caducidad, pero omitió la demostración de su aseveración, no obstante que le correspondía asumir esta carga. Ante la falencia probatoria por la desatención de la carga procesal, considera esta Agencia del Ministerio Público que, en aras de preservar el derecho ciudadano de acceder a la justicia y de ejercer el control derivado del ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 40 de la Carta Política, debe desecharse la precitada excepción y avocar el conocimiento del fondo del asunto. Así, deberá entenderse que la demanda fue presentada en oportunidad, como ab initio se consideró en el auto que admitió la demanda. B) Inexistencia de los elementos materiales y normativos para la tipificación de violación del régimen de inhabilidades Los argumentos señalados por el apoderado de la parte demandada, en sentir de esta Agencia del Ministerio Público, no constituyen una excepción en sentido estricto, pues no se trata de la formulación de hechos nuevos con la capacidad jurídica de enervar la acción; por el contrario, se trata del rechazo a los presupuestos de la sentencia favorable, lo que constituye, en sí, la esencia de la

controversia, del fondo de la litis, que deberá examinarse en la sentencia. C) Cosa juzgada 11 Sostuvo el opositor que los fallos de las acciones electorales tienen efectos erga omnes y producen consecuencias contra todos, sean partes o no y solicita que se consideren los precedentes jurisprudenciales proferidos por el H. Consejo de Estado en los que ha negado la nulidad deprecada. El argumento no corresponde a la denominación que se le dio a la excepción por cuanto que la autoridad de cosa juzgada no es predicable en los términos de la parte pasiva, que propugna por la aplicación de los precedentes jurisprudenciales a la situación ahora en examen, asunto bien distinto a la institución procesal de la cosa juzgada que requiere para su procedencia que exista una triple identidad a saber: a) de res; b) de causa petendi; y c) de conditio personarum. Estas condiciones de procedencia no se cumplen en el caso en examen, pues en tanto las decisiones señaladas se refieren a un objeto de la demanda diferente al que ahora se propone; en relación con el segundo presupuesto, no hay identidad de la causa petendi, porque no existe identidad en el objeto de la demanda en estudio con las demandas que motivaron las sentencias a que alude el opositor como tampoco se pide el mismo objeto; es claro que el que ahora se examina se refiere a un hecho que resulta único, que lo es el llamamiento del segundo inscrito en la lista para ocupar el cargo vacante temporalmente; por ultimo no hay identidad jurídica de las personas y de la calidad con que proceden en los distintos procesos. Lo anteriormente señalado le permite a esta Agencia del Ministerio Público solicitar

al Consejo de Estado que desestime las excepciones propuestas, las declare imprósperas y avoque el conocimiento y decisión del asunto de fondo.

2. El asunto de mérito

12 El actor consideró que el señor Freddy Geovanny García Herreros Russi, llamado a ocupar la curul de Representante a la Cámara por la circunscripción del Departamento de Boyacá, se encontraba inhabilitado para acceder a la dignidad pues se encontraba incurso en la causal de inhabilidad señalada en el artículo 179, numeral 8º de la Constitución Política, norma que es del siguiente tenor literal: “Artículo 179. No podrán ser congresistas: (...)

8. Modificado por el A.L. 1 del 2003, artículo 10º. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad”. ( ) La demandante entendió que el quebrantamiento de la norma constitucional se sucedió porque el señor García Herreros Russi integró en el segundo renglón, la lista que encabezó el elegido Representante el señor Zamir Silva Amín, encontrándose en ejercicio de la función de Diputado del Departamento de Boyacá.

Ahora bien, la norma declarada inexequible reproducía esencialmente la norma vigente hasta antes de la Reforma Constitucional llevada a cabo por el Acto Legislativo; la única diferencia existente era la relacionada con la renuncia a alguno de los cargos o dignidades que inhabilitan y sus efectos en relación con la causal de inhabilidad, la cual, no obstante la renuncia, no eliminaba la inhabilidad.

La H. Corte Constitucional declaró inexequible la norma citada mediante sentencia C-332 – 05; el texto de la decisión es desconocido para esta Agencia del Ministerio Público por cuanto que a la fecha no ha sido publicado, solo obra un boletín de prensa en el que se señala el sentido de la decisión y se indica de manera somera que la motivación de la misma lo fue el desconocimiento del trámite que debe surtir el Acto Legislativo. 13 El tema de la elección simultanea ha sido objeto de consideración por esa H. Sección, quien citando a la Corte Constitucional en el pronunciamiento que esta Alta Corporación efectúo en la sentencia C-093/94 (ponencia del H. Magistrado doctor Hernando Herrera Vergara), señaló el sentido y alcance de la prohibición . 2 La Honorable Corte Constitucional en la sentencia que fundamento la decisión a que se alude en la nota pie de página, sostuvo lo siguiente: “ La prohibición constitucional admite dos hipótesis: a) La de una persona que es elegida en forma simultánea, para ser miembro de dos corporaciones, desempeñar dos cargos, o ser miembro de una corporación y a la vez desempeñar un cargo público; En este caso, es claro que, si se da la condición prevista por la Carta, es decir, que los períodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente, habrá nulidad de la elección para el cargo y pérdida de la investidura del Congresista elegido (artículo 183, numeral 1° C.P.). b) La de una persona que es elegida para desempeñar un cargo o para ser miembro de una corporación pública y, estando en ejercicio del mismo, aspira

a ser elegida para otra corporación o cargo cuyo período coincide, siquiera parcialmente, con el que venía ejerciendo. En este segundo supuesto, del cual parte el numeral acusado, cabe distinguir, para los fines de la inhabilidad, entre quien ha sido elegido y desempeña el cargo o destino público correspondiente y quien, pese haber sido elegido, no ha ejercido el empleo o interrumpió el respectivo período. Si lo primero, se configura la inhabilidad, lo cual no ocurre en el segundo evento, por las razones que más adelante se precisarán. En efecto, la coincidencia de períodos, señalada en el canon constitucional como factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo. 2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Ver sentencia de mayo 4 de 1995, Magistrada Ponente Doctora MIREN DE LA LOMBRANA DE MAGYAROFF. Expediente 1135. Ver igualmente la sentencia de 18 de septiembre del 2003, ponencia de la H. C. Dra MARIA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZON. Expediente 2889 y 2907 acumulados. 14 Un período puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública. Pero tal concepto no puede ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino cuando en realidad un individuo específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades propias de la función. Vale decir al respecto, que los

períodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones. Se convierten entonces en límites temporales de éstas. Una persona puede haber sido elegida y no haberse posesionado en el empleo, es decir, puede no haber ejercido durante el período que le correspondía, o puede haber iniciado su período y haberlo interrumpido mediante su renuncia formalmente aceptada. En estos eventos, mal puede pensarse que exista inhabilidad, por cuanto no se configura el ejercicio concreto y real del cargo o destino público correspondiente, bien por no haberse posesionado del mismo o en virtud de la separación definitiva ocasionada por la mencionada dimisión. Ahora bien, en la Constitución Política de 1991 se consagró un régimen de inhabilidades e incompatibilidades con respecto a los congresistas. Mediante el primero se configuran los casos en los cuales una persona que pretende ostentar esta calidad de servidor público de la rama legislativa, no puede ser elegido cuando ocurra alguna de las circunstancias de que trata el artículo 179 de la Constitución Política. En lo concerniente a las incompatibilidades establecidas en el artículo 180 de la misma Carta Fundamental, estas hacen relación a los impedimentos por parte de los miembros del Congreso (Senadores y Representantes), durante el tiempo en que ostenten dicha calidad. Estas y la inhabilidad por las causales constitucionales en razón del ejercicio del cargo público, gestión de negocios ante entidades o vinculación por parentesco por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha, generan la pérdida de la investidura de Congresista (artículo 183,

numeral 1° de la C.P.). De conformidad con el numeral 8°, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utiliza la expresión "nadie podrá", para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos. Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como Concejal o Diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de Senador o Representante 15 a esa corporación. En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el Concejal o Diputado o Servidor Público candidato a Congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8° del artículo 179 de la Constitución Política. Ya esta Corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta y por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según el cual "ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción", sucesivo y descendente. (Sentencia D-236. M.P. Dr.

Hernando Herrera Vergara). Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8°, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista. Además, debe agregarse que, si los Concejales y Diputados cuyo período constitucional se encontraba vigente para la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la República, renunciaron expresamente a sus respectivos cargos y su dimisión fue aceptada formalmente, habiéndose configurado de esta manera, la falta absoluta para el resto del período, rige el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, la cual se presume en las gestiones que adelantaron ante las autoridades electorales. Por consiguiente, el precepto acusado no vulnera las disposiciones constitucionales y por tanto será