PGN - NULIDAD DE ELECCION DE DIPUTADO - Inhabilidad por gestión en celebración de contrato

NULIDAD DE ELECCIÓN DE DIPUTADO-Inhabilidad por gestión en celebración de contratos como presidente del concejo de bello (Antioquia) dentro de los 12 meses anteriores a la elección INHABILIDAD DE DIPUTADO-Su sustento es el ámbito departamental el cual debe ser referido como entidad pública y no como espacio territorial INHABILIDAD DE DIPUTADO-Aplica solo cuando se ejerza autoridad en el Departamento como entidad jurídica, sus institutos y entidades descentralizadas/INHABILIDAD DE DIPUTADO-No incluye cargos en municipios que hacen parte del Departamento CAUSAL DE INELEGIBILIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO-No se probó que contratación como ordenador del gasto obedeció a interés personal o de algún tercero Considera esta delegada que en el asunto sub judice, no se satisfacen los elementos estructurantes de las causales de inelegibilidad invocados por el recurrente, teniendo en cuenta que su condición de Concejal, no lo reviste de una condición de Empleado Público, conforme a las normas constitucionales; y adicionalmente, en lo que respecta a la presunta intervención en negocios o celebración de contratos en su condición de Presidente del Concejo del Concejo Municipal de Bello, debe recordarse que dichas situaciones no se probaron en momento alguno, que obedecieron a un interés personal del ciudadano o de algún tercero. Aspectos sobre los cuales no se puede aplicar una hermenéutica laxa o amplia como lo sugiere el demandante y por el contrario, su interpretación es restrictiva y su aplicación de manera taxativa Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 1 Bogotá D.C.,16 de febrero de 2020 Concepto No. 2020-02-NE-34 Doctor

LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 05001-23-33-000-2019-03154-01

DEMANDANTE: JHON ARLEY PARDO ESCOBAR

DEMANDADO: JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO - DIPUTADO DE

ANTIOQUIA 2020-2023

Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 27 de octubre de 2019, se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de concejos y asambleas. 1.1.2. Mediante formulario E-26 ASA de 29 de octubre de 2019, se declaró la elección de JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO como DIPUTADO DE ANTIOQUIA para el período 2020-2023.

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Página 2 1.2. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 11 de diciembre de 2020 negó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO como DIPUTADO DE ANTIOQUIA para el período 20202023. En dicha providencia, el Tribunal planteó el problema jurídico en los siguientes términos: “…decide la Sala si se debe decretar la nulidad de la elección del señor Juan Camilo Callejas Tamayo como diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023, y para ello será necesario determinar si se configuran las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 3 y 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.” Puso de presente que la demanda se fundamentó en que el Diputado CALLEJAS TAMAYO estaba incurso en las causales de inhabilidad establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, debido a que (i) dentro de los 12 meses anteriores a la elección se desempeñó como presidente del Concejo Municipal de Bello, esto es, en calidad de empleado público y en dicha condición intervino como ordenador del gasto al suscribir varios contratos, por lo que ejerció autoridad administrativa en el mencionado ente territorial que hace parte del Departamento de Antioquia y (ii) gestionó contratos en interés propio y de terceros, que fueron ejecutados en el Municipio de Bello, el cual pertenece al

Departamento de Antioquia. Luego de referirse a los elementos de las inhabilidades mencionadas, el Tribunal se ocupó del caso concreto y manifestó que debía establecer: “i) si el señor Juan Camilo Callejas Tamayo dentro del año anterior a su elección como diputado, se desempeñó como empleado público y si en dicha condición ejerció autoridad civil, política, administrativa o militar en el departamento o intervino como ordenador del gasto; y, ii) si el señor Callejas Tamayo dentro del año anterior Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 a su elección como diputado, celebró contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, que fueran ejecutados en el departamento.” Frente al primer cargo, el juez de primera instancia indicó que, si bien en el expediente no se encuentra prueba que demuestre la calidad de presidente del Concejo de Bello, para el año 2019, de los contratos que obran en el expediente, es posible concluir que JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO desempeñó el mencionado cargo, por lo que está acreditada la calidad de Concejal y de

Presidente del Concejo de Bello. Sin embargo, precisó que debe determinarse si en virtud de dichas calidades, se desempeñó como empleado público. Para el Tribunal la respuesta es negativa, en razón a que, según el artículo 123 de la Constitución Política, si bien los concejales son servidores públicos, esa calidad

no los convierte en empleados públicos, por el contrario, la Constitución expresamente los excluye de esa categoría de acuerdo con el artículo 312. Luego de hacer referencia a jurisprudencia de la Sección Quinta, concluyó que, dado que el demandado no fue empleado público, la inhabilidad en cuestión no se configuró. No obstante, el Tribunal decidió estudiar los demás elementos de la inhabilidad. En consecuencia, se refirió al ejercicio de autoridad civil o administrativa y, al efecto, trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado del año 2006, según la cual: “la función administrativa de concejal y el desempeño de la presidencia del cabildo, no invisten a quienes la ejercen de autoridad civil o política ni de cargo de dirección administrativa, porque el concejal no es, por definición constitucional, empleado público sino un servidor público sujeto a las responsabilidades que la ley le atribuye, y porque los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, que definen la autoridad civil, política y dirección administrativa respectivamente, señalan quienes las ejercen a nivel municipal y resulta claro que el concejal no es titular de aquellas Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 ni de esta; que tampoco está investido de ellas el Presidente del cabildo, por cuanto las funciones administrativas que desempeña en razón de esa dignidad, las ejerce a título de concejal y porque de no ser así se presentaría distinta situación

inhabilitante para los concejales directivos del cabildo y los restantes miembros de esa corporación, pues si tuvieran aquellos la autoridad política o la dirección administrativa que les atribuyen los demandantes no serían reelegibles para el Concejo, por efecto de la inhabilidad consagrada en el artículo 43, numeral 2° de la Ley. 136 de 1994, en tanto que los demás cabildantes sí pueden ser reelegidos, lo que llevaría a que los concejales no aceptaran cargo alguno en la mesa directiva de la corporación en los seis meses anteriores a la nueva elección de cabildantes”. También mencionó que, en sentencia de 2013, la Sección Quinta sostuvo que “de aceptarse que el Presidente del Concejo es un funcionario que ejerce autoridad administrativa o civil se resquebrajaría el orden jurídico en materia de inhabilidades de miembros de corporaciones públicas, pues ningún concejal que ocupe tal dignidad en el último año de su período podría ser reelegido ni podría aspirar a ser Diputado”. Así las cosas, en relación con el primer cargo consideró que el señor CALLEJAS TAMAYO no ostentó la calidad de empleado público por haberse desempeñado como Presidente del Concejo de Bello, y tampoco, ejerció autoridad civil o administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección, por lo que la causal invocada en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, no se encuentra probada. En cuanto al segundo cargo relacionado con la inhabilidad contemplada en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, manifestó el Tribunal que los

contratos suscritos por JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO fueron celebrados en representación del Concejo Municipal del Bello, es decir, de la entidad, sin que pueda considerarse que fueron celebrados en interés propio o de terceros. Mencionó que el numeral 33 del artículo 29 del Acuerdo 020 de 27 de noviembre de 2018, establece las funciones del Presidente del Concejo de Bello, entre ellas, “33) Ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto y suscribir contratos en representación de la Corporación; Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las demás disposiciones legales vigentes”.

Agregó, que los contratos se celebraron en ejercicio de las competencias que la Ley atribuye al presidente del Concejo como representante legal de la Corporación, por lo que, quien interviene en los contratos, es la Corporación y no la persona natural en calidad de representante legal. Por lo anterior, el a quo concluyó que la causal de inhabilidad antes mencionada tampoco fue demostrada, razón por la que negó las pretensiones de la demanda. 1.3. Recurso de apelación El apoderado judicial del demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo que negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: 1.3.1. Se demostró plenamente que JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO

conforme al Acuerdo 020 del 27 de noviembre de 2018 ejerció, entre otras, las siguientes funciones: “7) Actuar en representación del Concejo en los actos y actividades que le correspondan, o delegar su representación. 9) Velar por que el Secretario y demás empleados de la Corporación, cumplan debidamente sus funciones y deberes. 33) Ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto y suscribir contratos en representación de la Corporación; teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las demás disposiciones legales vigentes. 34) Imponer las sanciones respecto de los miembros de la Corporación, que autorice la Ley y el reglamento. 36) Representar al Concejo ante el Área Metropolitana y designar junto con los Presidentes de los demás Concejos Municipales, un representante para conformar la Junta Metropolitana.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 6 Para el apelante, dichas funciones corresponden al ordenador del gasto, competente para contratar y nominador de la Corporación, las cuales podían ser delegadas por parte del demandado, pero ello no ocurrió. Adujo que “la inhabilidad no solo se puede valorar de forma taxativa, debe ser en complemento a los principios de la actividad administrativa y el ejercicio electoral, como debido proceso, trasparencia e igualdad electoral, que al ejercer estas funciones se

desequilibran, se (sic) empleado o servidor público.” Señaló que el principio de igualdad en el presente asunto, debe generar una competencia justa que permita a los ciudadanos participar libremente en las elecciones, bajo normas que conlleven a la igualdad financiera entre candidatos y partidos, con base en el establecimiento de un límite en los gastos de campaña política. Mencionó que el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, estableció que, en las entidades estatales a que se refiere el artículo 2, “[l]a competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.” y que, de acuerdo con el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, las facultades para ordenar el gasto están en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo. 1.3.2. De otra parte, insistió en que el demandado ejerció autoridad administrativa en el Municipio de Bello, al suscribir como ordenador del gasto y nominador, realizando funciones de empleado público, varios contratos, los cuales detalló. Aseveró, que lo anterior evidencia el elemento subjetivo de la nulidad electoral o la identificación de la culpa, pues tenía conocimiento que ejercía funciones de autoridad política y administrativa y, pese a ejercerlas en el año 2019, no las delegó para evitar un desequilibrio en la igualdad y transparencia electoral. Dijo que con los contratos celebrados (prestación de servicios, suministro, apoyo a la gestión) se ejerció autoridad, bajo la teoría del Consejo de Estado de la “realidad

sobre las formas”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 7 Destacó que el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 señala que ejercen autoridad administrativa, entre otros, los jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales; y también establece que “[t]ambién comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales…”. Por lo anterior, reiteró el apelante que el entonces Presidente del Concejo de Bello ejerció todas y cada una de las funciones y actividades públicas que ejerce un empleado público, por lo que ejerció función administrativa y actividad de control. Sostuvo que, el demandado manejó el presupuesto de la corporación con el objetivo de crear su fortín electoral en el Municipio de Bello, es decir, los contratos que celebró tenían intereses políticos y electorales particulares. Mencionó la sentencia de unificación de 7 de junio de 2016, mediante la cual la Sección Quinta unificó su posición sobre la aplicación de los principios pro electoratem y pro homine en el sentido de establecer que los derechos del servidor público deben ceder ante aquellos que son propios del grupo de ciudadanos que lo ha elegido, esto es, que sus garantías individuales solo podrán ser exigibles cuando se verifique su cumplimiento absoluto respecto del electorado. Añadió que el demandado participó como ordenador del gasto y nominador en

todas las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales de todos los contratos del año 2019. Al efecto, mencionó jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre los requisitos del perfeccionamiento de los contratos estatales. 1.3.3. Alegó el apelante que está demostrada la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, debido a que, específicamente suscribió el contrato 009-201 de 12 de marzo de 2019, con Servicio Global S.A.S. por valor de $522.624.427, y cuyo objeto era el “[a]poyo a la gestión para desarrollar los diferentes programas estratégicos y proyectos descritos en el Plan de Acción del Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 8 Concejo para el año 2019 a través de la implementación de estrategias de capacitación, bienestar, movilización, comunicación, cultura, imagen corporativa y participación ciudadana como principio de la integración social en el municipio de Bello". Afirmó, que para el anterior contrato debió realizarse “un proceso de selección objetiva, como lo era la selección abreviada” en atención al valor y al objeto a contratar, lo que demuestra que CALLEJAS TAMAYO gestionó contratos a favor de terceros, desconociendo los principios de transparencia y selección objetiva en materia de contratos estatales señalados en la Ley 80 de 1993 y en la

jurisprudencia del Consejo de Estado. En consecuencia, solicitó se revoque el fallo apelado y se declare la nulidad de la elección de JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO como DIPUTADO DE ANTIOQUIA para el período 2020-2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de negar las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de JUAN CAMILO

CALLEJAS TAMAYO como Diputado de Antioquia para el período 2020-2023. Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar i) la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 y; ii) sus elementos, iii) las modificaciones que introdujo la Ley 1871 de 2017, a la interpretación de las inhabilidades y, finalmente, iv) se analizará el caso concreto. 2.2. Las inhabilidades consagradas en los numerales 3 y 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 9 Las inhabilidades son circunstancias previstas por el Legislador que impiden el acceso y ejercicio de los ciudadanos a empleos y cargos públicos. En tratándose de los Diputados, la Ley 617 de 2000, en su artículo 33, numerales 3 y 4, señala: “ARTICULO 33. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado: (…)

3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento.” Al respecto, la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, contiene varios elementos:  Temporal: 12 meses anteriores a la elección.

 Subjetivo: Empleado Público.  Objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar); o haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos.  Territorial: El ejercicio de jurisdicción o autoridad en el respectivo departamento, o la inversión o celebración de contratos que deben ejecutarse en el ámbito departamental. Frente a la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, contiene varios elementos y varios supuestos fácticos, teniendo en cuenta que en un primer escenario, no se establece un sujeto calificado sobre el cual recaiga la causal, no obstante, en el segundo supuesto, se requiere una condición especial. Veamos: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 Primer supuesto.  Temporal: 12 meses anteriores a la elección.  Objetivo: Intervención en gestión de negocios o celebración de contratos ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel.  Subjetivo: Cualquier persona en interés propio o de terceros.  Territorial: Ejecución en el respectivo Departamento. En el segundo supuesto.  Temporal: 12 meses anteriores a la elección.  Subjetivo: Representante Legal de entidades.

 Objetivo: Administración de tributos, tasas o contribuciones, o prestación de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado.  Territorial: En el respectivo Departamento. 2.2.1. La Ley 1871 de 2017 La Ley 1871 de 2017, artículo 6, señala lo siguiente: “Artículo 6°. De las inhabilidades de los diputados. Las inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas se rigen por el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, además de lo previsto en el artículo 299 y 179 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo número 01 de 2009 y las normas que la adicionen, modifiquen y sustituyan, sin perjuicio, de las inhabilidades generales que apliquen a su condición de servidor público. “Parágrafo. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio.” (Negrilla fuera de texto). Como puede observarse, esta norma introdujo una significativa modificación a la aplicación e interpretación de la causal de inhabilidad en comento, dado que el elemento de la identidad territorial, solo se puede concretar si se trata del departamento como entidad pública y no como territorio. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 En otros términos, el legislador en este parágrafo decidió hacer una interpretación diversa a la que de tiempo atrás hizo el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, en el sentido que el concepto de Departamento comprende a cada una de las entidades territoriales que lo componen, es decir, sus diferentes Municipios. En consecuencia, esa modificación implica, frente a la causal de inhabilidad en comento, que esta, a partir de la mencionada Ley tenga una interpretación distinta a la que hasta la fecha se ha efectuado. En efecto, según el artículo 286 de la Constitución Política, son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los Territorios Indígenas, los cuales, de acuerdo con el artículo 287, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En consecuencia, no cabe duda de que los Municipios que integran un Departamento son entidades públicas distintas de éste. Sin embargo, para efectos electorales, tanto el juez constitucional como el juez electoral, han entendido que la circunscripción departamental involucra los Municipios que hacen parte de ella. No obstante, el Legislador de 2017, decidió hacer una interpretación del vocablo Departamento, para excluir expresamente la interpretación que se venía haciendo sobre el particular, para indicar que las inhabilidades referidas al Departamento solo se configuran si se entiende el Departamento como un ente jurídico, y no, como un espacio territorial, interpretación que cambia diametralmente el entendimiento de las inhabilidades que tengan como sustento el ámbito

departamental. Es por ello, por lo que las inhabilidades aplicables a los Diputados, por ejercicio de alguna de las modalidades de autoridad, desde la entrada en vigor de la Ley 1871 de 2017, aplica solo cuando se ejerza autoridad en el Departamento como entidad jurídica, sus institutos y entidades descentralizadas, es decir, no incluirá a los cargos de en los Municipios que hacen parte de ese territorio. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 12 Ahora bien, recientemente la Sección Quinta se pronunció acerca de la interpretación y alcance de la norma en comento y aplicó la excepción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que “la libertad de configuración del legislador para regular las inhabilidades de los diputados establecida en el artículo 299 superior, encuentra un límite en la misma disposición, en tanto la norma señala que dicho régimen no puede ser menos gravoso, en relación con el fijado por la constitución para los congresistas”1.

Agregó la Sección que: “…el tenor literal del artículo 179 delimita con suma claridad el elemento espacial o territorial de las inhabilidades allí enlistadas, al prescribir que los supuestos de hecho que se erigen como tales, previstos en los numerales 2, 3, 5 y 6, este último atinente a la coexistencia de inscripciones, se refieren a situaciones que tengan

lugar en la “circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”. Además, la norma precisa que para la configuración de dichas causales “se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5”. Lo anterior, conlleva a diferenciar, a voces de los artículos 176 y 179 de la Constitución Política, por una parte, la circunscripción nacional, como espacio geográfico, que cubre todo el territorio nacional, en el cual se desarrolla la elección de Senado y, de otro lado, las circunscripciones territoriales, que corresponde a cada uno de los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, sin perjuicio de las circunscripciones especiales. Así entonces, la interpretación armónica de los preceptos ya reseñados, permite concluir que el elemento territorial que integra los supuestos de cada una de las inhabilidades de los congresistas, se refiere a situaciones que acontezcan en la “circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección”, lo que en términos de la actual división política se refiere a toda la extensión del territorio nacional, en el caso del Senado, y a los diferentes departamentos que conforman aquel, tratándose de la Cámara de Representantes, estos últimos entes, entendidos en sentido lato o amplio que el constituyente le adscribió, esto es, como porción territorial, en cuyo ámbito se ubican los distintos municipios que lo integran, cuya delimitación geográfica tiene, entre otras finalidades, la determinación del censo electoral en un ámbito espacial específico.” (Negrillas añadidas). En ese sentido, concluyó que:

1 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, expediente: 15001-23-33-000-201900588-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 13 “Así las cosas, no cabe duda para esta Sala que al señalar el parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, que el entendimiento del vocablo “departamento”, contenido en algunos de los supuestos inhabilitantes previstos en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, debe ser referido a la “entidad pública” y no al aspecto “territorio”, el legislador desbordó su ámbito de su competencia, al regular, en términos más laxos, el componente territorial de la causal de inhabilidad que ahora ocupa la atención de la Sala, con lo cual se quebrantaron los artículos 179 y 299 de la Carta.” (Negrilla añadida).

Los parámetros expuestos son aplicables al presente caso dado que, las inhabilidades endilgadas al demandado corresponden mutatis mutandi a las consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 179 de la Constitución. En este orden de ideas, vale señalar que el Ministerio Público, ha prohijado la posición jurídica de la inaplicación del parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de 2017, por considerarlo contrario a la Constitución Política, en virtud del artículo 4º

superior, tal como lo hizo la Sección Quinta en la providencia citada. 2.3. Análisis del caso concreto A continuación, el Ministerio Público se pronunciará frente a los argumentos de la apelación, que delimitan y restringen la competencia del juez de segunda instancia. Los dos primeros reproches del recurso, se refieren a que, en virtud del Acuerdo 020 de 27 de noviembre de 2018, el señor JUAN CAMILO CALLEJAS TAMAYO cumplió funciones de ordenador del gasto y nominador como empleado público y, en consecuencia, ejerció autoridad administrativa en el Municipio de Bello. Al respecto, el Ministerio Público advierte que, la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, contiene varios elementos2:  Temporal: 12 meses anteriores a la elección. 2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de abril de 2013, expediente: 52001-23-31-000-201100647-01, M.P. Susana Buitrago Valencia. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409 Correo electróni