PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONGRESISTAS - Omisión del consejo nacional electoral de deci

PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 4 de octubre de 2007 Concepto N° 58 A /2007 Doctor

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

Consejera Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Proceso número 110010328000200600142 00

Radicado Interno número: 4056, 4084, 4086, 4087, 4089, 4090, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107 (acumulados) Actor: ERNESTO URBANO VARÓN Asunto: Nulidad de la elección de los Senadores de la República para el período

2.006-2.010.

Respetada señora Consejera: Dentro del término de traslado para presentar alegatos de conclusión, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, a continuación presento a la H. Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.  1.- Demanda insaturada por el ciudadano ERNESTO URBANO VARÓN o Radicado interno número: 4056

El ciudadano de la referencia en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad parcial del acto por medio del cual se declaró la elección de Senadores – Resolución número 915 del 5 de julio del 2006 -, en cuanto que en él se declaró la elección de la doctora Nancy

Patricia Gutiérrez Castañeda, como Senadora de la República, para el período 2006 – 2010.  Causal de nulidad invocada Señaló como fundamentos de derecho el artículo 122 de la Carta Política, como fue modificado por el Acto Legislativo 01 del 2004; el artículo 223 numeral 5º del Código Contencioso Administrativo; la Ley 200 de 1995, y el artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Según lo afirmado por el demandante, la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, era inelegible por encontrarse incursa en la inhabilidad que consagra la norma Superior en el aparte que a continuación se transcribe: “…quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”  Admisión de la demanda Por auto del 14 de julio del 2006 del 2006, se admitió la demanda y se ordenó la práctica de las notificaciones que impone el proceso de naturaleza electoral.  Contestación de la demanda Por intermedio de apoderado judicial se contestó la demanda. Señaló el apoderado judicial de la elegida Senadora que se oponía a la pretensión de la demanda; dijo que su representada no se encontraba incurso en ninguna causal de inhabilidad que le impidiera inscribirse como candidata al Senado de la República y ser elegida, como aconteció, para el

período comprendido entre el 20 de julio del 2006 al 19 de julio del 2010. El apoderado de la demandada, Senadora Nancy Patricia Gutiérrez, en síntesis considera que en el asunto no es predicable la nulidad de la elección por cuanto que, si bien es cierto que, su representada fue objeto de investigación disciplinaria y como consecuencia de ella fue sancionada con multa, tal hecho no es demostrativo de una conducta omisiva que le hubiera causado un “detrimento patrimonial al erario público en cerca de 250 millones de pesos” como lo afirma el demandante. Refiere que el proceso disciplinario que se le adelantara a la elegida Senadora por la Procuraduría General de la Nación, “no tuvo por objeto establecer la existencia de un detrimento patrimonial al erario público en la ejecución de un contrato estatal y tampoco tuvo por objeto determinar que la demandada hubiese sido la causante de una daño generado a un Contratista”, el mismo se encaminó a demostrar la inobservancia de un deber legal que le imponía la Ley en relación con los contratos que se terminan y era el liquidarlo dentro de los perentorios términos señalados en las normas que regulan el régimen contractual de la administración pública, omisión que se le endilgó cuando fungió como Presidente de la Cámara de Representantes.  Alegatos de conclusión o Los presentados por el apoderado judicial de la Senadora NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA En su escrito de alegatos el apoderado de la demandada señala, primeramente que, en el sub examen, se presenta una “Ausencia de la

hipótesis prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2004” y que “la imposición de una sanción disciplinaria no genera la responsabilidad patrimonial del funcionario público”. En relación con el primero de los argumentos enunciados reitera que la inhabilidad opera solo en tratándose de funcionarios “que debido a su actuar gravemente culposo o doloso, calificado por sentencia judicial ejecutoriada, hayan dado lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado a favor de un tercero”; y destaca que la inexistencia de una condena debidamente ejecutoriada impide la configuración de la inhabilidad alegada por el actor. Luego se refirió a la conciliación que se originó como consecuencia del contrato del cual se derivó la responsabilidad disciplinaria de la elegida Senadora y dijo que el “Comité de Conciliación de la Cámara de Representantes conceptuó que en dicho asunto no estaba comprometida la responsabilidad de la doctora NANCY PATRICIA GUTIERREZ y que no había actuado con dolo o culpa grave, razón por la cual no era procedente iniciar acción de repetición en su contra” y concluye que la Cámara de Representantes no sufrió “ninguna clase de detrimento patrimonial como consecuencia del acuerdo conciliatorio al cual llegó con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional”. Manifestó también que “la imposición de una sanción disciplinaria no genera la responsabilidad patrimonial del funcionario público” En relación con el segundo de los argumentos señaló que existe “ausencia de configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 38 de

la Ley 734 de 2002” y dijo que “la imposición de una multa como sanción disciplinaria no genera per se inhabilidad para ser congresista. Ésta se origina cuando se impone de manera expresa la sanción de inhabilidad, durante el término señalado en el fallo cuando el funcionario público haya sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, de acuerdo con los términos del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA

DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO En el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de la parte demandada manifestó que proponía unas excepciones, las cuales, en sentir de esta Delegada no corresponden a la noción de este medio exceptivo, se trata más de argumentos de defensa que se han de considerar en la decisión de fondo que resuelva el asunto litigioso propuesto. Así las cosas, como este Despacho considera que las excepciones propuestas no tienen vocación reprosperidad, se solicita a la H. Sección que desestime las propuestas por el apoderado.  EL ASUNTO DE FONDO En lo que atañe con el asunto de fondo, el actor finca su pretensión de nulidad en el hecho de considerar que en la elegida Senadora de la República se configuraba la inhabilidad que se señaló por el Constituyente en el artículo 1º, inciso 5º, del Acto Legislativo 1 del 2004, de conformidad con la cual “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular,

ni elegidos ni designados como servidores públicos, ..., quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. Ahora bien, la prohibición que se ha establecido en el artículo 122 de la Carta Política, como fue modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 del 2004, no obstante no estar comprendida dentro del capítulo que regula lo atinente al régimen de inhabilidades de los congresistas, sin hesitación alguna, corresponde en un todo a la noción de inhabilidad, que entendida desde el aspecto semántico se define como todo “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo” (1), así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española; desde el punto de vista legal (artículo 279 de la Ley 5ª de 1992), se define como todo acto o situación que invalida la elección o impide serlo; desde un criterio jurídico, se entiende como aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impide el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio y que tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos

públicos. En el caso de la inhabilidad establecida en el artículo 122 de la Carta Política, opera con carácter general, e impide, no solo la inscripción como candidato a cargos de elección popular, también su elección y la designación como servidores públicos. De conformidad con la norma que ha establecido la inhabilidad, para su configuración se requiere que se cumplan los siguientes presupuestos:  Que se trate de un servidor público que con su conducta haya dado lugar a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial  Que la conducta que origina la reparación patrimonial sea dolosa o gravemente culposa  Que la conducta sea así calificada por una sentencia judicial ejecutoriada. 1 Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española – Editorial Espasa CalpeMadrid España – XXI edición – 11999. Pág 1167 En el asunto sub examine, se tiene que el demandante propende por que se configure la causal invocada, teniendo como fundamento para ello, la sanción disciplinaria que le impusiera a la elegida, la Procuraduría General de la Nación, consistente en “multa de noventa días (90) de salario devengado para la época de los hechos”, en donde se dijo que la conducta por la que se sancionaba se imputaba a título de dolo, se dijo en la providencia sancionadora lo siguiente: “Precisado lo anterior, se tiene que el reproche endilgado a los doctores …, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda y …, al haber omitido liquidar el contrato interadministrativo 133 de 1998 violando norma legal que se los ordenaba, se imputa a titulo de dolo.

Esto, por cuanto de las pruebas aportadas, se tiene, que como Presidente de la Cámara de Representantes para suscribir el acta de liquidación del contrato conocían el deben legal de cumplir las normas contractuales señaladas como infringidas. El no haber actuado los Presidentes de la Cámara investigados conforme al artículo 123 de la Constitución Política, es decir, de ejercer su función conforme a la Ley, que estaba en capacidad de comprender sus exigencias, por, ser legisladores y por su formación profesional, implica que actuaron conociendo y queriendo el resultado que produjeron, cual es quebrantar el ordenamiento jurídico. De esa manera, su actuación fue dolosa”. Ahora bien, las inhabilidades como prohibiciones que son le imponen al operador jurídico asumir su estudio restrictivamente, como lo señala la siguiente jurisprudencia: “Las inhabilidades, que son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, anteriores a la elección o designación, por constituir una excepción al derecho de elegir y ser elegido, le imponen al operador jurídico su interpretación restrictiva, razón por la cual queda proscrita toda clase de interpretación analógica, no es posible ampliar su cobertura a aquellas situaciones no previstas en forma concreta por el Legislador. No tiene cabida que por vía de interpretación de la norma, el operador termine creando una nueva causal o haciéndola extensiva a situaciones no previstas expresamente por la Ley, éste ha de seguir la regla de hermenéutica centenaria que consagra el Código Civil en el artículo 31, la cual fuera determinada en

su sentido y alcance jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia bajo el siguiente enunciado: “En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”. Pues bien, siguiendo este derrotero jurisprudencial, la norma que consagra la inhabilidad ha de ser entendida bajo estos parámetros, por ello, primeramente debe considerarse para la configuración de la inhabilidad que se trate de sentencia condenatoria en la cual el Estado debe ser condenado a una reparación patrimonial; como segunda medida cuando alude a que la conducta dolosa o gravemente culposa de la cual se deriva la condena al Estado debe haber sido calificada así por sentencia judicial ejecutoriada, la norma está haciendo alusión a las sentencias proferidas por los jueces de la República que deben encontrarse debidamente ejecutoriadas, que resultan inmodificables por cuanto no son susceptibles de recurso alguno, que por lo tanto hacen tránsito a cosa juzgada y cuyos efectos son erga omnes. En el caso en examen se tiene que este requisito no se cumple por cuanto la decisión de la Procuraduria General no reviste la connotación que exige la norma Constitucional para la configuración de la inhabilidad. En efecto, se trata de una decisión de un órgano de control, independiente y autónomo, que es ajeno a la Rama Judicial del Poder Público, de carácter administrativo, que no reviste el carácter de sentencia judicial y que no hace tránsito a cosa juzgada. Así las cosas, considera este Despacho que con fundamento en esta consideración y dado que los presupuestos que exige la norma para la

configuración de la inhabilidad no se cumplen la pretensión de nulidad debe ser desestimada.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con los argumentos anteriores, esta Agencia del Ministerio Público solicita a la H. Corporación que deniegue las pretensiones de la demanda incoada por el ciudadano Ernesto Urbano Varón, encaminada a obtener la nulidad de la elección de las ciudadana Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, como Senadora de la República, para el período 2006 – 2010.  2.- Demanda formulada por el ciudadano JORGE ALBERTO MENDEZ GARCIA o Radicado interno número 4087.

El señor Jorge Alberto Méndez García, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 915 del 5 de junio de 2006, notificada en estrados el 14 de junio de la misma anualidad, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se declararon electos los Senadores de la República para el período constitucional 2006-2010, en la que, figura el señor Carlos Cárdenas Ortiz, inscrito bajo el aval del Partido Social de Unidad Nacional. Que como consecuencia de ello, se decretara la cancelación de su credencial y se efectuara un nuevo escrutinio excluyendo del cómputo de votos generales, los obtenidos por el demandado y se procediera a la declaratoria de la elección de quienes correspondan dentro de la misma lista. Como hechos de la demanda adujo que el señor Carlos Cárdenas Ortiz, con

el aval del Partido Social de Unidad Nacional, fue inscrito como candidato al Senado de la República, resultando electo en las elecciones que se llevaron a cabo el día 12 de marzo de 2006, con una votación de 28.587 votos; dijo que el elegido se encontraba inhabilitado para ser elegido Senador de la República de conformidad con lo previsto en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 280 de la Ley 5a de 1992, toda vez que su hermana, Martha Yaneth Cárdenas Ortiz, desempeñaba el cargo de Directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Departamento de Casanare, cargo en el que fue nombrada mediante Resolución 171 del 26 de enero de 2006, expedida por la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; cargo en el que ejercía funciones de autoridad política, civil y administrativa. Que si bien la elección al Senado de la República, es de circunscripción nacional, también lo era que la citada norma señalaba en forma amplia las inhabilidades de quienes tengan vínculos de parentesco con el elegido, y ejerzan como funcionarios autoridad civil o administrativa; que para el caso específico, el señor Carlos Cárdenas Ortiz, había obtenido en el departamento de Casanare 25.453 votos, los cuales correspondían al 89.03% del Departamento, lo que en sentir del actor, demostraba la presencia influyente de su hermana como Directora Regional del departamento del Casanare.  Admisión de la demanda La H. Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de julio de

2006, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.  Contestación de la demanda Mediante apoderado judicial el señor Carlos Cárdenas Ortiz, contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de sus pretensiones. Como argumentos de su defensa, adujo que si bien era cierto que su prohijado era hermano de la señora Martha Yaneth Cárdenas Ortiz, quien ocupaba el cargo de Directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Casanare, ese hecho no lo inhabilitaba para ser elegido Senador de la República, toda vez que la inhabilidad prevista en la norma que se invoca como fundamento de la acción instaurada no se configuraba al no ostentar la señora Martha Yaneth Cárdenas cargo que implique el ejercicio de autoridad civil o política, en los términos que ha establecido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado. En efecto, sostuvo que dentro de las funciones asignadas al cargo de Director Regional, no existía ninguna que implicara el ejercicio de autoridad política o civil, ya que las mismas estaban orientadas al desarrollo de programas de protección a través de los cuales se impulsa el mejoramiento de la calidad de vida de la población sujeto de atención, en conjunto con la gestión administrativa tendiente al cumplimiento de los programas a desarrollar por el ICBF. Que no obstante, en caso de aceptarse que sí se ejercía autoridad civil o política, la norma que regulaba la inhabilidad invocada debía interpretarse sistemáticamente con los dos últimos parágrafos del artículo 179 de la Constitución Política, que disponen que las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, 5º y 6º, se refieren a situaciones que tengan lugar en la

circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección; y que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5º. Que para el caso particular, las Direcciones Regionales ejecutan sus proyectos dentro de un ámbito territorial claramente definido, de tal manera que no se ejerce en todo el territorio de la Nación. Finalmente refirió que el cargo ocupado por la señora Martha Yaneth Cárdenas Ortiz, no fue el producto de una designación discrecional sino que a la misma le antecedió un proceso de meritocracia, adelantado bajo los principios de objetividad, imparcialidad y publicidad, el cual se llevó a cabo con tres días de anterioridad a las elecciones de Congreso; tiempo que resultaba utópico para ejercer acciones tendientes a desviar la intención de 180.000 votantes de un departamento.  Tercero interviniente El Partido Social de Unidad Nacional Partido de la “U”, por conducto de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, aclarando que en el supuesto de prosperar la pretensión del actor, la misma no implicaría la pérdida o exclusión de la votación obtenida por el demandado, sino que determinaría el llamado de la persona que en su orden corresponda dentro de la lista del partido. Frente a los hechos y normas violadas especificó que las funciones de la Directora Regional del ICBF no encuadran dentro de las funciones de autoridad política o civil previstas en la ley, y que las circunstancias del hecho, encuadran dentro de la excepción prevista en la misma norma Constitucional.

 Alegatos de conclusión Dentro del término, el apoderado del demandado presentó escrito de alegatos, reiterando las consideraciones esbozadas en su defensa, agregando que sobre los mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación, archivo la investigación iniciada en contra de su prohijado. II.- CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURIA SEPTIMA DELEGDA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público, a emitir el respectivo concepto de rigor. Pretende el actor, que en el asunto en examen, se declare la nulidad de la Resolución 915 de 5 de junio de 2006, expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declararon electos los Senadores de la República, para el período constitucional 2006-2010, entre ellos, el señor Carlos Cárdenas Ortiz, inscrito bajo el aval del Partido Social de Unidad Nacional. Según el actor, el electo Senador se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, toda vez que para el momento de la elección, su hermana se encontraba desempeñando el cargo de Directora Regional del ICBF del Departamento del Casanare; cargo en el que ejercía autoridad política y civil. La norma citada por el actor como violada es del siguiente tenor literal: “Art. 179.- No podrán ser congresistas: (…) 5.- Quines tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de

parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.” En idéntico sentido, el artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, reitera la norma Constitucional. Pues bien, dentro del expediente obra los siguientes elementos de prueba:  copia debidamente autenticada de la Resolución 915 del 5 de junio de 2006 y su constancia de notificación y ejecutoria de 14 de junio de 2006, por medio de la cual se declaran elegidos los Senadores de la República, para el período constitucional 2006-2010;  copia autenticada de la Resolución No. 0171 de 26 de enero de 2006, por medio del cual la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nombra con carácter ordinario a la Dra. Martha Yaneth Cárdenas Ortiz en el cargo de Director Regional código 2035, Grado 26, de la planta global del ICBF asignada a la Regional Casanare;  copia de la Resolución 00068 de 29 de enero de 2003, por medio del cual se modifica la Resolución No. 2244 del 16 de octubre de 2001, en la que se especifican las funciones y responsabilidades del cargo de Director Regional a saber:

1. Dirigir, de acuerdo con el Director General del Instituto, todas las acciones técnicas y de prestación de servicios a cargo de la entidad y de la regional, en el respectivo departamento.

2. Dirigir la participación de la regional en la formulación integral de la política de familia y niñez, promover su difusión y concertar intersectorialmente los compromisos y responsabilidades frente a su

implementación.

3. Promover que los proyectos institucionales se integren y coordinen a los planes de desarrollo departamental y municipal y propender la implantación efectiva de las constancias de concertación y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el respectivo departamento, liderando las acciones que para el efecto sean pertinentes.

4. Dirigir la ejecución y la buena marcha de la política de infancia y familia en el territorio de su competencia, evaluar sus resultados y rendir los informes que sean pertinentes.

5. Realizar la concertación efectiva para la organización y puesta en marcha de los consejos Municipales y Departamentales de Policía Social y participar activamente en ellos.

6. Adoptar en el ámbito departamental las estrategias de difusión, asistencia asesoría y capacitación acerca de programas, planes y proyectos orientados a la familia y la niñez.

7. Dirigir la elaboración del plan anual de acción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Departamento y proponerlo ante las autoridades competentes para su adopción, incluyendo la programación de las metas sociales y financieras.

8. Dirigir y organizar la gestión de los procesos, procedimientos y actividades de administración del talento humano y de los recursos físicos y financieros asignados a la regional.

9. Dirigir, coordinar y tramitar los asuntos de carácter jurídico que se requieran para la gestión de la regional, del Instituto y del Sistema

Nacional de Bienestar Familiar.

10. Organizar, dirigir y coordinar el ejercicio de los controles a las entidades e instituciones que prestan los servicios de bienestar familiar en su área de influencia, para verificar el cumplimiento de las normas vigentes y de los estándares de calidad.

11. Incorporar activamente al Instituto en el nivel desconcentrado el ejercicio de la veeduría y la participación ciudadana en la gestión y control de los servicios de Bienestar Familiar.

12. Disponer lo pertinente para el funcionamiento de los sistemas de información establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar.

13. Efectuar la evaluación del desempeño del personal de carrera a su cargo.

14. Adoptar mecanismos de control interno en su dependencia o grupo a efectuar seguimiento a su desempeño.  Así mismo, obra copia debidamente autenticada de los Registros de nacimiento de los señores Carlos y Martha Yaneth Cárdenas Ortiz, en la que consta que son hijos de Ortiz Silva Leticia y Cárdenas José Miguel; esto es, que descienden de un mismo tronco común, quedando acreditado el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad entre el demandado Senador y la señora Martha

Yaneth Cárdenas Ortiz. Ahora bien, para que se configure la inhabilidad descrita en la norma aludida, es preciso demostrar no solo el vínculo o parentesco dentro de los grados descritos en ella, sino también que el mismo se predique de funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Como se observó, dentro de las funciones que le fueron asignados a los Directores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no existe ninguna que conlleve el ejercicio de autoridad política o civil, entendido el primero, como aquellos cargos que exclusivamente atañen al manejo del Estado, bajo los parámetros que trae el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, que define la autoridad política. De igual manera, para efectos de la delimitación del concepto de autoridad civil, se ha recurrido a la definición

del artículo 188 ibídem, que dispone que la autoridad civil se entiende como la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:  Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en la Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.  Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación.  Sancionar a los empleados con suspensión, multas o destitución. No obstante, si bien es cierto que las funciones asignadas al Director General del ICBF no conllevan el ejercicio de autoridad civil o política, tal y como se desprende de los conceptos antedichos, el análisis completo del texto contenido en el artículo 179 de la Constitución Política, descarta igualmente la configuración de la inhabilidad. En efecto, los parágrafos del artículo 179 de la Constitución Política disponen: “Las inhabilidades previstas en los numerales 2°, 3°, 5° y 6° se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones. Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5°.” Sobre el alcance de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5 del

artículo 179 de la Carta, ha sostenido el Consejo de Estado lo siguiente: “En efecto, como es bien sabido son diferentes las circunscripciones electorales de los órdenes nacional, departamental y municipal, razón por la cual dichas circunscripciones no coinciden para efectos electorales. Frente a esta realidad, el constituyente estableció una excepción exclusivamente “para los fines de éste artículo” (artículo 179 C.P.) puntual al considerar que la circunscripción nacional coincidía con cada una de las territoriales, es decir, las departamentales y las municipales. No obstante, el mismo constituyente a renglón seguido excluyó de ésta excepción la inhabilidad consignada en el numeral 5° de ese mismo artículo (179 C.P.), además, respecto de dicha inhabilidad, precisó que tenía que presentarse en la circunscripción donde se efectuara la elección; disposición que está redactada en los siguientes términos: “Artículo 179 C. P...- No podrán ser congresistas: (...) 5.- Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. (…)) Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual debe efectuarse la respectiva elección. (...) Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5°.”

De lo anterior se infiere que: la regla general predica que las circunscripciones nacional, departamental y municipal son independientes entre si, y por lo tanto para efectos de las inhabilidades no coinciden por ser diferentes cada una de ellas.