PGN - NULIDAD DE ELECCION DE DIPUTADO - Improcedencia de causal por violación de prohibici

Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2005 Concepto No. 116 / 2005 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA

E. S. D.

Referencia: Proceso numero: 680012315000200401190 02

Expediente número: 3874

Actor: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ Asunto: Apelación sentencia de fecha 8 de Junio de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad contra el acto de elección de los señores Diputados del Departamento de Santander, para el período 2004-2007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la pretensión pública de nulidad de carácter electoral presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander para que, previos los trámites del proceso correspondiente, se efectuaran las siguientes declaraciones: “PRIMERO: Se decrete la Nulidad del auto 004 del 24 de Noviembre de 2003

emanada de los DELEGADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA LOS ESCRUTINIOS DEPARTAMENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER por la cual se ordena expedir las credenciales para Gobernador y Diputados de Santander.

SEGUNDO: Se decrete la Nulidad del acto que declara la Elección de los señores:

IOVANNI GÓMEZ CELIS, ALFONSO RIAÑO CASTILLO, Y ELISA DOMÍNGUEZ

DE RUEDA como Diputados de Santander y cuya dirección para notificaciones es el edificio de la Gobernación de Santander sede de la honorable Asamblea Departamental, Por estar incursos en la inhabilidad causada por la doble militancia según el Art. 107 de la C.N. 1

TERCERO: Se excluyan los votos contenidos en las actas a favor de los señores IOVANNI GÓMEZ CELIS, ALFONSO RIAÑO CASTILLO, Y ELISA DOMÍNGUEZ DE RUEDA como Diputados de Santander y cuya dirección para notificaciones es el Edificio de la Gobernación de Santander sede de la Honorable Asamblea Departamental, Por estar incursos en la inhabilidad causada por la doble militancia según el Art. 107 de la C.N.

CUARTO: Conforme a las acciones electorales presentadas en los municipios de Girón, Rionegro (Corregimiento de San Rafael) y Floridablanca y una vez resueltos esos procesos, se proceda a asignar un nuevo umbral y una nueva cifra repartidora para la Asamblea de Santander, con la adjudicación de nuevos cupos para la asamblea Departamental a los aspirantes que resulten nuevamente elegidos conforme al nuevo escrutinio que Ustedes Honorables Magistrados así lo determinen.

QUINTO: La presente acción electoral se adjunte a las demás presentadas por éstos mismos hechos y que sirvan como complemento a la resolución de las mismas, donde las pruebas sobre las acciones registradas por parte de los grupos armados en referencia al proselitismo armado, constreñimiento y demás delitos contra la participación democrática reposan en las denuncias respectivas ante la

Fiscalía General de la Nación Seccional Santander y en su momento fueron aportados al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Santander”. A) Hechos El actor refirió que el 26 de octubre de 2003 se realizaron las elecciones para la elección de gobernadores, diputados, alcaldes, concejos municipales y juntas administradoras locales. Que mediante auto No. 004 de noviembre 24 de 2003 proferido por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para el departamento de Santander, se declaró elegidos como Diputados a la Asamblea de dicho Departamento a los señores IOVANI GÓMEZ CELIS por el Movimiento Nuevo Liberalismo, Lista 59, ALFONSO RIAÑO CASTILLO por el Movimiento Convergencia Ciudadana, Lista 69 y ELISA DOMINGUEZ DE RUEDA por la Anapo, Lista 72. Informó que, de conformidad con el archivo de la Asamblea Departamental, se constató que los ciudadanos elegidos arriba citados, fueron postulados como candidatos a la Asamblea Departamental para el período 2001-2003, debate electoral para el cual fueron avalados y elegidos por el Partido Liberal Colombiano; asimismo, que los elegidos Diputados participaron en la consulta realizada por el Partido Liberal en el mes de julio de 2003, después de entrar en vigencia la reforma 2 constitucional, sin que ninguno de ellos hubiere presentado renuncia a su partido de origen, como se pudo verificar con la constancia expedida por el Secretario General de dicho movimiento político en el Departamento de Santander; como consecuencia de lo anterior se configuró la doble militancia, de conformidad con lo dispuesto en la reforma constitucional del 3 de julio de 2003 contenida en el Acto Legislativo 01 que

modifico el artículo 107 de la Carta Política. Finalmente, señaló que algunos ciudadanos del municipio de Río Negro y según el Acta No. 03 de septiembre 24 de 2003, suscrita por la Comisión Departamental de Seguimiento Electoral, presentaron denuncias de tipo penal por delitos contra el sufragio ante el C.T.I., la Embajada de Estados Unidos y la Defensoría del Pueblo. B) Normas violadas y concepto de violación El actor indicó como normas violadas las siguientes:  Artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003  Artículos 223 inciso 5o,226 y 228 del Código Contencioso Administrativo  Artículos 386, 387, 388 y 390 del Código Penal;  Artículos 134 a 193 del Código Electoral Como concepto de violación, el demandante hizo una trascripción de las normas arriba citadas y señaló que los señores IOVANNI GÓMEZ CELIS, ALFONSO RIAÑO CASTILLO, Y ELISA DOMÍNGUEZ DE RUEDA fueron Diputados para el período 2001-2003 representando diversos partidos y movimientos políticos pero que, para las elecciones que se llevarían a cabo el 26 de octubre del 2003, fueron inscritos en representación de partidos y movimientos políticos diferentes a su partido de origen y en nombre del cual habían sido elegidos para el período inmediatamente anterior sin presentar renuncia a su colectividad, conducta con la cual infringieron el contenido del artículo 107 de la Constitución Política, como fue modificado por el 3 Acto Legislativo 01 del 2003, que proscribe del ordenamiento jurídico la doble

militancia. Finalmente, expresó también que se presentaron hechos violentos antes y durante el transcurso de la jornada electoral

2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 16 de enero de 2004, ordenó la corrección de la demanda, la que fue corregida por el actor quien procedió a individualizar los actos de elección de cada uno de los Diputados de la Asamblea Departamental de Santander señores IOVANNI GÓMEZ CELIS, ALFONSO RIAÑO CASTILLO, Y ELISA DOMÍNGUEZ DE RUEDA, cuya nulidad deprecaba. Así mismo, solicitó la exclusión de los votos contenidos en las actas de escrutinio y que fueron depositados en favor de cada uno de ellos; igualmente allegó los documentos solicitados por el Magistrado conductor del proceso en el auto que ordenó la corrección de la demanda. (fl. 88) El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 25 de febrero de 2004, rechazó la demanda instaurada por el señor Carlos Leonardo Hernández contra el acto que declaró la elección de los Diputados del departamento de Santander, por considerar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, operó la caducidad de la acción, porque la elección de los citados diputados se realizó el 24 de noviembre de 2003 y la demanda se presentó el 14 de enero de 2004, es decir, más allá del término de veinte dentro de los que resultaba procedente interponer la pretensión de nulidad de contenido electoral. (fls.456-459)

La decisión anterior fue objeto de apelación para ante el H. Consejo de Estado – Sección Quinta -. Esta Corporación, mediante auto de 20 de mayo de 2004, revocó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pues consideró que 4 la caducidad no se había operado porque los días señalados en la Ley se consideraban hábiles, excluidos los feriados y de vacancia. (fls. 473-479) El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de 9 de julio de 2004, ordenó al actor adecuar la demanda a la propia de nulidad electoral; indicándole que debía demandar el acto por medio del cual se declaró la elección, so pena del rechazo de la demanda. (fls. 483-485); posteriormente esa misma corporación con auto de 29 de julio de 2004 admitió la demanda y ordenó hacer las notificaciones de ley (fls. 493).

3. Contestación de la demanda Los señores Iovani Gómez Celis, Alfonso Riaño Castillo y Elisa Domínguez de Rueda, por intermedio de apoderado judicial, en su escrito de contestación (fols. 496-522), se opusieron a la prosperidad de las súplicas del libelo. Admitieron algunos hechos como ciertos, y respecto de otros manifestaron que no lo eran, como frente a otros más señalaron que dichas conductas y situaciones no podían ser atribuidas a ellos.

Respecto del texto de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 1 del 3 de julio de 2003, señalaron que obtuvieron el aval del Partido Liberal como candidatos a la Asamblea del Departamento de Santander para el período 20012003, pero que no sometieron sus nombres en la consulta interna de dicho movimiento político para la elección de Diputados y que la misma se realizó solo para definir las candidaturas a Gobernador del Departamento, o alcalde de algún municipio. Señaló la apoderada judicial de los opositores que el señor Iovani Gómez Celis presentó renuncia a su condición de miembro del Partido Liberal Colombiana, que fue aceptada por el Secretario del Partido Liberal según constancia del 29 de enero de 2004; en relación con la señora Elisa Domínguez de Rueda y el señor Alfonso Riaño Castillo, afirmó que éstos no presentaron renuncia, sin embargo, de acuerdo 5 con los Estatutos del Partido Liberal la afiliación a otro partido configuraba una causal automática de exclusión del mismo. Respecto del supuesto conocimiento público sobre las pretensiones electorales tendientes a obtener la nulidad de los votos depositados en algunas de las mesas de votación ubicadas en el municipio de Girón, Río Negro y otros, manifestó que tuvieron conocimiento de dichos hechos al momento de leer la demanda, destacando que este aspecto resultaba impertinente respecto a las pretensiones de la demanda. Con respecto a las denuncias de tipo penal formuladas ante entidades gubernamentales y sobre las presiones ejercidas por grupos al margen de la ley, para que sufragaran en favor de determinados candidatos, indicó que ninguna de las aseveraciones pueden ser referidas a los Diputados cuya nulidad de la elección se demandaba. Destacó que en el evento que prosperaran las pretensiones del actor, el efecto de la

sentencia no solo los cobijaría sino a los demás miembros integrantes de la Asamblea Departamental, cuya composición podía variar como efecto de la variación de la cifra repartidora; en ese orden de ideas, solicitó que se ordenara la notificación por edicto a todos los posibles interesados y ordenara la publicación del mismo en dos periódicos de amplia circulación. Finalmente propuso las siguientes excepciones de:  Inepta demanda por no haberse individualizado en debida forma el acto impugnado.  Inexistencia de causal alguna capaz de generar una nulidad electoral en los términos del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 96/85, artículo 65 y L.62/88, artículo 17.

4. Alegatos de conclusión

6 La parte demandada presentó escrito contentivo de sus alegaciones, en los que reiteró los argumentos expresados en su escrito de contestación de la demanda. El Procurador Judicial 17 en Asuntos Administrativos, dentro de la correspondiente oportunidad procesal, presentó sus alegaciones. (fls. 599-604). En relación con las excepciones propuestas por la defensa manifestó lo siguiente: En cuanto a la denominada “Inepta demanda por no haberse individualizado en debida forma el acto acusado”, señaló que si bien el acto demandado no se individualizó, se entendía que el actor al ejercer la acción de nulidad de contenido electoral propugnaba por la nulidad del acto de elección de los Diputados Iovanni Gómez Celis, Alfonso Riaño Castillo, y Elisa Domínguez de Rueda, razón ésta suficiente para que no prosperara la excepción propuesta por los demandados.

En cuanto la doble militancia consideró que no generaba inhabilidad para ser elegido a una corporación pública e indicó que las inhabilidades las determinaba la ley; precisó que la doble militancia contenida en el artículo 107 de la Constitución Política reformada por el Acto Legislativo 01 de 2003 en su artículo 1º, vendría a constituir un hecho que generaba una sanción pero dentro del partido o movimiento político en el que militara la persona elegida que inobservara este mandato; agregó que el hecho de que los demandados se hubieran postulado como candidatos a la Asamblea Departamental de Santander para el período 2001-2003, siendo avalados por el partido Liberal Colombiano, no indicaba que estos tuvieran que pertenecer indefinidamente en dicho partido, ni mucho menos que un partido político se sobrepusiera a la voluntad de una persona coartándole el derecho a la participación democrática. Agregó que dentro de las pruebas aportadas al plenario no se probó que los accionados sometieran su nombre como candidatos del Partido Liberal Colombiano, en la consulta interna que se adelantó por este movimiento para efectos de definir los candidatos para la Gobernación del departamento o Alcaldía de algún municipio; señaló que si bien los Diputados participaron en una actividad llevada a cabo en el año 2003, para escoger el candidato a gobernador, ello no conllevaba una 7 prohibición para que inscribieran sus nombres con el aval de otros movimientos o partidos políticos. Finalmente, manifestó que los hechos planteados por el actor sobre denuncias penales formuladas por algunos ciudadanos de los municipios circunvecinos al municipio de Río negro por delitos contra el sufragio en las elecciones del 26 de

octubre, no los analizaba por considerar que no involucraban directamente a los demandados.

4. Fallo del Tribunal El Tribunal Administrativo de Santander, denegó las súplicas de la demanda de nulidad de la elección de los de los Diputados Iovani Gómez Celis, Alfonso Riaño y Elisa Domínguez de Rueda (fls. 605-619).

Sobre las excepciones propuestas por la parte demandada, consideró que no se configuraba la “inepta demanda”, porque si bien el actor había acusado varios actos, con posterioridad éste concretó su pretensión y consideró que el acto a demandar era el formulario E-26 de 28 de noviembre de 2003, en que se declaró electos Diputados por Santander para el período 2004-2007, a los citados diputados, lo cual ofreció claridad para que esa instancia se pronunciara. Respecto de la segunda excepción, denominada “Inexistencia de causal capaz de generar una nulidad electoral”, indicó que lo resolvería simultáneamente con el problema jurídico propuesto por ser este un argumento de defensa contra el mismo y no una excepción de fondo. Sobre el problema jurídico planteado, señaló que las inhabilidades constituían impedimentos taxativos para ser nombrados o para inscribirse para la elección en un cargo determinado y en apoyo de su argumento citó la sentencia de la Corte Constitucional C-147 de 1998 que afirmaba que “no se puede elevar a categoría de inhabilidad una conducta que no se consagró como tal, puesto que si así se 8 procediera, la excepción se estaría convirtiendo en una regla, olvidando que las

causales que las generan son restrictivas y taxativas” De igual manera hizo referencia al contenido del artículo 107 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 1o y el parágrafo 2º, norma que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos o movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o retirarse. Igualmente, en relación con la norma transcrita trajo a colación un pronunciamiento del Consejo de Estado en sentencia de 11 de mayo de 2004 Expediente 11001-03-15-000-2003-01-441-01, en el que se afirmó que el objeto de esta norma fue el de “establecer estímulos sociales con el fin de incrementar la participación ciudadana al interior de los partidos y movimientos políticos en procura de lograr su fortalecimiento” Que dicha prohibición constitucional se “refería a los ciudadanos en general” y que “el hecho de la doble militancia partidista sea una prohibición dirigida, como ya se dijo, a los ciudadanos, género dentro del cual se hallan los congresistas, no por ello constituye causal de pérdida de investidura”. Adujo que en el evento en que se configurara la doble militancia, no se le podía dar el tratamiento de inhabilidad como lo pretendía la parte actora, porque la consecuencia para el militante que incurriera en esta prohibición correspondía establecerla a los estatutos de los respectivos partidos, pero como falta disciplinaria y no como impedimento o inhabilidad para ser inscrito o elegido diputado, por lo que la instancia denegó la solicitud impetrada por ese motivo.

Frente a la supuesta vulneración del parágrafo 2º del artículo 107 constitucional, en la que se expresa que quienes hubieren participado en consultas internas de los movimientos y partidos políticos no podían inscribirse por otro partido o movimiento político en el mismo proceso electoral, indicó que tampoco se probó que los diputados demandados hubieran participado en consulta popular alguna y luego hubieran pedido el aval de otro partido. Acogió, en este sentido, el criterio del agente del Ministerio Público. 9 La instancia consideró que se hacia innecesario analizar el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo sobre las causales de nulidad, por los mismos argumentos ya expuestos. El Tribunal, respecto de la supuesta violación del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo inciso 5º, señaló que el cargo no prosperaba, porque en el artículo 107 superior no se consagraba una causal de inhabilidad o calidad constitucional negativa para ser inscrito o elegido Diputado. Finalmente, con referencia a los presuntos delitos relacionados con la perturbación del certamen jurídico, fraude al sufragante y corrupción de éste, afirmó que dichos cargos fueron genéricos, que carecían de respaldo probatorio, sin que mostrara la existencia de actuaciones que alteraran la verdad electoral por suplantación de electores y que involucraran de manera directa la responsabilidad de los diputados citados, por lo que consideró que el cargo tampoco prosperaba.

5. Recurso de apelación (fls. 624-627) El demandante, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso

de apelación en contra de ésta, argumentando en lo fundamental los propuestos en la demanda y alegatos de conclusión, razón por la cual no se estima necesario repetir tales argumentos.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Dado que en el asunto en examen, la parte opositora a las súplicas de la demanda propuso excepciones como mecanismo de defensa, es del caso considerar primeramente las mismas y de manera subsiguiente el fondo del asunto que ha sido 10 formulado por la demandante en ejercicio de la pretensión pública de nulidad de contenido electoral.

1. De las excepciones formuladas A) Inepta demanda, por no haberse individualizado en debida forma el acto impugnado Señaló la parte pasiva que en el asunto en examen la actora no individualizó en debida forma el acto demandado, esto es, aquel por medio del cual se declaró la elección, no obstante que en dos ocasiones fue orientado de manera clara para que así lo hiciera; la primera, por el Consejo de Estado y la segunda por el Tribunal Administrativo de Santander; además, tampoco se encontró dentro de los documentos expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil el Acta Parcial de Escrutinio “por la cual se declare la elección de Gobernador y diputados de Santander, en un mismo acto, como tampoco un Acta parcial de escrutinio

(Formulario E-26) por la cual se ordenara expedir las credenciales para gobernador y diputados”. Por lo anterior, resultaba claro que el demandante no cumplió con la obligación de precisar e individualizar en la demanda el acto por medio del cual se

declara la elección que es el que por expresa disposición legal ha de ser demandado. En consideración de esta Agencia del Ministerio Público la excepción propuesta no está llamada a prosperar por cuanto que la supuesta ineptitud de la demanda resulta infundada. En efecto, en el libelo inicial, dentro del acápite de pretensiones en la que fue signada con el numero de orden segundo, el actor solicitó del Tribunal que “se decrete la Nulidad del acto que declarara la elección ...”, que si bien no lo precisó es indicador de la intención del actor. Sin hesitación alguna, esa manifestación se encaminaba a obtener de la jurisdicción de lo contencioso administrativo la nulidad 11 del acto por medio del cual se declaró la elección de los Diputados por los Delegados del Consejo Nacional Electoral para el departamento de Santander. Si bien en el escrito de corrección de la demanda el actor reiteró esa impropiedad de la demanda inicial y reafirmó la solicitud de nulidad de un acto que no es el que declara la elección, resulta también claro que reiteró su intención de obtener por vía del ejercicio de la pretensión pública electoral la nulidad del acto de elección de cada uno de los Diputados que indicara en la demanda. Además, allegó al plenario el acto contentivo de la declaración de elección de Diputados a la Asamblea del Departamento de Santander (ver folio 388). Por ultimo en el escrito de corrección de la demanda, la que se opera por virtud de lo ordenado en el auto del 9 de julio del 2004, el actor concretó e individualizó el acto acusado, indicando que el acto cuya nulidad pretendía se contiene en el “acta

parcial de escrutinio (Formulario E-26) Calendado del 24 de Noviembre de 2003 emanada de los DELEGADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA LOS ESCRUTINIOS DEPARTAMENTALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER...” y aun cuando allí indicó que por este acto se ordenó la expedición de las credenciales para Gobernador y Diputados, tal hecho no torna en inepta la demanda como lo pretende la excepionante. (negrillas no corresponden al texto original) Como lo señaló el a-quo en su decisión de primera instancia, en eventos como el que ahora se examina, se ha de atender a la intención del actor y como se indicó de manera precedente ella surge sin duda alguna del contenido de los escritos por medio de los cuales ejercitó la pretensión. Adicionalmente, el acto cuya nulidad se deprecaba terminó siendo allegado al plenario en debida forma y dentro de la oportunidad procesal señalada para el efecto. B) Inexistencia de causal de nulidad En consideración de esta Agencia del Ministerio Público, los argumentos que señala la parte opositora y que propuso como excepción de fondo no constituyen en estricto 12 sentido una excepción. Por el contrario, los mismos se refieren al fondo del asunto que propuso el actor y cuya decisión es propia de la sentencia. Así las cosas, se considera que las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar y en ese entendido la decisión de primera instancia habrá de ser confirmada, como se solicitara respetuosamente por esta Agencia del Ministerio Público.

2. El asunto de mérito

En el caso en examen, el actor pretende la nulidad del acto de elección de los Diputados del departamento de Santander, bajo la consideración que contrariaba el artículo 107 de la Carta Política, como fue modificado por el Acto Legislativo 1 del 2003, toda vez que los señores IOVANI GOMEZ CELIS, ALFONSO RIAÑO CASTILLO y la señora ELISA DOMÍNGUEZ DE RUEDA desconocieron la preceptiva superior porque siendo militantes del Partido Liberal participaron en la contienda electoral en la que resultaron elegidos Diputados, avalados por un movimiento político distinto al de origen; además, porque participaron en la consulta interna adelantada por el Partido Liberal. En ese entendido, señaló el actor que el desconocimiento de la Norma Superior era claro y ostensible, y que ésta prohibía la doble o múltiple militancia, como también inscribirse por otro movimiento o partido político para el mismo proceso electoral luego de participar en la consulta interna de un partido. A) Primer cargo: Violación del artículo 107 de la Constitución Política por doble militancia En el acápite de hechos, señaló el actor que los elegidos Diputados habían participado en las elecciones llevadas a cabo para elegir Diputados para el período inmediatamente anterior avalados por el Partido Liberal y que no obstante este hecho, en este nuevo proceso electoral -que se definió en las elecciones celebradas 13 el 26 de octubre del 2003-, participaron avalados por un movimiento político distinto al Partido Liberal, sin que previamente hubieren renunciado a la militancia en el

Partido Liberal. La doble militancia política ha quedado proscrita del ordenamiento jurídico al establecer la Carta Política, artículo 107, inciso segundo, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, que “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica”. Sobre esta figura, esta Procuraduría Delegada expresó las líneas que siguen en concepto anterior: “En los términos de la disposición constitucional la prohibición se configura cuando se pertenece simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica, es decir, que debe ocurrir a un mismo tiempo y en un mismo momento la múltiple militancia política. El principio que informa la pertenencia y militancia a un partido o movimiento político es aquel de la libertad de afiliarse o retirarse de ellos; las personas libremente y voluntariamente se asocian y de la misma manera se retiran. Nada puede oponerse a este libre y voluntario ejercicio de la actividad política, por ello nadie puede ser obligado a permanecer como miembro de una colectividad de la cual ya no desea formar parte. En el caso en examen, se tiene que la señora ELIANE MILENA ZABALETA MONTERO, militó en el Partido Liberal Colombiano. Así lo demuestran los documentos allegados como prueba al plenario; igualmente se acreditó la inscripción de la candidatura a la Alcaldía del municipio de El Molino por un movimiento distinto al Liberal. No obstante, estos hechos comprobados procesalmente, ello no implica que la elegida alcaldesa haya desconocido la prohibición constitucional referida con

la doble militancia política, pues faltaría la acreditación de la simultaneidad de las pertenencias. En el expediente se halla probado que, previamente al acto de inscripción de su candidatura por el Partido Colombia Democrática, presentó renuncia a su pertenencia y militancia política en el Partido Liberal Colombiano, lo que hace que desaparezca la concomitancia de las pertenencias, condición sine qua non para que se configure la prohibición. Además, señaló que la renuncia presentada por la elegida alcaldesa a su militancia en el Partido Liberal Colombiano “... tiene toda la fuerza operante y surte efecto hasta ahí, si la dimitente se mantiene en statu quo, pero al momento de decidir inscribir su nombre por otro partido o movimiento diferente entra a transgredir la prohibición constitucional y queda incursa en inhabilidad palmaria para ser elegida dentro del mismo proceso electoral. Es patente que debió esperar transcurriera el tiempo prudencial para luego afiliarse a un nuevo partido o movimiento político”. 14 Este argumento, por virtud de la particular interpretación realizada por el demandante, introduce una exigencia que no señala la Ley: que desde el momento de la renuncia al partido o movimiento político debe transcurrir un termino prudencial para que se pueda inscribir como militante en un nuevo partido o movimiento, razón por la cual no puede conducir a la prosperidad de la pretensión, porque resulta claro que no encontrándose en la Ley la exigencia que reclama el demandante, mal puede el operador concluir en que su desatención constituya una violación de la Ley”. 1 El antecedente al que se recurre resulta similar al que ahora corresponde examinar, toda vez que los hechos de la demanda dan cuenta que los elegidos Diputados, en

el período inmediatamente anterior, fueron avalados por el Partido Liberal y en las elecciones que ahora se demandan participaron en nombre y representación y avalados por otros movimientos o partidos distintos al de origen; además, se dijo que ninguno de los elegidos diputados presentó renuncia a su partido de origen; es por ello que, dada la esa similitud, este Despacho considera reiterar lo que sobre el punto manifestó. Siendo así las cosas, es de concluir que en el asunto en examen el cargo referido a la doble militancia no enerva la legalidad del acto de elección que se acusa en nulidad. Ahora bien, a más de lo anterior, tampoco resulta apropiado desatender el antecedente jurisprudencial que sobre el tema ha elaborado el Consejo de EstadoSección Quinta-, en donde se señaló lo siguiente: “Como ya lo han establecido la Sala Plena Contencioso Administrativo de esta corporación y esta Sala de Decisión, la inobservancia de la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 107 constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003, sobre doble militancia política, por sí sola no constituye una inhabilidad para acceder a cargos o corporaciones públicas de elección popular, de la que puedan derivarse las causales de perdida de investidura o de nulidad electoral, porque la norma Constitucional no estableció tales consecuencias en forma expresa”. 2 1 Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado – Sección Quinta. Concepto número 019/2004 de junio 22 de 2004, rendido en el proceso de nulidad de

la e