PGN - NULIDAD DE ELECCION DE CONTRALOR - Omisión del concurso de méritos por parte de los

Bogotá D.C. Julio 18 de 2.003 Concepto No. 039/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. REINALDO CHAVARRO BURITICA

E. S. D.

Referencia: Expediente número 3122

Actor: MIGUEL ALFONSO PÉREZ FIGUEREDO Asunto: Apelación de la sentencia del 10 de abril del 2.003, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección del señor Aurelio Villate Rodríguez como Contralor del Departamento de Boyacá, para el período 2.001-2.003.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Miguel A. Pérez, obrando en su propio nombre, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá para que, previos los trámites del artículo 223 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, se efectuaran las siguientes

declaraciones: 1 “1.- Que son nulos todos los actos administrativos que conformaron la elección del actual Contralor Departamental de Boyacá AURELIO VILLATE, a saber: El Proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el cual se designó su candidato a Contralor por esa Corporación, el proferido por el Tribunal Superior de Tunja con el cual se designó su candidato a Contralor por esa Corporación, el proferido por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, por el cual se designa su candidato a Contralor por esa Corporación, el proferido por la Asamblea Departamental por el cual se declaró electo al Dr.

AURELIO VILLATE. “2.- Que como consecuencia de lo anterior se anule esa elección y se ordene convocar nuevamente con sujeción al proceso establecido por ley, para la elección de Contralor del departamento de Boyacá”. A) Hechos El actor refirió que el Contralor Departamental de Boyacá presentó renuncia irrevocable de su cargo; que, en consecuencia, los Tribunales Administrativo de Boyacá, Superior de Tunja y Superior de Santa Rosa de Viterbo optaron cada uno de ellos por conformar la nueva terna con los candidatos que habían quedado en segundo lugar en el respectivo proceso de selección de candidatos para integrar la terna de aspirantes llevado a cabo en cada Tribunal; así mismo, señaló que el candidato seleccionado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, doctor Héctor Peña Salgado, declinó su postulación, razón por la cual procedió el Tribunal a incluir en la terna a la doctora Nazly Raquel Ramos de Quintero, quien había ocupado el tercer lugar en el proceso de selección anterior. Que, con base en la terna así conformada, la 2 Asamblea Departamental en sesión del 1º de noviembre de 2.001 eligió al doctor Aurelio Villate como Contralor del Departamento de Boyacá. B) Normas violadas y concepto de la violación El actor citó como normas violadas las siguientes:  El artículo 40 –7 y 272 de la Constitución Política  El artículo 2º de la Ley 58 de 1.982  El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo; Como concepto de la violación expresó que la Constitución Política de Colombia establece que corresponde a las Asambleas

Departamentales y a los Concejos Municipales, elegir Contralor, para un período igual al de Gobernador o Alcalde según el caso, de ternas integradas con candidatos postulados por el Tribunal de Distrito Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; considerándose agotado el proceso de selección por parte de los Tribunales con la posterior elección por parte de la Asamblea o Concejo Municipal según el caso. Así las cosas, dijo que ni la Constitución ni las leyes prescriben el procedimiento adoptado por los Tribunales para la conformación de la terna, que lo hicieron con los candidatos que habían ocupado el segundo puesto en el proceso de selección inmediatamente anterior, procedimiento que configuraba la causal de nulidad de los actos administrativos de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el acto resulta 3 siendo expedido en forma irregular, con desviación de las atribuciones propias de los funcionarios y violación de la ley; además, señaló que se violó igualmente el derecho a la igualdad de los ciudadanos que reúnen los requisitos de ley y que por razón del procedimiento adelantado por los Tribunales no pudieron participar en el proceso. De igual forma, el actor afirmó que al no permitirse la inscripción de otras personas interesadas en participar en el proceso de selección, se conculcó el artículo 2 de la Ley 58 de 1.982; que se transgredió el artículo 40 Constitucional, por cuanto que se coartó el derecho de acceder a las funciones y cargos públicos, así como el del control político de quienes reunían los requisitos y tenían interés en el proceso. C) Solicitud de suspensión provisional El actor, en su escrito de demanda, solicitó también la suspensión

provisional de “los actos administrativos que culminaron con la elección del actual Contralor Departamental de Boyacá AURELIO VILLATE”, proferidos por los Tribunales del Departamento. Sustentó su petitum en la violación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, porque tales actos, en su sentir, habían sido expedidos en forma irregular, con desconocimiento de las atribuciones propias de esos funcionarios y violación de la ley.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 13 de marzo de 2.002, se declaró impedido para conocer de la acción de 4 nulidad, por razón de su participación en el proceso de selección de uno de los candidatos. Esta situación fue resulta por el Consejo de Estado por medio de auto del 11 de junio de 2.002, que aceptó el impedimento y designó al Tribunal Administrativo del Casanare para asumir el conocimiento del asunto.

El Tribunal Administrativo del Casanare, a través de providencia del 25 de julio de 2.002, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y denegó la suspensión provisional. Para tomar esta última determinación consideró que la solicitud no cumplía con las previsiones del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, pues el demandante solamente citó como violado el artículo 84 ibídem, norma frente a la cual no se podía hacer el cotejo para determinar la manifiesta violación de la norma que exige como requisito la solicitud de suspensión.

3. Contestación de la demanda El señor Aurelio Villate Rodríguez contestó la demanda por conducto de apoderado judicial, y manifestó que se oponía a todas

y cada una de sus pretensiones. Expresó que, en su opinión, los Tribunales de Distrito Superior de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Administrativo de Boyacá no transgredieron el artículo 272 Superior en el curso del proceso de selección de los miembros que integran la terna para elegir el Contralor Departamental. Sostuvo que la Constitución y las Leyes facultaban a los Magistrados para escoger, seleccionar y conformar la terna de candidatos a la Contraloría Departamental, incluyendo a las 5 personas que cumplieran con los requisitos establecidos en la Ley 330 de 1.996, normativa que les impone realizar y organizar un concurso de méritos. Así, con fundamento en esta facultad el Tribunal Superior de Tunja profirió el Acuerdo 031 del 9 de octubre de 2.000, por medio del cual reglamentó el concurso para aspirantes a integrar las ternas para la elección de Contralor Departamental de Boyacá, acuerdo aprobado por la Sala Plena de la Corporación; de igual manera, el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, mediante Acuerdo No. 010 de 14 de septiembre de 2.000 convocó a concurso para integrar la terna de aspirantes al cargo de Contralor del Departamento de Boyacá, estableciendo el período de inscripción, entrevistas, publicación de resultados, evaluación y asignación de puntajes, además, destacó, señalando que la lista de elegibles tendría una vigencia de 3 años correspondientes al período por el cual se elegirían los contralores; por su parte, el Tribunal del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo hizo lo mismo, según consta en actas número

038 del 12 de octubre de 2.000, 039 del 20 de octubre de 2.000 y 044 del 1º de noviembre de 2.000; y que estos concursos así reglamentados concluyeron en la elección del señor Luis Felipe Machado Leyva, quien posteriormente presentó renuncia al cargo. Así las cosas, señaló que los Magistrados de los H. Tribunales del Departamento de Boyacá, acudieron a la lista de elegibles establecida en los concursos de méritos celebrados en el 2.000, dando cumplimiento a la Constitución y las leyes, entendiendo además que el proceso de selección se había establecido para un período, razón por la que consideraron que estaba vigente aún la lista de elegibles; además dijo que no se podía estar realizándose concursos a diario para atender a las diferentes actuaciones, por 6 cuanto que con ello se ponía en peligro la estabilidad jurídica consagrada en la Carta Política. De otra parte, señaló que la Ley 27 de 1.992, reformada por la Ley 443 de 1.998, junto con sus decretos reglamentarios, no buscaba otra cosa distinta que escoger los mejores candidatos, los más capaces y probos para el desarrollo de la función pública, estableciendo una prioridad al primero y opciones reemplazantes, mediante la elaboración de lista de elegibles, que tienen vocación para acceder a los cargos sometidos a concurso que posteriormente se presenten. El apoderado de la Asamblea Departamental presentó contestación de la demanda en forma extemporánea, razón por la cual no se hará alusión a ella.

4. Alegatos de conclusión Dentro de la oportunidad, las partes guardaron silencio

5. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo del Casanare, mediante sentencia del 10 de abril del 2.003 se declaró inhibido parcialmente, para decidir sobre los actos administrativos expedidos por los Tribunales Contencioso Administrativo de Boyacá de Boyacá, Superior de Tunja y Santa Rosa de Viterbo, dictados para conformar la terna 7 de candidatos a la elección del Contralor General del departamento de Boyacá; empero, declaró la nulidad del Acta No. 053 del 1º de noviembre de 2.000 por medio de la cual la Asamblea Departamental de Boyacá eligió como Contralor

Departamental de Boyacá al Dr. Aurelio Villate Rodríguez. El Tribunal advirtió una posible inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, habida consideración que el actor solicitó la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales los Tribunales conformaron la terna para elegir el actual Contralor de Boyacá, siendo éstos actos preparatorios no susceptibles de ser atacados por la vía contenciosa, razón por la cual se inhibía de conocer sobre ese particular asunto. También advirtió que cuando el actor citó las normas violadas y el concepto de la violación incurrió en deficiencias, al señalar que el procedimiento utilizado por los Tribunales no estaba de acuerdo con la norma constitucional indicada y no señaló la ley que lo desarrollaba, entendiendo el Tribunal que se trataba de las Leyes que sobre el tema ha dictado el Congreso de la República. Seguidamente, el Tribunal, transcribió los artículos 272 de la Carta Política, la Ley 42 del 26 de enero de 1.993, parágrafo del

artículo 67, el y artículo 4° numeral, 5° de la Ley 330 del 11 de diciembre de 1.996, destacando que el legislador autorizó a los diferentes Tribunales para que reglamentaran el concurso de méritos tendientes a seleccionar los candidatos con los que integrarían las ternas para la elección de Contralores Departamentales; y que dentro del proceso obraba prueba de la reglamentación y realización del concurso que llevó a cabo el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, folios 54 a 84, 8 cuaderno 1; del Tribunal Superior de Tunja, folios 32 a 66 y s.s. del cuaderno 3 y del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, folio 7 a 22 del cuaderno 3; que culminó con la postulación de los candidatos ante la Asamblea Departamental de ese ente territorial. Producida la vacante del cargo, los Tribunales Superior de Tunja, Contencioso Administrativo de Boyacá y de Santa Rosa de Viterbo, enviaron a la Asamblea Departamental los nombres de los candidatos que ocuparon los segundos y terceros lugares en las convocatorias realizadas en el 2.000, actuación que para el a-quo resultaba violatoria de la Constitución Política, más concretamente del artículo 40 numeral 7°. Destacó el Tribunal que los Constituyentes de 1991 sentaron como premisa fundamental, en relación con la administración pública, el principio según el cual el acceso a dichos cargos debía hacerse por el sistema de méritos, estableciéndose expresamente para algunos casos que se conformara lista de elegibles, las que tendrían un determinado

tiempo de vigencia, y para otros casos se estableció que simplemente se citará a concurso cada vez que las necesidades del servicio lo exigieran; y en ésta última categoría, consideró el Tribunal que se encontraba el caso del Contralor; de suerte que si no se cumplió con el requisito de hacer la convocatoria, se infringió el artículo 40 constitucional y, el artículo 13 ibídem, al restringir el concurso a una sola lista que se integra para la primera elección, impidiendo a personas que tienen mejores calidades o que ya las han cumplido, se presentaran en esta oportunidad. Cosa diferente, resaltó la Sala, era lo sucedido con los Magistrados de Tribunales y los Jueces de la República, cuya selección fue reglamentada por la Ley 270 de 1.996, pues allí se estableció expresamente la conformación de una lista de 9 elegibles; normatividad que no puede ser aplicada por analogía para el presente caso. Así las cosas, estando demostrado dentro del proceso que los Tribunales aludidos no abrieron nuevos concursos de mérito, el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que efectivamente se violaron las normas invocadas por el actor.

6. Recurso de apelación El señor Aurelio Villate Rodríguez interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, solicitando que se revocara en todas sus partes la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare. Consideró el apelante que tal y como lo había señalado el Tribunal, la demanda resultaba inepta, debiendo declararse la nulidad de todo lo actuado. De otra parte, indicó que el Tribunal Administrativo del Casanare incurrió en un

error de derecho, al presumir los vicios de ilegalidad de los actos dictados por los diferentes Tribunales de Boyacá, cuando ellos gozaban y se hallaban cobijados de la presunción de ser legales, porque habían sido expedidos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Carta Política y la Ley 330 de 1.996. De igual forma, el apoderado de la Asamblea Departamental del Departamento de Boyacá, interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, solicitando la aplicación del principio de interpretación de las normas jurídicas, a partir del “efecto útil” de éstas, según el cual entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los cuales produce consecuencias jurídicas y el otro no 10 conduce a nada o a un disvalor jurídico, debe preferirse el primero, en tanto que agotado el período del actual Contralor, un nuevo proceso de selección resultaría estéril, más aún, cuando el actual Contralor cumple con los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO No observando este Despacho vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede a rendir el concepto que le corresponde.

En el caso en examen, la demanda versa sobre el acto de elección del Contralor del Departamento de Boyacá, doctor Aurelio Villate Rodríguez, que consta en el Acta de sesión de la Asamblea Departamental de Boyacá número 053 del 1° de noviembre del 2001, el cual, según el actor ha de ser declarado nulo porque fue

expedido sin sujeción a las normas superiores, en forma irregular, con desviación de las atribuciones propias de los funcionarios y con desconocimiento de los artículos 13 y 40 de la Carta Política, con fundamento en el hecho de que los Tribunales omitieron la realización del concurso de méritos que impone la Ley para efectos de la conformación de la terna que ha de ser propuesta a la Asamblea Departamental, corporación a la que le corresponde la designación. 11 En relación con la elección de los Contralores el artículo 272, inciso cuarto de la Carta Política, preceptúa lo siguiente: “Igualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso administrativo” A su vez, la Ley 330 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales” dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 4o. ELECCIÓN. Los Contralores Departamentales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, de ternas integradas por dos candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial y uno por el correspondiente Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las ternas serán enviadas a las Asambleas Departamentales dentro del primer mes inmediatamente anterior a la elección. “La elección deberá producirse dentro de los primeros diez (10) días del mes correspondiente al primer año de sesiones. “Los candidatos escogidos por el Tribunal Superior y el escogido por

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se determinarán por concursos de méritos organizados por estos mismos Tribunales. “PARÁGRAFO. En los departamentos en donde hubiera más de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, cada uno de ellos enviará un candidato para conformar la respectiva terna. “ARTÍCULO 5o. PERIODO, REELECCIÓN Y CALIDADES. Los Contralores Departamentales serán elegidos para un período igual al del Gobernador. En ningún caso el Contralor será reelegido para el período inmediato ni podrá continuar en el ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. En este evento lo reemplazará el funcionario que le siga en jerarquía. “Las faltas temporales serán llenadas por el Subcontralor o el Contralor auxiliar y a falta de éstos por el funcionario de mayor jerarquía de la Contraloría Departamental. Las faltas absolutas serán llenadas de acuerdo con lo prescrito en la Constitución y en la ley. “Para ser elegido Contralor se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario y cumplir con los requisitos consagrados en el artículo 68 de la Ley 42 de 1993. El Contralor Departamental 12 comprobará ante los organismos que formulen su postulación, el cumplimiento de las calidades exigidas por la Constitución Política y la ley”. Las normas citadas asignaron a los Tribunales Superiores y de lo Contencioso Administrativo de cada Departamento la facultad de conformar la terna de candidatos que se han de presentar ante la Asamblea, para efectos de que ésta proceda a la designación que

le corresponde, siguiendo para ello el sistema de méritos. Para atender en debida forma a esta función, los Tribunales fueron revestidos de una facultad e imperativo legal según la cual les corresponde organizar los concursos de méritos. Ahora bien, las normas regulan el procedimiento a seguir para la designación de Contralor, nada establecieron en relación con los casos en los que se presenta vacancia absoluta del cargo. En este punto, la Ley estableció que “Las faltas absolutas serán llenadas de acuerdo con lo prescrito en la Constitución y en la ley”. En desarrollo de la facultad que se les asignó legalmente a los Tribunales, para efectos de la escogencia de los aspirantes que deben conformar la terna que corresponde considerar a la Corporación nominadora, el Tribunal Administrativo de Boyacá, expidió el Acuerdo número 10 del 14 de septiembre del 200, por medio del cual convocó a concurso para integrar la terna de candidatos a Contralor del Departamento de Boyacá, disponiendo que la Lista de elegibles tendría una vigencia de tres años “correspondiente al período para el cual se elegirá a los contralores”. 13 A su vez, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja, profirió el Acuerdo 031 del 9 de octubre de 2000 “Por medio del cual reglamenta el concurso para aspirantes a integrar las ternas para la elección de Contralor”. El Tribunal de Santa Rosa de Viterbo expidió una convocatoria pública en la cual indicó el procedimiento a seguir en le escogencia del candidato que le corresponde para integrar la terna de la cual se elige al Contralor.

Presentada la vacancia del titular por razón de su renuncia, la Asamblea procedió a solicitar a las Corporaciones Judicial la remisión de los nombres de los candidatos para conformar la terna y proceder a la designación del nuevo Contralor Departamental, por el resto del período.

1. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo determinó lo siguiente: “ El pleno por unanimidad decide seleccionar el candidato de las hojas de vida seleccionadas en la convocatoria realizada el año anterior, en consecuencia se postulan los nombres de los candidatos que en la convocatoria realizada el año anterior superaron todas las etapas de la selección a saber y se procede a votar por cada uno de ellos así:....” Esta actuación fue justificada por el Presidente del Tribunal de Santa Rosa, aduciendo motivos de conveniencia. Manifestó que “ En obedecimiento a lo anterior, el Pleno de esta Colegiatura, el día 27 de septiembre del año 2001 determinó que tal candidato –el solicitadodebería ser escogido entre las hojas de vida seleccionadas en la convocatoria realizada el año inmediatamente anterior, en cuanto habían superado todas las etapas de selección. Se acordó tal procedimiento en razón a que la convocatoria que se había presentado en el año inmediato anterior –2000-, lo había sido para el período constitucional de tres años, esto es, por el lapso comprendido 14 entre el 1° de enero de 2001 y 31 de diciembre de 2003 y, que en esas condiciones al presentarse la vacancia definitiva del cargo por renuncia del Contralor titular y ante la necesidad de elegir su reemplazo por el resto del periodo para el cual había sido elegido, reitero, la Corporación unánimente consideró, conforme con las

normas legales pertinentes acudir a la lista de personas que habían superado con éxito todos los pasos de la convocatoria, pues no podía pasarse por alto que ese candidato se estaba requiriendo con el carácter de urgente, lo que a no dudarlo se constituía en un obstáculo para siquiera pensar en la elaboración de nueva convocatoria y por ende agotar un nuevo concurso”

2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja determinó designar al doctor Aurelio Villate Rodríguez como su candidato para integrar la terna de elegibles a Contralor Departamental de Boyacá, sobre el procedimiento seguido para su escogencia señalaron: “Para escoger el anterior candidato no se hizo convocatoria especial sino que corresponde a los resultados del concurso aprobado mediante Acuerdo No. 044 del 14 de noviembre del año 2000”

3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, como lo señaló el aquo, luego de efectuar la evaluación de las pruebas, tampoco procedió a efectuar convocatoria para efectos de la escogencia del candidato a integrar la terna para la elección de Contralor del Departamento de Boyacá. Es de presumir que no se efectuó tal convocatoria en consideración a la vigencia que el Tribunal determino de la Lista de elegibles la cual señaló en tres (3) años, y dado que se encontraba vigente la resultante del concurso de méritos adelantado para efectos de la postulación del Contralor dimitente optó por recurrir a ella.

15 Como quedó atrás consignado en relación con las faltas absolutas de los Contralores se dispuso que éstas “... serán llenadas de acuerdo con lo prescrito en la Constitución y en la ley”.

La Constitución en el artículo 272, en relación con los Contralores, se limita a señalar el período, la entidad que hace la designación, la manera como se conforma la terna, el período, régimen de inhabilidades y prohibiciones, la prohibición de la reelección, pero no precisó nada en relación con el procedimiento a seguir en los casos en que la designación ocurría por razón de vacancia definitiva del titular y para efectos de completar el período del titular. La Ley 330 tampoco precisó este aspecto, sobre este tema guardó silencio. Ahora bien, no estando regulado expresamente el asunto, en consideración de esta Delegada, como lo que se impone por razón de la vacancia derivada de renuncia es una nueva designación, la que se hará por el resto del período que faltare para completar el período para el cual se designa -habida consideración que la vacancia definitiva en cuanto impone una nueva designación es una consecuencia similar a la derivada del vencimiento del período, por cuanto que se impone igualmente una designación-, es de concluir que ante el silencio de la Ley, la designación del nuevo Contralor debe agotar el procedimiento del concurso de méritos, que no puede ser obviado por las Corporaciones Judiciales a las cuales les corresponde presentar la terna de candidatos, menos aún pretextando razones de conveniencia, pues ellas no pueden ser de recibo para justificar la inobservancia de la Ley -máxime cuando desconocen la ley y pueden servir de mecanismo para desconocer principios constitucionales como el de la igualdad-. 16 Esta conclusión se deriva del imperativo que impone la Ley de efectuar la escogencia de los candidatos a integrar la terna a

través del sistema de méritos y con fundamento en lo señalado en las normas del orden municipal que regulan lo relacionado con los Contralores, en donde de manera expresa se dispuso que “En casos de falta absoluta deberá realizarse nueva elección, de nueva terna y para el período restante”. Así, en tanto la Ley no disponga en contrario, este Despacho considera que en todos los casos de vacancia definitiva de Contralor Departamental, en los que se impone una nueva designación, se debe someter la escogencia de los aspirantes a integrar la terna al sistema de méritos. Como en el caso en examen la designación del Contralor del Departamento de Boyacá no se efectúo siguiendo el procedimiento del concurso de méritos para realizar la postulación ante la Asamblea, la designación del Contralor del Departamento de Boyacá resulta contraria a las disposiciones legales y Constitucionales y las infringe, razón suficiente para que sea anulado el acto de designación.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con lo anterior, de manera respetuosa esta Agencia del Ministerio Público le solicita al Consejo de Estado que confirme la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare, por medio de la cual declaró la 17 nulidad de la elección del doctor Aurelio Villate Rodríguez como

Contralor del Departamento de Boyacá. De los Honorables Consejeros, Cordialmente,

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 18