PGN - NULIDAD DE LA ACTUACION - Por violación del derecho a la defensa y al debido proceso

12.. INVESTIGACIÓN DISCIPLIPLINARIA-Por amenazas contra miembros del Concejo Municipal PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Afectación Esta Delegada solo tiene competencia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que resulten inescindiblemente vinculados a su objeto. Por consiguiente, la materia de estudio por parte de esta instancia se restringe a los puntos objeto de apelación, por cuanto así lo quiso el legislador, impidiendo que puedan estudiarse en su integridad todas las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para proferir el fallo de primera instancia, principalmente, por cuanto pretender extender dicha competencia puede afectar el principio de la no reformatio in pejus, quedando al libre criterio del fallador la modificación de la decisión, por otro lado, el recurso de apelación es en esencia un medio de defensa, y como medio de defensa le corresponde al apelante no solamente señalar los puntos de inconformidad, sino presentar la debida sustentación, so pena de dar lugar al rechazo del recurso. COMPETENCIAQue tiene el fallador de segunda instancia según la Corte Constitucional RECURSO DE APELACIÓN-Obejto/ RECURSO DE APELACIÓN-Motivación Esto para señalar que una vez revisado el escrito de apelación, se encuentra que la defensa en varios de sus apartes solo se limita a realizar vagas apreciaciones sobre el fallo de primera instancia sin concretar el motivo y fundamento de su oposición, tratándose de simples afirmaciones carente de un análisis serio y verificable, pretendiendo que con tales manifestaciones esta instancia entre a estudiar los aspectos propuestos, circunstancia que como se explicó está en contra vía de la esencia del recurso de apelación y de la función que le compete al

fallador de segunda instancia, pues no es un mero verificador de los antecedentes procesales, o auditor de las actuaciones realizadas por el operador de primera instancia, si ello fuera así, el recurso de apelación no tendría objeto, y el legislador hubiera previsto un trámite automático tal vez en grado de consulta, quitándole la carga procesal que corresponde al apelante en la argumentación fáctica y jurídica del recurso. Por consiguiente esta instancia, debe ser consciente que el recurso de apelación bajo estudio está ausente de motivación concreta que permita asumir competencia para su estudio, bordeando incluso la posibilidad de ser rechazado precisamente por ausencia de motivación; sin embargo, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, esta Delegada, entrará a analizar aquellos puntos de impugnación que contengan algún grado de concreción. NULIDAD DE LA ACTUACIÓN-Por violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Luego solo resta del escrito de apelación revisar la presunta nulidad de la actuación por vía violación del derecho a la defensa y al debido proceso, pues considera el recurrente que a estas diligencias no se obtuvo como prueba trasladada copia de las diligencias que se vienen adelantando por las declaraciones realizadas por los quejosos donde se involucra a otros funcionarios, declaraciones que en estas diligencias se afirma fueron obtenidas mediante actos de intimidación como medio de presión utilizado por los implicados en estas diligencias, prueba decretada, pero no practicada, y que resulta para la defensa de vital interés, en tanto que según el apelante de haberse practicado se hubiera adoptado una decisión diferente en estas diligencias pues se hubiese podido determinar la

veracidad de las acusaciones contenida en los videos realizado por los quejosos, descartando con ello que las mismas se hubiesen obtenido mediante intimidación. PRUEBAS-Forma de obtenerlas y su finalidad Luego lo que puede concluir esta Delegada, en primer lugar, que es equivocada la apreciación de la defensa al señalar que la prueba no se practico pues copia de las diligencias que se vienen adelantando por las declaraciones contenida en los videos, obran en el cuaderno de anexos número cuatro de estas diligencias, por otro lado, se observa que las mismas están integradas casi en su totalidad por los documentos que fueron compulsados por la Regional de Casanare dentro de estas diligencias, y al momento de solicitar copia de las mismas, no existía decisión de fondo sobre el asunto, encontrándose el asunto en etapa de investigación, por consiguiente, los hechos contenido en los videos no pueden ser aún refutados como lo pretende el apelante, luego pese a que la prueba fue aceptada, decretada y practicada no aporta nada a estas diligencias. Por otro lado, si bien es claro' para este Despacho, que los Concejales, figuran realizando unas acusaciones por actos de corrupción contra sí mismos y contra la administración municipal, en videos que fueron ampliamente divulgados por diferentes medios, es claro que dentro de estas diligencias se investiga la forma en que fueron obtenidos y su finalidad, pues se viene afirmando que los mismos fueron producto de actos de intimidación, de coerción con el fin de servir de medio de manipulación en caso de que las personas que se encontraban declarando allí no se apartaran de las decisiones de bancada, hecho que no es aislado, pues a las diligencias también llegó información que existía unas letras de cambio y unas cartas de

renuncia, también suscritas contra la voluntad, todas estas con el fin de asegurar la lealtad de los concejales instigados. Por consiguiente, nada aporta a las diligencias si los actos de corrupción contenido en las declaraciones que figura en los videos, realizadas por los concejales, tienen rasgos de veracidad, asunto que es objeto de otra investigación, en tanto las circunstancias se circunscriben a determinar si se ejercieron actos de violencia contra un servidor público, y si era o no cierto el contenido de las mencionadas declaraciones, no desvirtúa la forma, ni tampoco la finalidad de su obtención, ni tampoco atenúa la conducta reprochada a los aquí implicados. "i"

DEPENDENCIA: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa

RADICADO: IUC 0-2010-97-229333

DISCIPLINADO: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS, RAFAEL CASTRO BUITRAGO, GERMAN

OROZCO BARRERA, ALEJANDRO BARRAGAN UNDA, RAFAEL GONZALEZ PEÑA, LUIS CARLOS

PEREZ BARRERA, JOSE REINALDO PEREZ PIRAGAUTA.

CARGO-ENTIDAD: Concejales del Municipio de Yopal

QUEJOSO: GLADYS AMPARO SANABRIA Y CRISTÓBAL TORRES PÉREZ

FECHA QUEJA: 02/0212010

FECHA HECHOS: Abril de 2009

ASUNTO: Fallo de Segunda Instancia 27 de marzo de 2012

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el artículo 25, numeral 4, del Decreto Ley 262 de 2000 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, procede esta Delegada a

decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los señores OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS~ RAFAEL CASTRO BUITRAGO;" GERMAN OROZCO BARRERA; LUIS CARLOS PEREZ BARRERA;-- JOSE REINALDO PEREZ PIRAGAUTA; ALEJANDRO BARRAGAN UNDAry RAFAEL GONZALEZ PEÑA en la calidad de investigados, contra el fallo sancionatorio de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional de Casanare, el 30 de noviembre de 2011, en la actuación disciplinaria IUC D-2010-97-229333

1. ANTECEDENTES La Procuraduría Regional de Casanare, mediante auto del 12 de febrero de 2010, ordenó la apertura de indagación preliminar contra funcionarios por determinar del Concejo Municipal de Yopal, con ocasión a lo manifestado por el señor CRISTÓBAL TORRES, Concejal de ese municipio en el Consejo Extraordinario de Seguridad Municipal, realizado el 29 de enero de 2010, donde señaló: "como primera medida a comienzos de 2009 nos invitaron a unas reuniones de trabajo que necesitaban hablar con nosotros que e/los sabían (sic) como se manejaba la política (sic) y luego nos llamaron a una reunión en la casa del señor Luis Carlos Perez Barrera Concejal de Yopal cuando /legamos nos sorprendimos por que (sic) algunos Concejales estaban con armas de fuego y manifestaron que nosotros teníamos (sic) que ir por que así se maneja la política (sic), en ese momento decidimos que no era justo y lo conveniente era que nuestro compromiso era otro y que la constitución y las leyes no nos lo permiten,

cuando nosotros no aceptamos, ellos de una vez a través (sic) de la intimidación, a través de una coacción, nosotros tenia mas que entrar a un cuarto de una casa del señor Luis Carlos Perez Barrera y allí (sic) estaba otro señor Concejal con una cámara (sic) fotográfica y otra de video, otro señor Concejal con un portátil, y 3 concejales mas con armas de fuego así pues bajo la presión y el miedo ellos hacen de mi un video en contra de la Señora Alcaldesa en contra de nosotros mismos y en contra de otros Concejales ( ... ) A raiz (sic) de esto empiezan unas presiones bastantes fuertes donde dicen que si nosotros nos salimos del grupo. Bueno ellos terminan de filmar estamos esperando que ellos salgan con lo que sea por que el/os grabaron el video el/os hicieron todo el montaje." Hechos que fueron ampliados mediante denuncia escrita radicada en la Procuraduría Regional de Casanare, por la señora GLADYS AMPARO SANABRIA Y el señor CRISTÓBAL TORRES PÉREZ, concejales del municipio de Yopal donde señalaron que los Concejales OROMARIO AVELLA, JOSE REYNALDO PÉREZ PIRAGAUTA, LUIS CARLOS PÉREZ BARRERA, RAFAEL GONZÁLEZ PENA, ALEJANDRO BARRAGÁN UNDA, GERMÁN OROZCO BARRERA y RAFAEL CASTRO BUITRAGO, en el mes de abril de 2009, los invitaron a la residencia del Concejal LUIS CARLOS PEREZ BARRERA, donde se encontraban los atrás mencionados, y que como en un pacto de sangre, mediante amenazas e intimidaciones ,con armas de fuego, hicieran parte del grupo de oposición a la Alcaldesa Municipal, y para

garantizar su lealtad mediante amenazas fueron obligados a manifestar en una grabación de video presuntos actos de corrupción donde se involucraba a la Alcaldesa y a otros concejales, fuera de auto incriminarse, igualmente, los obligaron a suscribir cinco letras de cambio cada una por valor de 20 millones de pesos y una carta de renuncia, todo con el objeto, según los quejosos de impedir la disolución del grupo de oposición a la Alcaldesa y, eventualmente, evitar su disidencia. Igualmente, relatan otros hechos de amenazas de muerte y actos de intimidación con el mismo propósito por parte de los mismos implicados. La Procuraduría Regional de Casanare, mediante auto del 12 de marzo de 2012, dispuso abrir investigación disciplinaria contra OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS, JOSE REYNALDO PEREZ PIRAGAUTA, LUIS CARLOS PEREZ BARRERA, RAFAEL GONZALEZ PEÑA, ALEJANDRO BARRAGAN UNDA, GERMAN OROZCO BARRERA Y RAFAEL CASTRO BUITRAGO, Concejales del municipio de Yopal, por las amenazas y coacción en contra de dos miembros de la citada corporación, que dieron lugar a la producción de videos auto incriminatorios y la firma de cartas de renuncia y letras de cambio en blanco para hacerlas efectivas en caso de que los mencionados concejales no acataran las decisiones de bancada contra los proyectos presentados por la Alcaldía municipal de Yopal. Igualmente', dispuso que en relación a la participación de servidores públicos en actos de corrupción contenido en las declaraciones realizada por los dos concejales obrante en los videos, consistentes en recibir dinero de la administración

municipal de dos contratos, con el fin de aprobar proyectos de ley presentados por el ejecutivo local, donde se encontraban involucrados la Alcaldesa del municipio de Yopal, se ordenó 345... remitir copia de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto). Agotadas las etapas de investigación, la Procuraduría Regional de Casanare, mediante proveído del 23 de julio de 2010, elevó pliego de cargos contra los investigados por los siguientes hechos: "En el mes de abril de 2009, en la residencia del municipio de Yopal del Concejal LUIS CARLOS PÉREZ, ejerció violencia a través de amenazas e intimidaciones, forzando a los concejales GLADYS AMPARO SANABRIA GUTIERREZ y CRISTOBAL TORRES PÉREZ a grabar sendos videos, donde se auto incriminaban e incriminaban a miembros de la Administración Municipal de Yopal, en una serie de negociaciones indebidas que involucraban procesos contractuales de la administración y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, obligándolos además a firmar cartas de renuncia y letras de cambio, mecanismos utilizados para garantizar que los citados concejales votaran los proyectos de acuerdo en la forma como el investigado y los demás disciplinados en el presente proceso, así lo decidieron." La falta fue calificada como gravísima por estar contenida en el artículo 48 numeral 1 Q de la Ley 734 de 2002, por encuadrar el comportamiento imputado en el deiito de violencia contra servidor público, de conformidad con el artículo 429 del Código Penal - Ley 599 de 2000; conducta que fue imputada a título de

dolo.

2. SOBRE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Casanare, mediante proveído del 30 de noviembre de 2011, resolvió declarar responsable disciplinariamente al señor OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS, JOSÉ REINALDO PÉREZ PIRAGAUTA, LUIS CARLOS PEREZ BARRERA, RAFAEL ERNESTO GONZALEZ PEÑA, ALEJANDRO BARRAGAN UNDA, GERMAN OROZCO BARRERA y RAFAEL CASTRO BUITRAGO, Concejales del municipio de Yopal, como consecuencia les impuso como sanción la Destitución del cargo e inhabilidad general por el término de dieciocho (18) años, por encontrarlos responsables de los cargos formulados, como fundamento de la decisión, se señaló: "Conforme a las pruebas relacionadas tanto en investigación disciplinaria como las recaudadas con fundamento en las pruebas de descargos y los argumentos expuestos por los sujetos procesales, a maneca conclusiva se infiere que los disciplinados OROMAIRO A VELLA, JOSE REINALDO PÉREZ PIRA GA TUA, LUIS CARLOS PEREZ BARRERA, RAFAEL GONZALEZ PEÑA, ALEJANDRO BARRAGAN UNDA, GERMAN OROZCO BARRERA y RAFAEL CASTRO BUlTRAGO, concejales del municipio de Yopal, mediante amenazas e intimidaciones, forzaron a los también concejales GLADYS AMPARO SANABRIA GUTIERREZ y CRISTOBAL TORRES PÉREZ a que, mediante sendos videos, se auto

incriminaran e incriminaran a miembros de la Administración Municipal de Yopal, en una serie de negociaciones indebidas que involucraban procesos contractuales de la misma administración y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal; obligando además, a la firma de cartas de renuncia y letras de cambio. Los mecanismos utilizados tenían como objetivo, garantizar al interior del grupo de concejales presente, que cada uno de ellos se mantuviera en los lineamientos fijados y dirigidos a votar de determinada manera, los proyectos de ley presentados por la Alcaldía de Yopal, y de esta manera, si alguno de ellos no acataba las mencionadas directrices, amén de las posibles consecuencias para la vida e integridad personal, se harían efectivas estas garantías, logradas mediante el irregular acuerdo. El 14 de agosto de 2009 se oficializó por parte de las directivas del partido de la U, el nombre de los concejales que a partir de esta fecha ingresaban a dicho movimiento político, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2009 expedido por el Congreso de la República; pasando dicha bancada de 3 a 10 miembros (7 de los cuales están vinculados al presente informativo como disciplinados y otros 2 como quejosos), asegurando de esta manera ia mayoría del Concejo Municipal de Yopal, el cual se encuentra compuesto por 17 miembros; convirtiéndose ese traslado de partido en una garantía más para votar en bloque de oposición a la administración municipal, pero ya con fundamento en la ley de bancadas y no del acuerdo obtenido por vías de hecho. En los primeros días de noviembre de 2009, los Concejales GLADYS AMPARO SANABRIA GUTlERREZ y

CRISTOBAL TORRES PÉREZ, tomaron la decisión de no participar más del acuerdo al que habían sido llevados y comenzaron a votar de manera diferente al grupo de concejales del partido de la U; lo que conllevó a una nueva reunión de la bancada fuera del recinto del concejo el 21 de noviembre del mismo año, donde los disciplinados reiteraron las amenazas y las obligaciones que habían asumido entre ellos. El 23 del mismo mes, el Comandante del Departamento de Policía Casanare fue enterado de las amenazas y constreñimientos efectuados, procediendo a los estudios de seguridad y evaluación de riesgo. En sesión plenaria del Concejo del 26 de noviembre, donde se debatió el proyecto de acuerdo para aprobar el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversión del municipio de Yopal, para la vigencia fiscal 2010, la Concejala AMPARO SANABRIA hace mención a las diferencias con los otros miembros de la bancada por las decisiones a tomar en este asunto y denuncia públicamente sobre chantajes y amenazas para votar negativamente el proyecto de presupuesto (o,.) A partir del mes de enero de 2010, ante la reticencia de SANABRIA y TORRES a someterse a las decisiones de los demás miembros de la bancada del partido de la U, estos fueron objeto de sanciones al interior de dicho partido, culminando con la publicación de los videos auto incriminatorias, de las dos personas que precisamente estaban en contra vía de las directrices impuestas por el grupo de disciplinados y que comienzan a circular por Internet el viernes 29 de enero de 2010 en horas de la

mañana, lo que provoca que ese mismo día se realizara consejo extraordinario de seguridad, el cual fue remitido a esta Procuraduría Regional para efectos de iniciar las acciones disciplinarias. En lo que atañe a la forma de culpabilidad, los disciplinados, de manera personal pero unívoca, prepararon, desarrollaron y ejecutaron la conducta con conocimiento de causa, toda vez que los disciplinados participaron de los actos descritos en los hechos y de manera voluntaria asumieron y quisieron las consecuencias derivadas de ello; conociendo en todo momento lo irregular de su acción y la intención que se escondía detrás de toda la puesta en escena."

3. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN Dentro del recurso de apelación presentado, se solicita la nulidad de la actuación por la presunta violación al derecho de defensa y al debido proceso fundamentado en que fue solicitada para que hiciera parte de estas diligencias la investigación que se venía adelantando por las declaraciones presentadas por los quejosos contenida en los videos, prueba que señala el apelante fue decretada, pero no fue practicada.

Afirma que de haberse conocido los resultados de la misma otras serías las consideraciones y la conclusión del fallo, por cuanto de no resultar ciertas las declaraciones contenida en los videos "es imposible que se haya acudido a la violencia, la amenaza y el constreñimiento para fabricar un montaje que dejaría ningún resultado." Concluye que la Procuraduría no podía adoptar ninguna decisión sin antes conocer las pruebas y actuaciones del otro proceso disciplinario. Señala que todo indica que las declaraciones realizadas por SANABRIA y TORRES contenida en los videos son ciertas. Por otro lado afirma que no pueden ser cuestionables por la Procuraduría las reuniones adelantadas por

los concejales, los viajes o traslados en grupo, o las relaciones o transacciones comerciales entre los mismos, y que si las mismas se presentan no pueden ser calificadas como indicios de la comisión de la falta imputada, concluyendo que no existe prueba alguna aportada al proceso que permita fundamentar el fallo recurrido. Agrega que no puede pasar inadvertida la conducta omisiva de los concejales SANABRIA y TORRES que aduciendo objeción de conciencia se apartaron de las actuaciones de bancada, y no resulta claro que los implicados acudieran a la violencia para asegurar su lealtad cuando la ley de bancadas les da las herramientas y les posibilita sancionar a sus integrantes con la pérdida del voto. Concluye afirmando que es desproporcionada la sanción, frente a decisiones de esta entidad dentro de los recientes hechos de corrupción por el carrusel de la contratación, donde se comprometieron cuantiosos r6e.cursos y se impusieron sanciones de inhabilidad que no fueron superiores a 6 años. Razones por las cuales solicita se revoque la decisión impugnada y en su lugar se absuelva a sus representados.

4. CONSIDERACIONES Antes de entrar a resolver el recurso de apelación presentado, es necesario aclarar que de conformidad con el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esta Delegada solo tiene competencia para revisar únicamente los aspectos impugnados y los que resulten inescindiblemente vinculados a su objeto. Por consiguiente, la materia de estudio por parte de esta instancia se restringe a los puntos objeto de apelación, por cuanto así lo quiso el legislador, impidiendo que puedan estudiarse en su integridad todas

las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para proferir el fallo de primera instancia, principalmente, por cuanto pretender extender dicha competencia puede afectar el principio de la no reformatio in pejus, quedando al libre criterio del fallador la modificación de la decisión, por otro lado, el recurso de apelación es en esencia un medio de defensa, y como medio de defensa le corresponde al apelante no solamente señalar los puntos de inconformidad, sino presentar la debida sustentación, so pena de dar lugar al rechazo del recurso. La Corte Constitucional en Sentencia C-047-06 del 1 de febrero de 2006, Magistrado Ponente RODRIGO ESCOBAR GIL, refiriéndose a la competencia limitada que tiene el fallador de segunda instancia, señaló: "La segunda instancia no da lugar a un proceso autónomo en el que se repita de manera íntegra el juicio, síno que se trata de la oportunidad prevista por el legislador para que el superior jerárquico controle la corrección de la decisión adoptada en primera instancia. Ello significa, tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 y de consolidada jurisprudencia sobre el particular, que el superior actúa sobre los aspectos impugnados, para lo cual tiene como base los registros que, por solicitud de los interesados, se hayan allegado al recurso y los argumentos presentados. en audiencia por los distintos sujetos procesales. La apelación no consiste, por consiguiente en una solicitud general y abstracta orientada a que se reexamine en su integridad lo actuado por el juez de primera instancia, sino que quien manifieste su inconformidad debe precisar y sustentar las razones que esgrime para ello. Se trata no de un nuevo juicio en el que deba repetirse

íntegramente la acusación y la defensa, sino de la continuación del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa, sin perjuicio de la amplitud con la que, en ejercicio de su potestad de configuración, el legislador decida establecer el recurso." (Resaltado de esta Delegada) La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, dentro del radicado 08902177-04, al resolver un recurso de apelación, el 26 de mayo de 2004, señaló: 7. "La manifestación que en tal sentido presentó la defensa como "censura" contra el fallo dictado por la Procuraduría Regional de Guajira no será tenida en cuenta por la segunda instancia, toda vez que la simple reiteración de afirmaciones no constituye crítica concreta sobre las consideraciones del a qua, pues la impugnación ha de enlutarse en la presentación de argumentos de hecho y de derecho que refuten el sentido de las apreciaciones jurídicas y fácticas del operador disciplinario de primera instancia. Es así como la alzada, en este caso, no se concreta con la simple expresión de no estar de acuerdo con la decisión confutada, sino exponiendo lógica y razonadamente argumentos que fundamentan la modificación o revocatoria que se pretende, presentándolos ante en ad quem como premisas con sus correlativas conclusiones, para que sean examinadas por la segunda instancia, quien decidirá si las acoge o no según el estudio que presenta el impugnante." Sobre el recurso de apelación, el Consejo de Estado, en decisión del 17 de julio de 1992, Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ, señaló:

"La Sala considera oportuno resaltar que en materia contencioso administrativa el recurso de apelación que se interponga contra los autos y sentencias - salvo el auto que decide la suspensión provisional - en todos los procesos - exceptuado el - debe ser sustentado, so pena de que se declare desierto y ejecutoriado el auto o sentencia objeto de él, conforme lo consagran expresamente los artículos 212 y 213 del C.CA Tal exigencia implica, que el recurrente en el escrito de sustentación señala el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el Juez ad quem para decidir el recurso. La competencia de éste, queda pues limitada a confrontar la providencia recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente. No puede, por consiguiente, el Juez de segundo grado analizar la providencia recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el escrito de sustentación del recurso." (Resaltado de esta Delegada) La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en decisión del 27 de julio de 2006, dentro del proceso 23872, magistrado ponente MAURO SOlARTE PORTIllA, señaló respecto a la importancia de la sustentación del recurso de "La sustentación del recurso de apelación cumple doble función. De una parte se erige en acto condición para tener acceso al recurso, y de otra, en acto límite de la competencia funcional del superior, quien solo podrá pronunciarse sobre los aspectos de la decisión que motivan su disenso. Esta limitación determina que el punto de partida para establecer si el superior omitió el deber de respuesta en el fallo, sea el contenido de las prestaciones del apelante y no, como

pareciera entenderlo el actor, el contenido del proceso (Resaltado de esta delegada) 8. egada) Esto para señalar que una vez revisado el escrito de apelación, se encuentra que la defensa en varios de sus apartes solo se limita a realizar vagas apreciaciones sobre el fallo de primera instancia sin concretar el motivo y fundamento de su oposición, tratándose de simples afirmaciones carente de un análisis serio y verificable, pretendiendo que con tales manifestaciones esta instancia entre a estudiar los aspectos propuestos, circunstancia que como se explicó está en contra vía de la esencia del recurso de apelación y de la función que le compete al fallador de segunda instancia, pues no es un mero verificador de los antecedentes procesales, o auditor de las actuaciones realizadas por el operador de primera instancia, si ello fuera así, el recurso de apelación no tendría objeto, y el legislador hubiera previsto un trámite automático tal vez en grado de consulta, quitándole la carga procesal que corresponde al apelante en la argumentación fáctica y jurídica del recurso. Por consiguiente esta instancia, debe ser consciente que el recurso de apelación bajo estudio está ausente de motivación concreta que permita asumir competencia para su estudio, bordeando incluso la posibilidad de ser rechazado precisamente por ausencia de motivación; sin embargo, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, esta Delegada, entrará a analizar aquellos puntos de impugnación que contengan algún grado de concreción. Dos son los argumentos que carecen de fundamentación, el primero donde se afirma que "no existe prueba alguna aportada al proceso que permita fundamentar el fallo recurrido", frente a tal conclusión esta Delegada no puede

asumir posición alguna pues se trata de una afirmación general, vaga e indefinida que no encuentra sustento en el escrito de apelación, pues no se compadece con el análisis probatorio realizado por el fallador de primera instancia, luego no se entiende a que hace referencia el apelante con dicha conclusión, y a que pruebas o de que manera se presenta error en su apreciación, por consiguiente, por sustracción de materia en el debate esta Delegada no puede a analizar dicha afirmación. Por otro lado, también de una manera imprecisa, carente de una fundamentación seria señala que los investigados fueron objeto de una sanción desproporcionada comparada ella con otros hechos de corrupción donde sus implicados al parecer no han tenido sanciones superiores a los seis años, y para el efecto, hace una transcripción de los criterios fijados por la ley para determinar la gravedad o levedad de la falta, para que sean revisados y evaluados por esta instancia, sin embargo, no se expone de que manera existe una indebida aplicación de la sanción, en dónde y en qué consistió el error, dejando abierto para que esta instancia valore cada uno de los criterios que fueron evaluados por la primera instancia para fijar la gravedad de la falta y la dosificación de la sanción. Igualmente, tal afirmación no deja de ser subjetiva, que como puede verse del escrito está ausente de argumentaciones jurídicas, fácticas y probatorias que ataquen los argumentos que llevaron al operador disciplinario de primera instancia a adoptar tal posición, luego, esta instancia no puede entrar a presumir los fundamentos de disenso que tuvo el apelante para realizar dicha apreciación y que no fueron exteriorizados en el escrito de apelación, la misma que solo llega a los terrenos de una mera opinión.

Luego solo resta del escrito de apelación revisar la presunta nulidad de la actuación por vía violación del derecho a la defensa y al debido proceso, pues considera el recurrente que a estas diligencias no se obtuvo como prueba trasladada copia de las diligencias que se vienen adelantando por las declaraciones realizadas por los quejosos donde se involucra a otros funcionarios, declaraciones que en estas diligencias se afirma fueron obtenidas mediante actos de intimidación como medio de presión utilizado por los implicados en estas diligencias, prueba decretada, pero no practicada, y que resulta para la defensa de vital interés, en tanto que según