PGN - NULIDAD DEL ACTO - No se configuró

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-De un fallo disciplinario en el que se suspende del cargo a un funcionario NULIDAD DEL ACTO-Que ejecuta la sanción disciplinaria/COMPUTO DE TÉRMINOS-Se debe contabilizar desde la ejecutoria del acto que hace efectiva la sanción En este caso, el accionante demandó no solo los fallos sancionatorios que profirió la Policía Nacional (fallo del 2 de abril de 2013 y la sentencia del 12 de septiembre de 2013), sino también el que expidió el Ministerio de Defensa (Decreto 2825 del 5 de diciembre de 2013), a través del cual ejecutó la sanción, por lo tanto, es necesario tener en cuenta que según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, este acto puede ser accionado, porque incluso para efectos de contabilizar el término de caducidad de los 4 meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe contabilizar desde la ejecutoria del acto que hace efectiva la sanción, es decir, desde que la materializa. Efectivamente, la alta corporación, si bien, considera que no se configura el llamado acto complejo, sí puede ser demandado junto con los fallos sancionatorios, para efectos del cómputo de caducidad, y señala que este acto se considera de ejecución porque es el que finalmente retira del servicio al empleado público. Por consiguiente, el interesado puede optar por incluirlo en la demanda para efectos de contabilizar el término de los 4 meses, teniendo en cuenta que guarda relación con los fallos sancionatorios, y según su criterio, es una forma de garantizar el derecho acceder a la

justicia, pues no es lo mismo iniciar el plazo desde la ejecutoria de los fallos sancionatorios a computar el término a parir de la notificación del acto que hace efectiva la decisión. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Caduca al cabo de cuatro meses contados a partir de la ejecución de la sanción y no de la notificación/CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-No se configuró La impugnación contra el fallo, en cuanto le acusa de violar el artículo 136 del C.C.A., carece de vocación de éxito, pues según las voces del citado artículo, la acción de restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses contados a partir de la ejecución de la sanción, y no de la notificación de la providencia sancionatoria, ni de la resolución del recurso de reposición interpuesto contra ella. En el caso concreto la sanción se ejecutó el 28 de septiembre de 2004, fecha de expedición de la Resolución No. 1759, de la Presidencia de las Cámara de Representantes y la demanda que abrió el proceso contencioso administrativo se presentó el 16 de julio de 2004, de lo cual se sigue que no operó el fenómeno de caducidad de la acción. NULIDAD DEL ACTO-No se configuró Los actos acusados no están incursos en una causal de nulidad, pues no es cierto que la Policía Nacional no tuviera la facultad para tomar las decisiones una vez se venció el término de los 6 meses y 20 días respectivamente, porque de admitirse este planteamiento se estaría cambiando el término de prescripción, pues ya no sería en este caso, de cinco años al tenor de lo dispuesto por el artículo 30 del Código Disciplinario Único, pues en este

evento específico, sí es cierto que el investigador pierde la competencia para iniciar o continuar con la investigación. 2 El hecho de que se profiera el auto de apertura de investigación o el fallo con posterioridad al vencimiento del término, esto es, transcurridos los 6 meses o se profiera el fallo con posterioridad a los 20 días, no significa que se esté desconociendo el principio del debido proceso o el derecho de defensa del investigado, pues la interpretación que se le debe dar a la disposición no es literal, sino adecuada a las circunstancias mismas del proceso y a la carga laboral de la oficina encargada de la investigación. DECISIONES DISCIPLINARIAS-La sanción está ajustada a derecho Con la prueba testimonial y documental se establece que el demandante no se ciñó al procedimiento ordenado para garantizar la cadena de custodia, esto es, dejar los elementos a disposición de la autoridad respectiva cumpliendo con el protocolo ordenado para tal fin y rendir los informes correspondientes. De suerte que los actos administrativos se sustentaron en el acervo probatorio allegado al proceso, se hizo la valoración correspondiente y se impuso la sanción en atención a estos presupuestos jurídicos. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN-Jurisprudencias del Consejo de Estado PROCESO DISCIPLINARIO-Jurisprudencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 3

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 323-2015

28-09-2016 IUS 2016-351351

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

E. S. D.

REFERENCIA EXPEDIENTE No. 81001233300020140007801

No. INTERNO 3966-2015

DEMANDANTE: CARLOS NARCISO MOSQUERA GARZÓN DEMANDADO NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONALACCIÓN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO ANTECEDENTES El servidor demanda la nulidad de los siguientes actos administrativos: El fallo del 2 de abril de 2013 a través del cual la Inspección General de la Policía Nacional lo sancionó con la suspensión del cargo. La sentencia del 12 de septiembre de 2013, proferida por el Director General de la Policía Nacional mediante la cual le impuso el correctivo disciplinario de 6 meses. 4 El Decreto 2825 del 5 de diciembre de 2013, por medio del cual el Ministerio de Defensa ejecutó la sanción disciplinaria, consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo y funciones por el término de 6 meses como tiempo de servicio legalmente laborado. Solicitó que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad accionada reconozca el tiempo de servicio que debió laborar en la institución y a pagar todos los sueldos y prestaciones sociales que dejó de percibir (prima de mitad de año, prima vacacional y prima de navidad), desde la fecha en que inició la suspensión hasta la fecha del reintegro. Intereses moratorios y la indexación. De igual modo, ordenar se cumpla con el curso de ascenso que

hayan cumplido sus compañeros para el grado inmediatamente superior. HECHOS La parte demandante señaló como supuestos fácticos los siguientes: El 23 de febrero de 2010 intervino como mayor de la Policía en el atentado que se presentó contra una ciudadana en la ciudad de Villavicencio y por tales hechos le iniciaron indagación preliminar el 3 de agosto de 2010, decisión que le fue notificada el 4 de noviembre de 2010 en la ciudad de Montería. 5 El 1º de febrero de 2011 se ordenó la apertura de investigación en su contra, decisión que no le fue notificada y el 3 de octubre se cerró la etapa por fuera del término establecido por el artículo 156 de la Ley 734 de 2002. El 1º de noviembre de 2011 le formularon el pliego de cargos por haber incumplido con el protocolo para garantizar la cadena de custodia por los hechos ocurridos el 17 de febrero de 2010 en la ciudad de Villavicencio y el 29 de noviembre de 2011 contestó los descargos y solicitó la práctica de pruebas. El Inspector General de la Policía mediante auto del 2 de diciembre de 2011 decretó la práctica de pruebas sin ordenar ninguna de oficio y posteriormente, a través de providencia del 20 de enero de 2012 decreta pruebas de oficio que fueron practicadas el 15 de febrero las ordenó, es decir, por fuera del término establecido por el artículo 168 de la Ley 734 de 2002. CONCEPTO DE VIOLACIÓN El demandante citó como normas infringidas los artículos 1º, 2º, 4º,

5º, 6º, 13, 21, 25, 29, 53, 83, 121, 122, 123, 124, 125, 209, 211, 218, 222 y 278 numeral 1º de la Constitución Política; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 34, 103, 104, 137, 138 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la Ley 734 de 2002, Ley 1015 de 2006, Ley 906 de 2004; Ley 180 de 1995; Ley 1395 de 2010; 12 de la Ley 153 de 1887. 6 La parte actora argumentó hizo consistir el concepto de violación en lo siguiente: La entidad accionada al adelantar la investigación disciplinaria desconoció los principios al debido proceso y el derecho de defensa del demandante contemplados en el artículo 29 constitucional, porque no le permitió ejercer esta garantía, pues después de notificarle el auto de indagación preliminar al día siguiente decidió practicar las pruebas en un sitio diferente a la ciudad donde estaba laborando, por lo que no pudo intervenir en las diligencias de los testimonios que le recibieron a los señores Cesar Augusto Quiroga y Ferney Pasos Hernández. La Inspección de la Policía Nacional desconoció los artículos 100 y 101 de la Ley 734 de 2002, porque no le notificó personalmente el auto de apertura de investigación disciplinaria, omisión que vicia de nulidad la actuación de manera insubsanable. Si bien, el artículo 168 de la Ley 734 de 2002 autoriza al ente

investigador para decretar pruebas de oficio, lo debe hacer dentro del término establecido en el artículo 168 de la Ley 734 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 54 de la Ley 1474 de 2011, y no concluida esta etapa y antes de proferir el auto que ordena correr traslado a las partes para alegar de conclusión, y, adicionalmente, no se cumplió con los 15 días que señaló para su práctica, no obstante, y a pesar de todas las irregularidades tuvo en cuenta dos pruebas como sustentó del fallo sancionatorio, a pesar de que se practicaron con posterioridad al 30 de diciembre de 2011. 7 La entidad desconoció el artículo 169 de la Ley 734 de 2002, reformado por el artículo 55 de la Ley 1437 de 2011, pues no profirió el auto que ordena correr traslado a las partes por el término de 10 días para alegar de conclusión. No se cumplió con el término de los 20 días que consagra el artículo 55 de la Ley 1474 de 2011 que reformó el artículo 169 de la Ley 734 de 2002, para proferir el fallo de primera instancia, lo que viola el debido proceso. La entidad impuso una sanción con fundamento en la supuesta comisión de otro delito y teniendo en cuenta una prueba ilícita que deriva de los testimonios que recibido a los señores Ferney Pasos Hernández, José David Ochoa Lacuara y César Augusto Quiroga Palacios, declaración que respecto del último no fue decretada en el auto que las ordenó de oficio. La sanción disciplinaria se profirió con falsa motivación, pues no se

probó con el suficiente material probatorio allegado en debida forma que incumplió con el deber funcional al supuestamente estaba obligado. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando: 8 Respecto del Decreto 2825 del 5 de diciembre de 2013 se debe declarar inhibido de conocer la legalidad, porque a través de este se ejecutó la sanción de suspensión del cargo que la entidad le impuso al demandante, es decir, que no crea, modifica ni extingue su situación jurídica, ya que solo cumple la decisión que ordena sancionarlo con la suspensión del cargo. La sanción disciplinaria es la consecuencia jurídica que deriva por incumplimiento del deber funcional, que se impone después de haber surtido los presupuestos legales establecidas para adelantar la actuación disciplinaria, ya que en que en caso, en el proceso se surtieron las etapas (investigación y juzgamiento) cumpliendo con los términos legales y la sanción disciplinaria se sustentó en las pruebas que legalmente se allegaron y que demuestran la responsabilidad del demandante. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Para esta agencia del Ministerio Público, el problema jurídico se circunscribe a determinar si los actos demandados se expidieron en forma ilegal, teniendo en cuenta que según el demandante se le sancionó desconociendo el debido proceso y el ejercicio de su derecho a la defensa. Antes de resolver el problema jurídico planteada esta Delegada revisara la excepción que propone la entidad accionada, referida a la

solicitud de inhibición que plantea la entidad respecto del Decreto 2825 del 5 de diciembre de 2013 y a través del cual el Ministerio de 9 Defensa ejecutó la sanción de suspensión que la Policía Nacional le impuso al demandante. Acto que ejecuta la sanción disciplinaria En este caso, el accionante demandó no solo los fallos sancionatorios que profirió la Policía Nacional (fallo del 2 de abril de 2013 y la sentencia del 12 de septiembre de 2013), sino también el que expidió el Ministerio de Defensa (Decreto 2825 del 5 de diciembre de 2013), a través del cual ejecutó la sanción, por lo tanto, es necesario tener en cuenta que según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, este acto puede ser accionado, porque incluso para efectos de contabilizar el término de caducidad de los 4 meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe contabilizar desde la ejecutoria del acto que hace efectiva la sanción, es decir, desde que la materializa. Efectivamente, la alta corporación, si bien, considera que no se configura el llamado acto complejo, sí puede ser demandado junto con los fallos sancionatorios, para efectos del cómputo de caducidad, y señala que este acto se considera de ejecución porque es el que finalmente retira del servicio al empleado público. Por consiguiente, el interesado puede optar por incluirlo en la demanda para efectos de contabilizar el término de los 4 meses, teniendo en cuenta que guarda relación con los fallos sancionatorios, y según su

criterio, es una forma de garantizar el derecho acceder a la justicia, pues no es lo mismo iniciar el plazo desde la ejecutoria de los fallos 10 sancionatorios a computar el término a parir de la notificación del acto que hace efectiva la decisión. Así la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el tema expresó lo siguiente:1 “Recuérdese ahora que el Tribunal juzgó que la ejecución de la sanción disciplinaria es el límite máximo, en razón de su conexidad con los demás actos del proceso disciplinario, de manera que si para efectos de adecuar la proposición jurídica se requiere demandar todos y cada uno de los actos emitidos relacionados con el asunto, no es menos cierto, que para efectos de caducidad el término no puede fraccionarse respecto de unos y otro. Sin embargo, a elección de actor, podrá hacer uso de la acción de acuerdo a su interés, entendiéndose como último plazo aquel que se inicia con la consumación de la sanción disciplinaria. Así, al haber sido interpuesta la demanda el 16 de julio de 2004, adicionada el 18 de octubre de 2005, se encontraba el demandante dentro del término para demandar los actos, tanto de ejecución, como los proferidos por la Procuraduría General de la Nación, que dispusieron la sanción disciplinaria. Así, plantea la parte demandada como soporte del recurso, que los términos de caducidad no deben contarse a partir de la ejecución del acto y que por lo mismo la acción ha caducado, planteamiento que pasa a examinarse enseguida. A juicio del Consejo de Estado, el criterio esgrimido por el

Tribunal en la decisión impugnada atiende en debida forma la jurisprudencia constante de esta Corporación, que a pesar de haber negado el carácter de acto complejo para las sanciones disciplinarias y los actos por los cuales estas se ejecutan, ha reconocido que la caducidad opera de modo diverso a como plantea el impugnante. Así, en la sentencia de 15 de febrero de 2007, con ponencia de la Dra. Ana Margarita Olaya Forero, se reiteró claramente2 el criterio de que la notificación del acto de ejecución es el hito inicial para contar el término de caducidad a que alude el artículo 136 del C.C.A. Se dijo entonces: “El acto de ejecución si bien es conexo al acto sancionatorio no forma parte del mismo, ya que, se repite, es un mero acto que ejecuta la medida y ni crea ni modifica ni extingue situación jurídica alguna del disciplinado. Tal situación queda definida en casos como el que ocupa la Sala con la decisión de la 1 Consejo de Estado, sentencia del 7 de octubre de 2010. MP. Víctor Hernando Alvarado. 2 Ya se había hecho en otras ocasiones, entre otros precedentes pueden verse las sentencias de septiembre 22 de mil novecientos 1992, radicación número 4193, actor Juan Guillermo Tovar Angulo, Consejera Ponente Dra. Clara Forero de Castro, 26 de marzo de 1999, radicación 3042, actor Jorge Recalde Moran, Sentencia de marzo 7 de 1988. Actor: Luís Bernardo Uribe, expediente R - 108 (201), copiada en el tomo 1a de

reconstrucciones de la Secretaría General, página 274. 11 Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la única connotación que la jurisprudencia le ha dado al denominado acto de ejecución tiene que ver para el cómputo del término de caducidad, pues éste se cuenta a partir de su ejecución, en aras de propiciar una efectiva protección al disciplinado, aclarando sí, que la eventual nulidad de las resoluciones sancionatorias implicaría, necesariamente, la pérdida de fuerza ejecutoria del Decreto de ejecución expedido por el Presidente de la República al desaparecer sus fundamentos de hecho y de derecho. Así se expresó la Sala en sentencia fechada el 14 de noviembre de 1995, Expediente No. 7200, Actor: RAÚL GARCIA URREA, Consejero Ponente: Dra. CLARA FORERO DE CASTRO, cuando dijo “... sobre el particular se observa que ciertamente las argumentaciones del a quo reflejan el criterio de la Sala, en el sentido de que los actos mediante los cuales el órgano que en ejercicio del poder disciplinario atribuido por la constitución o las leyes, impone a los funcionarios públicos la sanción de destitución, no conforma con el respectivo acto de ejecución proferido por la autoridad nominadora, un acto complejo. Sin embargo la Sala, rectificando alguna providencia anterior ha dicho también que aunque son actos independientes, es incuestionable la conexidad existente entre ellos, lo que implica que, para garantizar una efectiva protección del derecho de defensa, el término de caducidad deba ser uno sólo para impugnar tanto el acto de ejecución como aquellos que imponen

al funcionario la respectiva penalización por faltas disciplinarias, término que comienza a contarse a partir de la notificación o comunicación del acto de ejecución. Así como el conocimiento de los actos proferidos, cuando se acusan en su totalidad, no se fracciona, tampoco debe fraccionarse o contarse separadamente el término de caducidad de la acción procedente contra ellos, que en este caso tiene como juez el Tribunal”. Así las cosas, como se tiene que la fecha en que se ejecutaron los actos administrativos sancionatorios es la del 29 de mayo de 1996 y la demanda fue presentada el 27 de septiembre del mismo año se deduce que se hizo dentro del término previsto en el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. y por ende, no opero el fenómeno de la caducidad de la acción.” En estas condiciones, la impugnación contra el fallo, en cuanto le acusa de violar el artículo 136 del C.C.A., carece de vocación de éxito, pues según las voces del citado artículo, la acción de restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro meses contados a partir de la ejecución de la sanción, y no de la notificación de la providencia sancionatoria, ni de la resolución del recurso de reposición interpuesto contra ella. En el caso concreto la sanción se ejecutó el 28 de septiembre de 2004, fecha de expedición de la Resolución No. 1759, de la Presidencia de las Cámara de Representantes (Fl. 410 a 413) y la demanda que abrió el proceso contencioso administrativo se presentó el 16 12 de julio de 2004, de lo cual se sigue que no operó el fenómeno de

caducidad de la acción. A juicio del Consejo de Estado, el criterio esgrimido por el Tribunal en la decisión impugnada atiende en debida forma la jurisprudencia constante de esta Corporación, que a pesar de haber negado el carácter de acto complejo para las sanciones disciplinarias y los actos por los cuales estas se ejecutan, ha reconocido que la caducidad opera de modo diverso a como plantea el impugnante. “ En este orden, como el Decreto 2825 del 5 de diciembre de 2013 retiró del servicio al demandante es susceptible de ser demandado, de suerte que la excepción propuesta no tiene vocación de prosperar. El demandante aduce que la entidad accionada al tramitar la actuación disciplinaria desconoció el debido proceso y su derecho de defensa por las siguientes razones: Vencimiento de términos EL demandante afirma que la entidad accionada no cumplió con los términos establecidos por la Ley 734 de 2002 para adelantar la investigación y practicar las pruebas y una vez vencido continuó con su trámite. El artículo 156 de la Ley 734 de 2002 consagra 6 meses como término para adelantar la investigación, así: “Artículo 156. Término de la investigación disciplinaria. Modificado por el art. 52, Ley 1474 de 2011. El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de apertura. Modificado por el art. 52, Ley 1474 de 2011. En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, numerales

13 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados. Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación.” Por otra parte, el artículo 55 de la Ley 1474 de 2011 que reformó el artículo 169 de la Ley 734 de 2002, consagra 20 días como término para proferir el fallo de primera instancia, contado a partir del vencimiento del traslado para alegar de conclusión: “ARTÍCULO 169-A. TÉRMINO PARA FALLAR. <Artículo adicionado por el artículo 56 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión. No se puede desconocer que el ente de control profirió los actos sancionatorios con posterioridad a los términos que establece la disposición trascrita, esto es, transcurridos los 6 meses y 20 días; sin

embargo, es necesario tener en cuenta, que el primero puede ser prorrogado por el mismo lapso de tiempo; y además, se infiere que el término se señala únicamente para efectos de la práctica de pruebas, antes de la formulación de los cargos, es decir, que una vez vencido no se pueden practicar más, pues sólo procede evaluar la actuación para decidir si se formulan cargos o archiva la investigación. 14 Efectivamente, el vencimiento del término de los 6 meses no significa que no se pueda continuar con el desarrollo del proceso disciplinario, pues la Ley 734 de 2002 consagra otros términos para la presentación de los descargos, la práctica de las pruebas de descargos, o las que de oficio se decreten y presenten los alegatos de conclusión antes de proferir el fallo sancionatorio. Interpretación que se confirma de la lectura del artículo 161 ibídem, pues establece, que una vez, se venza el término de la investigación dentro de los 15 días siguientes, el operador jurídico deberá evaluar las diligencias, con el fin de formular los cargos o disponer el archivo respectivo, así consagra lo siguiente: “Artículo 161. Decisión de evaluación. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación, según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 156.

En este orden de ideas, los actos acusados no están incursos en una causal de nulidad, pues no es cierto que la Policía Nacional no tuviera la facultad para tomar las decisiones una vez se venció el término de los 6 meses y 20 días respectivamente, porque de admitirse este planteamiento se estaría cambiando el término de prescripción, pues ya no sería en este caso, de cinco años al tenor de lo dispuesto por el artículo 30 del Código Disciplinario Único, pues en este evento específico, sí es cierto que el investigador pierde la competencia para iniciar o continuar con la investigación. 15 Sobre este punto de los términos en el proceso disciplinario la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de marzo de 1991 expresó lo siguiente: “Y alega que “todo proceso disciplinario de primera instancia debe evacuarse en un término máximo de 88 días, a partir de la apertura de la investigación…y 98 días, cuando se ordene investigación preliminar” y que, “como se pretermitieron, en exceso, dichos términos perentorios, resultó violado el debido proceso consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional” (…) “1. No es argumento válido contra la regularidad del proceso disciplinario el que no se hubiera adelantado con sujeción estricta a los términos, cuando, por otra parte, se hayan surtido los trámites legales a efectos de comprobar las faltas permitiendo al incriminado conocer los cargos, formular descargos y pedir pruebas a su favor y, en suma, garantizando el derecho de defensa.

2. La invocación del principio de favorabilidad con fundamento en la Constitución y en los Códigos penal y de Procedimiento Penal no es atendible si lo que se busca es soslayar los efectos de la ley, como ocurre en el sublite con la pretensión de lograr declaración de prescripción de la acción. Por lo demás, no se da argumento alguno a favor de la alegada analogía entre infracciones penales y faltas disciplinarias.

3. Fueron debidamente investigados y comprobados algunos de los hechos irregulares que se imputaron al actor y que la procuraduría consideró de especial gravedad en las circunstancias en que se cometieron, según puede verse en las Resoluciones enjuiciadas.

(…)

5. Visto el acervo probatorio, es perfectamente válida la conclusión que se lee en la Resolución número 601 de la Procuraduría: Queda entonces claro cómo la prohibición de negociar con los reclusos sí fue violada por el señor Director de la Cárcel de

Chaparral, Mario León Mejía Calle. Se tiene entonces que ha prosperado el cargo de haber el inculpado entrado en negociaciones con el detenido Berján Rodríguez, logrando adquirir del citado detenido su finca. Así mismo ha prosperado el cargo que hace relación con haber increpado acerbamente a varios de los detenidos. 16 Todas estas circunstancias permiten a la Sala concluir que la sanción impuesta al actor se ajusta a derecho, por lo que el fallo consultado deberá revocarse, para negar las súplicas de la demanda. “ La Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el tema de los

términos en el proceso disciplinario en la sentencia del 4 de marzo de 1991 expresó lo siguiente: “Y alega que “todo proceso disciplinario de primera instancia debe evacuarse en un término máximo de 88 días, a partir de la apertura de la investigación…y 98 días, cuando se ordene investigación preliminar” y que, “como se pretermitieron, en exceso, dichos términos perentorios, resultó violado el debido proceso consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional” (…) “1. No es argumento válido contra la regularidad del proceso disciplinario el que no se hubiera adelantado con sujeción estricta a los términos, cuando, por otra parte, se hayan surtido los trámites legales a efectos de comprobar las faltas permitiendo al incriminado conocer los cargos, formular descargos y pedir pruebas a su favor y, en suma, garantizando el derecho de defensa.

2. La invocación del principio de favorabilidad con fundamento en la Constitución y en los Códigos penal y de Procedimiento Penal no es atendible si lo que se busca es soslayar los efectos de la ley, como ocurre en el sublite con la pretensión de lograr declaración de prescripción de la acción. Por lo demás, no se da argumento alguno a favor de la alegada analogía entre infracciones penales y faltas disciplinarias.

3. Fueron debidamente investigados y comprobados algunos de los hechos irregulares que se imputaron al actor y que la procuraduría consideró de especial gravedad en las circunstancias en que se cometieron, según puede verse en las Resoluciones enjuiciadas.

(…)

5. Visto el acervo probatorio, es perfectamente válida la conclusión

que se lee en la Resolución número 601 de la Procuraduría: Queda entonces claro cómo la prohibición de negociar con los reclusos sí fue violada por el señor Director de la Cárcel de Chaparral, Mario León Mejía Calle. 17 Se tiene entonces que ha prosperado el cargo de haber el inculpado entrado en negociaciones con el detenido Berján Rodríguez, logrando adquirir del citado detenido su finca. Así mismo ha prosperado el cargo que hace relación con haber increpado acerbamente a varios de los detenidos. Todas estas circunstancias permiten a la Sala concluir que la sanción impuesta al actor se ajusta a derecho, por lo que el fallo consultado deberá revocarse, para negar las súplicas de la demanda. “ Por consiguiente, el hecho de que se profiera el auto de apertura de investigación o el fallo con posterioridad al vencimiento del término, esto es, transcurridos los 6 meses o se profiera el fallo con posterioridad a los 20 días, no significa que se esté desconociendo el principio del debido proceso o el derecho de defensa del investigado, pues la interpretación que se le debe dar a la disposición no es literal, sino adecuada a las circunstancias mismas del proceso y a la carga laboral de la oficina encargada de la investigación. Práctica de pruebas en lugar diferente a la sede del investigado El artícu