PGN - NULIDAD - Diferir la respuesta al fallo de primera instancia no afecta la estructura

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., mayo ocho (8) de dos mil ocho (2008). Aprobado en Acta de Sala No.17.

Radicación No.: 161-3858 (165-110073/04).

Disciplinado: Luís Alfredo Jiménez Espitia y Jorge

Perneth Giraldo. Cargo y Alcalde de Montería y Secretario Entidad: General e interventor del contrato 022002, respectivamente.

Origen: Informe oficial.

Fecha Hechos: Del 9 de enero al 19 de junio de 2003.

Asunto: Apelación de fallo.

P.D. Ponente: Dr. SILVANO GÓMEZ STRAUCH.

La Sala Disciplinaria en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 1º del artículo 22 del Decreto 262 del 2000, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los disciplinados Luís Alfredo Jiménez Espitia y Jorge Perneth Giraldo, revisa la decisión adoptada mediante providencia del 25 de enero de 2008 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante la cual sancionó a los implicados con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años. ANTECEDENTES PROCESALES El presente proceso disciplinario se originó con fundamento en el hallazgo disciplinario remitido por la Contraloría General de la República a la Procuraduría Regional de Córdoba (fls. 2 a 7), dependencia que por auto del 1º de julio de 2004 ordenó indagación preliminar contra Luís Alfredo Jiménez Espitia y Jorge Perneth Giraldo, en sus condiciones de Alcalde y Secretario General (interventor) del

municipio de Montería (fls. 8 a 10); por auto del 6 de agosto de 2004 remitió las diligencias por competencia a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública (fls. 47 y 48), pero fueron recibidas por la Segunda Delegada para la Contratación, dependencia que por auto del 20 de abril de 2005 las remitió a su homóloga de Economía y Hacienda Pública (fls. 50 y 51), la cual a su vez por auto del 10 de noviembre de 2005 las devolvió por competencia a la Segunda de Contratación (fls. 79 a 83). La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por auto del 17 de enero de 2006 dispuso apertura de investigación disciplinaria contra Luís Alfredo Jiménez Espitia y Jorge Perneth Giraldo, en sus condiciones de Alcalde y Secretario General de la Alcaldía de Montería (fls. 84 a 88), y por auto del 10 de julio de 2007 les formuló pliego de cargos (fls. 110 a 124), presentándose los correspondientes memoriales de descargos (fls. 134 a 137); por auto del 25 de septiembre de 2007 se resolvió sobre las pruebas solicitadas (fls. 141 a 144); mediante auto del 21 de noviembre de 2007 se corrió traslado para alegar (fl. 177), derecho del cual hicieron uso los disciplinados (fls. 207 a 224). Radicación No.161-3858. En el expediente con radicación 165-123538, que se adelantaba también por la

Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, contra el señor Luís Alfredo Jiménez Espitia en su condición de Alcalde de Montería, por la misma conducta, por auto del 16 de enero de 2008 se dispuso su incorporación al presente radicado No. 165-110073 (fl. 268 Anexo 1), determinación que fue comunicada al disciplinado (fl. 270 Anexo 1), correspondiendo dichas diligencias al Anexo 1. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal profirió fallo de primera instancia mediante proveído del 25 de enero de 2008, declarando responsables a los disciplinados e imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años (fls. 229 a 245), decisión impugnada por los disciplinados (fls. 251 a 265, 266 a 271, 272 a 275, 276 a 283, 290 a 298, 299 a 302, 290 a 298, 299 a 302), por auto del 1º de abril se concedieron los recursos de apelación (fl. 303). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal mediante proveído del 25 de enero de 2008 declara responsables a los disciplinados Luís Alfredo Jiménez Espitia y Jorge Perneth Giraldo, en sus condiciones de Alcalde del municipio de Montería y Secretario General e interventor del contrato 02-02, imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

• Expuso que el expediente No. 165-123538 fue incorporado al presente expediente mediante auto del 16 de enero de 2008, obrante a folio 268 del expediente incorporado, incorporación procedente ante la existencia de identidad de los hechos investigados reprochados al señor Luís Alfredo Jiménez, en su condición de Alcalde de Montería. Determinó que no le asistía la razón al disciplinado al solicitar la aplicación del principio non bis in ídem respecto al expediente 165-123538, porque a pesar que se trataba de la misma conducta sobre el mismo contrato, no existía pronunciamiento definitivo al respecto y para evitar que se presentara el principio invocado se incorporaron las diligencias al presente radicado. - Analizó la solicitud de nulidad del proceso y petición de archivo de la investigación del disciplinado Luís Alfredo Jiménez Espitia, por la falta de competencia para continuar con la investigación, aduciendo que las etapas de investigación disciplinaria y formulación de pliego de cargos fueron proferidas por fuera de los términos perentorios establecidos en los artículos 150, 156 y 171 de la Ley 734 de

2002. Determinó que no le asistía razón al disciplinado, porque revisada la actuación de este expediente, si bien la apertura de investigación disciplinaria se dispuso por auto del 17 de enero de 2006 (fls. 84-88), cuando habían trascurrido más de 6 meses de decretada la indagación preliminar por la Procuraduría Regional de Córdoba el 1º de julio de 2004 (fls. 8-10), no se violó el debido proceso porque la decisión de

apertura de investigación se tomó con fundamento en las pruebas recogidas durante el lapso de los 6 meses por la Procuraduría Regional, e igual situación se presentó respecto al pliego de cargos, pues si bien la apertura de investigación se dispuso el 17 de enero de 2006 (fls. 84-88) y el pliego de cargos se profirió el 10 de julio de 2007, no es violatorio del debido proceso, porque la decisión se tomó con fundamento en las pruebas recogidas durante la etapa anterior, además el 2 Radicación No.161-3858. disciplinado tuvo conocimiento de la investigación pues fue notificado personalmente de la indagación preliminar el 4 de agosto de 2004. Se citó la sentencia SU-901 de 2005 de la Corte Constitucional, la providencia de la Sala Disciplinaria del 22 de febrero de 2005 (radicación 161-02248 -021-56527/01), y la T-347 de 1995; y señaló respecto a la nulidad planteada de falta de competencia, que se atenía a lo dispuesto en el auto del 7 de junio de 2007 (fl. 188 del expediente incorporado 165-123538), en el cual igualmente se había negado la misma petición de nulidad. - Determinó que se encontraban probadas las conductas cuestionadas, al señor Luís Alfredo Jiménez Espita, en su condición de Alcalde, representante de la entidad, ordenador del gasto y responsable de la actividad contractual del municipio, quien tenía el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes en materia de contratación, por haber permitido que se diera continuidad a la ejecución de las labores de

interventoría al servicio público de aseo, contratadas con el señor Luís Hernando Díaz Cardona, por fuera del plazo establecido en el contrato 02-02, omitiendo su deber de vigilancia y control, generando el pago de servicios prestados y no contratados, legalizando hechos cumplidos a través de la Resolución 0229 del 20 de mayo de 2003; y al señor Jorge Perneth Giraldo, en su calidad de Secretario General y como interventor del contrato de prestación de servicios 02-02, por omitir sus deberes de vigilancia y control sobre las actividades relacionadas con dicho contrato, al haber consentido que el contratista continuara ejecutando las labores de interventoría al contrato del servicio público de aseo fuera del plazo pactado, sin agotar previamente trámite alguno para la selección del contratista y no haberse emitido el correspondiente registro presupuestal, originando que en la liquidación del contrato reconociera servicios prestados y no contratados a cargo del municipio, como se indica en la Resolución 0229 del 20 de mayo de 2003, cuando tenía el deber como interventor de verificar el cumplimiento de las obligaciones de las partes y fines del contrato. Analizó que el señor Alcalde Luís Alfredo Jiménez Espitia contrató la interventoría del servicio de aseo con el señor Luís Hernando Díaz por una duración de 8 meses comprendidos entre el 8 de mayo del 2002 al 8 de enero de 2003, sin embargo mediante carta del 30 de diciembre de 2002 (fl. 136) le solicitó al contratista continuar con el servicio, extendiéndose el contrato desde el 9 de enero hasta el 9 de mayo de 2003, y el servicio prestado durante estos 4 meses fue reconocido mediante la

Resolución 0229 del 20 de mayo de 2003 por valor de $46.350.000 (fls. 38 y 39), corroborado con la Resolución de la Alcaldía No. 4117 del 10 de junio de 2003, que autorizó el pago de esta suma por los servicios prestados (fl. 92 del expediente incorporado 165-123538); lo cual ocurrió con la anuencia del interventor, señor Jorge Perneth, quien suscribió el acta de liquidación final el 12 de mayo de 2003 (fl. 94 del expediente incorporado 165-123538), como se indicó en Resolución citada. Para la ejecución de la interventoría en los últimos 4 meses no medió la solemnidad ad substanciam de constar por escrito, ni prorrogarse o adicionarse el original, ni registro presupuestal para garantizar su financiación, sino que se dio continuidad a un contrato que había expirado en su duración. Concluyó que se violó la cláusula segunda del contrato 02-02, que estableció que su duración era de 8 meses (fl. 24), término que se extendió eludiendo los procedimientos y requisitos previstos en el Estatuto de Contratación, y los artículos 23, 24 numeral 8º, 25 numerales 6º, 7º, 12 y 13, 26 numerales 2º y 3º, 28, 40 inciso primero, 41 incisos primero y segundo de la Ley 80 de 1993; 71 del Decreto 111 de 3 Radicación No.161-3858. 1996; lo cual constituye infracción a los artículos 27, 34 numeral 1º, 35 numeral 1º, y

48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002. La trasgresión del principio de economía se presentó, porque para iniciar los procesos de suscripción de los contratos se exige la existencia de la partida o disponibilidad presupuestal, y a pesar que en la Resolución 0229 del 20 de mayo de 2003 se indicó que existía una partida presupuestal que constaba en el C.D No. 0437, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 preceptúa que los compromisos deben contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin; lo cual está en consonancia con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que indica el perfeccionamiento de los contratos cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, lo cual debe constar por escrito, siendo requisito de la ejecución la existencia de la disponibilidad correspondiente, por tanto no bastaba el CDP, también era obligación la expedición del RP. Se vulneró el principio de responsabilidad porque al terminar el contrato de interventoría 02-02, dada la condición de esencial del servicio público de aseo domiciliario, sobre el que se cumplía el objeto contractual, con la suficiente antelación se debió agotar el procedimiento legalmente establecido, o verificar la posibilidad de celebrar una adición al contrato en los términos del art. 41 de la L. 80/93, es decir por escrito contando con los soportes presupuestales, y no como se indicó en la Resolución 229 de 2003, realizando las actividades sin soporte ni control. Así mismo, esta contratación debió estar precedida de un estudio de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, y elaborarse los estudios y pliegos de

condiciones o términos de referencia. La legalización de hechos cumplidos es una conducta sancionable a la luz de las normas contractuales y disciplinarias, porque se pone en riesgo el patrimonio de la entidad y se vulneran las normas jurídicas que preceptúan la manera de contratar servicios por las entidades estatales. Calificó en forma definitiva las faltas imputadas a los disciplinados como gravísimas con fundamentó en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la violación de los principios de economía y responsabilidad, al permitir en el contrato 02-02, la continuidad en la ejecución de las labores de interventoría al servicio público de aseo, fuera del plazo establecido, sin mediar ningún procedimiento de selección del contratista, ni trámite contractual, generando a cargo del municipio el pago de servicios prestados y no contratados, legalizándose hechos cumplidos a través del acta de liquidación del 12 de mayo de 2003 y la Resolución 229 del día 20 de dicho mes y año; a título de culpa gravísima, por el desconocimiento de normas de obligatorio cumplimiento en los términos del parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 (fls. 229 a 245). SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Los disciplinados presentaron múltiples memoriales, así:

1. El Disciplinado LUÍS ALFREDO JIMÉNEZ ESPITIA, presentó cuatro memoriales visibles a folios 251 a 265, 272 a 275, 276 a 283, 304 a 311.

Se hará referencia a lo expuesto en los tres primeros memoriales citados, más no al

último, obrante a folios 304 a 311, por cuanto, como se analizará en el acápite de Consideraciones, éste fue extemporáneo. 4 Radicación No.161-3858.

Petición de nulidad: Invoca la configuración de las causales de nulidad previstas en los numerales 2º y 3º del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, de violación del derecho de defensa y configuración de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, por las siguientes circunstancias: a) Se excedieron los términos procesales de indagación preliminar e investigación disciplinaria, quedando viciada la actuación por falta de competencia, pues precluídos dichos términos lo único que procedía era el archivo definitivo del proceso.

Señala que por auto del 1º de julio de 2004 se ordenó indagación preliminar, y por auto del 17 de enero de 2006 se ordenó investigación disciplinaria, cuando había trascurrido más de 18 meses y el funcionario había perdido competencia para tomar cualquier decisión distinta al archivo definitivo del proceso; de igual manera 18 meses después, cuando solo procedía el archivo del proceso, por auto del 10 de julio de 2007 se formularon cargos. Como fundamentos jurídicos de los que denomina vicios procesales, invoca los artículos 12 y 156 de la Ley 734 de 2002 (principio de celeridad y término de la investigación disciplinaria); 29, 209 y 228 Constitucional (debido proceso sin dilaciones injustificadas; los principios de la administración pública de celeridad, igualdad, eficacia, economía e imparcialidad; y los principios de la administración de

justicia: el incumplimiento de los términos será sancionado); 156, 158 y 159 de la Ley 906 de 2004 C.P.P. (la inobservancia injustificada será sancionada, y la posibilidad de prórroga de los términos); 118 y 119 del C.P.C (los términos son perentorios e improrrogables, y prórroga con causa justificada y antes del vencimiento); 4º de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia; 14 de la Ley 74 de 1968, mediante la cual Colombia suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y las sentencias C-728 de 2000, respecto al artículo 141 de la Ley 200 de 1995, sobre el término de la indagación preliminar; C-181 de 2002, sobre el archivo provisional previsto en el artículo 146 de la Ley 200 de 1995; C-036 de 2003 sobre el inciso tercero del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, que preveía que la indagación preliminar se podía adelantar por el término necesario para cumplir su objetivo cuando existiera duda sobre la identificación o individualización del autor de la falta disciplinaria; C-146 de 1994, C-190 de 1995, C-572 de 1992 y T-546 de 1995 sobre el acatamiento de las garantías procesales y que ante la dilación injustificada de una investigación o un proceso sin causa motivada se incurre en causal de mala conducta; T-505 de 2002; sentencia de noviembre 9 de 1979 de la Corte Suprema de Justicia y auto de junio 16 de 1997; la Directiva 0007 del 13 de junio de 2006 del

Procurador General de la Nación, alusiva al término para calificar el mérito de la investigación. Concluye falta de competencia del a quo para proseguir la investigación, porque las etapas de indagación preliminar, investigación disciplinaria, formulación de pliego de cargos y el fallo de primera instancia, deben proferirse dentro de los términos perentorios establecidos en los artículos 73, 150, 156, 164 y 171 de la Ley 734 de 2002, aduciendo que de conformidad con los artículos 82 y 84 del C.C.A, la incompetencia es causal de nulidad de los actos. Expresa que en el auto por medio del cual se negó la solicitud de archivo del proceso por vencimiento de los términos procesales se hizo referencia al término probatorio, confundiendo este concepto con el de las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria, cuando el término probatorio de conformidad con el artículo 168 de la Ley 734 de 2002 es de 90 días, el término de la indagación 5 Radicación No.161-3858. preliminar es de 6 meses, el término para su evaluación es de 10 días (art. 97 ídem) y el término de la evaluación de la investigación es de 15 días (art. 161 ídem). b) Se ordenó la acumulación del proceso 122538 al proceso 110073, sin observar las normas procedimentales pertinentes, por lo que solicita se decrete la nulidad a partir de la expedición del auto del 16 de enero de 2008, que ordenó la acumulación de estos procesos. La Ley 734 de 2002 no reguló la acumulación de procesos, la remisión normativa del

artículo 21 se efectuó al C.C.A., C.P.P. y C.P.C.; a su vez el C.C.A remitió al C.P.C. , que en los artículos 157, 158 y 159 dispone que para ordenar la acumulación de procesos debe incorporarse la investigación más nueva a la más antigua, siendo que en la investigación con el radicado 12358 se profirió apertura de investigación disciplinaria por auto del 29 de septiembre de 2005 y en el radicado 110073 la apertura de investigación fue el 17 de enero de 2006. Además, de conformidad con el artículo 159 del C.P.C., contra el auto que ordene la acumulación procede el recurso de apelación, por tanto debe notificarse o comunicarse por lo menos, so pena de desconocer el derecho de defensa, y dicho auto no se le notificó ni se le comunicó, y sin tramitar los recursos de ley procedió a proferir fallo de primera instancia, irregularidad sustancial que vicia el proceso a partir del auto de acumulación (fls. 251 a 265). En el memorial visible a folios 272 a 275, el disciplinado pidió la nulidad de lo actuado desde el momento en que se solicitó la acumulación de los procesos por haber dos investigaciones por el mismo hecho, y la reconstrucción de la actuación procesal. Relacionó las actuaciones surtidas en los procesos con radicaciones 165-123538 y 165-110073, hizo referencia a las disposiciones del C.P.C, concluyendo que se presentaron las siguientes irregularidades sustanciales: - Por la antigüedad del proceso debía incorporarse el radicado 165-110073 al 165123538, como lo señalan los incisos 1º y 2º del artículo 159 del C.P.C., y no como

equivocadamente se hizo ordenando lo contrario, incorporar el más antiguo al más nuevo. - El auto que ordenó la acumulación o incorporación de los procesos debía notificarse para que se pudiera interponer el recurso de apelación, procedente de conformidad con lo ordenado en el inciso último del artículo 159 del C.P.C, sin que se cumpliera con este deber procesal, sólo se le comunicó y antes de conocer la decisión se procedió a fallar, negándole la posibilidad de recurrir. - Desde cuando se solicitó la suspensión del proceso 165-110073 para que se continuara con el 165-123538, legalmente quedó suspendido el trámite por mandato del inciso 3º del artículo 159 del C.P.C, lo que significa que el término para responder el pliego de cargos empezaba a correr solamente a partir de la ejecutoria del auto del 16 de enero de 2008 que ordenó la acumulación de los procesos. En esta oportunidad debía contestar los cargos y pedir pruebas, pero esta etapa procesal que es la esencia del derecho de defensa no se cumplió, y antes de notificarse el auto que ordenó la acumulación de los procesos, intempestivamente se ordenó la práctica de pruebas y se negó la suspensión solicitada, contrariando el inciso tercero del artículo 159 del C.P.C, y de inmediato se produjo el fallo de primera instancia. 6 Radicación No.161-3858. - Desde el 6 de diciembre se solicitó la nulidad del proceso 165-110073 por falta de competencia, y antes de resolver esta petición se profirió fallo de primera instancia,

sin haber resuelto la solicitud de nulidad. c) Se pretermitieron las disposiciones que ordenan las formalidades para la calificación de la falta y determinación del grado de culpabilidad. El fallo apelado no cumple con el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, porque indicó que la falta es gravísima en correspondencia con el artículo 48 ídem, sin precisar en cuál de los numerales se tipifica la conducta. Tampoco hizo el análisis relacionado con la graduación de la culpabilidad, se limitó a decir que era culpa gravísima sin explicar el porqué de tal consideración. La culpa es gravísima cuando se desconocen palmariamente las normas o se actúa sin ningún fundamento, cuando en el presente caso la adición al contrato se hizo observando criterios jurisprudenciales y las normas contractuales pertinentes, lo cual no permite concluir la existencia de culpa gravísima, y menos presumir una actuación dolosa, cuando lo que se buscaba era continuar con la interventoría que venía cumpliendo una excelente función de presión al contratista del servicio de aseo para mejorarlo, y fueron los informes de interventoría los que sirvieron de fundamento para declarar la caducidad del contrato de aseo, mejorando el servicio con un mejor operador. Argumentaciones sustantivas del recurso: Se recurrió a lo ordenado en los artículos 16 y parágrafo del 40 de la Ley 80 de 1993, que posibilitan efectuar la modificación unilateral de un contrato, cuando dentro de la ejecución se presenten circunstancias que puedan paralizar o afectar la prestación de un servicio público que se deba satisfacer con este instrumento, como en el presente caso, que se trataba de la interventoría de un servicio público domiciliario

esencial, para continuar con el objeto del contrato que era indispensable; y prevé que los contratos no se pueden adicionar en más del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. Cita la sentencia proferida el 28 de agosto de 1996 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Carlos Betancur Jaramillo, Rad. 9347, que confirmó la declaración de nulidad de una resolución de liquidación que no reconoció las mayores cantidades de obra de las convenidas ejecutadas por el contratista; el Concepto No. 1439 del 18 de julio de 2002, emitido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, M.P. Susana Montes Echeverri, en el que se indicó que si las modificaciones requeridas implican adiciones en el alcance del objeto contractual o exigen la creación de nuevos ítems de contrato, o variación en los precios unitarios, deberán recogerse en un contrato adicional, y si ellas solo exigen modificaciones de diseño o cantidades de obra simplemente, no será necesario suscribir un contrato adicional y bastará el acuerdo entre las partes; y la doctrina expuesta en relación con la adición de los contratos, por los doctores Jairo Enrique Solano Sierra (Contratación Administrativa, Ediciones Librería el Profesional, 1997, págs 275 y 276) y Juan Ángel Palacio Hincapié (La Contratación de las Entidades Estatales, Librería Jurídica, 1998, pág 39). El contrato 02-02 fue celebrado el 8 de mayo de 2002 con todas las formalidades legales, por un término de 8 meses, es decir hasta el 8 de enero de 2003, no

7 Radicación No.161-3858. obstante el contratista prestó sus servicios hasta el 8 de mayo de 2003, previo acuerdo con el contratista y autorización por escrito del Alcalde para que prestará los servicios por un valor adicional al 50% de dicho contrato, con fundamento en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 referidas y la jurisprudencia del Consejo de Estado, por tanto no se está en presencia de hechos cumplidos, porque los recursos mediante los cuales se pagaron los meses adicionales al término inicial del contrato, fueron presupuestados con anticipación a la autorización del servicio adicional, incluidos en el presupuesto de gastos e inversiones del municipio de la vigencia 2003, donde existía una partida denominada “Interventoría Concesión Aseo” por valor de $237.276.908, correspondiente al proyecto 07, sector 0703; por tanto cuando se empezó a ejecutar el término o los servicios adicionales, los recursos para su pago estaban debidamente presupuestados, cumpliendo con lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, no se contrajo obligación sobre apropiación inexistente o en exceso del saldo disponible, los servicios reconocidos y pagados no se ejecutaron extracontractualmente, se derivaron de la ejecución de un contrato legalmente celebrado, que se adicionó sin que requiriera contrato adicional, porque la adición fue sólo del valor y bajo las mismas condiciones del contrato adicionado. Los soportes que se tenían para ordenar el pago fueron: los informes de interventoría correspondientes a los meses realizados, el acta de liquidación del 12 de mayo de 2003, los servicios fueron recibidos a satisfacción por el interventor del contrato, señor Jorge Perneth Giraldo, y existía el C.D No. 437 de 2003 que amparaba la

orden de pago. Lo correspondiente al registro presupuestal fue un trámite realizado internamente por la oficina jurídica y la dependencia de presupuesto, que una vez pasado el documento a tales dependencias debieron efectuar, es un trámite que hace el contratista y los correspondientes empleados obedeciendo la decisión del Alcalde. Respecto a la calificación de la falta efectuada en el fallo impugnado como gravísima, aduce que se presenta falsa motivación (art. 84 C.C.A), porque la conducta fue encuadrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, sin explicar porqué el ordenar la adición de un contrato con fundamento en la ley y jurisprudencia es ilegal y encuadra en la descripción contenida en dicha norma, sólo se afirmó que permitió la continuidad de la ejecución del contrato de interventoría, lo cual hizo porque el contrato fue adicionado y reconoció los valores correspondientes al contrato adicional, porque de conformidad con la ley debía reconocerlos, sin que el municipio sufriera ningún detrimento patrimonial con dicha adición. Resalta que los informes de interventoría correspondientes al tiempo de adición del contrato 02-02, permitieron al municipio fundamentar la declaratoria de caducidad del contrato de aseo y por ende garantizar un mejor servicio a la comunidad. El fallo, desatendiendo lo ordenado por el artículo 170 de la Ley 734 de 2002, citó varias normas como desconocidas con la adición del contrato, sin explicar las razones jurídicas de porqué no era procedente la adición del contrato, y porqué no se acepta la autorización escrita del Alcalde previo acuerdo de las partes, asimilando los hechos de la adición a hechos cumplidos, los cuales se presentan cuando se

reconoce hechos desarrollados sin ninguna autorización previa de voluntad de la administración, y en el presente caso la adición del contrato fue autorizada previamente por el Alcalde en el marco de la ley. 8 Radicación No.161-3858. El fallo calificó la culpabilidad como culpa gravísima, sin efectuar ningún análisis, sin explicar en qué consistió, derivándola de la sola manifestación que se desconocieron normas de contratación “…en la conducta descrita se observa el desconocimiento de las normas de obligatorio cumplimiento, en los términos del parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, toda vez, que al contratar los servicios de interventoría debía dar cumplimiento a las normas que regulan la selección objetiva de los contratistas, así como las normas de materia presupuestal que reglamentan la contratación.”, lo que constituye una imputación objetiva que impide ejercer el derecho de contradicción, que además de contrariar el artículo 170 inobserva el artículo 14 ídem, citando apartes de la SU de la Corte Constitucional 901 de 2005, alusiva a la imposición de sanciones con base en criterios de responsabilidad objetiva. Solicita se revoque el fallo recurrido y se le absuelva de toda responsabilidad disciplinaria.

2. El disciplinado JORGE PERNETH GIRALDO, presentó tres memoriales visibles a folios 266 a 271, 290 a 298, 299 a 302.

Se hará referencia a lo expuesto en el primer memorial (fls. 266 a 271), y en el último (fls. 299 a 302), el cual corresponde a una petición de nulidad, que de conformidad

con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 734 de 2002 puede formularse antes de proferido el fallo definitivo; más no se hará referencia al memorial obrante a folios 290 a 298, por cuanto, como se analizará en el acápite de Consideraciones fue extemporáneo.

Petición de nulidad: Solicita se declare la nulidad el proceso desde la fecha en que se ordenó la acumulación del proceso 165-122538 al 165-110073, invocando los artículos 143 numerales 1º, 2º y 3º de la Ley 734 de 2002, 176 numeral 1º del Decreto 262 de 2000, 142 del C.P.C, y 29 Constitucional.

La argumentación expuesta como desarrollo de la petición de nulidad invocada, coincide con la señalada por el disciplinado Luís Alfredo Jiménez Espitia, relacionada en el literal b) del numeral 1º anterior, la cual se hace extensiva al presente memorial, sin que se considere necesario efectuar nuevamente referencia a ella en aras de la brevedad; a la cual restaría adicionar el argumento expuesto por el disciplinado Jorge Perneth Giraldo, que de conformidad con e