PGN - NULIDAD DE ELECCION DE GOBERNADOR - No configuración de inhabilidad por parentesco c

Bogotá D.C. Septiembre 7 de 2.004 Concepto No. 059/2004 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr: DARIO QUIÑONES PINILLA

E. S. D.

Referencia: Expediente número 3182

Actor: RUTH STELLA CORREA PALACIO Asunto: Nulidad de la elección del señor Jorge Enrique García Orjuela como Gobernador del departamento del Tolima, para el período 2.004-2.007.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La ciudadana Ruth Stella Correa Palacio, obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, presentó demanda ante el H. Consejo de Estado para que, previos los trámites del proceso electoral, se declarara la nulidad del acto administrativo de la elección del doctor Jorge Enrique García Orjuela como Gobernador del Departamento del Tolima, para el período comprendido del 1º de enero de 2.004 al 31 de diciembre de 2.007, contenido en el Acta Parcial de Escrutinio Departamental, Formulario E-26 AG del 8 de noviembre de 2.003 y suscrito por los Delegados del

Consejo Nacional Electoral. 1 A) Hechos Refirió la actora que el 26 de octubre del 2.003 fue elegido el doctor Jorge Enrique García Orjuela como Gobernador del Departamento del Tolima para el período 2.0042.007, según constaba en el Acta Parcial de Escrutinios, formulario E-26 AG, del 8 de noviembre del 2.003. Dijo, igualmente, que de conformidad con el artículo 30 numeral

5o de la Ley 617 del 2.000, no podía ser inscrito como candidato, ni elegido o designado Gobernador quien tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad con funcionario que dentro de los doce meses anteriores a la elección hubiera ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento, o con quien dentro del mismo lapso haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones. Bajo ese entendido señaló que el doctor Jorge Enrique García Orjuela, quien fuera elegido Gobernador del Departamento, es hermano del señor Luis Fernando García Orjuela, quien se desempeñó en el cargo de Gerente Operativo de la Regional Ibagué No. 8 de la Empresa Nacional Minera Limitada (Minercol Ltda.), vinculado mediante contrato de trabajo del 1º de octubre de 1.999 hasta el 26 de noviembre de 2.003. La empresa Minercol Ltda, es una sociedad de capital público, de responsabilidad limitada, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Manifestó la demandante que, en cumplimiento de las funciones del cargo, el doctor Luis Fernando García ejerció autoridad civil y administrativa en el Departamento del Tolima, dentro de los doce meses anteriores a la elección de su hermano, celebrando contratos de concesión para mediana minería; de transacción, de obra y/o prestación de servicios; de compraventa; y de arrendamiento, 2 los cuales relacionó a folios 257 a 271 del expediente. Que igualmente profirió resoluciones imponiendo multas y ordenando la cancelación de licencias para la

exploración de yacimientos de oro, plata, materiales de construcción y otra clase de agregados, relacionados a folios 272 a 283 del expediente. Indicó que Minercol Ltda. es una sociedad que tiene entre sus funciones administrar los recursos mineros y carboníferos del país, y recaudar y distribuir las contraprestaciones económicas derivadas de la explotación de esos recursos; recaudar las regalías y girar las participaciones correspondientes a las entidades beneficiarias al Fondo Nacional de Regalías; y que el doctor Luis Fernando García Orjuela ejerció la Representación Legal de la Sociedad. Que, de conformidad con ello, el ciudadano señor Jorge Enrique García Orjuela se encontraba inhabilitado para ser elegido Gobernador del Departamento del Tolima, por haber ejercido su hermano autoridad civil y administrativa dentro de los doce meses anteriores a su elección. Además de ello, arguyó que la inscripción de la candidatura del doctor Jorge Enrique García Orjuela a la Gobernación del Departamento del Tolima fue avalada por el Movimiento Somos Colombia, no obstante el inscrito candidato ser miembro activo y haber participado en los procesos internos del Partido Liberal Colombiano, del cual obtuvo igualmente el aval para la inscripción de la candidatura a la Gobernación, contraviniendo lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política, reformado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2.003 al pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. 3 B) Normas violadas y concepto de la violación La demandante citó como normas violadas las siguientes:  El artículo 30 numeral 5º de la Ley 617 de 2.000.

 El artículo 107 de la Constitución, reformado por el artículo 1o del Acto Legislativo 1 del 2.003. Como concepto de la violación expuso tres cargos a saber: i) Que de conformidad con el artículo 30-5 de la Ley 617 del 2.000 no puede ser inscrito como candidato ni elegido gobernador, quien tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento. Destacó que el Presidente de la República, mediante facultades extraordinarias, fusionó las Sociedades Minercol y Ecocarbon, en una sociedad de responsabilidad limitada denominada Empresa Nacional Minera Limitada (Minercol Ltda); empresa del orden nacional, con capital Estatal sometida al régimen de empresas industriales y comerciales del estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, conforme lo establecido en los artículos 30-2, literal f, parágrafo 1o y 39 de la Ley 489 de 1.998. Que su objeto, conforme el artículo 3o del Decreto 1679 de 1.997, era la administración de los recursos mineros y carboníferos, la promoción de aspectos atinentes a la industria 4 minera y carbonífera y la administración, recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas respectivas. Entre las funciones sociales, según el artículo 4o del mismo Decreto y del artículo 1º del Decreto 2624 de 1.998, se encuentran: administrar por delegación en forma técnica y

eficiente, los recursos mineros y carboníferos del país y velar por su explotación racional; contratar la exploración y explotación de los recursos mineros y carboníferos; fomentar el fortalecimiento de la infraestructura para el transporte de minerales, coordinar las actividades de comercialización y transformación de esos recursos; controlar técnicamente la explotación racional de los yacimientos; recaudar y distribuir las contraprestaciones económicas derivadas de la explotación; promover el desarrollo de la industria minera y carbonífera. Manifestó que luego de la vigencia del Código Minero, por medio de Resolución 181.130 del 2.001, artículos 1o y 2o, se delegaron en Minercol Ltda, las funciones asignadas al Ministerio como autoridad minera, precisándose que Minercol podría ejecutar las actuaciones y trámites inherentes a las funciones que se le delegaban a través de los funcionarios y dependencias centrales, regionales o locales de que disponga. Minercol Ltda, mediante Acuerdo 49 de 2.001, artículo 1º, atribuyó a las gerencias operativas, dentro del territorio de su jurisdicción las siguientes funciones: Trámite y decisiones de las solicitudes de título Minero en curso ante Minercol Ltda; celebración de contratos de concesión, excepto de gran minería; trámite y resolución de autorizaciones temporales; certificación de todos los actos sujetos a registro minero nacional; seguimiento y control de los títulos mineros...; seguimiento y control de los 5 reconocimientos de propiedad privada y registros mineros de cantera; trámite y decisión de procesos mineros especiales en curso; trámite y decisión de amparos

administrativos; imposición de multas y cancelación de licencias; imposición de multas y caducidad de los contratos de concesión...; imposición de sanciones en los permisos; autorización de cesión, subcontratación, prórrogas, suspensión de términos y de labores y modificaciones que se soliciten dentro de la ejecución de los títulos y contratos, excepto...; trámite y aprobación de reducción de área de solicitudes, títulos y contratos de su competencia, excepto..; evaluación, aprobación u suscripción de pólizas de garantías en los contratos de su competencia; expedición de constancias sobre los expedientes de su competencia; reporte de superposiciones y certificados de libertad de áreas dentro de la región de su competencia....; oficios y notificaciones de todos los actos, providencias y demás actuaciones que realice en ejercicio de sus competencias; todos los demás actos y providencias que resulten en razón del ejercicio de sus funciones o que sean necesarios para el cabal cumplimiento de los trámites y asuntos mineros de su competencia. Además de las funciones anteriormente señaladas, el citado Acuerdo estableció para todos los efectos la Gerencia Operativa Regional No. 8 de Ibagué tendría competencia en los departamentos del Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. Por otra parte, indicó que según lo establecido en el artículo 123 de la Constitución, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Son miembros de las Corporaciones públicas los Senadores, Representantes,

Diputados, Concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales; y, son empleados públicos los vinculados a entidades públicas mediante una relación legal y 6 reglamentaria, y trabajadores oficiales los vinculados a esas mismas entidades mediante contrato de trabajo; tanto los empleados públicos como los trabajadores oficiales son genéricamente empleados oficiales, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3074 de 1968; artículos 2º y 3º del Decreto 1950 de 1975 y 5º del Decreto 1042 de 1.978. Solo el Presidente de Minercol Ltda y un jefe de oficina son empleados públicos; los demás empleados, según el artículo 1º del decreto 2622 de 1998, son trabajadores oficiales, entre ellos, los gerentes operativos regionales, como es el caso del señor Luis Fernando García Orjuela, quien además, ejerció autoridad civil y administrativa, celebrando contratos y expidiendo actos administrativos. ii) En cuanto al segundo cargo, el cual circunscribió a la misma causal de inhabilidad consagrada en el artículo 30 numeral 5º de la Ley 617 de 2.000, precisó que entre las funciones de Minercol Ltda. estaba la de administrar recursos mineros y carboníferos del país, y recaudar y distribuir las contraprestaciones económicas derivadas de la explotación de estos recursos, atender el recaudo, distribución y transferencias de regalías, recaudar las regalías provenientes de los minerales que maneja y girar las participaciones correspondientes a las regalías y compensaciones a las entidades

beneficiarias y al Fondo Nacional de Regalías, conforme a la ley. Que el señor Luis Fernando García, en cumplimiento de sus funciones ejerció la representación legal de esa sociedad, en desarrollo de las competencias que le fueron atribuidas o delegadas, configurándose la causal de inhabilidad alegada. iii) Por último, como tercer cargo, señaló que se violó el artículo 107 de la Constitución, reformado mediante el Acto Legislativo 1 del 2.003, que prohibía a los ciudadanos 7 pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personalidad jurídica, por cuanto que el doctor Jorge Enrique García Orjuela, fue inscrito como candidato a la Gobernación del Departamento del Tolima por el Movimiento Somos Colombia, no obstante ser miembro activo del Partido Liberal Colombiano, de quien también obtuvo el aval para la inscripción de su candidatura a la Gobernación del Departamento del Tolima.

2. Admisión de la demanda El Consejo de Estado, mediante auto del 16 de diciembre del 2.003, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de ley.

3. Contestación de la demanda El doctor Jorge Enrique García Orjuela contestó la demanda, por conducto de apoderado judicial, y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones. Admitió alguno de los hechos como ciertos y en los otros dijo que se estaría a lo que se probara dentro del proceso. Señaló, que el Director Operativo de Minercol no era “funcionario”; que no estaba investido de autoridad civil o administrativa, y que en dicha calidad no fue representante legal de la entidad.

Señaló que el artículo 123 de la Constitución adoptó la denominación genérica de

servidores públicos para referirse a las personas que prestan sus servicios al Estado, comprendiendo dentro de esta noción a los miembros de las corporaciones públicas, los 8 empleados públicos, y los trabajadores oficiales; es decir, que el concepto de servidor público es genérico. Más adelante indicó que son empleados públicos las personas que prestan sus servicios en ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos; y que son trabajadores oficiales los trabajadores de la construcción y sostenimiento de las obras públicas, no siendo posible confundir los conceptos de empleado público y de trabajador oficial. Luego, trascribió las normas y antecedentes jurisprudenciales que caracterizan y distinguen los diferentes géneros de empleados públicos y trabajadores oficiales, para efectos de realizar una correcta interpretación del artículo 30 de la Ley 617 de 2.000, afirmando que dicha causal sólo se predicaba de aquellos que tienen la vocación de ejercer actos de poder que entrañen precisamente el ejercicio de autoridad política, administrativa o militar, condición que no estaba presente en los funcionarios inmersos en el régimen contractual laboral con la administración pública, quienes por voluntad expresa del legislador no pueden ejercer autoridad administrativa, Art. 7o del Decreto 1950 de 1973. Bajo el mismo entendido se arguyó que el doctor Luis Fernando García no ejerció autoridad política administrativa o militar, por cuanto tenía el carácter de trabajador oficial; que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dicho que los actos de gestión y de atención de servicios públicos por entidades descentralizadas por servicios, que asuman la forma de empresas industriales y comerciales, deben ser atendidos por

personal vinculado por otra modalidad que corresponda a la figura empresarial y económica de la gestión, y que por ello era preciso vincular a los servidores públicos 9 por contrato de trabajo y establecer un régimen jurídico específico de garantías mínimas, que pudiera ser objeto de negociación y arreglo entre la entidad y el personal. Tanto los establecimientos públicos como las empresas industriales y comerciales del Estado como entidades descentralizadas están dotadas de un conjunto de cualidades, entre las cuales se destaca la autonomía administrativa, la personalidad jurídica, el patrimonio independiente; autonomía que les permite contar con sus propios órganos de dirección, según expresa voluntad del artículo 16 del Decreto 3130 de1.968, y la facultad de darse sus propios estatutos; no obstante, su régimen estatutario no permite que los trabajadores oficiales asuman funciones que impliquen el ejercicio de autoridad, como lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia. Así mismo, señaló que tampoco ejerció autoridad administrativa política o militar, en consideración a la naturaleza jurídica de la entidad pública en la cual prestó sus servicios. En efecto, indicó que Minercol era una empresa Nacional Minera, una persona jurídica de derecho público, sujeta a la regulación de la Ley 489; esto es, una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con privilegios y prerrogativas, cuya dirección y administración está a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente, que es el representante legal de la correspondiente entidad, por virtud del artículo 96 de la citada ley y de libre nombramiento y remoción del Presidente.

Así las cosas, arguyó no era posible deducir del cumplimiento de las funciones industriales y comerciales, de las gestiones que desarrolla una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con el ejercicio de autoridad política, a administrativa o militar, ya que éstas están sujetas por imposición de la ley al régimen de derecho privado y del ejercicio negocial que se predica de los particulares. De igual forma, señaló que el 10 contrato suscrito por el señor Fernando García Orjuela no lo fue con el Departamento del Tolima como lo exige la norma para la configuración de la causal de inhabilidad, ya que comprendía gran parte del territorio nacional, no teniendo exclusividad en el departamento del Tolima, ubicándose por fuera del contexto territorial. Por último, en cuanto al cargo de la inhabilidad por violación del artículo 107 de la Constitución, señaló que la Ley 130 de 1.994, Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, reguló las consultas internas, procedimiento modificado por la Ley 616 de 2.000; pero que en su caso, éste no había participado en el procedimiento de consulta interna del Partido Liberal para la selección de candidato único de esa colectividad a la Gobernación del Tolima. Que, en ejercicio de su libre determinación, presentó renuncia a la inscripción para la consulta interna de dicho partido, quien en últimas no la realizó.

4. Terceros intervinientes La señora Ángela Bejarano Vásquez solicitó se le tuviera como tercero interviniente para caodyuvar las pretensiones de la demanda y solicitó la práctica de unas pruebas.

Igualmente presentó escrito de coadyuvancia de las súplicas la señora Alexandra

Katheryne Manzano Guerrero, quien manifestó que el elegido gobernador se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5o del artículo 30 de la Ley 617 del 2.000, toda vez que su hermano ejerció funciones administrativas y de autoridad civil, celebrando por la época de la campaña electoral una multiplicidad de contratos mineros y estatales, que colocaron a su hermano en evidente ventaja frente a 11 los demás ciudadanos inscritos. Que las funciones del cargo ejercido por el señor Luis Fernando García Orjuela y contempladas en el manual de funciones, revelaban la naturaleza administrativa de las mismas, así como de las delegaciones hechas por la Presidencia de la Empresa. Ratificó igualmente que el señor Jorge Enrique García Orjuela participó paralelamente en dos organizaciones políticas aprovechando su imagen, en detrimento del interés general que representaba la entidad política que lo acogió. El señor Orlando Arciniegas Lagos solicitó se le tuviera como tercero interviniente para caodyuvar la posición de la parte demandada. De igual forma, el señor Wilson Guarnizo Carranza solicitó que se le tuviera como parte coadyuvante de la demanda de las pretensiones de la parte actora.

4. Alegatos de conclusión Cada una de las partes, incluido los intervinientes, presentaron escritos de alegatos, reiterando las consideraciones esbozadas en la demanda y en su contestación, y el apoyo de los intervinientes con argumentos en uno y otro sentido.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

12 No observando vicio que afecte de nulidad el trámite hasta ahora surtido, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que legalmente le corresponde. Los cargos propuestos por la parte actora, en aras de su pretensión de nulidad de la elección, se pueden sintetizar así: a) la violación del régimen de inhabilidades, por razón de parentesco con funcionario que ejerce autoridad en el respectivo Departamento; b) que es representante legal de entidad que administra tributos en el respectivo departamento y el segundo con el desconocimiento de la prohibición de la militancia simultánea en más de un partido o movimiento político; c) la doble militancia política, pues el señor Jorge Garcia Orjuela se inscribió como candidato a la gobernación del Tolima por el Movimiento Somos Colombia, y para la fecha de la elección del 26 de octubre era miembro activo del Partido Liberal colombiano y lo aceptó dentro del proceso de consulta interna., que culminó con aval de dicho partido..

1. Primer cargo Violación del régimen de inhabilidades – Artículo 30, numeral 5º de la Ley 617 del 2000 – Parentesco con funcionario que ejerce autoridad en el respectivo Departamento a) La pretendida nulidad se fundó en la consideración de que el elegido Gobernador del Departamento del Tolima, Jorge Enrique García Orjuela, se encontraba incurso en la causal de inelegibilidad de que trata el artículo 30 de la Ley 617, numeral 5º, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 30. De las inhabilidades de los Gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador:

13 (...) 5º. Quien tenga vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respetivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. (negrillas y subrayas son ajenas al texto citado) (...)” Sostuvo la parte actora que el elegido Gobernador del Departamento del Tolima, doctor JORGE ENRIQUE GARCIA ORJUELA, se encontraba inmerso dentro de esta causal porque su hermano, el doctor LUIS FERNANDO GARCÍA ORJUELA -parentesco debidamente acreditado en el plenario-, dentro de los doce meses anteriores a la elección se desempeñó como Gerente Operativo Regional No. 8 de la Empresa Nacional Minera Ltda. Minercol y que, en desarrollo sus funciones, ejerció autoridad en el Departamento del Tolima, toda vez que suscribía contratos, imponía multas, decretaba la caducidad de los contratos, retiraba licencias etc., funciones todas ellas que correspondían en un todo al ejercicio de autoridad. b) La parte opositora afirmó que el elegido Gobernador no se encontraba incurso en la causal alegada por la actora pues su hermano era trabajador oficial y no funcionario, como lo reclamaba la demandante, y que por tal razón tampoco le era atribuible el

ejercicio de la autoridad en los términos de la demanda, la cual solo corresponde a quien tenga la calidad de funcionario. 14 c) El examen de la causal de inhabilidad prevista por el numeral quinto del artículo 30 de la Ley 617 de 2002, que en principio sugiriese ser simple, en tanto se trataría de determinar si el señor Fernando García Orjuela, hermano del demandado, podía considerarse como funcionario para efectos de la inhabilidad, presenta algunas dificultades de interpretación, que a continuación se expresan, circunstancia que implicará un análisis adicional, que luego se propondrá ante esa alta Corporación: A) La consideración de funcionario como concepto genérico a) La causal de inelegibilidad aducida en el caso sub-examine exige como presupuestos para su configuración, en sentir de este Despacho la demostración, de manera conjunta y sin excepción, de los siguientes:  La existencia de un vínculo o parentesco dentro de los términos señalados en la Ley entre el elegido y un funcionario;  Que el funcionario del cual se predica el vínculo o parentesco ejerza autoridad administrativa, civil, política o militar;  Que el ejercicio de la autoridad se presente en el respectivo departamento  Dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección del Gobernador. b) Como atrás quedó indicado está acreditado debidamente el parentesco que la causal de inelegibilidad invocada por la demandante y los coadyuvantes, señala como exigencia sine que non para la configuración del requisito negativo, que se encuentra consagrado en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 617 del 2000. En efecto, a folios 2

y 3 del plenario se encuentran los registros civiles de nacimiento debidamente 15 autenticados, de los señores Luis Fernando García Orjuela y Jorge Enrique García Orjuela, quienes son hermanos entre sí, hijos de Jorge Enrique García y Margarita Orjuela de García. c) Se encuentra también establecido el carácter de trabajador oficial del señor LUIS FERNANDO GARCÍA ORJUELA, quien prestó sus servicios a la Empresa Minercol Ltda. mediante contrato a término fijo desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2003, fecha en la cual el contrato de trabajo suscrito con el señor García Orjuela se terminó de común acuerdo entre las partes. d) De igual manera, se halla probado y no admite duda la naturaleza jurídica de Minercol Ltda., pues se trata de “... una sociedad de responsabilidad limitada, del orden nacional, con capital estatal, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, creada en virtud de la fusión ordenada mediante el decreto Ley 1679 del 27 de junio de 1997”, la que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, se integra a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. Ahora bien, a estas Empresas les corresponde desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica. En relación con este tipo de entidades enseña el tratadista y e-x Consejero de Estado, doctor Libardo Rodríguez R., en su obra de Derecho Administrativo, lo siguiente: “Como lo manifiesta la definición, estas entidades desarrollan actividades industrial o comercial y de gestión económica. Esto quiere decir que,

contrariamente a lo sucedido con los establecimientos públicos, las empresas desarrollan funciones que no son tradicionalmente propias del Estado sino propias de los particulares. Esas actividades de industria y comercio se ejercen, 16 por tanto, con ánimo de lucro. Sin embargo, este ánimo de lucro no es igual al que mueve a los particulares, pues éstos se proponen la obtención de utilidades con fines egoístas y personales, mientras que una empresa industrial y comercial del Estado intenta obtener utilidades para beneficio de la misma empresa e indirectamente de la comunidad. Estas actividades pueden ser aun de servicio público, pues en el Estado moderno algunas actividades, inclusive particulares, han llegado a ser consideradas como tales; por ejemplo la actividad del transporte, en el caso del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales –SATENAPueden ser también actividades de producción de bienes, como en la Industria Militar –INDUMILo de explotación y comercialización de recursos naturales, como la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL- “Sin embargo, debe tenerse en cuenta que excepcionalmente la Ley puede conferirle a las empresas funciones de carácter administrativo” (resalta y subraya el Despacho)1 e) Ahora bien, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios” –subrayado por fuera del texto-, están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, quiere ello decir entonces que los trabajadores de las Empresas

Industriales y Comerciales del Estado, en la medida en que prestan sus servicios a una entidad que se integra a la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, sector descentralizado por servicios, son servidores públicos, como lo es también quien haga parte integrante de una corporación pública y como lo es el empleado del Estado. A cada una de estas modalidades de servidores públicos le corresponde una especial forma de vinculación al servicio y “excluyendo a los miembros de las corporaciones 1 RODRÍGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Ed. Temis. XII ed. Bogotá-2000. 17 públicas, tradicionalmente se han utilizado las expresiones funcionario o empleado oficial para referirse a las personas que prestan sus servicios a las entidades públicas de manera permanente” 2, es decir, que siendo la Empresa Industrial y Comercial del Estado una entidad pública del orden nacional, las personas naturales que en forma permanente prestan sus servicios se comprenden dentro de esta noción. Se reafirma la conclusión anterior si se consideran los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, disposiciones en las cuales se denominaron como empleados o funcionarios públicos a las siguientes personas:  se denominan genéricamente empleados oficiales a las personas naturales que trabajan al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimiento Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial …  Los empleados oficiales pueden estar vinculados a la Administración Pública por una relación legal y reglamentaria o por contrato de trabajo.  En todos los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la entidad

empleadora por una relación legal y reglamentaria, se denominará empleado público. En caso contrario, tendrá la calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de carácter contractual laboral”. Luego entonces, la conclusión a la que se arriba es que el trabajador oficial, no por esa condición, pierde la de empleado oficial, es un empleado oficial sin lugar a equívocos, y su ubicación y denominación sólo trasciende para los efectos laborales, porque los trabajadores se vinculan a la administración mediante un contrato de trabajo que les permite discutir las condiciones de vinculación al servicio, nada más, porque en lo que atañe con el aspecto de las funciones que le co