PGN - NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL - No procede cuando la decisión es ponderada y emitida en

NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL-Fallar ultra y extra petita ARBITRAMENTO-Consagrado en la Constitución Política como mecanismo de solución de conflictos La Constitución Política consagra como mecanismo de solución de conflictos el arbitramento, a través del cual, las partes pueden en aquellos asuntos que son de naturaleza dispositiva acordar que particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia diriman sus controversias. PROCEDIMIENTO ARBITRAL-Denominación según regulación legal La conformación del Tribunal de Arbitramento, el funcionamiento del mismo y la forma en que se surten sus decisiones y los recursos que contra ellas proceden se encuentran regulados expresamente por normas legales, de allí que el fallo producto del procedimiento arbitral, denominado laudo arbitral, puede ser objeto de recurso de anulación, pero sólo por las causales taxativamente señaladas en el decreto 2279 de 1989 incorporadas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL-Naturaleza y características según jurisprudencia del Consejo de Estado RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL-Objeto verificar si el procedimiento incurre en errores procesales no sustanciales El objeto del recurso de anulación es verificar si el Tribunal de arbitramento incurrió durante el trámite o expedición de la decisión que termina el procedimiento arbitral en errores procesales y no en errores sustanciales, en la medida en que el recurso no es una segunda instancia que le permita a la Subsección entrar a sustituir lo decidido por el Tribunal, salvo las expresas facultades legales excepcionales que le permite complementar la decisión y, en consecuencia, esta Delegada emitirá su concepto

limitándolo al estudio de las causales esbozadas en el recurso. FALLO EN CONCIENCIA-Circunstancia que da lugar a la causal de nulidad según jurisprudencia del Consejo del Estado NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL-No procede cuando la decisión es ponderada y emitida en derecho Conforme a lo anterior, no puede afirmarse que el laudo fue carente de motivación, o que no fue basado en las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso, ya que, en primer término, estudió las documentales que daban cuenta de la ejecución del contrato, seguidamente estudio la manera en que las partes afrontaron sus

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 obligaciones contractuales, las normas civiles y comerciales que consagraban y amparaban la buena fe contractual y, finalmente, citó un pronunciamiento jurisprudencial del Consejo de Estado que sustentaba su posición. Así las cosas, puede considerarse que el laudo no fue emitido conforme a la íntima convicción de los árbitros, sino que corresponde a una decisión ponderada y emitida en derecho, y como quiera que no se han estructurado las condiciones para señalar que el fallo fue proferido en conciencia, ha de desecharse esta causal como fuente de la anulación que se depreca. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Regulación legal de la causal de ultra o extrapetita/PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Entre pretensiones y excepciones

con la sentencia/PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Entre la parte motiva y resolutiva de la providencia La causal contenida en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, desarrolla, de una parte, el principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, pues prevé los eventos de fallos o laudos ultra y extra petita, esto es, que deciden más allá o por fuera de la materia arbitral; y de otra parte, sanciona eventos en los cuales el tribunal de arbitramento obra sin competencia. Se ha dicho también que para determinar el cumplimiento del principio que consagra la congruencia de las providencias judiciales es menester realizar un proceso comparativo no solo de la relación jurídico procesal, definida por las pretensiones y las excepciones de las partes, con la sentencia o laudo arbitral, sino también entre la parte considerativa o motiva de la providencia y la parte resolutiva de la misma, dado que las providencias judiciales deben guardar armonía tanto interna como externa. NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL-Eventos en que no aplica En otras palabras, para que el laudo arbitral no sea susceptible de anulación por la causal en mención, debe: a) estar en estrecha identidad y resultar armónico con las pretensiones formuladas en la demanda, los hechos puestos en conocimiento por las partes en las oportunidades que el ordenamiento procesal contempla, y las excepciones que hubieren sido alegadas o resulten probadas; y b) dentro de los límites previstos en el pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso) celebrado por las partes, en la ley y en la Constitución Política, fuentes éstas que otorgan y enmarcan la

competencia de los árbitros. Así, el aparte correspondiente a la causal de anulación “por haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros”, se relaciona, entonces, con la extralimitación o exceso en la órbita de competencia que la Constitución y la Ley, el pacto o convención arbitral y la relación jurídico procesal que emana del propio conflicto particular que presentan las partes con la convocatoria del Tribunal, les otorga a aquéllos como materia de conocimiento y decisión. 2 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL-Eventos en que se configura según jurisprudencia del Consejo de Estado El Consejo de Estado en su jurisprudencia señala los siguientes eventos con los cuales se configura la causal de anulación contenida en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998: Cuando el Tribunal se pronuncie sobre aspectos que, según la Constitución y la ley, son ajenos a su conocimiento. i) Cuando las decisiones adoptadas en el laudo desborden la competencia delimitada por las partes, en el compromiso o cláusula arbitral. ii) Cuando la decisión arbitral no sea congruente con lo solicitado en la demanda o en la contestación, actuaciones que delimitan la relación jurídico-procesal, pues, de no ser así, el fallo sería extra o ultra petita. 3 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 Bogotá, 13 de marzo de 2013

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente. Sección Tercera – subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 13-31

Acción: Recurso de Anulación Radicado: 110010326000201200084 01 (45739)

Actor: Ecovías S.A.S y Concep S.A.S.

Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de DesarrolloFONADE Honorable Señora Consejera: El asunto de la referencia se encuentra en conocimiento del Consejo de Estado en virtud del recurso de anulación interpuesto en contra del Laudo Arbitral proferido el 26 de septiembre de 2012 por el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir la controversia surgida entre ECOVIAS S.A.S. y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., convocante, y Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, convocado, con ocasión del contrato de consultoría No. 2052012 de 2005. 4 110010326000201200084 01 (45739)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 En el anterior trámite esta agencia del Ministerio Público, en su calidad de sujeto procesal, interviene para emitir concepto durante el término de traslado especial.

I. ANTECEDENTES Entre ECOVÍAS, S.A.S. y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S. como integrantes del CONSORCIO

SANEAMIENTO BÁSICO R-2005 y el FONDO FINANCIERO DE

PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE se celebró el contrato de servicios de consultaría No. 2052012 del 18 de julio de 2005, cuyo objeto era la interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos que se ejecutaran en desarrollo de los convenios de apoyo financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y los municipios beneficiarios del Grupo R-Guaviare. En la cláusula 8.2. del citado acuerdo de voluntades, las partes acordaron un pacto arbitral en los siguientes términos: «Solución de controversias: Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este Contrato o en relación con el mismo, o con su incumplimiento, rescisión o invalidez, deberá solucionarse mediante arbitraje en derecho ante un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) árbitros que se escogerán así: el Contratante escogerá a uno (1), el Contratista escogerá a uno (1) y los dos árbitros escogerán de común acuerdo a uno (1). Este arbitraje se tramitará 5 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.»

1. Demanda Arbitral En virtud de la anterior disposición contractual, ECOVÍAS S.A.S. y CONCEP S.A.S., como integrantes del Consorcio Saneamiento Básico R2005, mediante apoderado judicial, solicitaron la convocatoria del tribunal de arbitraje pactado, a fin de que se profiriera laudo mediante

el cual se decidieran favorablemente una serie de declaraciones y condenas en los siguientes términos: “(…) 1.1. Que se declare en (sic) desarrollo del contrato de Consultaría No. 2052012 de Junio 18 de 2005, se produjo una situación de ruptura de la ecuación o equivalencia económica del contrato, por razones imputables íntegramente a la entidad pública contratante. 1.3. (sic) Que como consecuencia de dicho rompimiento, se condene al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE- , a pagar a las sociedades que integran el consorcio, las sumas que resulten probadas por concepto de daño emergente y lucro cesante, correspondiente a los costos en que éstas incurrieron durante el plazo del contrato y el mayor tiempo en el que permanecieron prestando los servicios a su cargo, sin recibir remuneración alguna. 1.4. Que se condene al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADEa pagar los intereses moratorias, la actualización de los dineros, los reajustes y demás conceptos tendientes a obtener la actualización de las sumas debidas, desde el momento en que debieron pagarse hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago, así como los gastos y costas del proceso y los honorarios de abogado". (…)” 6 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322

2. Contestación demanda arbitral El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se opuso a las pretensiones de la demanda, solicitó la práctica de pruebas y propuso

las excepciones de “caducidad”, “renuncia del derecho a reclamar”, “ausencia de valor probatorio de ciertos documentos allegados por la parte demandante”, “contrato no cumplido”, “falta de estructuración de la pretensión declarativa formulada por la parte demandante”, “compensación”, “desproporción de los perjuicios estimados en la demanda”, y “ausencia o inexistencia de intereses”.

3. Decisión Arbitral El Tribunal de Arbitramento profirió el respectivo Laudo, en cuya parte

resolutiva dispuso: “(…) Primero.- Declarar que, en desarrollo del Contrato de Consultaría No. 2052012 de 18 de junio de 2005, se produjo una ruptura de la equivalencia económica del contrato, por causas imputables al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo.- En consecuencia, condenar al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE a pagar a ECOVÍAS S.A.S. y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEP S.A.S., dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de doscientos catorce millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y cinco pesos ($ 214.257.535), monto que incluye la actualización y los intereses de mora de acuerdo con la liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia. Tercero.- Por las razones expuestas en las consideraciones de este laudo, desestimar por falta de fundamento todas las excepciones propuestas por el

7 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE.

Cuarto.- Abstenerse de condenar en costas, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Quinto.- Declarar causado el saldo final de los honorarios de los Árbitros y del Secretario. La Presidente del Tribunal efectuará los pagos correspondientes. Sexto.- Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes y copias simples para el Ministerio Público y el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Séptimo.- Disponer que, una vez esté en firme esta providencia; se protocolice el expediente en una de las notarías del Círculo de Bogotá. (…)”

4. Aclaración o corrección Dentro de la oportunidad procesal correspondiente el apoderado de la parte convocante solicitó la aclaración y corrección del laudo, señalando que como fecha para el reconocimiento del mayor permanencia en obra no debió tenerse en cuenta el de mes octubre de 2007, sino el de abril de 2008, ya que estaba demostrado que el contrato había terminado realmente en esta última fecha.

Del mismo modo, manifestó que los intereses de mora debieron reconocerse conforme a las tasa máxima lega permitida por la ley, ya que se trataba de una condena y no de un reconocimiento contractual. Frente a dicha solicitud, el Tribunal se pronunció mediante proveído del 10 de octubre de 2012 declarando su improcedencia, ya que lo

pretendido por la convocante no era la corrección de yerros de la 8 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 providencia, sino cambiar los parámetros interpretativos y obtener nuevas consideraciones jurídicas respecto de las decisiones adoptadas.

5. Recurso de Anulación En contra de la decisión arbitral el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo – FONADE interpuso el recurso extraordinario de anulación invocando las causales 6 y 8 del artículo 38 del decreto 2279 de 1989, las cuales, en virtud de la compilación normativa prevista en el decreto 1818 de 1998, quedaron consagradas en el artículo 163 del Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos, en los siguientes

términos: “(…)

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.

(…)”

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema jurídico ¿El Laudo proferido el 26 de septiembre de 2012 por el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir la 9 110010326000201200084 01 (45739)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 controversia surgida entre ECOVIAS S.A.S. y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., convocante, y el Fondo Financiero de Proyectos de

Desarrollo - FONADE, convocado, con ocasión del contrato de consultoría No. 2052012 de 2005, se encuentra inmerso en las causales de anulación contenidas en los numerales 6 y 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998?

2. Supuestos fácticos probados Se encuentra acreditado que entre ECOVÍAS S.A.S. y CONCEP S.A.S. como integrantes del CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO R-2005 y el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, se celebró el contrato de servicios de consultaría No. 2052012 del 18 de julio de 2005, cuyo objeto era la interventoría técnica, administrativa y financiera para los proyectos que se ejecutaran en desarrollo de los convenios de apoyo financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, FONADE y los municipios beneficiarios

del Grupo R-Guaviare. También que en la cláusula 8.2. del citado acuerdo de voluntades, las partes acordaron un pacto arbitral en los siguientes términos: «Solución de controversias: Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este Contrato o en relación con el mismo, o con su incumplimiento, rescisión o invalidez, deberá solucionarse mediante arbitraje en derecho ante un Tribunal de Arbitramento conformado por tres (3) árbitros que se escogerán así: el Contratante escogerá a uno (1), el Contratista escogerá a 10 110010326000201200084 01 (45739)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 uno (1) y los dos árbitros escogerán de común acuerdo a uno (1). Este arbitraje se tramitará ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.»

3. Análisis jurídico.

La Constitución Política consagra como mecanismo de solución de conflictos el arbitramento, a través del cual, las partes pueden en aquellos asuntos que son de naturaleza dispositiva acordar que particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia diriman sus controversias. La conformación del Tribunal de Arbitramento, el funcionamiento del mismo y la forma en que se surten sus decisiones y los recursos que contra ellas proceden se encuentran regulados expresamente por normas legales, de allí que el fallo producto del procedimiento arbitral, denominado laudo arbitral, puede ser objeto de recurso de anulación, pero sólo por las causales taxativamente señaladas en el decreto 2279 de 1989 incorporadas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. El Consejo de Estado – Sección Tercera-, en su jurisprudencia ha señalado la naturaleza y características del recurso de anulación, las cuales sintetizó en la sentencia de 17 de marzo de 2010, Radicación No. 11001032600020090004500 (36838) C.P. Myriam Guerrero de Escobar, así: 11 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter

excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso. ii) El recurso tiene como finalidad controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, pero a través de él, no puede pretenderse atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (violación de leyes sustantivas), es decir, para examinar si el Tribunal de Arbitramento obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o aplicación errónea), ni tampoco para revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no constituye superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo y de esta manera modificar las decisiones plasmadas en el laudo, por no compartir sus criterios y razonamientos. iii) Excepcionalmente, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo en aquellos eventos en que prospera la causal de incongruencia, por no haberse decidido la totalidad de los asuntos sometidos al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos que no estuvieron sujetos a la decisión de los mismos o por haberse

concedido más de lo pedido, de conformidad con las causales previstas en los numerales 4º y 5º, del artículo 72, de la Ley 80 de 1993. iv) Los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el denominado “principio dispositivo”, el cual le impone limitarse exclusivamente a lo solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra; v) El recurso de anulación procede contra laudos arbitrales debidamente ejecutoriados, como excepción al principio de intangibilidad de las sentencias en firme; vi) Teniendo en cuenta el carácter restrictivo que identifica el recurso de anulación, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran consagradas por la ley para ese efecto; por lo tanto, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley. 12 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 El objeto del recurso de anulación es verificar si el Tribunal de arbitramento incurrió durante el trámite o expedición de la decisión que termina el procedimiento arbitral en errores procesales y no en errores sustanciales, en la medida en que el recurso no es una segunda instancia que le permita a la Subsección entrar a sustituir lo decidido por el Tribunal, salvo las expresas facultades legales excepcionales que

le permite complementar la decisión y, en consecuencia, esta Delegada emitirá su concepto limitándolo al estudio de las causales esbozadas en el recurso.

4. Causales en que se sustentó el recurso de anulación Como se dijo en párrafos anteriores, el recurso de anulación se sustentó en las causales contempladas en los numerales 6 y 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 que compila el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989. 4.2. La causal 6ª del artículo 163 del decreto 1818 de 1998: “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.

En consideración del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE – el Tribunal acudió a criterios de justicia y equidad para fundamentar la condena en su contra, ya que ordenó el pago de actividades no previstas dentro del contrato en aplicación la teoría del 13 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 enriquecimiento sin causa, cuando debió atenerse a la ley aplicable al contrato 2052012, negar los prejuicios extracontractuales no comprendidas en las estipulaciones contractuales. Frente a esta causal el Consejo de Estado – Sección Tercera – en su jurisprudencia1 ha reiterado las circunstancias que dan lugar o no a definir determinado fallo proferido por un Tribunal de Arbitramento 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, Radicación No. 11001-03-26000-2008-00032-00(35288), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. “El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico, prescindiendo de las normas jurídicas y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y justa del litigio, luego de examinar los hechos, las pruebas y de valorar bajo su libre criterio y el sentido común las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la controversia. De conformidad con reiterada jurisprudencia, el fallo en conciencia se presenta cuando el juez toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propio fuero interno, según su leal saber y entender, basado exclusivamente en el principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada (“ex aequo et bono”). En cambio, en el fallo en derecho el juez debe apoyarse en el ordenamiento jurídico, esto es, en el conjunto de normas sustanciales y procesales, así como en los principios que lo integran, que constituyen el marco de referencia en el que se ha de encuadrar su decisión. La Sección también ha señalado que la decisión equivocada no se identifica con la decisión en conciencia, razón por la que la causal de anulación en comento no puede justificar -por parte del juez del recursola revisión de la argumentación jurídica elaborada por el Tribunal de Arbitramento. Además, la jurisprudencia ha puntualizado que para que se configure un fallo en conciencia, es necesario que dicha circunstancia sea evidente, ostensible y clara, por cuanto no resulta admisible que con esta causal se abra un debate propio

de la segunda instancia. Igualmente, la Sala ha sostenido que el fallo en conciencia no es sólo aquel que no se ha constituido sobre normas jurídicas, sino que puede presentarse cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. Con base en esta causal no será posible verificar el fondo del fallo, ni menos aún modificar el valor probatorio que el juzgador le otorgó a cada una de las pruebas, en atención a los límites que la ley ha fijado a este recurso. En efecto, recuérdese que al quebrantamiento de las normas de derecho sustancial puede llegarse por dos vías diferentes: la directa y la indirecta; la primera cuando con independencia de la prueba, el juzgador al dictar sentencia, infringe la norma por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea; al paso que en la segunda incurre en esa violación por errores en relación con las pruebas producidas en el proceso para acreditar las circunstancias fácticas relevantes del litigio, bien por error de hecho evidente o manifiesto o bien por error de derecho. En consecuencia, el fallo en conciencia cuando debió ser en derecho y que se censura por medio de esta causal corresponde a la falta de sustento en el derecho positivo por la omisión o ausencia de aplicación de las normas jurídicas y la carencia absoluta y ostensible de juicio jurídico valorativo de las pruebas que obran en el proceso para configurar los supuestos de hecho de las normas que en él se invoquen (desconocimiento total de la prueba), para trasladar dicho juicio a la conciencia o razón subjetiva de los

14 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 como un fallo de conciencia, entre ellas, las siguientes, las cuales deben manifestarse en forma evidente en el texto del laudo: Cuando el juez toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propio fuero interno, según su leal saber y entender, basado exclusivamente en el principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada. Cuando no se ha constituido sobre normas jurídicas. Cuando se falla sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso. De la lectura del laudos Arbitral que nos ocupa no se deduce ninguna de las características anteriores, ya que contiene una argumentación sustentada en normas jurídicas y en las pruebas aportadas, pedidas, decretadas y practicadas por las partes, no solo para estudiar las pretensiones, sino para despachar las excepciones propuestas por la convocada, lo cual desvirtúa la existencia de un fallo en conciencia y la ocurrencia de la causal alegada por los recurrentes. La decisión arbitral comenzó por mencionar el contenido del acta No. 1 de entrega y recibo final del contrato de interventoría obrante a folio 498 árbitros, siempre y cuando esta circunstancia aparezca de manifiesto en el laudo. Por el contrario, cuando el juez llega a la convicción con sustento en las normas jurídicas y en la valoración jurídica del acervo

probatorio ese fallo será en derecho, pese a que no señale el mérito que le otorga a determinado medio de convicción. Para la Sala las apreciaciones y conclusiones del laudo no son indicativas de un fallo en conciencia, sino de una decisión en derecho, producto de la interpretación y aplicación de la ley por parte del juez arbitral con el fin de resolver la controversia que le fue sometida a su resolución, sin que para que se predique tal connotación de la providencia necesariamente deba coincidir con las argumentaciones de las partes. 15 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 del cuaderno de pruebas No. 1, señalando que siendo suscrita por el supervisor del FONADE y el director de la interventoría del consorcio convocante, consignó que pese a que el plazo del contrato era de 12 meses contados desde la suscripción del acta de iniciación, había fenecido el 31 de diciembre de 2009. La decisión describió las prórrogas de las que fue objeto el contrato y la duración de cada una de ellas, pasando a indicar que pese a que el contrato de obra y el de interventoría transcurrieron de forma paralela, el primero terminó el 15 de mayo de 2008, mientras que el segundo lo hizo el 31 de diciembre de 2009. El laudo citó y analizó las diferentes comunicaciones que la firma interventora dirigió al FONADE para obtener el pago de la mayor permanencia en obra, al igual que de la pasividad de la entidad contratante en atenderlas, conforme a las siguientes consideraciones:

“(…) De las piezas probatorias que han sido estudiadas, puede observarse claramente que el contratista interventor, desplegó una intensa actividad encaminada no solamente a cumplir su objetivo de supervisión frente al contrato de obra, sino a acompañar su desarrollo, estando presente de manera bien importante incluso después de la finalización del Contrato de Obra a supervisar, hasta el día 31 de diciembre de 2009, según da cuenta el Acta N° 1 de terminación tantas veces citada. De las comunicaciones que se han referenciado es palpable, sin mayor dificultad, que con posterioridad al mes de abril de 2008, fecha de terminación del contrato de obra 209/05, existen innumerables y reiteradas comunicaciones dirigidas por el Consorcio a FONADE e incluso a la Alcaldía de San José del Guaviare y a otras Autoridades, solicitando la adición y legalización de su contrato, así como la liquidación, tanto del contrato de obra como del propio. 16 110010326000201200084 01 (45739) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2013-79322 (…) Aunque en el caso sub examine se evidencian, a todo lo largo y ancho del desarrollo de la obra, serias faltas en la planeación del negocio por desarrollarse y especialmente en su ejecución, así como una descoordinación entre los diferentes agentes públicos involucrados, también queda claro que el Contrato de Obra finalmente se cumplió, entregó y canceló, mediante acta de entrega y recibo final, suscrita el 15 de mayo de 2008, y que el de Interventoría le sobrevivió po