PGN - NULIDAD DE ELECCION DE GOBERNADOR - Por infracción de las normas en que debía fundar

NULIDAD ELECCIÓN GOBERNADOR-Por doble militancia La doble militancia ha sido considerada jurisprudencialmente como causal de nulidad de la elección. Pero, y es la tendencia jurisprudencial actual, ahora se considera como un hecho que no puede generar como consecuencia la nulidad de la elección, tampoco la pérdida de investidura y que su consecuencia, no va mas allá de las sanciones que establezcan los estatutos de los partidos y movimientos políticos para castigar la deslealtad de sus militantes. Así lo ha señalado el Consejo de Estado: “La prohibición de la doble militancia fue consagrada en la Constitución Política mediante el acto legislativo 01 de 2003, reforma constitucional que tenía como objetivos no solo el fortalecimiento de los partidos políticos como lo han señalado dentro del proceso, sino también robustecer el sistema democrático, el sistema de oposición, el control político; modificar el sistema electoral, haciéndolo más transparente, a través de las listas únicas, el umbral, el voto preferente, la cifra repartidora, y la prohibición de la doble militancia, etc.; así como también, racionalizar el funcionamiento del Congreso y las demás corporaciones públicas con el establecimiento del sistema de bancadas, lo cual no es óbice para deducir que la inobservancia de la prohibición de la doble militancia no acarrea ninguna consecuencia diferente a la que puedan imponer los mismos partidos políticos porque el precepto constitucional no lo estableció taxativamente”. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN-Término legal para inscripción de candidatos/TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN-Efectos ultractivos Como se ha expuesto, la nueva ley comenzó a regir el 14 de julio de 2011, menos de un

mes antes del cierre del período de inscripción de las listas de candidatos a las elecciones locales que se realizarán el 30 de octubre, de lo cual se desprenden dos consecuencias que es necesario analizar: la primera, que ya había comenzado el período para la inscripción de candidaturas como se indicó en el punto anterior, y además, que para los grupos significativos de ciudadanos es materialmente imposible cumplir con la cronología del nuevo procedimiento, pues no cuentan con el plazo mínimo de un mes para inscribir el Comité ad-hoc que recolecte las firmas necesarias para la inscripción. Bajo estas perspectivas, es claro no sólo que nadie está obligado a lo imposible, sino que el derecho vigente regula en el citado artículo 40 de la ley 153 de 1887 el tránsito de legislación sobre asuntos en curso de naturaleza procesal, de suerte que debe aceptarse también en este caso que la norma anterior, que regulaba el procedimiento de recolección de firmas, tiene efectos ultraactivos, conforme con los argumentos antes expuestos. NULIDAD ELECCIÓN GOBERNADOR-Por expedición irregular del acto declaratorio de la elección NULIDAD ELECCIÓN GOBERNADOR-Por infracción de las normas en que debía fundarse La solicitud de nulidad está fundamentada en que el acto administrativo se expidió con violación a la norma superior del numeral segundo del artículo 107 de la Constitución Política, prevista en al artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, y no en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, más no en lo relacionado con la existencia de la doble militancia, pues en el caso sub examine a criterio de este

despacho no se configura.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co DOBLE MILITANCIA-La prohibición va dirigida a los ciudadanos en general Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, la prohibición va dirigida a los ciudadanos en general y tiene que ver con pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, pero presenta características propias cuando los destinatarios de la misma son los miembros de corporaciones públicas o titulares de un cargo de elección popular, por ello es necesario distinguir entre ciudadano, militante, o miembro de corporación pública por un determinado partido político. DOBLE MILITANCIA-No genera inhabilidad para ser elegido miembro de una corporación de elección popular DOBLE MILITANCIA-Será sancionada de conformidad con los estatutos de los partidos INHABILIDADES-Se aplican si están expresamente reguladas en la Constitución o en la ley/INHABILIDADESNo procede la aplicación analógica ni extensiva de las mismas. DOBLE MILITANCIA-Se extiende grupos significativos de ciudadanos con personería jurídica Además de lo anterior, corroboraría la tesis que se ha dejado plasmada de manera antecedente: la doble militancia no genera la nulidad de la elección, el tenor literal del artículo 107 de la Constitución Política (con la reforma del A.L. 1 de 2009 antes

reformado por el A.L. 1 de 2003), pues éste consagró la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, sin incluir a los grupos significativos de ciudadanos, ese era el texto de la norma al momento de la inscripción de la candidatura ( nótese que la sentencia de la Corte Constitucional (C-490 de 23 de junio de 2011), que amplío el sentido de la noma y extendió la prohibición a los grupos significativos de ciudadanos es posterior a la inscripción de la candidatura a la gobernación citada, que conforme al E-6-CO se llevó a cabo el 13 de junio de 2011). En este caso no aparece probado que la elegida gobernadora del Departamento del Quindío hubiera incurrido en doble militancia en los términos del artículo 107 de la Constitución Política, en tanto que exige pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos con personería jurídica sin renunciar dentro del término establecido en la norma, por cuanto que la candidatura a la gobernación de la demandada fue inscrita con el aval de un grupo significativo de ciudadanos del que no está probado se le hubiere reconocido personería jurídica. Bogotá D. C., junio 28 de 2012

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Concepto No. 027 Señores Consejo de Estado

Sección Quinta

M.P. Dr. MAURICIO TORRES CUERVO

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 630012331000201100311 01

Radicado interno: 2011-0311

Actor: Jesús Antonio González Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 19 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de la señora Sandra Paola Hurtado Palacio, como Gobernadora del Departamento del Quindío, para el período 2012 - 2015.

Respetado Señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  1.- La demanda El ciudadano Jesús Antonio González, actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección de la señora Sandra Paola Hurtado Palacio como Gobernadora del Departamento del Quindío, período 2012 - 2015.

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 Pretensiones de la demanda: Solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones:  PRIMERO: Declarar la Nulidad del Acto Administrativo por medio del cual la comisión escrutadora del Departamento del Quindío, en los primeros días del mes de noviembre del presente años 2011, DECLARÓ LA ELECCION DE SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO como Gobernadora del Departamento del Quindío para período 2012 – 2015, por el grupo significativo de ciudadano “Quindío Firme”.  (…)  Hechos de la demanda Como supuestos de hecho de la pretensión deprecada, la parte actora alude a aspectos generales del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 30 de octubre de 2011 y que en el Departamento del Quindío, culminaron con la declaratoria de elección como Gobernadora de la señora Sandra Paola Hurtado Palacio, quien intervino en la contienda electoral avalada por un movimiento o grupo significativo de ciudadano denominado “Quindío en firme”. Informa el demandante que la señora Hurtado Palacio en las elecciones anteriores, las llevadas a cabo para elegir miembros de corporaciones para el período 2008 – 2011, participó como candidata a la Asamblea del Departamento del Quindío avalada por el Partido Liberal, siendo elegida. Señala que desempeñándose como Diputada y encontrándose en ejercicio de sus funciones consideró la viabilidad de aspirar a la gobernación, y para ello, recurrió al apoyo ciudadano materializado a través de la recolección de firmas que apoyaran su aspiración; así mismo, refiere en el escrito que la señora Hurtado

Palacio renunció a su dignidad de Diputada el 29 de abril del 2011 y en la sesión de la Asamblea Departamental de ese día, le fue aceptada la misma. Dice que conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, se puede concluir que la inscripción de la señora Sandra Paola Hurtado Palacio como

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co candidata a la Gobernación por el movimiento Firmes Quindío es violatoria de las mismas por cuanto éstas prohíben la pertenencia simultánea a más de un partido o movimiento político con personería jurídica y la elegida Gobernadora había sido elegida Diputada avalada por el Partido Liberal.  Normas violadas y concepto de la violación Indicó como normas violadas las siguientes:  El inciso segundo, artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009;  El artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.  Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Luego de precisar que su acción se encaminaba a obtener no solo la nulidad de la elección sino, además, la del acto de inscripción el que consideró irregular por la inobservancia de las normas que regulan el régimen de la múltiple militancia; señaló que la elección es nula porque la no renunció a la dignidad de Diputada, ya que había sido elegida mediante aval del Partido Liberal, dentro de los doce (12)

meses anteriores a la fecha de la elección y por ello, su inscripción es ilegal. En su discurrir argumentativo el actor reitera que la elección de la señora Sandra Paola Hurtado Palacio es ilegal porque su inscripción como candidata se hizo con inobservancia de las normas que regulan el régimen de la doble militancia. Quiere este Despacho destacar el siguiente aparte del escrito de demanda: «… debe dejarse en claro que la doble militancia, no sólo se aplica cuando se trata de partidos o movimientos con personería jurídica, sino también cuando el tránsito de un partido a otro, haga referencia a grupo significativo de ciudadano o inscripciones por firmas, que son organizaciones políticas sin personería jurídica, tal y como lo dejó claro la Honorable Corte Constitucional, en la Sentencia 490 de 2011».  2. ) Decisión de primera instancia

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 19 de abril del 2012, denegó las pretensiones de la demanda. En relación con la doble militancia concluyó negando la nulidad deprecada. En la parte final de la sentencia y como corolario de su argumentación el a-quo señaló lo siguiente: «Acogiendo el criterio plasmado por el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, y aplicándolo al caso sub examine, es posible concluir que, en virtud a que por una parte, la actual gobernadora del

Departamento del Quindío renunció a su curul en la Asamblea Departamental del Quindío en representación del Partido Liberal Colombiano, el 29 de abril de 2011, y por otra, el artículo 2 de la Ley estatutaria 1475 de 2011, contentivo de la prohibición de doble militancia para los grupos significativos de ciudadanos entró a regir el 14 de junio de 2011, la exigencia de renuncia a la corporación pública que ocupaba con una antelación no mayor a doce meses a la fecha de inicio de la inscripción a las elecciones siguientes, no le era aplicable por cuanto la norma vigente para el momento en que realizó la renuncia e hizo efectiva su inscripción como candidata era únicamente el artículo 107 de la Constitución Política, el cual se reitera no comprendía la prohibición de doble militancia para los grupos significativos de ciudadanos» 3.) Recurso de apelación La decisión de primera instancia fue objeto de apelación por la parte demandante. En el escrito de impugnación de la sentencia, señala que de conformidad con el acervo probatorio allegado al plenario se tiene demostrado lo siguiente: i) que la señora Sandra Paola Hurtado Palacio, fue elegida Diputada de la Asamblea del Departamento del Quindío; ii) que renunció a esa dignidad con posterioridad a 8 de febrero de 2011, primer día de inscripción de candidaturas para quienes aspiraran a los cargos a elegir en los comicios electoral del 30 de octubre de 2011; iii) que la candidatura a la gobernación del Departamento del Quindío se realizó con el aval de la firma de un grupo significativo de ciudadanos; iv) que la señora

Hurtado Palacio fue elegida gobernadora del Departamento del Quindío; vi) que el demandante en su demanda concluyó que para todos los efectos relacionados con

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co la elección de la señora Gobernadora del Departamento del Quindío, señora Sandra Paola Hurtado Palacio, le era aplicable lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2009; vii) que la prohibición de la doble militancia comprendía a todos los candidatos que participaron y fueron elegidos en las elecciones de 2007; viii) que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009 los diputados o concejales que aspiraran a ser elegidos en las elecciones del 30 de octubre por un partido o movimiento distinto al que los eligió, debieron renunciar a su curul antes del 7 de febrero de 2010. Luego de lo anterior señala lo siguiente: «Por ello con el debido respeto, discrepo del fallo de primera instancia con respecto a la vigencia de la sanción por doble militancia, en el sentido que ésta sólo entró a regir a partir del 14 de julio del 2011, ya que si bien es cierto la Ley 1475 clara y literalmente se refirió a la sanción en caso de incurrir en esa prohibición, de manera específica, como causal de revocatoria de la inscripción en caso de doble militancia, no puede decirse que

antes de dicha Ley no existía sanción o consecuencia jurídica para quien incurra en esta prohibición, pues esta prohibición data desde el año 2009, así como la sanción, ambas en el Acto Legislativo 1º de 2009 ...».  Admisión del recurso Por auto del 31 de mayo de 2012 se admitió el recurso, se ordenó su fijación en lista y se dispuso que, vencido este trámite, se de el traslado respectivo para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y cumplido este trámite, se le remitiera al Ministerio Público para emitir el concepto de rigor que le corresponde.  Alegatos de conclusión

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dentro de esta oportunidad procesal las partes no efectuaron pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto de rigor que le corresponde en el asunto sub examen.

Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de Estado por razón del recurso de apelación interpuesto contra la providencia del Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual negó la pretensión de nulidad del acto por medio del cual se declaró elegida como Gobernadora del Departamento del Quindío a la ciudadana señora Sandra Paola Hurtado Palacio, para el período 2012 – 2015,

quien fue inscrita como candidata y avalada por el grupo significativo de ciudadanos denominado Quindío Firme. Conforme al escrito de demanda y en particular al acápite de normas violadas, se tiene que el demandante indicó como quebrantadas las siguientes: el Acto Legislativo 1 de 2009 y el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011. Ahora bien, en desarrollo de su argumentación se puede entender que el actor ha propuesto dos cargos en contra de la legalidad del acto demandado y en los que funda su pretensión de nulidad a saber:  Expedición irregular del acto declaratorio de elección y;  Infracción de las normas superiores en que debía fundarse El primero de los cargos, denominado «expedición irregular del acto de declaratoria de elección descrita en el artículo 84 del C.C.A.» lo deriva del hecho

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de haber sido inscrita la candidatura a la gobernación de la señora Hurtado Palacio sin haber renunciado a la dignidad de Diputada que desempeñaba, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección, conculcando la preceptiva del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009. El segundo de los cargos que tituló «infracción de las normas en que debía fundarse» lo estructura en el hecho de una inscripción irregular que contraviene el

ordenamiento jurídico superior, en especial lo preceptuado en el Acto Legislativo 1 de 2009 y el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011. En conclusión se puede decir que el actor fundó su pretensión en un cargo único, el cual se puede proponer de la siguiente manera:  Primer cargo:  Nulidad de la elección por desconocimiento de la prohibición de la doble o múltiple militancia – Inscripción irregular de la candidatura por desconocimiento de la preceptiva del Acto Legislativo 1 de 2009 en concordancia con el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 Como lo señaló esta Agencia del Ministerio Público en el concepto que se rindió en el caso de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que decidió sobre la demanda de nulidad de la elección del concejal del Municipio de Bucaramanga señor Raúl Oviedo Torra (1), con la expedición de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, se acaba la discusión en cuanto a las consecuencias derivadas de la inobservancia de la prohibición de la doble militancia, ésta ha quedado zanjada, y en ella, de manera clara, se ha establecido que la inobservancia a la prohibición de la doble militancia 1 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado – Junio de 2012 - Concepto rendido en el proceso número: 68001233100020110090035 01 - Radicado interno: 2011-0935 - Actor: Lina María Ramos GamarraAsunto: Apelación de la sentencia de fecha 19 de abril de 2012, proferida por el Tribunal

Administrativo de Santander, mediante la cual denegó las pretensiones de nulidad de la demanda de nulidad del acto de elección del señor Raúl Oviedo, como Concejal del Municipio de Bucaramanga, para el período 2012 - 2015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co « será sancionada de conformidad con los estatutos , y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción». Como se dijo, entonces, esta norma acoge la jurisprudencia final que sobre el tema en particular se ha desarrollado en el H. Consejo de Estado, tanto en su Sala Plena como en la Sección Quinta. Ahora bien, establecido por el legislador que le corresponde a los estatutos de los partidos señalar las sanciones correspondientes a la inobservancia de la prohibición, no le corresponde al operador considerar otra distinta, pues si así lo hiciera estaría sustituyendo al legislador. Se destaca que, como lo señaló el a-quo, el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, no resulta aplicable a la controversia, por cuanto no estaba vigente para la época, y en consecuencia en ese aspecto acierta la decisión impugnada. La anterior conclusión la infiere el a-quo de lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 27 de julio de 2011, radicación número 2064, ponencia del H. Consejero doctor Enrique José Arboleda Perdomo, en donde se

efectúo un estudio sobre los efectos de la ley en el tiempo y cuyos apartes pertinentes son como a continuación se transcriben: «De lo expuesto se desprende claramente que el plazo en el cual se lleva a cabo la actuación administrativa de inscripción de candidaturas había comenzado antes del 14 de julio de 2011, fecha en la que entró a regir la ley 1475, pues al no existir término de inicio debe tenerse por tal al menos el de la Resolución del Registrador que definió el calendario electoral para los comicios del 30 de octubre de 2011. Es incluso probable que antes de la vigencia de la ley estatutaria hubiera candidatos inscritos a alguno de los cargos que se elegirán próximamente. Entonces, según lo expuesto en el acápite anterior, habría que aplicar el artículo 40 de la ley 153 de 1887 en cuanto ordena que en materia procesal “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, por lo cual todo lo que tuviera que ver con el procedimiento o actuación administrativa de inscripción de candidaturas, se debería regir por la ley anterior. A pesar de este

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co aserto, y ante las situaciones concretas surgidas con su aplicación, el

Ministro del Interior y de Justicia pregunta por la fecha en que concluye el término para cerrar el período de inscripción, y la regulación aplicable al procedimiento de inscripción por firmas.

A. La fecha de cierre del período de inscripción de las candidaturas para la elección del 30 de octubre de 2011.

Como se exponía antes, son múltiples los efectos jurídicos y prácticos de la inscripción de candidatos, dentro de los cuales se pueden citar el que les permite adelantar la campaña electoral y por tanto presentar ante la ciudadanía su aspiración, programa, hoja de vida y demás aspectos que forman parte de la campaña electoral, lo cual deben hacer en igualdad de condiciones entre todas las organizaciones postulantes y los candidatos. En palabras de la Corte Constitucional: “Subrayando el carácter expansivo a la democracia participativa, ha advertido la Corte que todas las formas de organización política ciudadana, tales como los partidos, los movimientos políticos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los grupos significativos de ciudadanos, “son sujetos activos de las normas constitucionales que regulan el método de adjudicación de los escaños de las corporaciones públicas de elección popular”2. Ello en razón a que la función natural de estas formaciones políticas, es la de ofrecer a los electores candidatos de entre los cuales puedan seleccionar a sus representantes.3” Iniciado el período para la inscripción de candidatos, el cual según la norma anterior debe concluir el 10 de agosto y según la nueva el 30 de julio, para las próximas elecciones el primero de ellos garantiza mejor la igualdad entre todos los candidatos y garantiza en mejor forma la posibilidad de inscribirse, pues no reduce, una vez iniciado, el término

correspondiente. Procura además la mayor participación política, preserva el principio de la confianza legítima en los procedimientos ya iniciados y la igualdad entre todos los candidatos. Por tanto es de todo punto razonable aplicar lo dispuesto por la última frase del artículo 4º de la ley 153 de 1887 al artículo 2° de la ley 163 de 1994, según el cual el término vence el 10 de agosto de 2011 para la inscripción de candidatos, en virtud del fenómeno de la ultraactividad de ésta norma.

B. El procedimiento aplicable en la recolección de firmas necesarias para inscribir candidaturas.

El inciso tercero4 del artículo 28 de la ley 1475 de 2011 regula de esta forma el procedimiento para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular postulados por los grupos significativos de ciudadanos. ARTÍCULO 28. Inscripción de candidatos. […..] 2 Corte Constitucional, sentencia C-955/01. 3 Sentencia C-490 de 2011. Párrafo 93. 4 El inciso tercero era el cuarto del artículo del proyecto de ley que revisó la Corte Constitucional.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la

respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. [….] La sentencia C-490 de 2011, al revisar la constitucionalidad del proyecto que se convertiría en ley 1475 de 2011, explicó de esta forma el nuevo procedimiento en materia de recolección de firmas para que los movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos pudieran inscribir candidaturas: “97. En esta dirección el inciso cuarto del precepto examinado prevé que para la inscripción de los candidatos postulados por los grupos significativos de ciudadanos, además del respaldo popular que deben acreditar mediante la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista, es preciso seguir un procedimiento consistente en que: (i) la inscripción debe efectuarse por un comité conformado por tres ciudadanos, el cual debe registrarse ante la autoridad electoral correspondiente; (ii) este registro debe efectuarse cuando menos con un mes de antelación a la fecha prevista para el cierre de la inscripción respectiva, y en todo caso, antes del proceso de recolección de firmas; y (iii) los formularios de recolección de firmas deben contener tanto las fotos (sic) de los integrantes del comité, como las de los candidatos a inscribir”. [….] “Estos requisitos adicionales, establecidos por el legislador estatutario para el proceso de inscripción de candidatos por parte de grupos significativos de ciudadanos que no cuentan con personería jurídica reconocida, cumplen finalidades legítimas en el

marco del derecho a la participación política, como es la de rodear de seriedad y transparencia la postulación, propiciar decisiones informadas en el elector, sin que de otra parte constituyan exigencias excesivas o desproporcionadas que obstaculicen el ejercicio de los derechos políticos. En consecuencia, el procedimiento establecido para la inscripción de candidatos por parte de grupos de ciudadanos significativos, será declarado exequible.” Como se ha expuesto, la nueva ley comenzó a regir el 14 de julio de 2011, menos de un mes antes del cierre del período de inscripción de las listas de candidatos a las elecciones locales que se realizarán el 30 de octubre, de lo cual se desprenden dos consecuencias que es necesario analizar: la primera, que ya había comenzado el período para la inscripción de candidaturas como se indicó en el punto anterior, y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co además, que para los grupos significativos de ciudadanos es materialmente imposible cumplir con la cronología del nuevo procedimiento, pues no cuentan con el plazo mínimo de un mes para inscribir el Comité ad-hoc que recolecte las firmas necesarias para la inscripción. Bajo estas perspectivas, es claro no sólo que nadie está obligado a lo imposible, sino que el derecho vigente regula en el citado artículo 40 de la ley 153 de 1887 el tránsito de legislación sobre asuntos en curso de naturaleza procesal, de suerte que debe aceptarse también en este caso

que la norma anterior, que regulaba el procedimiento de recolección de firmas, tiene efectos ultraactivos, conforme con los argumentos antes expuestos. La tesis anterior es más garantista del derecho a la participación política, en especial frente al derecho a la igualdad y de postulación, en primer lugar por cuanto puede darse una desigualdad entre los grupos significativos de ciudadanos que antes de la vigencia de la nueva ley inscribieron sus candidatos, quienes alegarían que tal inscripción constituye una situación consolidada que debe ser respetada por la nueva ley, de manera que su inscripción y presentación ante los electores se haría de manera diferente de aquella que realice otro grupo de ciudadanos que no registró candidaturas antes de la vigencia de la nueva ley; en segundo lugar podría significar tener que rehacer íntegramente el procedimiento de recolección de firmas, pues los nuevos formularios deberían incluir unos requisitos formales que no se encontraban en la legislación anterior, dificultando la inscripción, al grado que puede convertirse en una imposibilidad para hacerlo. Ratifica lo anterior lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, cuando al estudiar el procedimiento de inscripción y actualización del censo electoral dentro del examen de constitucionalidad del artículo 49 de la misma ley estatu