PGN - NULIDAD DE LA ELECCION - El demandante no logró desvirtuar la presunción de legalida

NULIDAD DE LA ELECCIÓN-De los Representantes a la Cámara por el Departamento de Guainía del periodo 2014 al 2018 ACTO DE VIOLENCIA-Sobre los electores configura causal de nulidad por infracción de normas superiores En el caso en estudio haremos referencia únicamente a la violencia ejercida sobre los electores, pues a ella es que se hace referencia en la demanda cuando se indica que los dos demandados ofrecieron dádivas (cemento, zinc y motores) para obtener el voto de ciudadanos del Departamento de Guainía. Sobre la violencia contra el elector es preciso señalar que antes de la norma anteriormente transcrita, la violencia contra el elector no era una causal propia de nulidad, sino que por vía de interpretación se indicaba que ello constituía vulneración de las normas en que debía fundarse el acto administrativo y por tanto debía solicitarse a través de las causales de nulidad general, en efecto, dado el carácter taxativo de las causales de nulidad electoral que señalaba el artículo 223 del C.C.A., la violencia sobre el elector no estaba considerada como tal ni era posible de ser adecuada dentro de las señaladas en esa disposición, en donde la violencia como causal de nulidad de la elección no se refería propiamente a la que se ejercía sobre el elector. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al considerar que los actos electorales también podían y pueden juzgarse con base en las causales generales de nulidad del artículo 84 del Decreto 01 de 1984, admitió que la violencia sobre los electores, con cualquiera de los fines para los cuales se puede ejercer (para que

se abstengan de votar o para que voten a favor de determinada opción), configura la causal de nulidad por infracción de normas superiores contempladas en la referida disposición. CAUSAL DE NULIDAD-Sobre la violencia contra el elector Sobre la violencia contra el elector como causal de nulidad de la elección, ha indicado también la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado que, para efectos de su prosperidad debe el actor demostrar los siguientes supuestos: 1) La ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo). 2) La consecuente vulneración de la voluntad de quien es o son violentados (aspecto subjetivo). 3) La modificación del resultado electoral. ACTO ELECTORAL-Es nulo cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia contra los electores Así pues tenemos que para efectos de demostrar la causal de nulidad alegada, la cual hoy día no se debe solicitar por las causales generales de nulidad ya que el CPACA la trae como una causal autónoma de nulidad al consagrar que el acto electoral es nulo cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia contra los electores, no se configura al demostrar solamente la ocurrencia del hecho violento, sino además la alteración de la voluntad de quien es violentado y la modificación del resultado electoral. Es de precisar entonces que el cargo de nulidad por violencia contra el elector debe ser debidamente determinado o debidamente detallado, así pues, el demandante debe referirse a la Zona, Mesa y puesto de votación en la que se presentó la participación de los votantes que fueron constreñidos o presionados para favorecer cierta campaña

política. La puesta en conocimiento de esta irregularidad no debe ser de tal

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o acreditar situación irregular imputable a los demandados con la que se establezca que los ciudadanos residentes en el Departamento de Guainía, sufrieron una mengua en su voluntad al estar sometidos a presión psicológica y ello haya alterado la libertad y la voluntad del electorado de dicho ente territorial. NULIDAD DE LA ELECCIÓN-El demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto acusado La Delegada no encuentra acreditado que en el presente asunto se pueda concluir con el grado de convicción y de certeza que se requiere para que se tipifique el vicio de nulidad que se atribuye al acto de elección de los demandados. No se puede concluir en el sub lite que los candidatos directa o por intermedio de colaboradores de su campaña obtuvieran votos a su favor habiendo violentado al electorado al ejercer sobre ellos presión psicológica o constreñimiento a través de la supuesta compra de votos que pagaron con tejas de Zinc, cemento y motores Yamaha, ni que al anular los supuestos votos espurios se variare el resultado electoral. Por las consideraciones hechas, se estima que el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad, o lo que es lo mismo, el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto acusado, razón por la cual se impone la denegación de la pretensión anulatoria. ACTO ELECTORAL-Jurisprudencias del Consejo de Estado NULIDAD DE LA ELECCIÓN-Jurisprudencias del Consejo de Estado

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., Octubre 07 de 2015 Concepto No. 054 Doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

H. Magistrada ponente

Sección Quinta-Sala Contencioso Administrativo Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 110010328000201400030 00

Radicado interno: 2014 – 00030.

Actor: Ciro Alberto Vargas Silva.

Demandado: Representantes a la Cámara por el Departamento de

Guainía.

Asunto: Nulidad del acto administrativo de elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Guainía, periodo

2014-2018.

Respetada señora Consejera: Como Agente del Ministerio Público dentro del proceso de la referencia presento a consideración de la H. Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado los siguientes planteamientos jurídicos, para efectos de que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I – ANTECEDENTES La demanda El ciudadano Campo Elías Vega Goyeneche por intermedio de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó la nulidad del acto

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www.procuraduria.gov.co administrativo de elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Guainía, periodo 2014-2018. Hechos de la Demanda Dice el actor que el señor Carlos Alberto Cuenca Chaux, en su calidad de candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Guainía para el periodo 2014-2018, desde días previos al certamen electoral, así como el día de los comicios y días posteriores, presionó a la ciudadanía para que lo respaldara con su voto, ofreciendo cemento y láminas de zinc, logrando constreñir la voluntad de los electores en su favor. Señala que dicho señor distribuyó infinidad de órdenes de suministro a diferentes votantes y líderes electorales a cambio de su voto, para que reclamaran en la comercializadora “el castillo” que funciona en la ciudad de Puerto Inírida-Guainía láminas de zinc, bultos de cemento y materiales de construcción en general. Precisó que de igual manera el entonces candidato a la Cámara por el Departamento de Guainía periodo 2014-2018, señor Edgar Alexander Cipriano Moreno suscribió de forma personal varias “actas de compromiso” con diferentes ciudadanos aptos para votar comprometiéndose a que si votaban por él, cumpliría con las entregas acordadas en el acta, indica que todo ello a cambio de los votos de los firmantes y los de sus familiares. Indicó finalmente el demandante que de la compra de votos y constreñimiento del elector es testigo la mayoría de la población de Puerto Inírida y de todo el Departamento de Guainía, constituyéndose en un hecho notorio que no ha sido

denunciado por el temor a las represalias.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Normas Violadas El demandante señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 40, 92, 95-7, 258 y 264 de la Constitución Política.  El Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  Los artículos 137, 139, 149, 162 y 164 del CPACA. Concepto de Violación Aduce el actor que la violencia como causal de nulidad electoral no se circunscribe únicamente a la física, sino también a todo aquel comportamiento que tienda a constreñir o intimidar la libre voluntad del sufragante para efectos de favorecer propósitos particulares. Precisa que si bien es cierto, la perturbación al certamen democrático, el constreñimiento al sufragante y la corrupción del elector son conductas punibles, esta situación ya fue denunciada ante la autoridad penal correspondiente, sin embargo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa debe también conocer, sancionar y corregir dichas conductas contrarias al ordenamiento jurídico y declarar la nulidad de la elección demandada. Pretensiones de la Demanda Como pretensiones de la demanda se indicaron por el actor: «1. Nulidad Electoral Parcial del Acta General de Escrutinios en lo que tiene que ver con los votos obtenidos por los señores CARLOS ALBERTO

CUENCA CHAUX y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO, de los

partidos políticos Cambio Radical, lista cerrada y Alianza Social Independiente, lista abierta, respectivamente, en calidad de Representantes electos a la Cámara por el Departamento del Guainía en la pasadas elecciones del nueva (9) de marzo de 2014.

2. Como consecuencia de la declaratoria de la nulidad electoral parcial del Acta General de Escrutinios, se declare la nulidad del Acto Administrativo y la cancelación de las correspondientes credenciales en las que se promulga

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co la elección de los citados Representantes electos: CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX identificado con cédula de ciudadanía No 12.253.979 y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO identificado con cédula de ciudadanía No 19.001.900, para el periodo constitucional 2014-2018, por la circunscripción territorial del Departamento del Guainía.

3. Que se realice el escrutinio sobre los votos válidos, se excluyan los votos totales de la lista cerrada de Cambio Radical en cabeza de CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, y de igual manera se excluyan los votos de la lista abierta correspondientes al candidato EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO del Partido Alianza Social Independiente, y se declare la legítima elección, con la expedición de las respectivas credenciales, a los candidatos que siguen en el orden descendente de votación en las correspondientes

listas cerradas que alcanzaron el umbral, Partidos Opción Ciudadana y Alianza Verde, por las causales contempladas en el artículo 137 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), que establece: (…)

4. Que se tenga como elemento probatorio el desarrollo del proceso penal que cursa en la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por los presuntos delitos de PERTURBACIÓN DE CERTAMEN DEMOCRÁTICO, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE Y CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE (artículos 386, 387 y 390 del Código Penal). Acciones interpuestas por los ciudadanos de Puerto Inírida del Departamento del Guainía, contra los Representantes Electos CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX identificado con cédula de ciudadanía No 12.253.979 denuncia radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recibido de fecha 2014MAR28 (sic) y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No 19.001.900 con radicación 001132 ante la Fiscalía General de la Nación delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.» Admisión de la Demanda Mediante auto del 03 de septiembre de 2014 la Sección Quinta admitió ésta demanda, ordenó las notificaciones de rigor, dispuso se informara a la comunidad de la existencia del proceso y denegó la suspensión provisional del acto acusado.

Contestación de la Demanda Por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta entidad por intermedio de apoderada judicial se pronunció frente a las

pretensiones de la demanda oponiéndose a la prosperidad de ellas con fundamento en que respecto de dicha entidad se configura la excepción de “Falta

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de Legitimación en la causa por pasiva” así como la “imposibilidad de cumplimiento de un eventual fallo de nulidad”, ya que constitucional y legalmente, solo tiene a su cargo la logística y organización de los comicios, de manera que al no resolver y ser respetuosa de la autonomía de la autoridad que resuelve sobre reclamaciones, inhabilidades, incompatibilidades o legalidad en la inscripción, no puede ser objeto de reproche, sin dejar de lado que quienes otorgan validez a un voto son los jurados de votación, o bien las comisiones escrutadoras, las cuales son ajenas a la Registraduría nacional. Por parte del demandado Carlos Alberto Cuenca. El demandado por intermedio de apoderado judicial se pronunció frente a las pretensiones de la demanda oponiéndose a su prosperidad con fundamento en que no es cualquier tipo de violencia la que vicia el acto que declara la elección, sino que debe ser de tal entidad o relevancia que desfigure de manera protuberante el querer del electorado, tal como lo ha venido reiterando la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y, dentro del expediente no existen elementos que tengan eficacia suficiente para demostrar lo alegado en la demanda.

Precisó que el doctor Cuenca Chaux nunca prometió en reunión o entrevista personal con elector alguno de Guainía, dar elemento o dádiva alguna para que éste en contraprestación le entregara su voto, además que el demandante no puede certificar que la promesa de que trata la demanda la hubiere hecho el demandado, pues éste no asistió a dicha reunión y sus apreciaciones son fantasiosas. Adicionalmente señala que los audios aportados por sus problemas de sonido no prueban nada, la postura de la Cámara del celular o elemento que graba muestra que la mayoría de las grabaciones se hicieron sin el consentimiento y conocimiento de quien hablaba, la presunta entrada a un domicilio que goza de especial protección invalida la prueba practicada.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Finalmente señala que en el sub lite, de probarse irregularidades estas no tienen identidad suficiente para variar el resultado electoral y que además ellas nunca fueron auspiciadas por él. Por parte del demandado Edgar Alexander Cipriano Moreno. El demandado por intermedio de apoderado judicial se pronunció frente a las pretensiones de la demanda oponiéndose a su prosperidad con fundamento en que no es cualquier tipo de violencia la que vicia el acto que declara la elección, sino que debe ser de tal entidad o relevancia que desfigure de manera protuberante el querer del electorado, tal como lo ha venido reiterando la

jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado y, dentro del expediente no existen elementos que tengan eficacia suficiente para demostrar lo alegado en la demanda. Precisó que el doctor Cipriano Moreno no suscribió el “acta de acuerdo” allegado con la demanda, esa no es la firma que utiliza en sus actos públicos y privados, nunca suscribió el contenido de esas actas, nunca prometió la entrega de material o elemento alguno ya que su campaña no tenía el musculo económico para el efecto. Finalmente señala que en el sub lite, de probarse irregularidades estas no tienen identidad suficiente para variar el resultado electoral y que además ellas nunca fueron auspiciadas por él.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no observando vicio que afecte de nulidad la actuación surtida procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto que le corresponde en el presente asunto.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Preciso señalar que el análisis jurídico de la presente demanda se encaminará de manera concreta a resolver la fijación del litigio efectuada con la dirección de la H. Consejera Ponente en la audiencia inicial, acta que obra de folios 432 al 447 del expediente y cuyo objeto se dirige concretamente a determinar “si la elección de

los señores CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MOSQUERA como Representantes a la Cámara por el Departamento de Guainía periodo 2014-2018 es nula porque su elección se realizó ejerciendo violencia sobre los electores configurándose la causal consagrada en el numeral 1° del artículo 275 del CPACA”.

1. Nulidad por haberse ejercido violencia sobre los electores.

Asevera el demandante que la elección de los señores Carlos Alberto Cuenca Chaux y Edgar Alexander Cipriano Mosquera como Representantes a la Cámara por el Departamento de Guainía, periodo 2014-2018, está viciada de nulidad porque su elección se realizó ejerciendo violencia sobre los electores, lo cual configura la causal consagrada en el artículo 275-1 del CPACA. El numeral primero (1°) del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa: «Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. (…)» En el caso en estudio haremos referencia únicamente a la violencia ejercida sobre los electores, pues a ella es que se hace referencia en la demanda cuando se indica que los dos demandados ofrecieron dádivas (cemento, zinc y motores) para obtener el voto de ciudadanos del Departamento de Guainía.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Sobre la violencia contra el elector es preciso señalar que antes de la norma anteriormente transcrita, la violencia contra el elector no era una causal propia de nulidad, sino que por vía de interpretación se indicaba que ello constituía vulneración de las normas en que debía fundarse el acto administrativo y por tanto debía solicitarse a través de las causales de nulidad general, en efecto, dado el carácter taxativo de las causales de nulidad electoral que señalaba el artículo 223 del C.C.A., la violencia sobre el elector no estaba considerada como tal ni era posible de ser adecuada dentro de las señaladas en esa disposición, en donde la violencia como causal de nulidad de la elección no se refería propiamente a la que se ejercía sobre el elector. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al considerar que los actos electorales también podían y pueden juzgarse con base en las causales generales de nulidad del artículo 84 del Decreto 01 de 1984, admitió que la violencia sobre los electores, con cualquiera de los fines para los cuales se puede ejercer (para que se abstengan de votar o para que voten a favor de determinada opción), configura la causal de nulidad por infracción de normas superiores contempladas en la referida disposición. Tal criterio por ejemplo fue plasmado en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 11 de junio de 2009, proferida al decidir el expediente

radicado bajo el número 17001-23-31-000-2008-00135-01, ponencia de la Dra. María Hohemí Hernández Pinzón, en donde se consideró lo siguiente: «En efecto, cuando el ciudadano es víctima de constreñimiento respecto del ejercicio de su derecho al voto, se produce una violación directa al ordenamiento constitucional por razones que bien pueden sintetizarse así: (i) Porque se desconoce que uno de los fines esenciales del Estado Colombiano es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (Art. 2), participación que se torna meramente formal si al depositar el voto el ciudadano no lo hace inspirado en sus propias convicciones ideológicas o políticas, sino llevado por el temor que las distintas formas de violencia pueden producir; (ii) Porque se atenta contra los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16) y a la libertad de conciencia (Art. 18), puesto que la libertad de opción política se anula por el mismo factor; (iii) Porque se vulnera el derecho al voto, en sí

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co mismo considerado, ya que como mecanismo de participación democrática deja de contener la voluntad del pueblo para revelar la voluntad de unos cuantos, que prevalidos de la fuerza física o

psicológica invaden la órbita de libre decisión política (Art. 103); (iv) Porque deja de acatarse que el voto, como derecho-deber del que es titular el ciudadano en ejercicio, debe ejercerse “sin ningún tipo de coacción” (Art. 258; mod. A.L. 01/2003 art. 11), postulado apenas elemental si se recuerda que el sistema democrático colombiano se finca sobre la idea de que “las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos” (C.E. Art. 1), para lo cual es requisito sine qua non que ningún tipo de presión o coacción recaiga sobre el elector al concurrir a las urnas a expresar, mediante el voto, su decisión democrática. Es claro, por tanto, que si el elector, pilar fundamental del sistema democrático, es objeto de amenazas o de cualquier forma de violencia que anule su libertad y lo conduzca a escoger la opción política que otro le determine, el resultado de tales votaciones deviene espurio y que tanto la legalidad como la legitimidad de ese poder político instalado no solo está en entredicho sino que debe removerse por los causales legales, pues así la institucionalidad y la democracia recuperan su primacía. La configuración de tales circunstancias como causal general de nulidad viene aceptándose por la jurisprudencia de esta Sección de tiempo atrás (…)». Ahora bien, sobre la violencia contra el elector como causal de nulidad de la elección, ha indicado también la jurisprudencia de la H. Sección Quinta del Consejo de Estado que, para efectos de su prosperidad debe el actor demostrar

los siguientes supuestos: 1) La ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo). 2) La consecuente vulneración de la voluntad de quien es o son violentados (aspecto subjetivo). 3) La modificación del resultado electoral. Lo anterior fue señalado en la sentencia citada anteriormente, allí se expresó: «Las últimas citas jurisprudenciales tienen por fin establecer que la violencia debe ser calificada por el juez del proceso electoral, tanto en términos cuantitativos como en su comprensión cualitativa, de modo que se pueda determinar la magnitud del fenómeno en cuanto al caudal electoral que fue objeto de la violencia, e igualmente si la violencia fue eficaz, si en realidad se

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co trató de actos físicos o psicológicos con la entidad requerida para plegar la voluntad popular a los designios torticeros de las personas al margen de la ley. Si se corrobora la presencia de violencia, pero esta es electoralmente inocua o irrelevante, porque se ejerció sobre un caudal electoral que no modificaría el resultado electoral o porque se trató de actuaciones físicas o psicológicas que no tuvieron la fuerza suficiente para perturbar el ánimo político del elector, es claro que esos hechos pierden interés en el contexto del proceso electoral porque no llevarían a anular el acto acusado, así el interés se conserve frente a otras vertientes del derecho, como serían la disciplinaria

o la penal.» Así mismo, en sentencia del 3 de julio de 2009, con ponencia del Dr. Mauricio Torres Cuervo, dentro del proceso radicado bajo el No. 17001-23-31-000-200700364-02, la Sección Quinta del Consejo de Estado reiteró dicho pronunciamiento, indicando: «La violencia contra personas, para efectos de nulidad electoral, está concebida como la coacción física o sicológica que quiebra la voluntad de quien la padece, bien sea escrutador o elector. Pero no todo acto violento, por criticable que sea, dará lugar siempre a la nulidad electoral; por cuanto la violencia que vicia la elección depende de dos factores adicionales que superan el mero hecho fáctico violento. El primero, la afectación real y efectiva sobre la voluntad o el querer de la persona que lo inhibe a tal grado que su voluntad se doblega y se somete a los deseos del que ejerce la violencia (agresor) y, el segundo consiste en los efectos del acto violento que afectan y conducen a la real mutación en el resultado electoral. La concurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la vulneración de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial), derivado de la aplicación del principio de eficacia del voto, son los tres presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia.» Así pues tenemos que para efectos de demostrar la causal de nulidad alegada, la cual hoy día no se debe solicitar por las causales generales de nulidad ya que el

CPACA la trae como una causal autónoma de nulidad al consagrar que el acto electoral es nulo cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia contra los electores, no se configura al demostrar solamente la ocurrencia del hecho violento, sino además la alteración de la voluntad de quien es violentado y la modificación del resultado electoral.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Es de precisar entonces que el cargo de nulidad por violencia contra el elector debe ser debidamente determinado o debidamente detallado, así pues, el demandante debe referirse a la Zona, Mesa y puesto de votación en la que se presentó la participación de los votantes que fueron constreñidos o presionados para favorecer cierta campaña política. La puesta en conocimiento de esta irregularidad no debe ser de tal indeterminación que con ella se conduzca a una solicitud para que el operador judicial realice un análisis de oficio para determinar cuáles fueron las personas constreñidas, si votaron o no, en qué zona, puesto y meza de votación votaron y a su vez como se varía el resultado electoral. Sobre el particular se ha indicado: «La Sala advierte que el demandante se limitó a afirmar unas conductas que no determinó por puestos y mesas de votación donde los constreñidos fungieron como testigos electorales y cómo eso se reflejó en los electores afectando su voluntad electoral. Ha de recordarse que la violencia contra personas, para efectos de nulidad

electoral, se traduce en la coacción física o sicológica que quiebra la voluntad de quien la padece, bien sea autoridad electoral o elector o nominador. No obstante no todo acto violento, por criticable que sea, da lugar siempre a la nulidad electoral; por cuanto la violencia, independientemente de que recaiga sobre las personas o las cosas, solo puede viciar la elección dependiendo de dos factores que superan el supuesto fáctico violento. El primero, la afectación real y efectiva sobre la voluntad o el querer de la persona que lo inhibe a tal grado que su voluntad se doblega y se somete a los deseos del que ejerce la violencia (agresor) y la afectación sobre la existencia física de los instrumentos electorales; el segundo consiste en los efectos del acto violento que afecten y conduzcan a la mutación real en el resultado electoral. Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elec