PGN - NULIDAD DE ELECCION DE GOBERNADOR - Análisis de la inhabilidad general por condena p

Bogotá, D.C., Marzo de 2002 Concepto número 002-44 Doctor

ROBERTO MEDINA LÓPEZ

H. Consejero Ponente

H. Consejo de Estado – Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Procesos acumulados números 2452 y 2483

Actores: PEDRO CAPACHO PABÓN y JOSÉ HIPÓLITO

VARGAS ESPINOSA.

Asunto: Nulidad de la elección del doctor MIGUEL ANGEL BERMÚDEZ ESCOBAR, como Gobernador del Departamento de Boyacá para el período 2001 – 2003.

ANTECEDENTES La demanda incoada por el señor Pedro Capacho Pabón El señor Pedro Capacho Pabón, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, solicitó que se declare nulo el acto por medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental de Boyacá declaró la elección del doctor MIGUEL ANGEL BERMÚDEZ ESCOBAR como Gobernador del Departamento para el período 2001 – 2003. Hechos Como supuesto fáctico de la pretensión el actor señaló que el doctor Miguel Ángel Bermúdez Escobar fue condenado por el delito de peculado mediante sentencia de 15 de octubre de 1985, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja y confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial con fallo de 3 de marzo de 1986 que fue objeto de recurso de revisión ante la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia la cual con pronunciamiento de 6 de marzo de 1996 declaró que la revisión no prosperaba. Normas violadas y concepto de la violación

El demandante planteó que se habían conculcado las siguientes disposiciones:  El inciso final del artículo 122 de la Carta Política;  El artículo 59 A del Código Penal;  El artículo 223 del Código Contencioso Administrativo; y como concepto de la violación manifestó que el punible de peculado se encontraba tipificado en el Código Penal de 1936, así como en la actual legislación penal, como un delito contra la Administración Pública que afecta el patrimonio del Estado; y que de la simple lectura del artículo 122, inciso final de la Carta Política, se establece que no hay límite temporal para su aplicación; lo que significa que son sujetos de la inhabilidad allí establecida todas las personas que en cualquier tiempo hayan 2 sido condenadas por delitos que afecten el patrimonio del Estado, sin que tenga relevancia la pena que se haya impuesto. Manifestó además que la norma Constitucional es de aplicación inmediata con efectos retrospectivos y que en consecuencia, por haber sido condenado por el delito de peculado, el Doctor MIGUEL ANGEL BERMÚDEZ ESCOBAR se encuentra inhabilitado para desempeñar funciones públicas. Así mismo, señaló que el problema referido a la vigencia de la norma y de sus efectos en el tiempo fue resuelto por la H. Corte Constitucional que precisó, en sentencia C-038 de 5 de febrero de 1996, el carácter intemporal del artículo 122 de la Carta Política. 1.4. Solicitud de suspensión provisional En acápite especial del escrito acusatorio el demandante solicitó la suspensión provisional del acto impugnado y argumentó

a favor de la solicitud lo que señaló en la demanda al explicar el fundamento jurídico del concepto de la violación que invocó a favor de la pretensión incoada. 1.5. Admisión de la demanda Por auto de 1 de febrero de 2001, la H. Sección Quinta del

H. Consejo de Estado admitió la demanda y decretó la suspensión provisional del acto acusado.

La decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones: 3 “El señor Miguel Ángel Bermúdez Escobar fue condenado por el delito de peculado por sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, del 15 de octubre de 1.985 (folios 1 a 40), confirmada por sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, del 3 de marzo de 1986, ejecutoriada el 7 de abril de 1986 (folio 85), cuya parte resolutiva dispone textualmente: “Confirmar la sentencia materia de apelación, MODIFICÁNDOLA en el sentido de CONDENAR a MIGUAL ANGEL BERMÚDEZ ESCOBAR, Gerente General de la Industria Licorera de Boyacá por la época de los hechos; ... a CUATRO (4) MESES de interdicción para ejercer cargo público, cada uno, como responsables del punible de Peculado...” (resaltado fuera de texto). Informa con evidente persuasión, la prueba anexada a la demanda, que el señor Miguel Ángel Bermúdez está incurso en una inhabilidad constitucional que le impide desempeñar funciones públicas, pues fue condenado por el delito de peculado cuando ejercía el cargo de

Gerente de la Industria Licorera de Boyacá, es decir, en su condición de servidor público, conforme a la definición del artículo 123 de la C.P. “Son servidores públicos los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. ...” Y fue designado por el voto popular para ejercer funciones públicas como jefe de administración seccional, representante legal del Departamento de Boyacá y agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general (artículos 303 y 305 de la Carta). La condena por delito contra el patrimonio del Estado es hecho anterior a la expedición de la nueva Carta Política que introdujo la 4 consecuencia de la sanción de inhabilidad, “para el desempeño de funciones públicas”, en términos absolutos, en todos los eventos y sin lugar a distinguir circunstancias relativas a la época de comisión del hecho punible. Esto es así porque la Constitución como preceptiva fundamental y general que es del Estado, es independiente del curso del tiempo, puede afectar situaciones pasadas y fue después de su promulgación que el hecho antecedente vino a consolidarse con el hecho consecuente. Los efectos de la Carta en este aspecto son intemporales y de aplicación inmediata. La norma es en todo sentido “completa”, es decir que no requiere del complemento legal para comprenderla, concretarla o aplicarla, y además, el hecho generador de la inhabilidad, el antecedente, no fue condonado por el constituyente. En otros términos, el supuesto de la

norma constitucional tuvo plena realización durante su vigencia”. 1.6. Recurso de reposición

Los señores JULIO ANÍBAL RUÍZ WILCHEZ; HUGO F.

BASTIDAS BÁRCENAS; GUSTAVO ADOLFO LANZZIANO; GILBERTO RONDÓN GONZALEZ; y el demandado, por conducto de apoderado judicial, interpusieron recurso de reposición contra el auto que decretó la suspensión provisional del acto demandado, pero la decisión fue confirmada mediante proveído de 21 de mayo de 2001. Contestación de la demanda Por conducto de apoderado judicial, el doctor Miguel Ángel Bermúdez Escobar contestó la demanda y aquél dijo en relación con los hechos imputados que eran ciertos los signados bajo los números 1 a 3, y en cuanto al hecho 4° manifestó que se trataba 5 de una apreciación del actor carente de fundamento constitucional y legal. La defensa, como primera medida, consideró que las previsiones de los artículos 122 de la Carta Política y 59 A del Código Penal no son retroactivas, y así mismo que si bien el acusado había sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, no lo fue por la comisión de un punible contra el patrimonio del Estado, señalando que el comportamiento de su representado, el cual admite como lesivo del interés público en cuanto alteró la ejecución del gasto público, no constituye delito contra el patrimonio del Estado porque éste nunca fue afectado por la conducta que ocasionó la correspondiente responsabilidad penal.

2. Demanda incoada por el señor José Hipólito Vargas

Espinosa El señor José Hipólito Vargas Espinosa demandó la nulidad del acto de elección del señor Miguel Ángel Bermúdez Escobar, como Gobernador del Departamento de Boyacá, para el período 2001 – 2003, por considerarlo incurso en causal de inelegibilidad, en cuanto había sido condenado por el punible de peculado; delito que atenta contra el patrimonio del Estado. Así mismo, en acápite especial de la demanda deprecó la suspensión provisional del acto acusado, considerando que en el asunto en examen es manifiesta la contradicción entre el acto y las normas señaladas como fundamento de la acción. 2.1. Normas violadas y concepto de la violación El demandante señaló como normas violadas: 6  Los artículos 122, 197, 303-2, 304 y 179 – 1 de la Constitución Política;  El artículo 43 – 1 de la Ley 200 de 1995 “Código Disciplinario Único”;  El artículo 37 de la Ley 617 de 2000;  El artículo 95 de la Ley 136 de 1994;  Los artículos 223-5, 228 y 229 del Código Contencioso Administrativo;  El artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 “Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”; y expresó como concepto de la violación lo siguiente: “Las inhabilidades e incompatibilidades de los Gobernadores le corresponde señalarlas a la ley por expreso mandato del Artículo 3022 Superior, las que, en ningún caso, según lo dispone el 304.2 ib,

pueden ser menos estrictas que las establecidas para el Presidente de la República y contenidas en el artículo 179 de la Carta, el que, en su inciso 2° preceptúa que “Tampoco podrá ser elegido Presidente de la república quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179 ...” norma, esta última –artículo 179que contempla que NO PODRA ser congresistas, norma que se aplica también a los Gobernadores por expresa remisión de la propia Constitución, quienes “HAYAN SIDO CONDENADOS EN CUALQUIER EPOCA POR SENTENCIA JUDICIAL, A PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EXCEPTO POR DELITOS POLÍTICOS O CULPOSOS” (Mayúsculas del texto citado). De igual manera el Reglamento Interno del Congreso en la sección 2° Inhabilidad, Artículo 280, manifiesta: 7 “Artículo 280.- Casos de Inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas: Quienes hayan sido condenados en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. De igual manera el art. 223 del Código Contencioso Administrativo dispone que: “Las Actas de Escrutinio de los Jurados de Votación y de toda Corporación Electoral son nulos en los siguientes casos:

8. Cuando se computen votos a favor de ciudadanos o candidatos que no reúnan las calidades constitucionales o legales para ser electos.

Por su parte la Ley de julio 28 de 1995, contentiva del CODIGO

DISCIPLINARIO UNICO, por medio de la cual, entre otras cosas el legislador desarrolló el mandato contenido en el ya citado artículo 302.2 Superior, dispuso en el artículo 43: “OTRAS INHABILIDADES. Constituyen además inhabilidades para DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS, las siguientes: 1. HABER SIDO CONDENADO POR DELITO SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD...” inhabilidad que también se predica de los Gobernadores, toda vez que ellos desempeñan o van a desempeñar un cargo público (mayúsculas del texto citado) La norma expedida en el año de 1995 es clara al establecer que nadie puede ocupar cargo público si fue condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad. El Código Penal hoy vigente, Decreto Ley 100 de 1980 que derogó el Código Penal de 1936 en su artículo 136 tipifica el PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE con PRISIÓN DE SEIS MESES A TRES AÑOS, INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS DE UNO A TRES AÑOS, y a una multa que por disposición del estatuto anticorrupción, Ley 190de 199 (sic), artículo 8 32, la incrementó de diez a cincuenta salarios mínimos legales vigentes. En este orden de ideas, se debe concluir que MIGUEL ANGEL BERMÚDEZ ESCOBAR se encontraba y se encuentra inhabilitado para ser electo y desempeñar las funciones del cargo público de Gobernador del Departamento de Boyacá, toda vez que sobre él pesa

una condena judicial en firme, por el ilícito de PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE, sancionado con pena privativa de la libertad, cumpliéndose en esta forma el requisito exigido por el artículo 43.1 del Código Disciplinario Único, pena que le fue impuesta en el año de 1985, pero que nada incide en el presente asunto, ya que como lo dice el artículo 179 de la Constitución Política, la inhabilidad debe predicarse de todos aquellos que fueron condenados por sentencia judicial EN CUALQUIER EPOCA.” 2.2. Admisión de la demanda El H. Consejo de Estado, mediante auto de 8 de marzo de 2001, admitió la demanda y denegó la suspensión provisional del acto acusado considerando al efecto que la no se reunía “....el requisito de la manifiesta infracción de las normas superiores señaladas como infringidas y, por consiguiente, en este momento –dijono se puede concluir que se configuran o no las causales de inhabilidad aducidas en la demanda respecto del demandado”. La decisión anterior fue impugnada en recurso de reposición y el H. Consejo de Estado – Sección Quintamediante proveído de 11 de mayo de 2001 confirmó el auto que denegó la suspensión provisional. 2.3. Contestación de la demanda 9 Por intermedio de apoderado judicial, el demandado contestó la demanda, y dijo aquél en relación con los supuesto de hecho atribuidos que eran ciertos, excepto los consignados bajo los números de orden 4, 6 7, 8 y 9 sobre los cuales el apoderado realizó algunas precisiones.

Sobre el fundamento normativo invocado por el demandante señaló lo siguiente el apoderado: “Resulta irrelevante para el caso de autos toda la extensa digresión del actor acerca de la naturaleza y alcances de las inhabilidades electorales previstas en el artículo 179, numerales 1, 4 y 7 de la Constitución Política, en concordancia con lo que dispone la misma Carta Fundamental en su artículo 303, inciso segundo, (No. 302, como se ve en la demanda), por cuanto, como ya se anotó. El doctor Miguel Ángel Bermúdez Escobar no ha sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. Igual cabe decir de la cita que se hace del numeral 1o., artículo 280 de la ley 5a de 1992, Reglamento del Congreso de la República, y del artículo 43 del Código Disciplinario Único, pues la pena impuesta al doctor Bermúdez Escobar en la sentencia que se aduce para fundamental la pretensión, fue a cuatro (4) meses de interdicción para ejercer empelo o cargo público. No pena privativa de la libertad. Craso error, por lo demás, es lo argumentado por el actor con base en el artículo 136 del actual Código Penal, que estatuye el delito de peculado por aplicación oficial diferente. El hecho de que al presente se prevea pena privativa de la libertad para quien incurra en ese delito, no permite afirmar que a quienes por el mismo reato se impuso pena de interdicción de derechos y funciones públicas bajo la vigencia del Código Penal de 936 se los deba tener como condenados a prisión. Tamaño absurdo implicaría consagrar la retroactividad de lo desfavorable en materia penal, práctica o principio excluido de todas

10 las legislaciones del mundo civilizado. Y efectuar una conversión de penas que solo compete al juez en tanto resulte menos gravosa al implicado”.

3. Acumulación de procesos Por auto de 7 de septiembre de 2001 se ordenó la acumulación de los procesos que se adelantaban contra el acto de elección del doctor Miguel Ángel Bermúdez Escobar como Gobernador del Departamento de Boyacá, radicados bajo los números de orden interno 2452 y 2483.

4. Terceros intervinientes 4.1. Del señor Álvaro Ignacio Alario Montes El señor Alario Montes interviene como tercero oponente a las pretensiones de la demanda y manifestó que las decisiones de la H. Sección Quinta por medio de las cuales se decretó la suspensión provisional del acto acusado y se confirmó esta última habían quedado sin base legal porque en vigencia del nuevo Código Penal, la conducta que se le imputó al doctor Bermúdez Escobar había dejado de ser delito. 4.2. Del señor Carlos Mario Isaza Serrano El señor Isaza Serrano dijo que se oponía a las pretensiones de la demanda.

5. Alegatos de conclusión

5.1. Del señor Gilberto Rondón González 11 Manifestó que el doctor Bermúdez Escobar no fue condenado a pena privativa de la libertad y por lo mismo no se encuentra incurso en causal de inhabilidad alguna; además dijo que las copias de las sentencias de primera y segunda instancia no reúnen los requisitos probatorios señalados en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y por tal razón carecen de valor

probatorio. 5.2. Del señor Pablo Bustos Sánchez El citado actuando en su calidad de Director de RED VER solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda, considerando que el Gobernador del Departamento de Boyacá, doctor Miguel Ángel Bermúdez Escobar, se halla clara y manifiestamente incurso en causal de inhabilidad vitalicia e incondicionada por haber sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada por delito contra la administración pública. 5.3. Del apoderado judicial de la parte demandada El apoderado del doctor Bermúdez solicitó que se denieguen las pretensiones y adujo para ello que la Ley 190 de 1995 que adicionó el Código Penal incluyendo el artículo 59 A dejó de regir a partir del 24 de julio de 2001, porque este texto no se insertó en el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000) y porque el artículo 474 del estatuto penal dispuso de manera concreta derogar el Decreto 100 de 1980 y las demás normas que lo modifican y complementan; y a continuación dijo que así estuviere vigente la norma en mención la norma del artículo 17 de la Ley 190 de 1995 era irretroactiva. 12 Así mismo, dijo que las copias de las sentencias de la jurisdicción penal que se acompañaron con la demanda aparecen autenticadas por el Secretario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja; despacho en donde necesariamente no podían encontrarse los expedientes en los cuales obran los originales y que de conformidad con los artículos 115 y 254 del Código de Procedimiento Civil en relación con las copias aportadas al

plenario resulta pertinente efectuar las siguientes precisiones: - No existe auto de juez que orden al secretario autorizar las copias en cuestión. - Esas copias corresponden a pronunciamientos judiciales contenidos en “la Causa No. 075, seguida al doctor Miguel Ángel Bermúdez Escobar y otros..., cuyo expediente no reposa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja. Por tanto, no pudo el secretario de ese despacho tener a la vista el expediente para su confrontación”. - No autorizó las copias allegadas el secretario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja, siendo que ellas corresponden a piezas de la “causa 075” que está en su archivo y no en el del Juzgado Segundo Civil del mismo circuito” En relación con el fondo del asunto el defensor manifestó que la inhabilidad electoral consagrada en el inciso final del artículo 122 de la Carta Política rige a partir de la fecha en que entró en vigencia la Constitución de 1991 y por fallos condenatorios expedidos a partir de entonces. Y señaló igualmente que las inhabilidades deben ser interpretadas de manera restrictiva, lo que implica que en la comparación del precepto con la situación de hecho aducida por el actor no caben analogías, ni aplicaciones por extensión o semejanza. Además, 13 reiteró que la sentencia condenatoria impuesta a su poderdante no le impide o inhabilita para ser gobernador de Boyacá porque no se trató de una condena por delito contra el patrimonio del Estado, habida cuenta de que la conducta por la que se condenó al doctor Bermúdez no ocasionó lesión directa ni indirecta al

patrimonio público. Por último dijo que la conducta por la cual se condenó al elegido Gobernador del Departamento de Boyacá resulta a la luz del nuevo Código Penal atípica porque el punible de peculado por destinación oficial diferente requiere para su configuración que se cause perjuicio a la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, concluyendo que “Entonces por ser atípica, no punible, la conducta por la que se lo condenó quince (15) años atrás, conforme al principio de favorabilidad que consagra el artículo 6, inciso segundo, del Código Penal, habrá de tenerse como inexistente la condena que se le impuso e inaplicable en su caso el inciso final del artículo 122 de la Carta Política Fundamental” 5.4. Del señor Álvaro Alario Montero En su calidad de tercero opositor a las pretensiones de la demanda resaltó el carácter irretroactivo de la norma Constitucional y dijo que “Tanto el sentido gramatical del texto como el desarrollo universal del principio de irretroactividad de la Ley advierten, con absoluta claridad la imposibilidad de aplicar la sanción que contempla el artículo 122 Superior a situaciones consolidadas antes de su vigencia”. 14 Así mismo, señaló que la conducta por la cual se siguió la causa penal no generó daño o perjuicio al patrimonio del Estado. 5.5. Del señor Gilberto Rendón González Manifestó que las disposiciones de la Carta Fundamental sólo pueden tener efectos retroactivos si el Constituyente de manera expresa así lo dispone, y que en relación con los Gobernadores ello no ocurrió de tal modo; reservándose la causal

de inelegibilidad con carácter intemporal sólo para los aspirantes a congresistas o Presidente de la República. En relación con la supuesta violación del artículo 59 de la Ley 190 de 1995, señaló que no existe contrariedad alguna porque esta disposición fue retirada expresamente del ordenamiento jurídico. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que le corresponde. Consideración preliminar 15 El artículo 4º de nuestra Carta Fundamental dispone que la Constitución es Norma de Normas y que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales. No se remite a duda, entonces, que al Texto Superior no le es oponible ninguna otra disposición, sin importar su especialidad o jerarquía. Todas las normas aplicables en el Territorio Nacional deben someterse al dictado constitucional en virtud del enunciado anterior y asimismo todas las interpretaciones que de ellas se haga deben tener como meta la defensa de éste. La supremacía de la Constitución en nuestra organización jurídica, consagrada en la disposición que se acaba de comentar, es un principio inveterado de nuestro sistema constitucional. Ya en el artículo 9º de la Ley 153 de 1887 se estableció que la Constitución es Ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente, y que toda disposición legal anterior a ella y que sea claramente contraria a su letra o su espíritu se desechara como

insubsistente. Por lo demás, el enfoque consignado se adecua, perfectamente a la doctrina internacional que en la mayoría de los casos sigue este derrotero. García-Pelayo, en su obra “Derecho Constitucional Comparado”, considera sobre el particular, que la Constitución es el supuesto esencial del orden jurídico y determina las condiciones de validez de las restantes normas; señalando para reforzar su criterio que “Por eso, ya desde la doctrina de las leyes fundamentales se ha considerado a la Constitución como base del orden jurídico. (Ed. Alianza. 1999. P.100)”. 16 En las condiciones señaladas, ninguna duda cabe de que la aplicabilidad de la norma constitucional abarca todo el espectro jurídico y que solo tiene las limitaciones que ella misma se imponga. Esta situación aconseja la necesidad de acudir en el estudio de la norma constitucional al método sistemático de interpretación, según el cual debe buscarse la conexión entre las distintas disposiciones de un texto legal para precisar tanto su alcance general como particular cuando esta dualidad se presenta, antes de proponer cualquier tipo de conflicto entre normas que a primera vista puedan parecer contrarias. El asunto de fondo Demanda incoada por el señor Pedro Capacho Pabón Cargo único: Violación del inciso final del artículo 122 Constitucional en concordancia con el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 Adentrándose, entonces, en el análisis específico de la figura de la inhabilidad en que incurren los servidores públicos para desempeñar funciones como consecuencia de actividades irregulares ejecutadas en su desempeño oficial, debe precisarse

que la Carta Fundamental consagra dos tipos de este género en procura de defender la transparencia y pulcritud de la actividad pública: La inhabilidad de carácter general para todos los servidores públicos y las particulares a través de las cuales se busca especializar la norma en consideración a la mayor importancia de la función desempeñada. 17 La inhabilidad general aparece en el artículo 122, inciso final, de la Carta Fundamental concebida en la siguiente forma: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la Ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”. Esta disposición, tiene carácter absoluto y en su prevención cubre a todos los servidores públicos que a partir de la vigencia de la Constitución se sitúen en la hipótesis que ella establece; sin perjuicio del criterio más restrictivo que las consideraciones particulares establecidas en el texto señalan en casos específicos, como son las referentes al Presidente de la República; a los Congresistas, a los Gobernadores, a los Diputados y a los Concejales, entre otros. En lo atinente a la afirmación de que la inhabilidad general rige a partir de la vigencia de la Constitución es preciso destacar que ésta se deriva del tiempo del verbo empleado en la redacción de la norma que la crea, tanto como de la intención de implantar en el nuevo Texto Superior una relación servidor-estado más severa que la anteriormente existente; advirtiendo que la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado inhabilita de por vida (hacia el futuro) para el ejercicio de funciones públicas;

se excluyen las situaciones anteriores al nuevo ordenamiento pero se niega la prescripción de los efectos del hecho hacia delante de manera absoluta. Cuando se dice que el tiempo del verbo pone a regir la disposición hacia el futuro, se está destacando que el subjuntivo en que se encuentra conjugado señala una posibilidad que de 18 realizarse desencadena la consecuencia. La fórmula empleada en la redacción de la norma, al consignar “el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado”, está inhabilitando a quien en adelante delinca, acogiendo además el principio general de que la ley se dicta para que produzca efectos hacia el futuro. Esta apreciación concuerda, por lo demás, con el desarrollo que de la norma constitucional hizo el Estatuto Anticorrupción, Ley 190 de 1995 en su artículo 17 al disponer que “Los servidores públicos a que se refiere el inciso primero del artículo 123 de la Constitución Política quedarán inhabilitados para el desempeño de funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado”. En la disposición transcrita se consagra que los servidores públicos quedarán inhabilitados “cuando sean” condenados lo cual denota un tiempo futuro, posterior al establecimiento de la hipótesis que genera la inhabilidad. De tal modo, para este Ministerio Público, la expresión constitucional “que sea condenado” es equivalente a la legal “cuando sean condenados” y ambas se refieren a un tiempo posterior a la vigencia de las disposiciones; aclarando que como quiera que la Constitución rige desde julio de 1991, a partir de

esta fecha se podía incurrir en la inhabilidad por cuanto, como ya se anotó, la Norma Superior dispone sin limitación a partir de su vigencia y en los términos en que ella misma lo establezca. Las inhabilidades particulares, por su parte, tienen en el Texto Superior unas características propias, concebidas 19 atendiendo la mayor jerarquía de las funciones de los cargos para cuyo desempeño fueron señaladas, y en general son más drásticas que la inhabilidad de carácter general porque si bien ésta se produce por actuaciones posteriores al imperio de la Carta sin limitaciones hacia el futuro aquéllas, en relación con aspectos específicos, tienen un cubrimiento intemporal. Al respecto se hará mención a las señaladas para los gobernadores en los artículos 304; 197, inciso 2; 179, numerales 1°, 4° y 7°; y 30 de la Ley 617 de 2000. El artículo 304 de la Constitución reza: “El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados en la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores. Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido para el Presidente de la República”. En este caso concreto la Constitución defirió a la ley el señalamiento del régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los gobernadores, pero advirtiendo que no podía ser menos estricto que el del Presidente de la República el cual se encuentra consagrado en su propio texto. De tal suerte, mientras la Ley correspondiente se expidió estos servidores públicos estuvieron sujetos a las limitaciones que para el ejercicio del cargo la Carta

Fundamental le señaló al Presidente de la República. De acuerdo con lo anterior, el análisis de las inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores para el desempeño del cargo tiene que partir de lo que el Texto Superior consideró su base mínima; es decir, del régimen respectivo señalado por el artículo 197, inciso 2 de la Carta para el Presidente de la 20 República, según el cual no puede ser elegido para la Primera Magistratura del país quien hubiera incurrido en alguna de las causales de inhabilidad contempladas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179 Superior. A su vez, el artículo 179 referido señala las causales que inhabilitan para ser congresista de las cuales interesa para el presente asunto la primera citada, cuyo texto reza: “No podrán ser congresistas: 1.- Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos .....”. Constituyendo la disposición transcrita una de las tres inh