PGN - NULIDAD DE LA ELECCION - Procede la designación de aquel que siga en el orden de pre

ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Por encontrarse inhabilitado ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Irregularidades en el trámite En los términos de dicha decisión, declarada la nulidad de un acto electoral o de designación por irregularidades en su trámite, se debe: i)Continuar el proceso que se adelantó, justo antes del acto que originó la irregularidad que dio lugar a la declaratoria de nulidad, y/o, 11) Adelantar una nueva convocatoria y permitir el libre acceso a la participación de la ciudadanía interesada, si el proceso estaba en la inscripción, es decir, cuando aún no se ha evaluado el cumplimiento de requisitos por parte de los participantes. Las reglas que fijó esta sentencia de unificación solo proceden en aquellos eventos en los cuales no se precise los efectos del fallo en la respectiva decisión y la nulidad se genere como consecuencia de irregularidades en el trámite de la expedición del acto. NULIDAD DEL ACTO-Determinar los efectos Por el contrario, en las providencias en donde se precisen los efectos, estos se deben observar íntegramente, so pena de vaciar el contenido de la decisión y desconocer su obligatoriedad. No obstante, pareciera no existir claridad sobre los efectos de la decisión, cuando la declaración de nulidad sea producto de cuestiones subjetivas atribuibles al electo y en el fallo nada se advierta, en tanto este evento no puede ser catalogado como irregularidades en el procedimiento, para las cuales fueron fijadas las reglas de la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016. Aserto en el que se concuerda con el demandante.

NULIDAD DE LA ELECCIÓN-Inhabilidad que impedía su designación/DECLARACIÓN DE NULIDAD-No señaló los efectos y la causa que dio origen a esta En el caso de la referencia tenemos que la declaración de nulidad de la elección de quien fungía como rector de la Universidad Popular del Cesar se produjo como consecuencia de estar inhabilitado para ejercer el cargo. Inhabilidad que impedía su designación, hecho que llevó a la Sección Quinta a declarar en la providencia de octubre de 2016, que el nuevo rector debía ser electo de la lista que conformó el Tribunal de Garantías Electorales para designar rector para el período 2015-2019, en tanto, entiende el Ministerio Público, esta no estaba afectada de irregularidad alguna que impidera nombrar de ella al nuevo rector, garantizando así, no solo los derechos de quienes participaron en el proceso sino la validez de este. En ese sentido, se podría afirmar como lo hace el actor, que el como el fallo en que se decretó la nulidad no señaló los efectos y la causa que dio origen a esta fue la violación de una prohibición y no una irregularidad en el trámite el mismo, regla que fijó la sentencia de unificación, el mismo debía rehacerse y, en consecuencia no se podía nombrar de la lista que se había elaborado para el nombramiento del rector. NULIDAD DE LA ELECCIÓN-Atribuible al electo, aspecto subjetivo/NULIDAD DE LA ELECCIÓN-Procede la designación de aquel que siga en el orden de precedencia Esta interpretación no la comparte el Ministerio Público, en tanto, de comprender la regla de la sentencia de unificación en el sentido que, en aquellos casos en donde la nulidad se

produzca por causas atribuibles al electo -aspecto subjetivotodo el trámite adelantado queda sin efectos, pese a que frente a este no se dé ningún cuestionamiento, se desconocería el principio de interpretación que favorece el efecto útil de las normas y procedimientos, así como los derechos a elegir de quienes participaron en el proceso como electores como el de ser elegido, de quienes se presentaron como candidatos, derecho constitucional que debe ser analizado y garantizado desde la perspectiva de unos y otros. En ese orden de ideas, el Ministerio Público considera que, en aquellos eventos en los cuales la nulidad del acto de designación se sucede como consecuencia de vicios existentes en el elegido y existe una lista de elegibles, como acontece en el caso de la referencia, los efectos de la decisión de nulidad no puede ser otro que la designación de aquel que siga en el orden de precedencia, en donde el nominador debe hacer la respectiva designación, sin necesidad de rehacer el trámite desde la convocatoria misma. INHABILIDAD-Derivada de un vicio en el designado/PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES-Regulación Constitucional/NULIDAD DE LA ELECCIÓNGenera vacancia absoluta Esta delegada considera, entonces, que la inhabilidad derivada de un vicio en el designado no tiene porqué afectar el procedimiento adelantado, el cual se debe presumir ajustado a la ley y, por lo tanto, el juez electoral está obligado a preservarlo, para garantizar el derecho a elegir y ser elegido de quienes participan en la elección, electores y candidatos, derecho fundamental como los principios constitucionales consagrados en

el artículo 209 constitucional. Bajo esta lógica, entiende el Ministerio Público que, si bien es cierto, la nulidad de la elección del rector o de cualquier otro funcionario, genera una vacancia absoluta, en tanto el cargo debe ser nuevamente provisto, de conformidad con las reglas que para el cargo se tengan previstas, cada caso debe ser analizado en su contexto, por cuanto si bien el parágrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004. INHABILIDAD-Creada por la Constitución y la Ley/INHABILIDAD-Significado según jurisprudencia de la Corte Constitucional Doctrinaria y jurisprudencialmente se considera como inhabilidad aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita a una persona ser elegida o designada en un cargo público. Este régimen de prohibiciones se ha establecido con el fin de garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma son una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función. INCOMPATIBILIDAD-Denominación La incompatibilidad desde la perspectiva gramatical es el “impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada, o para ejercer dos o más cargos a la vez”, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 2 La incompatibilidad se entiende como aquella prohibición establecida por la Constitución o la Ley, que tiene por finalidad evitar la acumulación de dignidades o cargos o el ejercicio de funciones que resultan contrarias con el ejercicio de la dignidad para la cual se fue elegido. A diferencia de las inhabilidades, que impiden que una persona pueda ser válidamente elegida, la incompatibilidad no constituye obstáculo para la validez de la elección, pues son posteriores a ésta y se configuran en ejercicio del cargo o función. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Para crear inhabilidades/AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Conforme a lo que se ha dejado descrito, se concluye que la prohibición establecida en el Código de Ética de la Universidad Popular del Cesar responde a de una inhabilidad, en tanto se trata de una prohibición conforme con la cual no se puede aspirar a ser designado rector de la universidad. Bajo ese entendido, se debe analizar si en marco de la autonomía que rige a las universidades, artículo 69 constitucional, estas pueden establecer un régimen de inhabilidades para designar el rector del ente universitario. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Facultades de las universidades La Constitución de 1991, consideró a las universidades como entes dotados de la autonomía de la que se hallan investidos estos entes, se materializa en la posibilidad de darse y modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas de manera independiente; crear, organizar y desarrollar programas académicos; definir y organizar labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; conferir los

títulos a sus egresados; seleccionar los profesores; admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes; y, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función institucional, artículo 29 de la Ley 30 de 1992. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Facultad de crear impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades según regulación legal AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Autorización de crear impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades no es omnímoda según el Consejo de Estado AUTONOMÍA UNIVERSITARIA-Estatuto Universitario puede válidamente señalar régimen de inhabilidades Así las cosas y considerando los antecedentes citados se concluye que bajo los precisos términos de la Ley y para los casos de los servidores que ella señala, dentro de ellos el rector, los estatutos de la universidad pueden válidamente consagrar un régimen de inhabilidades. Ahora bien, la pregunta que surge es si el Código de Ética y Buen Gobierno Reglamento adoptado por el Acuerdo 012 del 25 de septiembre de 2008, tiene o no la naturaleza que tiene el estatuto general de la universidad, norma en la que se faculta el establecimiento de las inhabilidades. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 3 En Estatuto General, se ha entendido como la norma jurídica más importante para los entes universitarios, en donde, entre otros, se deben fijar la misión y los principios de esta,

funciones, órganos de gobierno, competencias, el procedimiento para la elección de rector, entre otros aspectos vitales para la institución. ESTATUTO UNIVERSITARIO-Ninguna otra norma de la universidad tiene facultad de crear inhabilidades Si ello es así, considera el Ministerio Público que pese a la importancia que puede tener el Código de Ética y Buen Gobierno dentro de lo que se ha denominado la autorregulación ética y filosófica de las universidades, este no tiene el rango que tiene el estatuto general de la universidad para fijar inhabilidades. Y, por tanto, solo en dicha norma se pueden consagrar aquellas conductas o hechos que le impiden a una persona aspirar a ejercer el cargo de rector o miembro del Consejo Superior. En ese orden de ideas, debe aceptarse que, si bien las universidades en desarrollo de la autonomía universitaria tienen la facultad de establecer inhabilidades para el ejercicio del cargo de rector y del Consejo Superior, también lo es que esta competencia excepcional solo se puede desplegar en el llamado estatuto general de la universidad y no otras normas reglamentarias, en tanto dicho estatuto es lo que para los Estados la Constitución Política. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 4 Bogotá D.C., mayo 9 de 2018 Concepto N° 000027 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE NO.: 11001-03-28-000-2017-00036-00

ACTOR: ÁLVARO RAFAEL RICO RIVERA

DEMANDADO: ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA-RECTOR

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

ASUNTO: NULIDAD DEL ACUERDO N° 022 DEL 5 DE

SEPTIEMBRE DE 2017, POR MEDIO DEL CUAL SE

COMISIONÓ AL DOCENTE DE CARRERA SEÑOR

ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA, COMO RECTOR

EN PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

DEL CESAR, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 6 DE

JULIO DE 2019.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda El señor ÁLVARO RAFAEL RICO RIVERA, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó la nulidad del Acuerdo N° 022 de 5 de septiembre de 2017, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por medio del cual dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO: Comisionar al

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Página 5 docente de carrera Doctor ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA …, como Rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar para el período comprendido del 07 de septiembre de 2017 al 06 de julio de 2019”. 1.2. Hechos 1.2.1. El 9 de junio de 2015, después de la consulta entre los distintos estamentos de la Universidad Popular del Cesar, se acogió y publicó la lista de elegibles para el cargo de Rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2015-2019, con los siguientes candidatos:

CANDIDATOS NO PUNTOS PUNTOS PUNTOS TOTAL

TARJETÓN ESTAMENTOS ESTAMENTO ESTAMENTO PUNTOS ESTUDIANTILES EGRESADOS DOCENTES Carlos Emiliano Oñate 05 13 13 13 39

Gómez Enrique Alfonso Meza Daza 02 12 12 12 36 Cesar Orlando Torres Moreno 06 11 07 11 29 Feliz Miguel Movilla Contreras 04 09 09 10 28 Luis Alberto Caballero Freyte 09 10 07 09 26 1.2.2. Por Acuerdos 017 de 2 de julio de 2015 y 018 de 3 de julio de 2015, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó a CARLOS EMILIANO OÑATE como rector de ese ente educativo para el período 2015-2019. 1.2.3. En sentencia de 13 de octubre de 2016, dentro del expediente 11001032800020150001900, la Sección Quinta del Consejo de Estado, declaró la nulidad de los Acuerdos 017 de 2 de julio de 2015 y 018 del 3 de julio de 2015 por

medio de los cuales el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar declaró la elección de CARLOS EMILIANO OÑATE como rector de dicho ente autónomo. 1.2.4. Por Acuerdo 068 de 29 de noviembre de 2016, el Consejo Superior Universitario nuevamente designó como rector de la Universidad Popular del Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 6 Cesar a CARLOS EMILIANO OÑATE para el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 8 de diciembre de 2020. 1.2.5. El Consejo de Estado en sentencia del 3 de agosto de 2017, en el proceso No. 11001032800020170000300, declaró la nulidad del Acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016, por medio del cual se designó como rector de la Universidad Popular del Cesar CARLOS EMILIANO OÑATE para el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2016 y el 8 de diciembre de 2020. 1.2.6. Por Acuerdo 021 de 5 de septiembre de 2017, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, señaló que acataba la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la providencia de 3 de agosto de 2017. 1.2.7. En consecuencia, por Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, el Consejo Superior comisionó a ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA como rector en

propiedad para el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 al 6 de septiembre de 2019. 1.2.8. El Consejo Superior de la Universidad nombró al demandado de la lista de designables contenida en el Acuerdo 023 del 16 de junio de 2015 expedida por el Tribunal de Garantías Electorales para la escogencia del rector en propiedad para el período 2015-2019. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El demandante indicó como disposiciones quebrantadas los artículos 69 de la Constitución Política; parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004 “por medio del cual se reglamenta el proceso de designación rectoral y se dictan otras disposiciones”; 44 del Acuerdo 012 del 25 de septiembre de 2008, “por medio del cual se adopta el código de ética y buen gobierno y se crea el comité de ética de la Universidad Popular del Cesar”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 7 Para el demandante, el acto objeto de la pretensión de nulidad es anulable por cuanto el Consejo Superior de la Universidad lo escogió sin sujeción a las normas en las que ha debido fundarse, estatutos y código de ética de la Universidad, por cuanto: 1.3.1. La decisión de la Sección Quinta que declaró la nulidad de la elección del

rector OÑATE GÓMEZ generó una vacancia definitiva y, en este evento, de conformidad con las normas estatutarias, se imponía la realización de un nuevo procedimiento de elección. En consecuencia, una vez ejecutoriada la decisión, el Consejo Superior de la Universidad no podía hacer uso de la lista de designables por ser ello contrario a los estatutos, conforme al cual, el Consejo Superior Universitario debía nombrar en encargo por tres (3) meses y, en ese período, realizar la consulta con los diferentes estamentos universitarios. 1.3.2. En los términos del estatuto ético de la Universidad no puede ser inscrito como candidato ni elegido rector quien tenga demandada a la Universidad o sea demandado por esta y aspire a recibir una indemnización económica. El nombramiento de MEZA DAZA desconoció ese régimen ético de la Universidad por cuanto esta, en ejercicio del medio de control de repetición lo había demandado, proceso que cursa en la Sección Tercera y cuya ponencia está a cargo del doctor Jaime Orlando Santofimio GAmboa1. 1.4. Audiencia inicial El 23 de abril de 2018 se celebró la audiencia inicial, en la que se hizo el saneamiento y fijación del litigio, en los siguientes términos: “… se deberá establecer si con la expedición del acto demandado: 1) Se vulneró lo consagrado en los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo 038 de

2004. Para lo anterior deberá determinarse si como consecuencia de las sentencias del 13 de octubre de 2016 y del 3 de agosto de 2017 proferidas por la Sección Quinta

1 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Expediente 11001032600020160015000. Medio de control de repetición en

contra de los señores José Guillermo Botero, Jesús María Valencia Bustamante, Enrique Meza Daza, Leonor Castrillo Guerra, Raúl Enrique Maya Pabón, todos en calidad de ex rectores de distintos períodos de la Universidad popular del Cesar, para que se declare la responsabilidad patrimonial con ocasión de su conducta dolosa o gravemente culposa que dio lugar al reconocimiento indemnizatorio a favor del señor José Armel González Roa. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 de esta Corporación se generó una vacancia definitiva del cargo y por tanto se debía realizar un nuevo proceso eleccionario, o si por el contrario se debía realizar la designación de la lista de designables contenida en el Acuerdo 023 del 16 de junio de 2015 del Tribunal de Garantías Electorales, y 2) Se vulneró lo establecido en el artículo 44 del Acuerdo 012 de 2008 –Código de Ética-, toda vez que en contra del demandado obra un proceso de reparación directa en la Sección Tercera de esta Corporación. Para lo anterior deberá estudiarse si dicha prohibición constituye una inhabilidad o incompatibilidad y si se configuró al momento de la inscripción del demandado.”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde determinar si el Acuerdo 022 de 5 de septiembre de 2017, acto por

medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar comisionó a ENRIQUE ALFONSO MEZA DAZA, como rector de la Universidad Popular del Cesar, para el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2017 al 6 de julio de 2019, desconoció: i) los estatutos de la Universidad, que estipulan que, ante la vacancia absoluta del cargo de rector, la nulidad de la elección es una forma de esta, debe realizarse un nuevo proceso con los distintos estamentos de la universidad y, ii) si el Código de Ética de la Universidad puede establecer inhabilidades para desempeñar el cargo de rector. 2.2. Vacancia absoluta del cargo de rector de la Universidad por decisión del juez electoral: forma de suplirla El Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en su artículo 10, regula lo relacionado con la remoción del rector. En los parágrafos 1 y 2 del artículo establece la forma en que se debe proceder en dicho caso. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Página 9 Los parágrafos 1° y 2°, señalan que: Parágrafo 1°. - En caso de remoción por solicitud u orden de autoridad competente, el Consejo Superior Universitario se reunirá en forma extraordinaria para acatar la decisión. De no reunirse o no lograr el quórum necesario para la decisión de suspensión y la designación de Rector

encargado, corresponderá hacerlo al Presidente del Consejo Superior Universitario, mientras éste se reúne para los efectos previstos en el parágrafo siguiente. Parágrafo 2°. - En caso de vacancia temporal o definitiva en el cargo de Rector, el Consejo Superior Universitario designará un Rector encargado por un término no mayor a tres meses plazo dentro del cual el Consejo deberá designar en propiedad de acuerdo con lo establecido en este Acuerdo. El encargo podrá ser prorrogado por causa justificada hasta por una sola vez por el mismo término” (negrilla fuera de texto). En la fijación del litigio en el proceso de la referencia, se indicó que, para efectos de establecer la vulneración de estas disposiciones, se imponía determinar si como consecuencia de las sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado de 13 de octubre de 20162 y de 3 de agosto de 2017 respectivamente, en las que se declaró la nulidad de la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar se generaba un vacancia definitiva del cargo y, por lo tanto, se debía realizar un nuevo proceso eleccionario o, si por el contrario, se imponía efectuar la nominación recurriendo a la lista establecida en el Acuerdo 23 de 2015 por el Tribunal de Garantía Electorales. El primero de los fallos mencionados se profirió en virtud del ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el Acuerdo No. 017 del 2 de julio de 2015 por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar designó como rector de ese ente educativo a CARLOS EMILIANO OÑATE GÓMEZ y el

Acuerdo Nº 018 de 3 de julio de 2015 a través del cual se “aclaró y dio alcance” a dicha elección, respectivamente. En esta providencia se declaró la nulidad de los actos acusados y además, en la parte resolutiva se precisaron los efectos de esta, al señalar expresamente que 2 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 13 de octubre de 2016.

Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Radicación: 11001-03-28-000-2015-00019-00. Actor: William Yesid Lasso.

Demandado: Carlos Emiliano Oñate Gómez. Rector de la Universidad Popular del Cesar.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 el Consejo Superior Universitario debía proceder a “la realización de una nueva citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Superior Universitario habrá de elegir al Rector de la UPC, de la lista definitiva de candidatos admitidos”. (Negrillas fuera del texto) El Consejo Superior Universitario, en acatamiento de la decisión proferida por la Sección Quinta, procedió a efectuar la designación que le ordenó la sentencia y mediante Acuerdo 068 del 29 de noviembre de 2016 designó nuevamente a

CARLOS EMILIANO OÑATE GÓMEZ.

Este acto fue objeto de nuevas demandas ante el Consejo de Estado, por cuanto

se consideró que contrariaba la orden que impartió expresamente la Sección Quinta. En sentencia de 3 de agosto de 20173, nuevamente la Sección Quinta declaró la nulidad de la designación de CARLOS EMILIANO OÑATE GÓMEZ como rector de la Universidad Popular del Cesar. Las razones de la Sala para declarar la nulidad del acto de nombramiento, se pueden sintetizar así:  El rector designado se encontraba inhabilitado, por ello en el primer fallo se declaró la nulidad de su elección.  En consecuencia, si sobre aquel pesaba una prohibición para ser electo como rector para el período 2015-2019, este no podía ser nuevamente designado para tal cargo, pese que hubiese ocupado el primer lugar en la consulta que se hizo a los distintos estamentos del ente universitario.  La competencia del Consejo Superior Universitario, en los términos de la sentencia, estaba dada para realizar la sesión en la que elegiría al rector de la Universidad Popular del Cesar de la lista que para tal efecto conformó el Tribunal de Garantías Electorales, excluyendo al señor Oñate Gómez por 3 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta - Consejero ponente: Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio - 3 de agosto 2017 – Radicados:110010328000201700003-00-110010328000201600085-00 - Actores: Wilfrido Godoy Ramírez y Jaider Guerra Morales – Demandado: Carlos Emiliano Oñate Gómez Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 haberse declarado nula su elección, en la medida que no se trataba de un proceso electoral diferente al que se adelantó para el período 2015-2019.

Ahora bien, es importante señalar que, en este fallo, la Sección Quinta se limitó a declarar la nulidad del acto demandado pero no precisó los efectos de su decisión. Entonces, debe analizarse si el hecho de que en dicha providencia no se hubiesen precisado los efectos de la nulidad del acto, dada lugar, en aplicación del artículo 10, parágrafos 1 y 2 del Acuerdo 038 de 2004, ha entender que, en razón de la decisión de nulidad, era necesario rehacer el proceso de elección del rector y, por ende, concluir que el que se efectuó perdió vigencia, como se plantea en la demanda. De ser afirmativa la respuesta, la demanda de nulidad tendría su razón de ser, en tanto la lista que conformó el Tribunal de Garantías Electorales para designar rector para el período 2015-2019 carecía de fuerza vinculante. El Ministerio Público, en este punto, considera que para dar respuesta al problema jurídico que plantea la demanda no basta con remitirse a los paragráfos del artículo 10 del Acuerdo 038 de 2004, como lo hace el demandante, en tanto la Sección Quinta desde la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016 determinó los efectos de sus fallos, cuando en la providencia respectiva no se

establezcan expresamente. En los términos de dicha decisión, declarada la nulidad de un acto electoral o de designación por irregularidades en su trámite, se debe: i) Continuar el proceso que se adelantó, justo antes del acto que originó la irregularidad que dio lugar a la declaratoria de nulidad, y/o, ii) Adelantar una nueva convocatoria y permitir el libre acceso a la participación de la ciudadanía interesada, si el proceso estaba en la inscripción, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 12 es decir, cuando aún no se ha evaluado el cumplimiento de requisitos por parte de los participantes.

Las reglas que fijó esta sentencia de unificación solo proceden en aquellos eventos en los cuales no se precise los efectos del fallo en la respectiva decisión y la nulidad se genere como consecuencia de irregularidades en el trámite de la expedición del acto. Por el contrario, en las providencias en donde se precisen los efectos, estos se deben observar íntegramente, so pena de vaciar el contenido de la decisión y desconocer su obligatoriedad. No obstante, pareciera no existir claridad sobre los efectos de la decisión, cuando la declaración de nulidad sea producto de cuestiones subjetivas atribuibles al electo y en el fallo nada se advierta, en tanto este evento no puede ser catalogado como irregularidades en el procedimiento, para las cuales fueron fijadas las reglas de la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016. Aserto en el que se

concuerda con el demandante. En el caso de la referencia tenemos que la declaración de nulidad de la elección de quien fungía como rector de la Universidad Popular del Cesar se produjo como consecuencia de estar inhabilitado para ejercer el cargo. Inhabilidad que impedía su designación, hecho que llevó a la Sección Quinta a declarar en la providencia de octubre de 2016, que el nuevo rector debía ser electo de la lista que conformó el Tribunal de Garantías Electorales para designar rector para el período 2015-2019, en tanto, entiende el Ministerio Público, esta no estaba afectada de irregularidad alguna que impidera nombrar de ella al nuevo rector, garantizando así, no solo los derechos de quienes participaron en el proceso sino la validez de este. En ese sentido, se podría afirmar como lo hace el actor, que el como el fallo en que se decretó la nulidad no señaló los efectos y la causa que dio origen a esta fue la violación de una prohibición y no una irregularidad en el trámite el Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 13 mismo, regla que fijó la sentencia de unificación, el mismo debía rehacerse y, en consecuencia no se podía nombrar de la lista que se había elaborado para el nombramiento del rector.

Esta interpretación no la comparte el Ministerio Público, en tanto, de comprender

la regla de la sentencia de unificación en el sentido que, en aquellos casos en donde la nulidad se produzca por causas atribuibles a