PGN - NULIDAD DE ELECCION DEFENSOR DEL PUEBLO - Al elaborar terna el presidente incurre en

Bogotá D.C., febrero de 2.001 Concepto número 001 - 7 Doctor

DARÍO QUIÑONES PINILLA

Consejero Ponente Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Expediente número: 2429

Actor : Asociación de Abogados Litigantes -ANDALDemandado : EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Asunto : Nulidad de la elección del señor Eduardo Cifuentes Muñoz como Defensor del Pueblo para el período 2.000 - 2.004

IANTECEDENTES

1. La demanda La Asociación Nacional de Abogados Litigantes -ANDAL-, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, por intermedio de su Representante Legal, presentó demanda para que previos los trámites del proceso electoral se declare nula la elección del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz para el cargo de Defensor del Pueblo por el período constitucional 2.000 – 2004; designación que consta en el Acta de la sesión plenaria de la H. Cámara de Representantes de 17 de agosto de 2.000. Así mismo, solicitó que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se ordene al Gobierno Nacional la elaboración de una nueva terna con candidatos que reúnan los requisitos constitucionales y legales requeridos para ocupar el cargo. 1.1. Hechos El actor manifestó que, por mandato Constitucional, el Defensor del Pueblo debe ser elegido por la Cámara de Representantes para un período de 4 años, de terna elaborada por el Presidente de la República, la cual estudia previamente la Comisión de Acreditación Documental de la Corporación para que,

estando ajustada a Ley, se proceda en sesión plenaria a la elección correspondiente; y, que cumplido este trámite resultó electo, en la presente oportunidad, el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, según aparece en el Acta de 17 de agosto de 2.000; sin embargo, dijo el demandante, los aspirantes no acreditaron los requisitos previstos en el artículo 232 de la Carta Política, lo cual se puso en conocimiento del Presidente de la Corporación Dr. Basilio Villamizar Trujillo, y sus hojas de vida fueron aportadas por cada uno a la respectiva Comisión, lo que en su sentir hace presumir una irregularidad en la conformación de la terna. De otra parte, el demandante manifestó que el Gobierno Nacional había omitido la convocatoria pública para el cargo a proveer, señalando las calidades que debían reunir los aspirantes; y así, la H. Cámara de Representantes eligió al Dr. Eduardo Cifuentes 2 Muñoz sin tener en cuenta ni las irregularidades que se presentaron en la elaboración y conformación de la terna, ni la inhabilidad e incompatibilidad en que se encontraba incurso el elegido por estar ejerciendo el cargo de Magistrado de la H. Corte Constitucional que le imponía la obligación de permanecer en él hasta el último día del período. 1.2 Normas violadas y concepto de la violación El demandante indicó como violados: 1 El artículo 3° de la ley 24 de 1.992, 2 El Preámbulo de la Carta Política y los artículos 1° y 232 ibídem; y destacó, para resaltar el concepto de la violación, que el candidato a

ocupar el cargo de Defensor del Pueblo debe reunir las mismas calidades requeridas para ser Magistrado de las Altas Cortes las cuales es preciso probar, mediante documentación idónea, contentiva de los siguientes documentos: 1.- Acta de registro civil de nacimiento. 2.- Certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía, expedido por el Registrador Nacional del Estado Civil. 3.- Acta de grado de abogado, conferida por Universidad reconocida. 3 4.- Certificado de antecedentes judiciales expedido por el DAS. 5.- Certificado o constancia de autoridad competente de que el candidato se ha desempeñado al menos durante diez años al servicio de

• La Rama Judicial; - El Ministerio Público; - El ejercicio independiente de la profesión de abogado; o - como Profesor Universitario en el campo del derecho.

Además, de los requisitos anteriores, dijo el actor, se debe aportar una declaración juramentada en la que cada aspirante manifieste que no se encuentra incurso en causal inhabilidad o incompatibilidad que le impida ejercer funciones públicas lo cual ni el doctor Cifuentes Muñoz, ni los demás integrantes de la terna cumplieron. Por lo demás, agregó que el Ejecutivo había violado de manera caprichosa el principio constitucional de participación ciudadana al no hacer publica la convocatoria; así como el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º que definen a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, democrática y participativa. Del mismo modo, el demandante alegó que si bien el Presidente de la República está facultado para postular los candidatos e integrar la terna para el cargo de Defensor del Pueblo,

su poder está limitado por el artículo 40 numeral 7º de la Carta que 4 presenta la designación de Defensor del Pueblo como un acto administrativo de carácter complejo en el que la postulación nace con la inclusión de los candidatos en la respectiva terna para que de ella se produzca la posterior elección por la H. Cámara de Representantes. Esos dos actos de naturaleza administrativa confluyen en la designación y por ello, según el actor, el gobierno no podía proponer el nombre del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, incurso en ese momento en la incompatibilidad prevista en el artículo 245 de la Constitución Política que prohíbe expresamente al Ejecutivo conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el desempeño de sus funciones o dentro del año siguiente a su retiro, por cuanto encontrándose el nombrado candidato ocupando el alto cargo en mención y como su período se prolongaba hasta el 1º de marzo del 2.001, éste tenía que permanecer en el puesto hasta ese día. - En síntesis, concluyó el demandante que el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz se hallaba inhabilitado, en razón de la norma constitucional que les establece período fijo a los Magistrados de la Corte Constitucional, para ser elegido Defensor del Pueblo. En escrito posterior el demandante adicionó la demanda y solicitó la suspensión provisional del acto demandado con fundamento en las mismas consideraciones expuestas al desarrollar el concepto de la violación.

2. Admisión de la demanda El H. Consejo de Estado –Sección Quinta-, mediante auto de octubre 19 de 2.000, admitió la demanda y ordenó las notificaciones

de ley; pero denegó la suspensión provisional por considerar que la solicitud no contenía la demostración de que existiera en realidad un 5 quebrantamiento manifiesto de las normas citadas; por cuanto respecto de las indicadas se imponía un estudio para llegar a la conclusión que debe concretarse en la sentencia.

3. Contestación de la demanda El Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz contestó la demanda mediante apoderado judicial, y éste manifestó su oposición a las pretensiones incoadas; en lo referido a los hechos admitió como ciertos unos y en otros dijo estarse a lo que se probara en el curso proceso; destacó como es cierto que las calidades para ser Defensor del Pueblo son las mismas que se exigen a los Magistrados de las Altas Cortes, pero para advertir que el Dr. Eduardo Cifuentes las reunía evidentemente por estar desempeñándose como Magistrado de la Corte Constitucional, para lo cual debió acreditarlas.

En lo tocante con la violación del principio de participación ciudadana a que aludió el actor, el apoderado señaló que la Constitución instituyó diversos postulados cuya aplicación se mediatiza a través de la ley, en la medida en que corresponde al legislador señalar las condiciones y requisitos de su cumplimiento; y en ese entendido, no existe norma alguna, que le imponga al Gobierno Nacional convocar a todas las personas que crean reunir los requisitos constitucionales para ser Defensor del Pueblo para que se postulen; ni hacer público el conocimiento de la vacancia de ciertos cargos, en especial de aquellos para cuya escogencia o selección está revestido de discrecionalidad, con la sola limitante de

adecuar su actuación a los fines y proporcionalidad de los hechos. 6 En relación con lo que sostuvo el actor acerca de que el acto de elección es de naturaleza compleja y de la incidencia de tal circunstancia en la candidatización del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, derivando de ello la incompatibilidad del artículo 245 de la Constitución que prohíbe al gobierno conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, precisó, el apoderado judicial del demandado, que esta norma le impone al gobierno una prohibición, pero no consagró una incompatibilidad para los Magistrados de la Corte Constitucional, y el hecho de haber ejercido este cargo tampoco se convierte en una inhabilidad para asumir el de Defensor del Pueblo. Según el apoderado de la parte opositora sólo pueden constituir impedimentos las causales de inhabilidad previstas para el desempeño de los empleos públicos por los artículos 42 y 43 de la ley 200 de 1995-. El apoderado del elegido Defensor del Pueblo señaló que la prohibición consagrada en el artículo 245 de la Constitución tiene un destinatario específico que es el Gobierno Nacional y no la Cámara de Representantes que es en últimas la que elige. Además, la prohibición está determinada por el vocablo “conferir” que significa, según la Real Academia de la Lengua, conceder o asignar a alguien dignidad, empleo, facultad o derechos, y en los términos de la ley colombiana se refiere al conjunto de funciones contenidas en la Constitución, la ley o el reglamento, o que estén asignadas por

autoridad competente a una persona natural (artículo 2 Decreto 2400 de 1.968); su finalidad entonces, recalca el opositor a la demanda, es evitar que el gobierno confiera empleos a los Magistrados de la Corte para que no se condicione ni interfiera el normal ejercicio de 7 las funciones públicas, lo cual no tiene cabida en los casos en que la elección corresponde a un cuerpo colegiado. Por último, el apoderado indicó que si bien, de conformidad con el artículo 233 de la Carta el período del Dr. Cifuentes vencía el 1º de marzo de 2.001, ello no imponía de manera inalterable la permanencia de éste en el cargo, por que “todo el que sirva un destino de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente”, y de tal manera, si la renuncia aceptada está prevista como causal de cesación definitiva de funciones, el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz no se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo ni en causal de incompatibilidad que no le permitiera formar parte de la terna correspondiente a esa designación.

4. Alegatos de conclusión Las partes dentro del término del traslado presentaron sus alegaciones reafirmándose en lo dicho en la demanda y la contestación correspondiente respectivamente.

CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no encontrando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida, procede esta Agencia del Ministerio Público –Delegada ante el H. Consejo de Estado – Sección Quinta -, a emitir su concepto sobre el particular

como a continuación se consigna: 8 La Asociación Nacional de Abogados Litigantes –ANDAL-, a través de su representante legal, demandó la nulidad del acto por medio del cual la H. Cámara de Representantes designó al Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, Defensor del Pueblo para el período constitucional 2000 – 2004. De conformidad con el libelo inicial y su posterior adición, se tiene que los cargos formulados contra el acto de elección del Defensor del Pueblo, se pueden resumir como sigue: - Carencia de los requisitos exigidos para el cargo en los integrantes de la terna; - Ausencia de convocatoria pública para la conformación de la terna de aspirantes; - El término señalado para el cargo de Magistrado de la H. Corte Constitucional obligaba permanecer en él hasta su culminación; y - Violación del régimen de incompatibilidades. En referencia con el primero de los cargos, el demandante dijo que los integrantes de la terna no reunían los requisitos exigidos por la Carta Política para el cargo de Defensor del Pueblo. Ahora bien, los requisitos señalados para el cargo de Defensor del Pueblo están remitidos a los que se exigen para ser Magistrado 9 de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, por la Ley 24 de 1992; así: “Artículo 3°.- El Defensor del Pueblo deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado”;

y el régimen de calidades para los cargos de Magistrado a que hace alusión la norma están señalados en el artículo 232 de la Carta Política que establece lo siguiente: “Artículo 232.- Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 1 Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 2 Ser abogado. 3 No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 4 Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

PARÁGRAFO: Para ser Magistrado de estas corporaciones no se

requiere pertenecer a la carrera judicial”. De todos modos, esta Delegada debe destacar que el demandante no precisó los requisitos que supuestamente no reunían los integrantes de la terna que el Presidente de la República remitió a la H. Cámara de Representantes, lo cual constituye elemento sine qua non de la demanda, según lo ha sostenido la jurisprudencia de la H. Sección Quinta del H. Consejo de Estado, cuando la acción se 10 funda en la carencia de requisitos o calidades; toda vez que esta demostración le corresponde al actor que debe indicar la norma relativa al régimen de calidades y requisitos y los que se echa de menos en el elegido; aspectos omitidos por el actor que en forma genérica adujo la falta de requisitos en los ternados sin precisar a

quien le hacían falta y cuáles eran éstos. El argumento anterior bastaría para considerar que la pretensión de nulidad, fundada en los planteamientos referidos, no tiene vocación de prosperidad; sin embargo, se debe precisar que en tratándose de la elección del Defensor del Pueblo, como de las demás que realiza la Cámara de Representantes, la Corporación debe sujetarse a la ley que establece su Reglamento Interno, según la cual la demostración de los requisitos exigidos para el cargo en cuestión se cumple ante la Comisión de Acreditación Documental de la entidad como un trámite previo a la elección el cual, de conformidad con los medios de prueba allegados al plenario, se agotó en debida forma; destacándose que ninguno de los aspirantes propuestos por el Presidente fue objetado por ausencia de requisitos o calidades. Las disposiciones de la Ley 5ª de 1992 que regulan el aspecto en mención preceptúan: “Artículo 305. Atribuciones Especiales. La Cámara de Representantes tiene como atribuciones especiales:

1. Elegir al Defensor del Pueblo. ( ... ) “ 11 “Artículo 306. Elección. El Defensor del Pueblo, quien forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Su elección corresponde a la Cámara de Representantes de terna elaborada por el Presidente de la República. “Artículo 60. Integración y funciones. Previa a la sesión inaugural de las Cámaras Legislativas, la autoridad electoral enviará a cada una de ellas la lista de los Congresistas electos, quienes deberán identificarse ante el Presidente de la Junta Preparatoria. Con posterioridad se hará

ante el Presidente de la correspondiente Cámara. En cada una de las Cámaras se dispondrá de la integración de la Comisión de Acreditación Documental a razón de cinco (5) miembros por cada corporación, y por el período constitucional. Los documentos que acrediten las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar cargos de elección del Congreso o de las Cámaras Legislativas, serán revisadas por la Comisión dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. El informe respectivo será evaluado por la plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección del caso”. Por lo demás, si el cargo estuviere formulado de manera concreta contra el elegido, tampoco tendría vocación de prosperidad, considerando que éste se desempeñó como Magistrado de la Corte Constitucional, hecho notorio y de público conocimiento, que implica los requisitos de Ley para acceder al cargo de Defensor del Pueblo. El segundo de los cargos contra la elección plantea que no se realizó convocatoria pública para efectos de la escogencia de los integrantes de la terna, para permitir a todos los interesados postularse lo cual, según el demandante, es contrario a lo preceptuado en el artículo 40 de la Constitución Política; de manera 12 concreta al aparte que establece el derecho de todo ciudadano a “acceder al desempeño de funciones y cargos públicos...”. Sobre el particular se anotará que la conformación de la terna a estudio por el Presidente de la República, en concordancia con el artículo 281 de la Carta Política, constituye el ejercicio de una potestad que no está condicionada o sometida a procedimiento

alguno; teniendo, en este sentido particular, carácter discrecional. Además, el demandante dijo que el doctor EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ no podía acceder al cargo de Defensor del Pueblo porque su designación como Magistrado de la H. Corte Constitucional se había efectuado para un término de ocho años que se debía cumplir inexorablemente. Al respecto, salta a la vista que, en tratándose del desempeño de cargos, lo cual constituye la concreción del derecho al trabajo y una manifestación de la libertad personal, el principio de la libertad para decidir sobre el propio destino es preponderante, y en tal virtud el ejercicio del empleo o la dejación del mismo no tiene ninguna otra limitación que la voluntad individual. A nadie se le puede imponer la obligación de permanecer en el ejercicio de una función. Y de tal manera, el doctor Cifuentes, como cualquier persona, podía separarse del cargo que venía desempeñando sin más requisito que su propio deseo; el que la norma Constitucional haya señalado que los Magistrados de las Altas Cortes se eligen para períodos individuales de ocho (8) años y que “permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad retiro forzoso”, no autoriza a concluir en la existencia de una prohibición de 13 renunciar en cualquier momento a la dignidad; hecho éste que lo determina libremente quien haya sido nombrado para ocupar el cargo, de conformidad con las normas generales sobre la materia. Por último, en lo relacionado con la violación del régimen de inhabilidades que indicó el demandante, el artículo 245 de la

Constitución Política dispone que “El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.” Este mandato, como resulta claro, les crea a los mencionados funcionarios una inhabilidad para desempeñar cargos otorgados por el Gobierno Nacional mientras ostenten su investidura y en el año siguiente a su desvinculación. Pero, al proceder a la aplicación de la anterior previsión superior, es preciso considerar que la norma prohibitiva debe ser interpretada, según se ha sostenido tradicionalmente, con sujeción puntual a su texto; sin restringir su significado gramatical, ni tampoco extenderlo. - Desde muy antiguo, la H. Corte Suprema de Justicia ha sostenido sobre el particular que “En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos en la prohibición” (Cas. 14 Dic. De 1898, XIV, 92); y más adelante recalcó, “El principio de hermenéutica jurídica estatuye que las disposiciones de carácter excepcional, en materias que no sean 14 penales, deben interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud.... (acuerdo, 29 sep.1917, XXVI, 154)”. De tal modo, cuando se señala en el texto constitucional que “el Gobierno no podrá conferir empleo”, ha de entenderse que tal prohibición está referida al Gobierno exclusivamente y que no puede trasladarse a ningún otro ente; debiéndose, entonces, para precisar su alcance determinar qué entiende la Carta por gobierno.

En los términos de artículo 115 de la Constitución “El Gobierno Nacional está conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho, y los Directores de Departamentos Administrativos”; y en cada caso particular para que los actos correspondientes se entiendan expedidos por aquél con pleno valor deben suscribirse por el Presidente de la República y por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo en cuestión. Así, las actuaciones del Presidente de la República relativas al nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquéllas realizadas en su calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa están excluidas del enunciado transcrito tanto por su naturaleza como por expreso mandato de la disposición en cita. En consecuencia, se infiere con facilidad que los actos que el Presidente de la República profiere en su carácter de Suprema Autoridad Administrativa van suscritos por él solo y que no son actos del Gobierno, toda vez que estos últimos, tienen que ir firmados por el Presidente y por el Ministro del ramo o el Director respectivo del Departamento Administrativo, so pena de carecer de valor, de acuerdo con el texto del mismo artículo 115 superior. 15 Con un criterio similar al que se acaba de consignar, el Presidente de la República firmó él solo la terna que elaboró para provocar la elección de Defensor del Pueblo, entendiendo que procedía como Suprema Autoridad Administrativa y no como Jefe del Gobierno. Para valorar la actuación anterior debe tenerse presente que, según la doctrina tradicional, el Presidente de la República, siendo como es, en concordancia con el artículo 189 de la Carta, Jefe de

Estado; Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa; emite actos políticos; de gobierno propiamente tales y simplemente administrativos, y que estas distinciones responden de manera natural a las diferentes calidades que ostenta en los términos del mandato superior las cuales son tanto más materias distintas cuanto el Texto Fundamental comentado les señaló procedimientos diferentes para su desarrollo. Al analizar el tema, el doctor Luis Carlos Sáchica, en su obra “Nuevo Constitucionalismo Colombiano”, puntualiza que el Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa tiene la misión de “De crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos requeridos en la Administración Nacional, señalar sus funciones, sus dotaciones y emolumentos, sin exceder el monto global destinado a respectivo servicio, de acuerdo con el num.14 del art.189, y nombrar a sus agentes y a todos los demás funcionarios de ese nivel, según el num.12 del mismo, competencia administrativa que otorga al Presidente un inmenso poder, disminuido tan solo por la aplicación de las normas de carrera.... (Ed. Temis. 1996. P.226)”. 16 Por su parte, el doctor Libardo Rodríguez, en su “Derecho Administrativo General y Colombiano”, comenta en relación con las atribuciones del Presidente de la República que “Limitándose a sus funciones de carácter administrativo, Jaime Vidal Perdomo las agrupa en cinco funciones generales: Ejecutar las leyes, ejercer la potestad reglamentaria, conservar el orden público, nombrar los funcionarios públicos y organizar la vida administrativa. (Ed. Temis. 2000. P.68)”;

Y más adelante al desarrollar el tema dice que “Siendo el Presidente de la República la Suprema Autoridad Administrativa es a él a quien le corresponde por lógica el nombramiento de sus subalternos....(P.71)”. En concordancia con lo consignado, es procedente señalar que toda actividad atinente a la designación de funcionarios públicos, desarrollada por el Presidente de la República, tiene carácter administrativo. Los presupuestos reseñados sugieren a este Ministerio Público las siguientes consideraciones: - Cuando la Constitución Política se refiere, en su artículo 281, al Defensor del Pueblo, y consagra que éste “será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República”, le está otorgando al Primer Mandatario una atribución de carácter administrativo en la medida en que ésta tiene relación con la designación de un funcionario público. 17 - Aceptando el sentido que los autores citados le otorgan a la naturaleza de los actos de nombramiento de funcionarios, aquél que tiene relación con la elaboración de una terna para provocar una designación debe corresponder a una idéntica esencia; y por lo tanto el relativo a la elaboración de una terna, expedido por el Jefe del Estado, para que de ella se provea un cargo, tiene tal carácter, y responde a la condición del Primer Magistrado de ser la Suprema Autoridad Administrativa y no a la de Jefe del Gobierno, lo cual destaca asimismo que no se trata de una actuación de este género, y que el Gobierno, en el caso particular del Defensor del Pueblo, no tuvo ninguna injerencia. - Por lo demás, tampoco se remite a dudas que tal acto no

equivale a un nombramiento, siendo apenas parte del proceso; y ello conduce a concluir que la prohibición del artículo 245 del texto Superior no afecta ni limita la actuación presidencial al conformar una terna para proveer un cargo, en la medida en que, como ya se expresó, se trata de un proceder administrativo tendiente a cooperar en un nombramiento y no a producirlo, y además porque la interpretación no puede ampliar la comprensión de un verbo que implica una prohibición; toda vez que cuando la hermenéutica se ocupa de normas prohibitivas debe procederse en forma restrictiva. De tal modo, como elaborar una terna no es conferir un empleo no hay actuación contraria a la Carta por parte del Presidente de la República al haber incluido a un Magistrado de la Corte Constitucional, en ejercicio, en la terna que presentó a la Cámara de Representantes para la elección de Defensor del Pueblo. Este razonamiento, por lo demás, es igualmente válido para desechar la 18 aplicación de la teoría del acto complejo en la designación señalada, visto que participar en la elección de un funcionario no es de ninguna manera designarlo; y al no ser procedente extender la comprensión de una norma prohibitiva a actuaciones que no se encuentran específicamente señaladas por la acción del verbo que aquélla utiliza para determinar su alcance, la equivalencia entre conferir un empleo y colaborar en su otorgamiento, no es jurídicamente aceptable lo cual no da cabida a la aplicación de la figura. Según los planteamientos anteriores, el Presidente de la República, al elaborar la terna para que se produjera la elección del

Defensor del Pueblo por la Cámara de Representantes, obró, en primer lugar, en ejercicio de una atribución de carácter administrativo que desarrolló en su calidad de Suprema Autoridad Administrativa del Estado; y, en segundo lugar, no expidió el nombramiento referido lo cual, en los términos de la interpretación restrictiva a la que anteriormente se hizo referencia, permite afirmar que el Gobierno no confirió al Magistrado de la Corte Constitucional, elegido Defensor del Pueblo por la Cámara de Representantes, empleo alguno, y que por lo tanto no hubo quebrantamiento de la norma constitucional por parte del Presidente de la República ni por parte del elegido. En consecuencia, de conformidad con todo lo anteriormente señalado, esta Agencia del Ministerio Público concluye que deben desecharse las pretensiones de la demanda.

CONCLUSIÓN

19 En desarrollo de los argumentos anteriores, comedidamente le solicito a la H. Sección Quinta del Consejo de Estado que deniegue las pretensiones de la demanda, formuladas contra la elección del doctor EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, como Defensor del Pueblo. De los Honorables Consejeros,

RODOLFO GARCÍA ORDÓÑEZ

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado 20